Hace 200 años. Diario de las Cortes de Cádiz


30 de abril de 1811

Diario de Sesiones
Diario de Sesiones Sesión Secreta

Se da cuenta del reconocimiento de las Cortes por parte del obispo de Cartagena de Indias, el cabildo de aquella catedral, los prelados regulares y el clero de la misma ciudad.

Se trasladan a la comisión de Justicia los testimonios del gobernador de Ceuta y del comandante del cuarto ejército destinado en San Roque sobre las causas criminales pendientes en su juzgado.

Se pasa a la comisión de Guerra una representación del teniente general Juan Carlos de Aréizaga en la que solicita que el decreto expedido por el Congreso mandando que se le hiciese el consejo de guerra que ha solicitado, debe entenderse sin perjuicio de servir mientras tanto en su actual destino.

Se leen súplicas de varios militares. Intervienen Golfín, Laguna, Dueñas, Villafañe, obispo de León, Utgés, Garoz, Ostolaza, Obregón, Zorraquín, Caneja, Moragues, Gallego, Rojas, Bárcena, Polo, Pérez de Castro, Pérez Martínez, Cárdenas, Oliveros, Gordoa y García Herreros.

El caso principal de los que se debaten es la concesión de indulto al marinero Felipe Molina, encausado por haber herido estando de centinela a un soldado del cuerpo de voluntarios, Miguel Monge.

Según cuenta el diputado Gregorio Laguna, el reo estaba borracho cuándo hirió a Monge. La mayoría de los diputados son partidarios de la conmutación de la pena de muerte y algunos recuerdan otro indulto en un caso en el que el delito era mucho más grave.

José Zorraquín es contrario al indulto al igual que Joaquín Díaz Caneja, que considera que la indulgencia excesiva es siempre causa de insubordinación, de los desórdenes y delitos…

Evaristo Pérez de Castro se opone al indulto: Entiendo que debe escandalizarse la nación al ver que la compasión se pone en lugar de la justicia, cuando todos los días clamamos por el orden y la represión de los delitos, y atacamos a los tribunales y a las primeras autoridades por su lenidad o connivencia.

Juan Nicasio Gallego pide ausentarse mientras el asunto se resuelve.

Cartagena de Indias.Cartagena de Indias.

Juan Polo y Catalina solicita que se establezca una regla fija para que el Congreso no impida el curso de la justicia, ya que considera que todas las peticiones a la Cámara serán favorables a la conmutación.

Antonio Joaquín Pérez, eclesiástico, dice que va a votar en justicia y recuerda que el caso anterior se solventó en diez minutos, ya que en aquel debate no estaban en consejo de guerra para juzgar y sentenciar sino para conceder un indulto de una persona juzgada, sentenciada y en capilla.

Se apoya conceder el indulto y Juan Polo y Catalina presenta una proposición para cuya discusión se señala el día siguiente: Que las Cortes únicamente admitan un memorial de reo que se halle en capilla en el lugar de su residencia o 10 leguas en contorno, y que decidido o no el perdón, no se admita ni pueda darse cuenta de ninguna otra solicitud de infelices desgraciados que se hallen en el mismo caso en el expresado distrito.

Se evidencia en este debate la dureza del antiguo derecho penal – pena de muerte por una herida – y el problema que plantea a todos los diputados, que advierten la falta de proporcionalidad entre el delito cometido y la sanción.

Se lee el dictamen de la comisión de Justicia sobre una representación de Andrés Lasauca, ministro del Consejo Real, en la que pide que a fin de que su hermano Isidro Lausaca, oidor de la Real Audiencia de Cataluña, pueda trasladarse desde Mallorca a Murcia a servir en su nueva plaza, el Ejecutivo le auxilie con la cantidad que estime conveniente. Informa la misma comisión sobre una representación hecha a las Cortes por Manuel Gutiérrez Bustillo, fiscal de la Audiencia de Cataluña, residente también en Mallorca y destinado a Murcia, que pide lo mismo que el anterior. Asegura la comisión que estos suplicantes habían sido conducidos a prisión por negarse a jurar ante el rey intruso y por ello, tanto Giraldo como el obispo de Mallorca, piden para ellos clemencia diciendo que así como el Congreso debía ser inexorable para los infidentes, debía distinguir a los buenos patriotas.

