El Congreso aprueba la Ley de Factura Electrónica

date 19/12/2013

El Pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado la Ley de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público, tras aceptar las enmiendas del Senado y quedando pendiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado para su entrada en vigor.

Con esta normativa se pretende agilizar los procedimientos de pago al proveedor y dar certeza de las facturas pendientes de pago existentes, de manera que este control informatizado y sistematizado de las facturas favorecerá un seguimiento riguroso de la morosidad a través de un indicador, el periodo medio de pagos, que visualizará el volumen de deuda comercial de las administraciones.

Esta ley incluye medidas dirigidas a mejorar la protección de los proveedores, tales como el establecimiento de la obligación de presentación en un registro administrativo de las facturas expedidas por los servicios que presten o bienes que entreguen a una Administración Pública en el marco de cualquier relación jurídica, o el impulso del uso de la factura electrónica en el sector público.

Asimismo, la norma pone en marcha unas medidas dirigidas a las Administraciones Públicas como la creación de un registro contable de facturas gestionado por el órgano o unidad que tenga atribuida la función contable; la regulación de un nuevo procedimiento de tramitación de facturas, que entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2014, que mejorará el seguimiento de las mismas, y el fortalecimiento de los órganos de control interno al otorgarles la facultad de poder acceder a la documentación contable en cualquier momento

Cambios del Senado

Entre las enmiendas incorporadas por el Senado y ratificadas hoy por el Pleno del Congreso figura una nueva disposición adicional primera, relativa al régimen de los órganos constitucionales del Estado y de los órganos legislativos y de control autonómicos, y que prevé que los órganos competentes del Congreso de los Diputados, del Senado, del Consejo General del Poder Judicial, del Tribunal Constitucional, del Tribunal de Cuentas, del Defensor del Pueblo, de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas y de las instituciones autonómicas análogas al Tribunal de Cuentas y al Defensor del Pueblo adaptarán su actuación a las normas establecidas en esta Ley para las Administraciones Públicas.

También se incluyen varias enmiendas que modifican los requisitos de solvencia económica y financiera de los empresarios que contraten obras o servicios con las administraciones públicas.

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