El Congreso da luz verde al Proyecto de reforma de la Ley Orgánica 10/1995 del Código Penal

date 12/12/2013

El Proyecto de Ley Orgánica por el que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal ha superado hoy su primer trámite parlamentario al rechazarse por 138 votos a favor, 179 en contra y una abstención las enmiendas de devolución presentadas por el Grupo Socialista; CiU; EAJ-PNV; IU, ICV-EUiA, CHA; ERC; y BNG, de modo que continúa su tramitación en la comisión correspondiente.

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha defendido ante el Pleno este proyecto, que tiene como objetivo, argumenta al Gobierno, poner a disposición de la Administración de Justicia un sistema legal que garantice resoluciones judiciales previsibles que sean percibidas en la sociedad como justas.
 
Con esta finalidad, se lleva a cabo una revisión del sistema de consecuencias penales que se articula a través de tres elementos: la incorporación de la prisión permanente revisable, reservada a delitos de excepcional gravedad; el sistema de medidas de seguridad, con ampliación del ámbito de aplicación de la libertad vigilada; y la revisión de la regulación del delito continuado.
 
Así, se introduce la prisión permanente revisable para determinados casos, que podrá ser impuesta sólo supuestos de excepcional gravedad, como asesinatos especialmente graves, homicidio del jefe del Estado o de su heredero, de jefes de Estado extranjeros y en los supuestos más graves de genocidio o de crímenes de lesa humanidad, en los que está justificada una respuesta extraordinaria mediante la imposición de una pena de prisión de duración indeterminada (prisión permanente), si bien sujeta a un régimen de revisión.
 
Tras el cumplimiento íntegro de una parte relevante de la condena, cuya duración depende de la cantidad de delitos cometidos y de su naturaleza, acreditada la reinserción del penado, éste puede obtener una libertad condicionada al cumplimiento de ciertas exigencias, en particular, la no comisión de nuevos hechos delictivos.
 
El Ejecutivo expone que este proyecto desarrolla dos reformas orientadas a incrementar la eficacia de la justicia penal: por un lado, se modifica la regulación de la suspensión y de la sustitución de las penas privativas de libertad, y se introduce un nuevo sistema que implica una mayor flexibilidad y eficacia.
 
Por otro lado, se suprimen las faltas que se regulaban en el libro III del Código Penal, si bien algunas de ellas se incorporan al libro II del Código, reguladas como delitos leves. La reducción del número de faltas viene orientada por el principio de intervención mínima, y pretende facilitar una disminución relevante del número de asuntos menores que pueden encontrar respuesta a través del sistema de sanciones administrativas y civiles.
 
Con esta iniciativa se acomete una revisión técnica de la regulación del comiso y de algunos aspectos de la parte especial del Código Penal, en concreto, de los delitos contra la propiedad, del catálogo de agravantes de la estafa, administración desleal, delitos contra la propiedad intelectual e industrial, insolvencias punibles, corrupción  privada, malversación, corrupción de agentes públicos extranjeros, delitos de atentado y desobediencia, alteraciones del orden público, incendios, detención ilegal, e intrusismo. 
 
Asimismo, se tipifican nuevos delitos como el de matrimonio forzado, hostigamiento o acecho, divulgación no autorizada de imágenes o grabaciones íntimas obtenidas con la anuencia de la persona afectada, y manipulación del funcionamiento de los dispositivos de control utilizados para vigilar el cumplimiento de penas y medidas cautelares o de seguridad.

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