La comisión de Bellas Artes recomienda la adopción de un sello de las Cortes que había presentado el ingeniero Antonio Prat. Diego Muñoz Torrero manifiesta que las Cortes no necesitan sello, pues la publicación de las leyes pertenece al Poder Ejecutivo, el cual emplea el sello del Estado. Se rechaza dicho dictamen.

La sesión secreta comienza por la lectura del parte de las fuerzas sutiles de los días 27 y 28 de este mes.

Domingo Caicedo, diputado suplente, pide la dimisión de su cargo de diputado, petición que es rechazada.

Se lee una representación de varios diputados recordando las proposiciones presentadas anteriormente para remediar los peligros que puedan ocasionarse con el actual sistema en las provincias de América, acompañándolas con los documentos de la Junta de Cartagena de Indias. Se acuerda después del debate pedir al Consejo de Regencia que remita los documentos que haya recibido sobre las providencias tomadas por la Junta de Cartagena y estado en que se hallen en aquellos países.

Se da cuenta de la brillante operación del Conde de Penne echando al enemigo de Usagre (Badajoz).

Vicente Morales Duárez señala el retraso sobre la resolución de relevo de Abascal en el virreinato de Perú, por haber concluido su mandato. Este asunto se trata en la sesión de noche. La Cámara aprueba que no se le remueva.

Véanse El Conciso, núm. 2, de 2 de mayo de 1811, para la sesión del día 30 de abril, y el Semanario Patriótico, núm. LVIII, de 16 de mayo. En este último se trata en extenso del indulto del marinero Felipe Molina, sentenciado por un consejo de guerra, y puesto en capilla por haber dado una puñalada a un centinela que trató de poner paz en una riña que el reo tenía con otros.

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29 de abril de 1811

Diario de Sesiones
Diario de Sesiones Sesión Secreta
Actas de la Comisión de Constitución

Se lee el acuerdo tomado por la Cámara el día anterior para que se le forme consejo de guerra al general Juan Carlos Aréizaga.

Los diputados Andrés Esteban y Joaquín Lorenzo Villanueva, comisionados para inspeccionar el Hospital militar de San Carlos, presentan varios oficios en los que dejan constancia, entre otras cuestiones, de la arbitrariedad de los empleados al dar curso a las reclamaciones de sus dependientes. Los comisionados previenen al comisario de guerra José de Ansa sobre el hecho de que a las Cortes le corresponde oír todas las reclamaciones que le dirijan sus súbditos.

Las Cortes aprueban todas las decisiones de los comisionados y les animan a seguir con su labor, acordando la Cámara a propuesta de Villanueva que se pregunte a la Regencia si ya ha nombrado al juez que ha de entender en la causa.

Se pasa a la comisión encargada de elaborar la Constitución una proposición de Antonio Oliveros sobre si conviene suprimir los corregimientos de capa y espada, y sustituir en su lugar a los alcaldes mayores letrados, con el título de corregidores, el mismo sueldo y atribuciones.

Se da cuenta de una representación de la ciudad de México en la que se solicita la concesión de la gran cruz de Carlos III al virrey Francisco Javier Venegas.

Intervienen un gran número de diputados, entre ellos bastantes americanos: Aner, García Herreros, Pérez de Castro, Aguirre, Maniau, Alcocer y Guereña. Todos coinciden en que es justa la medida, pero piensan que se debe felicitar a todo el pueblo e instituciones de Nueva España.

Se aprueba la proposición siguiente que redacta Felipe Aner: Que se diga al Consejo de Regencia ser la voluntad de las Cortes, que el virrey D. Francisco García Venegas y demás jefes militares, oficiales y tropa que tanto se han distinguido en tranquilizar el Reino de Nueva España, se concedan los premios y gracias que estime convenientes; siendo el que se conceda al virrey el de la gran cruz de Carlos III, dirigiéndose los despachos a la ciudad de México, para que tenga la satisfacción de entregárselos, como lo tiene solicitado la misma ciudad.

Mariano Mendiola presenta la adición siguiente, que también es aprobada: Que a los soldados de que se componen las tropas que han tranquilizado las provincias seducidas de Nueva España, se les declare beneméritos de la Patria.

Juan Antonio Villarino, el médico que había desatado el escándalo del Hospital militar de San Carlos, pide que se le suspenda el expediente formado contra él por el general en jefe de aquel ejército. Las Cortes resuelven que pase a la Regencia para que lo remita al juez que haya de entender en la causa de los dependientes del hospital.

