La Ley de Parques Nacionales culmina su tramitación

date 20/11/2014

El Pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado laLey de Parques Nacionales al ratificar todas las enmiendas del Senado, que quedarán así incorporadas al texto que se publique en el Boletín Oficial del Estado (BOE), para entrar en vigor.

El Ejecutivo argumenta que este Proyecto tiene como objetivo establecer el régimen jurídico básico para asegurar la conservación de los parques nacionales y de la red que forman, así como los diferentes instrumentos de coordinación y colaboración, de modo que constituyan un referente no sólo en su forma de hacer conservación sino también en su manera de gestionarse y de implicar a la sociedad en sus actividades.

Para ello, se da un impulso a la figura de los patronatos como lugar de encuentro de la sociedad, y se busca la integración de sectores y colectivos en las actividades de gestión así como la implicación y apoyo de la población local residente; y se integra a los titulares de derechos en los parques nacionales, en la propia conservación.

Este proyecto de ley prevé acciones para el desarrollo territorial como ayudas técnicas, económicas y financieras en las áreas de influencia socioeconómica de los parques nacionales, realizadas por las administraciones públicas dentro de su ámbito de competencia y conforme a las disponibilidades presupuestarias.Por último, el Gobierno destaca que se protegen aquellos usos y actividades tradicionales practicadas de forma histórica por propietarios, usuarios o residentes locales, en los parques nacionales que hayan sido reconocidos como compatibles o necesarios para la gestión.

Enmiendas del Senado

Entre los cambios incorporados por el Senado y ratificados hoy por el Pleno, se indica que la iniciativa para la declaración de un parque nacional corresponde a la comunidad o comunidades autónomas en las que se encuentre comprendido dicho espacio o al Gobierno de la Nación.

Se añade también que en la elaboración de los instrumentos de planificación de los parques nacionales, se asegurará la transparencia, la participación pública, la accesibilidad y las decisiones se adoptarán a partir de diferentes alternativas adecuadamente valoradas, teniendo en cuenta los objetivos de esta ley.

En la propuesta de declaración de parque nacional, entre otras cuestiones, se incluirá el diagnóstico de la accesibilidad de los espacios de uso público y propuesta de las actuaciones que garanticen su utilización y disfrute a todas las personas.

Por otro lado, se modifica el artículo 20, que determina lo que deben contener los Planes Rectores de Uso y Gestión se ajustarán al Plan Director de la Red de Parques Nacionales, con la supresión del apartado por el que se indicaba que debían incluir "un análisis de accesibilidad de todos los elementos destinados a uso público, para que puedan ser utilizados por todos los visitantes de la forma más autónoma, cómoda y segura posible".

A este artículo se añade un nuevo apartado por el que se establece que "los Planes Rectores de Uso y Gestión también podrán contener: el escenario de dotaciones, personal, medios materiales y elementos instrumentales asociados a la gestión del parque nacional; el programa de actividades económicas a poner en marcha, en su caso, por la iniciativa privada y las medidas para asegurar la compatibilidad de la actividad tradicional.

En el Senado también se ha modificado el artículo 28, sobre el Comité Científico de Parques nacionales, en el que, tras los cambios de la Cámara Alta, ratificados hoy, se establece que su función genérica es la de "asesorar científicamente sobre cualquier cuestión que le sea planteada desde la Dirección del Organismo Autónomo Parques Nacionales, a iniciativa de ésta o a petición de las administraciones gestoras de los parques nacionales.

Específicamente, le corresponde asesorar en la elaboración del Programa de Investigación de la Red de Parques Nacionales y sus revisiones; participar en los procesos de evaluación, selección y seguimiento de los proyectos subvencionados; elaborar informe previo a la determinación del estado de conservación desfavorable de cualquiera de los parques nacionales; e informar sobre los sistemas de indicadores aplicables a la Red de Parques Nacionales para determinar su estado de conservación, basados en los aplicados en el ámbito nacional e internacional.

Se añade que "por cada una de las comunidades autónomas en cuyo territorio exista un parque nacional se nombrará un vocal, en la forma que establezca la orden ministerial, y a propuesta de la correspondiente comunidad autónoma".

En el artículo 38 se ha añadido que "en la elaboración de los instrumentos de planificación de los parques nacionales, se asegurará la transparencia, la participación pública, la accesibilidad y las decisiones se adoptarán a partir de diferentes alternativas adecuadamente valoradas, teniendo en cuenta los objetivos de esta ley".

Por último, la Ley incorpora, tal y como acordó el Senado, una disposición adicional séptima en la que se indica que "las administraciones públicas adoptarán, en un plazo máximo de seis años a partir de la entrada en vigor de la presente Ley, las medidas precisas para adecuar la situación de los parques nacionales ya declarados a la entrada en vigor de esta Ley".

En los casos en que la adecuación afecte a derechos de terceros, las administraciones públicas promoverán la celebración de acuerdos voluntarios o, en su defecto, aplicarán los procedimientos de expropiación forzosa o rescate de los correspondientes derechos.
Los acuerdos voluntarios que se celebren deberán hacerse sobre la base de criterios técnicos que elaborarán las administraciones públicas gestoras de cada parque nacional, con la participación de los propietarios.

Los planes rectores de uso y gestión de los parques incorporarán, en todo caso, el contenido de los acuerdos voluntarios. Los acuerdos voluntarios que se hayan adoptado antes de la entrada en vigor de esta Ley continuarán en vigor en sus propios términos.

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