El Proyecto de Ley del Sector Eléctrico supera su primer examen parlamentario

date 31/10/2013

El Congreso de los Diputados ha rechazado hoy las enmiendas de totalidad del Proyecto de Ley del Sector Eléctrico, de modo que la iniciativa supera así su primer examen parlamentario y continúa su tramitación en la Comisión de Industria, Energía y Turismo.

Las enmiendas de devolución presentadas por los grupos Socialista; de CiU; de UPyD; y varias formaciones del Mixto ( Compromís, ERC y BNG ) han sido rechazadas por 137 votos a favor, 178 en contra y ninguna abstención. Asimismo, la enmienda de texto alternativo presentada por el grupo de IU, ICV-EUiA, CHA ha sido rechazada por 17 votos a favor, 178 en contra y 124 abstenciones.

El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, ha defendido ante el Pleno este proyecto, que tiene como objetivo establecer la regulación del sector garantizando el suministro eléctrico con los niveles necesarios de calidad y al menor coste posible, asegurar la sostenibilidad económica y financiera del sistema y permitir un nivel de competencia efectiva en el sector eléctrico, todo ello dentro de los principios de protección medioambiental de una sociedad moderna.  

De este modo, el Ejecutivo destaca que se introduce la obligación de aprobación con carácter anual por parte del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, previo informe de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, de las previsiones de la evolución anual de las diferentes partidas de ingresos y costes del sistema eléctrico para los seis siguientes años.  

Además, se mantiene la financiación de los costes del sistema por parte de los consumidores mediante el pago de los peajes de acceso a las redes y el resto de cargos, así como, mediante otros instrumentos financieros, y, excepcionalmente y para los supuestos específicamente previstos, mediante las partidas provenientes de los Presupuestos Generales del Estado.

El Gobierno señala que esta nueva ley tiene en cuenta la normativa europea de aplicación en el sector eléctrico, en particular, la Directiva 2009/72/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 13 de julio de 2009 sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad.  

Asimismo, el régimen retributivo de las energías renovables, cogeneración y residuos se basará en la necesaria participación en el mercado de estas instalaciones, complementado los ingresos de mercado con una retribución regulada específica que permita a estas tecnologías competir en nivel de igualdad con el resto de tecnologías en el mercado.  

La norma impulsa el principio de competencia efectiva en el sector eléctrico, de modo que se introduce un mecanismo competitivo para la reducción del poder de monopolio en los mercados de restricciones, un nuevo régimen de regulación de las energías renovables, de cogeneración y residuos que reduce las distorsiones que estas creaban en el mercado y las hace partícipes del mismo en cuanto a que su retribución no será ajena al mercado, un aumento de la competencia en las comercializadoras de referencia, la mejora de la posición del consumidor en cuanto a información disponible y facilitación de procesos de cambio de suministrador entre otros.  

La presente ley cuenta con una mayor concreción de los conceptos de acceso y conexión a las redes, reforzando los principios de objetividad, transparencia y no discriminación en su otorgamiento, y fijando el régimen de otorgamiento y denegación bajo criterios exclusivamente técnicos.  

En lo relativo a los consumidores, se establece la regulación sobre la que se van a basar las relaciones entre los consumidores y las empresas comercializadoras y distribuidoras en relación con el suministro de energía eléctrica, mediante el establecimiento de sus derechos y obligaciones en el marco general de contratación.  

Por último, se procede a una reformulación del régimen sancionador para adaptarlo a la evolución que ha experimentado el sector desde el inicio del proceso de liberalización, así como a un reforzamiento de los mecanismos de control del sistema por parte de las autoridades públicas en materia de inspección, registro de actividades y control del fraude.  


 

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