Continúa el debate de la reforma del artículo primero del Reglamento del poder judicial o para las causas criminales, redactado de nuevo por la comisión de Justicia: Ningún español a quien se forme causa podrá ser preso, si el delito no merece ser castigado con pena corporal, sin que por esto se impida proceder por primera diligencia a la prisión, detención o arresto, cuando así lo exija la pública tranquilidad, el respeto debido a los magistrados y jueces, o cuando por de pronto sea necesario asegurar la persona.

Intervienen en el debate los diputados Villafañe, Giraldo, Argüelles, Zorraquín, Luxán, Aner, Calatrava, Morales Gallego, Torrero y Vicente Cano Manuel, presidente.

Para Manuel Villafañe con este artículo se da más ensanche a la autoridad de los jueces. Agustín Argüelles considera que en la nueva redacción el juez se verá más limitado que en la formulación anterior.

Vicente Aner considera que este artículo ha de verse en el debate de la Constitución y que ahora se podrían aprobar los tres o cuatro artículos indispensables para asegurar la libertad del ciudadano.

El presidente lamenta el tiempo que se ha empleado en tratar este asunto, pero dada la importancia del tema lo da como bien empleado. De acuerdo con el sentir general de los diputados se deja la aprobación del artículo primero y comienza el debate del segundo.

El artículo 2.º dice: Para poner preso a un español debe preceder una información sumaria del hecho que deba ser castigado con pena corporis aflictiva, y darse auto de prisión. El juez que proceda de otra suerte, por el mismo hecho será destituido de su empleo, a menos que el reo sea aprehendido in fraganti; pero aun entonces deberá procederse a formalizar la sumaria inmediatamente.

Intervienen los diputados José Martínez, Dou, Mejía y Giraldo.

José Martínez, después de exponer varios ejemplos, considera que habría que modificar este artículo segundo.

Ramón Lázaro de Dou expone que este artículo da amplias competencias a los jueces y que el Reglamento puede servir de pretexto para cubrir los excesos de la arbitrariedad que se quiere impedir.

José Mejía, como ex fiscal del Consejo de Navarra, está en contra de considerar arbitrario el comportamiento de toda la magistratura. Lo que hay que hacer es observar las leyes con todo el rigor. Se expresa de este modo: La Nación ha reunido el Congreso no para que echase los franceses a fusilazos; para esto habría sido mejor aumentar un regimiento en cada ejército, sino para que redimiese y reanimase al pueblo español en la lucha, excitándole a mas y mas sacrificios personales y pecuniarios a vista de la brillante perspectiva de una sólida felicidad futura, la que en todos los pueblos estuvo y estará vinculada siempre a la recta administración de justicia.

No se aprueba este segundo artículo y, dado lo avanzada de la hora, el Presidente suspende el debate.

La sesión secreta tiene un único punto del día, la propuesta del Secretario Miguel Antonio de Zumalacárregui sobre los papeles remitidos por el Secretario de Guerra en relación a las noticias del virrey de Nueva España. Se acuerda que se lean las noticias dignas de atención del Congreso, y así se da lectura a las mismas, levantándose la sesión después de un pequeño debate.

Reglamento del poder judicial o para las causas criminales
La comisión de Justicia, a la vista de los expedientes que se han examinado sobre visitas a las cárceles y distintas proposiciones de diputados sobre los medios para administración de justicia, emite un dictamen comprensivo de un proyecto de reglamento para que las causas criminales tengan un curso mas expedito, sin los perjuicios que resultan a los reos de la arbitrariedad de los jueces. Se trata de formar un plan regular en que se establezcan derechos claros en los ciudadano; sencillez en el curso de los pleitos; publicidad en todos los actos; leyes terminantes y aplicadas irremisiblemente por los jueces… El proyecto de reglamento consta de 28 artículos y está firmado en Cádiz por Domingo Dueñas, Fernando Navarro, Manuel Luxán, Manuel Goyanes y Guillermo Moragues el 19 de abril de 1811.
Dictamen: 19 abril 1811
Discusión: 27 y 29 abril 1811

Véanse El Conciso, núm. 1, de 1 de mayo de 1811, y el Semanario Patriótico, núm. LVIII, de 16 de mayo de 1811.

Constitución de 1812

Actas de la comisión de Constitución: 29 de marzo de 1811

Se acuerda añadir otra causa, para perder los derechos de ciudadano contemplados en el artículo 8.º: 5.º Por hallarse procesado criminalmente.

