El Pleno del Congreso de los Diputados aprobó esta tarde, con 176 votos a favor, 1 en contra y 160 abstenciones, una proposición no de ley en la que insta al Gobierno a promover una serie de iniciativas para incrementar la transparencia del sistema financiero y combatir los paraísos fiscales.

La iniciativa, aprobada a propuesta del Grupo Socialista y con la incorporación de una enmienda de CiU, plantea la necesidad de asegurar que las autoridades públicas tengan toda la información relevante acerca de las instituciones, mercados e infraestructuras importantes del sistema financiero.

Asimismo, pide al Ejecutivo que tome las medidas necesarias para evitar incentivos
perversos en las decisiones financieras, para lo que propone que los esquemas de retribución para ejecutivos y altos cargos de las entidades financieras capitalizadas por fondos públicos se liguen a la evolución real de la empresa.

El Congreso emplaza al Gobierno a defender una reforma de las instituciones financieras multinacionales que fortalezca sus capacidades para actuar en la crisis actual y evitar crisis futuras, para lo que considera que debería reforzarse el papel del Fondo Monetario Internacional como prestamista de última instancia, así como actualizar sus herramientas de préstamo para fortalecer su capacidad de prevención de crisis.

También considera que el FMI debe adecuar la representación de los distintos  miembros a su peso en la economía mundial en la toma de decisiones; facilitar el intercambio de información financiera entre países; reforzar su coordinación con el nuevo Consejo de Estabilidad Financiera surgido del G-20, teniendo en cuenta la realidad de los sistemas financieros de los distintos Estados; y mejorar la coordinación con los Bancos Multilaterales de Desarrollo.

Por otro lado, la Cámara Baja pide al Ejecutivo que promueva las medidas necesarias, de manera consensuada en los foros internacionales, para eliminar la impunidad de los paraísos fiscales, con el fin de luchar contra el fraude fiscal, el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo, para lo que sugiere medidas como la introducción de desincentivos fiscales para todo movimiento de fondos que tengan como origen o destino un paraíso fiscal.

Otra de las medidas planteadas es el no reconocimiento de la capacidad de las sociedades constituidas en paraísos fiscales para intervenir en el tráfico mercantil cuando estas entidades hayan ejecutado prácticas delictivas con arreglo a los estándares de la Unión Europea.

Propone, además, el establecimiento de penas agravadas cuando el fraude fiscal se produzca a través de la utilización de paraísos fiscales; la supresión del secreto bancario y el establecimiento de un mecanismo de vigilancia y sanciones efectivo contra los riesgos que plantean las jurisdicciones no cooperativas; y el intercambio automático de información fiscal en paraísos fiscales, así como la armonización de la regulación contra el blanqueo de dinero.