El Pleno envía al Senado el proyecto de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial

date 26/06/2014

El Pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado hoy el Dictamen elaborado por la Comisión de Justicia sobre el Proyecto de Ley Orgánica complementaria de la Ley de racionalización del sector público y otras medidas de reforma administrativa por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, que superada la mayoría absoluta necesaria por su carácter orgánico, con 184 votos a favor, 32 en contra y 109 abstenciones, pasa a continuar su tramitación en el Senado.

El Pleno del Congreso ha votado por partes el dictamen elaborado por la Comisión de Justicia sobre este proyecto de Ley Orgánica. Las disposiciones que añaden un artículo 55 bis a la LOPJ, disposición transitoria única y el apartado IV del Preámbulo se aprobaron con 186 votos a favor, 30 en contra y 112 abstenciones; y el resto del dictamen, con 184 votos a favor, 31 en contra y 111 abstenciones.

La Cámara Baja rechazó las enmiendas al articulado que no fueron incorporadas en ponencia y Comisión y se han defendido hoy ante el Pleno por los grupos Socialista, de  UPyD, PNV y Mixto, así como el voto particular registrado por IU, ICV-EUiA, CHA, que pedía la retirada de los cambios propuestos en ponencia.

El Dictamen de Comisión, de acuerdo con la propuesta realizada en el informe de la ponencia, incluye varias modificaciones, entre ellas la que incorpora el artículo 55 bis a la Ley Orgánica del Poder Judicial y un nuevo apartado en la exposición de motivos, que parten de la aprobación de la Ley Orgánica 3/2014 por la que se hace efectiva la abdicación de Su Majestad el Rey don Juan Carlos I.

El artículo 55 bis a la LOPJ establece que, "además de las competencias atribuidas a las Salas de lo Civil y de lo Penal del Tribunal Supremo en los artículos 56 y 57, dichas Salas conocerán de la tramitación y enjuiciamiento de las acciones civiles y penales, respectivamente, dirigidas contra la Reina consorte o el consorte de la Reina, la Princesa o Príncipe de Asturias y su consorte, así como contra el Rey o Reina que hubiera abdicado y su consorte".

El nuevo apartado IV de la exposición de motivos indica que "conforme a los términos del texto constitucional, todos los actos realizados por el Rey o la Reina durante el tiempo en que ostentare la jefatura del Estado, cualquiera que fuere su naturaleza, quedan amparados por la inviolabilidad y están exentos de responsabilidad. Por el contrario, los que realizare después de haber abdicado quedarán sometidos, en su caso, al control jurisdiccional, por lo que, al no estar contemplado en la normativa vigente el régimen que debe aplicarse al ex Jefe del Estado en relación con las actuaciones procesales que le pudieran afectar por hechos posteriores a su abdicación, se precisa establecer su regulación en la Ley Orgánica del Poder Judicial".

"En este sentido, el nuevo artículo que se introduce atribuye el conocimiento de las causas civiles y penales que contra él se pudieran dirigir por los referidos hechos al Tribunal Supremo, atendiendo a la dignidad de la figura de quien ha sido el Rey de España, así como al tratamiento dispensado a los titulares de otras magistraturas y poderes del Estado", añade. "Y similares razones concurren en la necesidad de dotar de idéntico aforamiento ante el Tribunal Supremo a la Reina consorte o al consorte de la Reina y a los Príncipes de Asturias, así como al consorte del Rey o de la Reina que hubiere abdicado".

El resto del dictamen de Comisión sobre este proyecto de ley, que recoge medidas normativas para dotar a la Administración del "tamaño, eficiencia y flexibilidad que demandan los ciudadanos y la economía del país", de acuerdo con las propuestas planteadas por la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas, e introduce otras reformas en la Ley Orgánica del Poder Judicial, se aprobó con 23 a favor, 3 en contra, y 14 abstenciones.

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