Se comienza a discutir lo relativo al poder legislativo:
Título III. Del Poder legislativo. Capítulo 1.º De las Cortes.

Artículo 1.º Las Cortes, en quienes con el Rey reside el poder legislativo, son la reunión de los diputados que representan la Nación nombrados por los ciudadanos en la forma que se dirá.

Artículo 2.º La base para la representación nacional es la misma en ambos hemisferios.

Se discute largamente sobre los puntos relativos a la base de la representación nacional, sin llegar a ningún acuerdo.

Ilustración de la sesión
El Titulo III consta de once capítulos y ciento cuarenta artículos; en este caso el grabador, abrumado por la copiosa regulación, concentra la alegoría correspondiente en la elección de los diputados. En la viñeta se ve al presidente o jefe político de la capital de provincia, a los escrutadores y al secretario en la casa consistorial, sentados a la mesa, y a un ciudadano de pie en el acto de votar. Los electores ocupan sus asientos sin preferencia alguna. La igualdad que preside la elección es reproducida por la libertad de asientos con diferencias de traje que expresan las clases y quieren significar que la celebración debe realizarse a puerta abierta.

Véase Iconología constitucional: el grabado de la Constitución política de la Monarquía española de 1812, de Santos M. Coronas, en Cortes y Constitución de Cádiz. 200 años.

Cronología del proceso constitucional

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28 de abril de 1811

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Diario de Sesiones Sesión Secreta

Comienza la sesión con la lectura de un oficio de los diputados comisionados para el arreglo del Hospital militar de San Carlos, Villanueva y Esteban, informando de las providencias que se han tomado.

Teodora Quintana, viuda del brigadier Gabriel Gómez, coronel del Real Cuerpo de Artillería, solicita para su hijo una plaza en el colegio de cadetes. El dictamen de la comisión de Guerra acuerda pasarlo al Consejo de Regencia instando a que se le conceda tal gracia.

La comisión de Guerra presenta su dictamen sobre la representación del general Juan Carlos Aréizaga en la que solicita que se le forme consejo de guerra, para que pueda sincerar su conducta.

Alonso Cañedo presenta un escrito en el que expone que se ha dirigido toda la atención a la elaboración de la Constitución y que la comisión encargada de llevarla a cabo se aplica a fondo. No obstante, los progresos son lentos por la asistencia diaria a las sesiones.

Puebla de los Ángeles.Puebla de los Ángeles

A tal efecto presenta dos proposiciones: Primera. Que los individuos de la comisión de Constitución se tengan por relevados de la asistencia al Congreso en los días que deban reunirse en comisión. Segunda. Que a los mismos se les exonere de las demás comisiones permanentes a que se hallen destinados.

Apoyan estas proposiciones los diputados Pérez Martínez y Ostolaza y se oponen a la primera Zorraquín, Argüelles, Oliveros, Torrero, Luxán, Dueñas y Espiga. Se procede a la votación y se desecha la primera y se aprueba la segunda.

Las Cortes rechazan el dictamen de la comisión de Justicia sobre una queja de los procuradores de dos subalternos de la Real Audiencia de Guatemala, por entender que la Cámara no es competente.

Se aprueba otro dictamen de la misma comisión sobre una representación de Antonio Eduardo Jiménez en la que exponía que seguía estando en prisión. Se pide que se traslade a la Regencia para su envío al tribunal competente y que se sustancie la causa a la mayor brevedad posible.

Vicente Cano Manuel, presidente de las Cortes, interviene para advertir de que ya es hora de votar el artículo primero del Reglamento para el Poder Judicial, por entender que ya está suficientemente debatido.

Antonio Joaquín Pérez solicita que, si se aprueba el reglamento, se envíe lo antes posible a América, donde es tan grande el desorden de presos, que limitándose solo a la Puebla de los Ángeles, llegaban a veces a 800, y hubo uno que de estar tanto tiempo en la cárcel, se había formado en ella un establecimiento, de suerte que no quiso salir cuando se le dio libertad.

Se procede a votar, pero se rechaza el artículo tal como estaba concebido. Tras un intercambio de pareceres, se acuerda devolverlo a la comisión de Justicia para su reforma.

La sesión secreta comienza con la lectura del parte de las fuerzas sutiles.

