El Congreso autoriza una segunda prórroga del estado de alarma hasta el 26 de abril para hacer frente al COVID-19

date 09/04/2020

- La solicitud de prórroga ha obtenido 270 votos a favor, 54 en contra y 25 abstenciones

-  El Pleno ha rechazado todas las propuestas de resolución planteadas por los grupos parlamentarios

El Pleno del Congreso ha autorizado este jueves, 9 de abril, una segunda prórroga del estado de alarma hasta las 00:00 horas del domingo 26 abril, tal y como había solicitado el Gobierno, mediante acuerdo del Consejo de Ministros de 7 de abril, quien declaró dicho estado el pasado 14 de marzo mediante el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 y modificado por el Real Decreto 465/2020, de 17 de marzo.

El Congreso de los Diputados, en su sesión plenaria de 25 de marzo de 2020, ya acordó conceder una primera prórroga del estado de alarma a petición del Gobierno. Posteriormente, el Consejo de Ministros, en su reunión de 27 de marzo, aprobó el Real Decreto 476/2020, de 27 de marzo, por el que quedaba prorrogado el estado de alarma hasta las 00:00 horas del domingo 12 abril.

El debate, desarrollado de acuerdo con el artículo 74 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se ha celebrado según lo dispuesto en el artículo 116.2 de la Constitución, en el que se establece que el estado de alarma será declarado por el Ejecutivo durante un periodo de 15 días mediante real decreto pero necesitará la autorización del Congreso para prorrogarlo. El Reglamento de la Cámara, en su artículo 162, desarrolla este precepto constitucional y establece que los grupos parlamentarios pueden presentar propuestas sobre el alcance y las condiciones de la prórroga.

En este caso se han presentado ocho propuestas de resolución por los grupos parlamentarios Mixto (Foro Asturias), Euskal Herria Bildu, Ciudadanos, Plural (BNG, Compromís y Junts per Catalunya), Republicano y Vox, que han sido rechazadas.

El debate

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha solicitado a la Cámara la autorización para esta prórroga en una sesión plenaria que comenzaba a las 09:00h con su exposición oral de las razones que han obligado a solicitar una nueva prórroga del estado de alarma. Una vez finalizada la intervención del presidente del Gobierno, han tomado la palabra los representantes de los grupos parlamentarios, que tenían 15 minutos para explicar su postura ante la prórroga y defender, en su caso, sus propuestas de resolución y, tras la respuesta del jefe del Ejecutivo, una réplica de otros cinco minutos.

Así, han tomado la palabra el presidente del Partido Popular, Pablo Casado; el líder de VOX, Santiago Abascal; el portavoz del Grupo Confederal de Unidas Podemos-En Comù Podem- Galicia en Común, Pablo Echenique; el portavoz del Grupo Parlamentario Republicano, Gabriel Rufián; los portavoces de Más País, Íñigo Errejón, del BNG, Néstor Rego, y Compromís, Joan Baldoví, dentro del turno del Grupo Plural; el portavoz adjunto de Ciudadanos, Edmundo Bal; Aitor Esteban, por el Grupo Parlamentario Vasco; Oskar Matute, de Euskal Herría Bildu; y dentro del Grupo Mixto, Carlos García Adanero, de UPN, Mireia Vehí, de la CUP; Isidro Martínez Oblanca, de Foro Asturias; y Tomás Guitarte, de Teruel Existe. La portavoz del Grupo Socialista, Adriana Lastra, ha cerrado las intervenciones de los grupos parlamentarios.

Cerrado el debate con la última intervención de Pedro Sánchez, la presidenta del Congreso, Meritxel Batet, ha llamado a votación. En primer lugar, se han votado las ocho propuestas de resolución, que han quedado rechazadas.

Por último, se ha sometido a votación la solicitud de prórroga del estado de alarma, que ha quedado aprobada con 270 votos a favor, 54 en contra y 25 abstenciones. 

Declaración del estado de alarma

El real decreto que regula el estado de alarma, y del que informó el presidente del Gobierno el miércoles 18 de marzo al Congreso de los Diputados, afecta a todo el territorio nacional y señala al Gobierno como la autoridad competente durante su vigencia, siendo autoridades competentes delgadas, bajo la superior dirección del presidente, la ministra de Defensa, Margarita Robles, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, y el ministro de Sanidad, Salvador Illa. 

Durante la vigencia del mismo queda limitada la libre circulación de las personas, pudiendo sólo desplazarse, de forma individual, para actividades esenciales como adquirir alimentos o productos farmacéuticos, asistir a centros sanitarios, a los lugares de trabajo, para asistir a mayores, menores o dependientes, así como por razones de fuerza mayor debidamente justificadas. 

Asimismo, queda suspendida la actividad lectiva presencial en todos los centros educativos y la apertura al público de los locales y establecimientos minoristas, a excepción de los establecimientos comerciales minoristas de alimentación, bebidas, productos y bienes de primera necesidad, establecimientos farmacéuticos, sanitarios, centros o clínicas veterinarias, ópticas y productos ortopédicos, productos higiénicos, prensa y papelería, combustible para la automoción, estancos, equipos tecnológicos y de telecomunicaciones, alimentos para animales de compañía, comercio por internet, telefónico o correspondencia, tintorerías, lavanderías y el ejercicio profesional de la actividad de peluquería a domicilio. También se cierran al público establecimientos de ocio, instalaciones culturales, artísticas, de hostelería y restauración.

El real decreto establece que los empleadores, tanto públicos como privados, estarán obligados a facilitar la prestación laboral o funcionarial por medios no presenciales; restringe determinados medios de transporte y toma medidas para garantizar el suministro alimentario y energético. 

Del mismo modo, los integrantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, los Cuerpos de Policía de las comunidades autónomas y de las corporaciones locales quedan bajo las órdenes directas del Ministro del Interior y todas las autoridades civiles sanitarias de las administraciones públicas del territorio nacional, así como los demás funcionarios y trabajadores al servicio de las mismas, quedan bajo las órdenes directas del Ministro de Sanidad. 


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