El Congreso rechaza devolver al Gobierno el Proyecto de Ley de cajas de ahorros y fundaciones bancarias

date 17/10/2013

El Pleno del Congreso ha rechazado las enmiendas de totalidad al Proyecto de Ley de cajas de ahorros y fundaciones bancarias presentadas por los grupos parlamentarios de IU, ICV-EUiA; UPyD; y por Amaiur, BNG y ERC, formaciones integradas dentro del Grupo Mixto.

Esta iniciativa legislativa, defendida ante el Pleno por el ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, ha superado así su primer examen parlamentario y continuará su tramitación en la Comisión de Economía y Competitividad.

Las enmiendas de devolución presentadas por los grupos parlamentarios de La Izquierda Plural, UPyD y Mixto han sido rechazadas por 25 votos a favor, 174 en contra y 116 abstenciones.

Esta ley se centra en cuestiones básicas para la regulación del sector crediticio español, como son la fijación de la estructura, organización interna y funciones de las cajas, o la determinación de algunos aspectos fundamentales de su actividad. 

Además, se han incluido en esta ley aquellas cuestiones que afectan a la solvencia y a la supervisión de las cajas de ahorros, pues exigen un tratamiento normativo uniforme en todo el territorio nacional. 

Uno de los aspectos novedosos que destaca el Gobierno en el presente Proyecto de Ley es que se ha previsto una restricción al tamaño de las cajas, que viene motivada por la necesidad de que en ningún caso puedan alcanzar una dimensión que las haga sistémicas. 

Asimismo, el Ejecutivo subraya que se ha buscado que las cajas de ahorros operen fundamentalmente en el ámbito territorial de una comunidad autónoma o en provincias limítrofes entre sí, de modo que la función social de la entidad esté vinculada a un área geográfica con unas características, peculiaridades y necesidades comunes. 

En lo que respecta a las fundaciones bancarias, este proyecto regula los aspectos fundamentales de su organización y funcionamiento, como son los relativos al régimen de profesionalidad e incompatibilidad de los miembros que integran los órganos de gobierno, las relaciones con las entidades de crédito participadas, que dan lugar a la aprobación de un plan de gestión y de un plan financiero, así como las cuestiones de supervisión y de transparencia. 

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