Las Cortes quedan enteradas de que el Consejo de Regencia ha conferido el gobierno político y militar de la ciudad de Puebla al mariscal de campo D. García Dávila, ex gobernador de Veracruz.

El presidente indica que la ciudad de México pide la gran cruz de Carlos III para el virrey Francisco Javier Venegas. Se acuerda que se lea en la sesión pública del día siguiente.

Véanse El Conciso, núm. 30, de 30 de abril de 1811, y el Semanario Patriótico, núm. LVIII, de 26 de mayo de 1811. En El Conciso se relatan pormenores de la visita de los comisionados al Hospital militar de San Carlos y en el Semanario Patriótico se solicita que los trabajos de la comisión de Constitución se hagan públicos pues nadie tiene noticia de los mismos.

Cronología del proceso constitucional

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27 de abril de 1811

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Se manda pasar al Consejo de Regencia la solicitud de Dionisio Fernández de Araujo, comandante del escuadrón Los Defensores de Andalucía, en la cual pide que se le proporcionen monturas y municiones.

De acuerdo con el dictamen de la comisión de Hacienda, se remite al ministro interino del mismo ramo la representación del diputado José Alonso y López, con el fin de que discurra sobre los datos que propone el autor para encabezar provisionalmente los ramos de rentas más oportunos hasta que se arregle el sistema que haya de regir sobre la exacción de impuestos.

A la vista de la contestación del ministro interino de Hacienda en relación con el oficio de las Cortes sobre dos memoriales de dos asentistas de brigadas que reclamaban sus créditos, resuelven las Cortes que coinciden con el parecer del ministro y, por tanto, no se admiten reclamaciones sobre este asunto.

Se leen varios partes remitidos por el jefe del estado mayor general. El capitán general Francisco Javier Castaños manifiesta el patriotismo y buena disposición de todos los extremeños. Los partes corresponden a los sucesos de los días 15 a 18 de abril en Villaviciosa, Valverde y Barcarota, así como la rendición de Olivencia.

Al hilo de este mismo tema, Juan Polo y Catalina lee un escrito en el que solicita que se comunique a la Regencia la necesidad urgente de un millón de pesos para su distribución entre los ejércitos, pidiendo para el de Extremadura una proporción mayor en vista de las circunstancias expresadas anteriormente. La Cámara lo acuerda.

El ministro interino de Hacienda de Indias interviene para informar sobre el estado de las rentas públicas de América, su cobranza e inversión. Se le concede el honor de informar desde la tribuna, desde donde procede a leer una interesante Memoria en la que manifiesta el cálculo del producto de las rentas en el último quinquenio. En la extensa Memoria detalla la situación en cada uno de los territorios de América. Empieza con Nueva España cuyos productos son los más sustanciosos para la ayuda prestada a la Península. Sigue con Guatemala, las islas Filipinas, el virreinato de Santa Fe, las provincias de Caracas, el virreinato de Buenos Aires, el del Perú y el reino de Chile. Omite hablar de Santo Domingo y las Floridas porque casi no producen, ya que subsisten con lo que les remite Nueva España.

Dedica una gran parte de la exposición a la situación de la Habana y de toda la isla de Cuba, con especial referencia a su agricultura, industria y comercio. Se lamenta de la falta de mano de obra, de los problemas de las fábricas de tabaco y de la explotación de las maderas. Alude también a la situación de la isla de Puerto Rico: La falta de minas y de metales preciosos hizo que se considerase a Puerto Rico de poco momento para el comercio pero muy importante por su situación para la conservación y defensa de las demás posesiones occidentales. Habla al final de los desórdenes y del peligro del contrabando y pide con urgencia la actuación de la Regencia para poder atacar tantos males y establecer los oportunos remedios.

Plantación de tabaco en Pinar del Río (Cuba).Plantación de tabaco en Pinar del Río (Cuba).

A la Memoria, cuyo texto completo se inserta en el Diario, se adjuntan dos documentos: el primero sobre el Estado de valores de las administraciones generales de rentas de mar y tierra, comisos, subvención, vestuario de milicias y consulado, harina, caldos y negros introducidos, azúcar, café y cera extraída y buques entrados y salidos desde 1º de enero a 31 de diciembre de 1810; y el segundo sobre Estado de cargo y data de la Tesorería del ejercito y Real Hacienda de la plaza de la Habana desde 18 de julio de 1808 en que tomó posesión de esta intendencia Juan de Aguilar y Amat… hasta fin de diciembre de 1810… Ambos están firmados por Juan de Aguilar, en la Habana, el 15 de enero de 1811.

