El Congreso de los Diputados ha rechazado, con 6 votos a favor y 328 en contra, la enmienda a la totalidad presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya al proyecto de ley de Reforma de la Financiación a la Internacionalización de la empresa española.
Con esta votación, comienza la tramitación del proyecto, defendido ante el Pleno por el ministro de Industria, Comercio y Turismo, Miguel Sebastián, y que pasará ahora a la Comisión correspondiente para el debate y votación de enmiendas al articulado.
El Gobierno argumenta, en su exposición de motivos del proyecto, que la ampliación y profundización de la dimensión internacional de la economía española es un
objetivo deseable, tanto por los efectos directos e indirectos sobre el crecimiento económico, el empleo y la competitividad de nuestras empresas, como por la aportación positiva que genera en las cuentas exteriores de la economía española”.
Esta reforma, en línea con los procesos seguidos por países de nuestro entorno, permite la adaptación de los instrumentos hasta ahora existentes a las nuevas necesidades detectadas por el mercado privado, incorporando dos medidas: Por una parte, la creación de un nuevo instrumento, el Fondo para la Internacionalización de
la Empresa (en adelante, FIEM) y, por otro lado, la adaptación del seguro de crédito a la exportación.
El FIEM se concibe como un instrumento que ofrece una respuesta más adaptada al entorno internacional actual, que exige un mecanismo financiero más flexible y eficiente, que cubra una amplia variedad de situaciones, en las que las soluciones financieras ligadas a los procesos de internacionalización juegan un papel destacado
en el diseño de las operaciones.
A través del FIEM, explica el Ejecutivo, “se sientan las bases para que nuestras empresas puedan presentar, en sus contratos comerciales, ofertas financieras al menos tan competitivas como las de sus competidores, impulsando de este modo la actividad exterior y el desarrollo del tejido empresarial”.
IU-ICV reclamaba la retirada de este proyecto por considerar que “el modelo que hay detrás del proyecto de FIEM está lejos de lo deseable: prioriza los intereses comerciales a los intereses de la cooperación; genera serias dudas de su utilidad para un desarrollo estratégico de la industria española; permite que los créditos sirvan para prácticamente todo y se sitúa en una lógica antigua e ineficaz de globalizar los mercados sin las suficientes garantías para que se de cumplimiento del deber de proteger del Estado frente a los abusos contra los Derechos Humanos y prevenir la generación de deuda externa ilegítima”.
Por su parte, ERC encuentra la motivación de esta enmienda a la totalidad en que la promoción de las empresas españolas y de sus inversiones en el exterior esté de acuerdo con la política de desarrollo del Estado no sería más que un raro ejemplo de la coherencia de sus políticas, pero en ningún caso ni por el tipo de instrumento ni por la finalidad del mismo puede ser considerado Ayuda Oficial al Desarrollo.