El proyecto de ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local supera su primer examen parlamentario

date 17/10/2013

El Congreso de los Diputados ha rechazado hoy las peticiones de devolución al Gobierno del proyecto de ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, que supera de este modo su primer examen parlamentario y continúa su tramitación en la Comisión correspondiente, que debatirá y votará las enmiendas al articulado.

Las enmiendas de totalidad presentadas por los grupos Socialista; de IU, ICV-EUiA, CHA; CiU; UPyD; y varias formaciones del Grupo Mixto: Amaiur, BNG, ERC, Compromís, Geroa Bai se rechazaron con 136 votos a favor, 178 en contra y 1 abstención. El PNV decidió retirar su enmienda de totalidad.

La Cámara votó también la petición de elevar este proyecto de ley a Pleno, solicitud que fue rechazada con 140 votos a favor, 174 en contra y 1 abstención, con lo que una vez aprobado por la Comisión se remitirá directamente al Senado.

El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, defendió ante el Pleno este proyecto, que el Gobierno justifica en la necesidad de "someter a una revisión profunda" el estatuto jurídico de la Administración Local, transcurridos casi treinta años desde la entrada en vigor de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, y con más de una veintena de modificaciones de su texto original.

Con este propósito, el Ejecutivo plantea esta reforma que persigue varios objetivos básicos: clarificar las competencias municipales para evitar duplicidades con las competencias de otras Administraciones de forma que se haga efectivo el principio "una Administración una competencia", racionalizar la estructura organizativa de la Administración local de acuerdo con los principios de eficiencia, estabilidad y sostenibilidad financiera, garantizar un control financiero y presupuestario más riguroso y favorecer la iniciativa económica privada evitando intervenciones administrativas desproporcionadas.

Respecto al objetivo de clarificar y simplificar las competencias locales y avanzar en el principio "una Administración una competencia", el Gobierno trata de evitar los problemas de solapamientos competenciales entre Administraciones hasta ahora existentes, con el consiguiente aumento del gasto público municipal en 13.223 millones, según el Instituto de Estudios Fiscales.

Para ello, se definen tanto las competencias propias como las delegadas, que deben ser desarrolladas por la Administración Local, diferenciándolas de las competencias del Estado y de las Comunidades Autónomas. Es decir, sólo se permite que los Ayuntamientos ejerzan las competencias que están previstas en la Ley.

Únicamente cuando esté garantizada la prestación de los servicios obligatorios, sea sostenible financieramente y no se incurra en duplicidad, se podrán prestar otros servicios no obligatorios. La delegación de competencias debe ir acompañada de la correspondiente dotación presupuestaria anual con una cobertura del cien por cien del coste del servicio y su cobro garantizado. La delegación de competencias por convenio al municipio irá siempre acompañada de la financiación íntegra de la misma. Sin financiación, no hay convenio.

También se limitan el alcance de las competencias a temas de interés exclusivamente local en materia de vivienda, turismo, servicios sociales, sanidad y educación; y se produce una reordenación de competencias que hasta ahora se atribuían a los municipios.

Asimismo, pretende racionalizar la estructura organizativa de la Administración Local, de acuerdo con los principios de eficiencia y equilibrio presupuestario; garantizar un control financiero y presupuestario más riguroso; y favorecer la actividad económica local con medidas liberalizadoras.

Con estos objetivos, el proyecto de ley potencia el papel de las Diputaciones Provinciales o entidades equivalentes, que podrán coordinar determinados servicios mínimos obligatorios de los municipios de menos de veinte mil habitantes; se incentivan las fusiones municipales voluntarias; se promueve la gestión integrada o coordinada de todos los servicios de los municipios, de forma que, si generan unos ahorros mínimos, recibirán mayor financiación; y se aumentan las trabas a la creación y escisión de municipios, que deberán contar con, al menos, cinco mil habitantes.

Por otro lado, se revisan en profundidad el sector público local y sus organismos dependientes, que habían crecido exponencialmente en los últimos años, con el objetivo de racionalizar su número y estructura, lo que generará ahorros importantes. Igualmente, se limitan las retribuciones en los contratos mercantiles y de alta dirección del sector público local.

Transparencia y control presupuestario

Por lo que respecta a la transparencia en la gestión pública local, se aborda el régimen retributivo de los cargos públicos fijando como criterios la población y las retribuciones que reciben los Secretarios de Estado (cien mil euros brutos anuales); se limita el número de personal eventual al servicio de las entidades locales, que no podrá superar un determinado número en función de la población del municipio; y se consagra la profesionalización de los empleados públicos locales, mediante la preferencia por los funcionarios de carrera.

EN cuanto al control financiero y presupuestario, se refuerza la función interventora en las entidades locales respecto a su función fiscalizadora y de comunicación de información con carácter anual al Tribunal de Cuentas. Se habilita al Gobierno para establecer las normas sobre los procedimientos de control. También se regula el régimen de los funcionarios con habilitación nacional que serán seleccionados, formados y sancionados, en los casos más graves, por el Estado.

Además, todas las entidades locales deberán publicar el coste efectivo de sus servicios; y se añade como contenido mínimo del Plan Económico-Financiero de las entidades locales que estén en déficit la supresión de sus competencias impropias, de entidades locales menores, incluir una propuesta de fusión con otro municipio y gestionar de forma integrada diferentes servicios para lo que contarán con la asistencia de las Diputaciones.

Por últiomo, se introducen medidas liberalizadoras que favorezcan la actividad económica local. El ejercicio de actividades no se someterá a la obtención de licencia, salvo en los casos en los que su necesidad y proporcionalidad queden claramente justificadas. Asimismo, se suprimen monopolios que venían heredados del pasado, como lonjas y mercados.

Este proyecto modifica la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, así como el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004. Asimismo, se derogan, entre otras, la disposición adicional segunda y la disposición transitoria séptima de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, y se modifica la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

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