El nuevo presidente de las Cortes, Vicente Cano Manuel, agradece al ministro de Hacienda e Indias su celo y eficacia en el cumplimiento de sus deberes, según se deduce de la Memoria presentada. Resuelven las Cortes que se traslade la Memoria a la comisión Ultramarina y su inclusión en el Diario.

Miguel Riesco toma la palabra para pedir que se restablezcan todos los cuerpos militares que había en Extremadura y que sean tratados con la consideración debida.

Aner y Aguirre intervienen brevemente. Felipe Aner solicita que se recomiende a esos dignos militares, que se han escapado del enemigo, para continuar sus servicios a favor de la Patria… por cuyas razones ha hecho muy bien el Gobierno de pasar militares que servían en Cataluña a Galicia y los de aquí a Valencia. Pedro Antonio Aguirre apoya el dictamen de Aner.

Continúa el debate del Reglamento del poder judicial, que ocupa la atención de los diputados el resto de la sesión. Se discute sobre el artículo primero: Ningún español podrá ser preso sino por delito que merezca ser castigado con pena capital, o que sea corporis aflictiva.

Borrull, Pelegrín y Cañedo son los diputados que intervienen este día.

Francisco Javier Borrull considera que no se puede pedir la libertad de los particulares hasta el extremo de que pueda ser perjudicial a la tranquilidad de los pueblos, ya que no todos los delitos son castigados con pena corporal y abusarían de esta libertad.

Ramón López Pelegrín ve dificultades en aprobar este artículo porque por asuntos menores que no merecen ser castigados por pena de muerte, el alcalde puede arrestar a los alborotadores bien por unas horas o días para evitar daños al orden de los pueblos.

Alonso Cañedo ve contradicciones entre este artículo primero y el tercero, que dice que se exige de los reos de delitos menores fianza, lo que según él no basta para poner a salvo al resto de ciudadanos. Concluye diciendo: que no se haga novedad por ahora en el método prescrito por nuestras leyes para la averiguación y castigo de los delitos.

Finaliza la sesión pública sin ningún acuerdo sobre este asunto.

La sesión secreta comienza con la lectura del parte de las fuerzas sutiles. El Consejo de Regencia juzga que no se puede realizar la operación que propone un militar para la compra de granos. Se acuerda entregar cierta cantidad de dinero de un donativo de la ciudad de Campeche.

Se da cuenta de una exposición de Juan Clímaco Quintano en la que pone de manifiesto que el Consejo de Regencia le pide un informe acerca de una orden relativa al expediente a Rafael Gómez Roubaud que dio cuando era miembro de la Secretaría de Hacienda. Pide que se declare si el Consejo de Regencia tiene facultades para mandarle que informe.

A este respecto, Andrés de Jáuregui lee un papel sobre determinados hechos de Rafael Gómez Roubaud en La Habana y otros documentos. Se acuerda que se diga a la Regencia que se suspenda la providencia contra Roubaud y que remita el asunto a la Cámara para su remisión a la comisión de Justicia.

Véanse las obras de Rafael Gómez Roubaud: Tabacos: don Rafael Gómez Roubaud contesta al Sr. Redactor General a su número 181… y Manifiesto documentado en respuesta a los hechos que se sientan en el papel del capitan de fragata don José Luyando, secretario del Consejo de Estado, titulado Examen de las ventajas que producira el desestanco del tabaco.

Véanse El Conciso, núms. 29 y 30, de 29 y 30 de abril de 1811, donde se publica un Extracto de la memoria del Sr. encargado del Ministerio de Hacienda e Indias, y el Semanario Patriótico, núm. LVII, de 9 de mayo de 1811, para la crónica del 27 de abril.

Reglamento del poder judicial o para las causas criminales
La comisión de Justicia, a la vista de los expedientes que se han examinado sobre visitas a las cárceles y distintas proposiciones de diputados sobre los medios para administración de justicia, emite un dictamen comprensivo de un proyecto de reglamento para que las causas criminales tengan un curso mas expedito, sin los perjuicios que resultan a los reos de la arbitrariedad de los jueces. Se trata de formar un plan regular en que se establezcan derechos claros en los ciudadano; sencillez en el curso de los pleitos; publicidad en todos los actos; leyes terminantes y aplicadas irremisiblemente por los jueces…
El proyecto de reglamento consta de 28 artículos y está firmado en Cádiz por Domingo Dueñas, Fernando Navarro, Manuel Luxán, Manuel Goyanes y Guillermo Moragues el 19 de abril de 1811.
Dictamen: 19 abril 1811.
Discusión: 27 abril 1811.

