El Congreso de los Diputados aprobó hoy, por unanimidad, la toma en consideración de la propuesta del Parlamento Catalán de añadir un nuevo apartado, el 1 bis, al artículo 759 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, con el objetivo de posibilitar que las pruebas para conseguir la incapacidad se hagan fuera de la sede del Tribunal en el caso de que existan graves dificultades de desplazamiento derivadas de la situación personal del presunto incapaz.

Esta reforma, que comienza hoy su tramitación parlamentaria, fue defendida ante el Pleno de la Cámara Baja por una delegación del Parlamento de Cataluña formada por Josep M. Pelegrí, diputado del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió; y Antoni Comín Oliveres, diputado del Grupo Parlamentario Socialistes-Ciutadans pel Canvi.

La iniciativa remitida al Congreso por el Parlamento Catalán pretende incorporar al artículo relativo a las pruebas y audiencias preceptivas en los procesos de incapacitación un nuevo apartado que establece que, “en caso de que el presunto incapaz o sus parientes más próximos no estén en condiciones físicas o psíquicas de  desplazarse a las dependencias judiciales, siempre que una de las partes lo solicite y lo pruebe mediante la aportación de un certificado médico oficial u otro medio de prueba adecuado, el Médico forense y el Juez magistrado deberán ir al domicilio de aquéllos o al lugar donde se hallen para efectuar el examen a que se refiere el apartado 1”.