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26 de abril de 1811

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Actas de la Comisión de Constitución

Se comunica a través del ministerio de Gracia y Justicia que el cabildo eclesiástico de Nueva Guatemala ha reconocido a las Cortes.

Se admiten a discusión varias proposiciones de Agustín Rodríguez Baamonde en las que se solicita: que se suprima el feudalismo y que no se pueda exigir en razón de vasallaje ninguna contribución alguna a ningún español, y que si por alguna causa tuviese a bien diferir el decreto de abolición expresado, que a lo menos mande suspender la cobranza de tan perjudiciales y detestables contribuciones feudales.

Se lee un papel de José Miguel Gordoa en favor de los mineros y rescatadores de metales, en el que pide proteger la acción de los mismos para aumentar el Tesoro Público. Como gran conocedor de la realidad americana, es testigo de las minas riquísimas de América que están abandonadas por el alto coste que supone la extracción de los minerales y de las poblaciones desiertas o que se han reducido a la mitad por no existir trabajo en las mismas. Propone eliminar los obstáculos que han obstruido la mayor fuente de la riqueza pública y privada de América.

Presenta las proposiciones siguientes: Primera, que esta protección consiste en remover los obstáculos… y para ello es necesario la reducción a la mitad de los derechos en los quintos y de utilidad en el precio de los artículos del consumo de la minería…; Segunda, y para que este arbitrio no se inutilice o enerve deberá publicarse en términos que no pueda ocultarse al estado llano…

Le contesta Joaquín Maniau para decir que tiene presentada una proposición en este sentido. Las Cortes acuerdan remitir ambas a la comisión Ultramarina.

Castillo de San Sebastián. Cádiz. Fondo doceañista. Consorcio bicentenario 1812.Castillo de San Sebastián. Cádiz. Fondo doceañista. Consorcio bicentenario 1812.

Se lee el dictamen de la comisión de Justicia sobre la súplica del doctor Francisco Javier de la Peña en la que expone que, repuesto en sus empleos de boticario de Cámara del Rey y presidente de la Junta interina de farmacia, le corresponden dos sueldos. La comisión considera que sólo ha de cobrar un sueldo. La Cámara no aprueba el dictamen y sí la proposición de José Aznarez sobre esta materia: Que se instruya el expediente con el correspondiente informe del Consejo de Regencia… si la Junta de farmacia se halla en el ejercicio de todas sus facultades, ¿cuál es el número de sus individuos, su dotación y de qué fondos la perciben?… si el presidente de dicha junta, como tal, a cuya calidad reunía la de boticario mayor, debe ocuparse, y se ocupa realmente y entiende en la compra de drogas y su elaboratorio para surtido de todos los ejércitos…

Se lee otro dictamen de la comisión de Justicia sobre una representación del coronel Francisco Javier Cumplido, gobernador de Alhucemas, en la que se queja de estar preso desde hace un año en el castillo de San Sebastián de resultas de una causa que se le formó por delito de infidencia. La comisión es de la opinión de que se diga al Consejo de Regencia que pase con urgencia al tribunal que le corresponda. Intervienen brevemente en torno a este asunto Giraldo, Traver, Zorraquín, Monte, Polo, Utgés, Calatrava, Villafañe, Argüelles, Pérez de Castro, Cano Manuel, Aznarez, Luxán y Zorraquín. Todos ellos coinciden en que se debe exigir de los tribunales un mejor y más rápido funcionamiento en la resolución de las causas. Tras el debate es aprobado el dictamen de la comisión.

Continúa la discusión del Reglamento del poder judicial o reglamento para enjuiciar. Intervienen Villagómez, Oliveros, Hermida, Alcocer, Moragues y Argüelles, que lo hace con un largo discurso. Este importante asunto ocupa el resto de la sesión de este día.

Miguel Alfonso Villagómez pide la modificación del artículo primero: … podría decirse en este artículo que no se den autos ni mandamientos de prisión contra persona alguna en ninguna otra causa que de las que resulte delito de bastante gravedad, o en los casos expresos de la ley, o por exigirlo así la pública tranquilidad y el conservar el buen orden.

Antonio Oliveros vuelve a señalar que las leyes que ha traído la comisión están en las Partidas pero son ininteligibles para el ciudadano y, por ello, es necesario que se redacten en un estilo más sencillo. Lo que se debate es el modo de enjuiciar, de dar reglas a los jueces para realizar sus funciones. Las cárceles, ya desde las Partidas, son lugares de seguridad destinadas a custodiar a los reos y no para someterlos a tortura. Pone el ejemplo de las cárceles de Madrid, que han propuesto al gobierno que se adopte el sistema instaurado en Filadelfia por razones no sólo filantrópicas sino de caridad cristiana.

Benito Hermida, exministro de Gracia y Justicia, está de acuerdo en que las cárceles son un horror, pero para mejorarlas hace falta dinero. Se han de observar las leyes existentes hasta que no informe el Consejo de Castilla, para eso necesitaríamos de hombres grandes, de hombres de probidad… (Murmullo).

José Miguel Guridi Alcocer empieza por elogiar el trabajo de la comisión, pero sugiere que se añada esta cláusula: y en los casos en que se impone por pena la prisión, o es providencia indispensable según derecho.

Guillermo Moragues, como miembro de la comisión autora del proyecto, dice que éste no es un plan de leyes penales sino un instrumento por el que se previene el modo de proceder en la sustanciación y determinación de las causas criminales, con el fin, entre otras cosas, de evitar la arbitrariedad de los jueces al enviar a prisión a los reos antes de ser declarados culpables. Considera que, si lo expuesto en el Reglamento está contemplado en la legislación, ha de ser formulado en términos claros y sencillos, y si es nuevo exige la revocación de las normas anteriores.

Agustín Argüelles interviene en último lugar con un discurso que le acredita como uno de los diputados mas activo de estas primeras Cortes generales y extraordinarias. Manifiesta: Yo no dudo que existen y muy sabias y liberales. El Fuero Real y las Partidas contienen leyes que previenen lo que dispone el art. 1º del reglamento que se discute, pero la experiencia nos hace ver el absoluto desprecio en que han caído. Dígalo, Señor, ese prodigioso cúmulo de quejas y reclamaciones que existen sobre la mesa del Congreso contra arrestos y detenciones arbitrarias. Considera que el proyecto refunde en una norma la legislación dispersa en el ordenamiento, simplificándola, y se muestra partidario de llevar a cabo las reformas necesarias.

La sesión secreta de este día comienza con la lectura del parte de las fuerzas sutiles. El jefe del Estado Mayor daba parte de los movimientos del enemigo el día anterior.

Las Cortes dan su conformidad al dictamen de la comisión de Hacienda sobre la solicitud de varios comerciantes de Cádiz para que se permita el embarque de los géneros de algodón para América.

Se resuelve que los géneros finos de algodón ingleses que se hallen en España puedan embarcarse y llevarse a América dentro de seis meses, satisfaciendo los derechos que han de adeudarse por su introducción en América.

Se aprueba que José de Canga Argüelles, ministro de Hacienda de Indias, comparezca el día siguiente en sesión pública.

Véanse El Conciso, núm. 28, de 28 de abril de 1811, y el Semanario Patriótico, núm. LVII, de 9 de mayo de 1811.

Constitución de 1812

Actas de la comisión de Constitución: 26 de abril de 1811

Discutido de nuevo el artículo sobre conceder a las castas o pardos el derecho de ciudadano, queda al fin acordado:

Artículo 5.º A los españoles que por cualquier línea traen origen de África, para aspirar á ser ciudadanos les queda abierta la puerta de la virtud y del merecimiento, y en consecuencia, las Cortes podrán conceder Carta de ciudad a los que hayan hecho servicios eminentes a la Patria, ó á los que se distingan por sus talentos, su aplicación y su conducta; bajo condición, respecto de estos últimos, de que sean hijos de legítimo matrimonio de padres ingenuos; de que estén ellos mismos casados con mujer ingenua, y avecindados en los dominios de España; y que ejerzan alguna profesión, oficio, ó industria útil con un capital propio, suficiente á mantener su casa y educar sus hijos con honradez.

Después de la discusión oportuna se acuerdan, además, los artículos siguientes:

Artículo 6.º Solo los que sean ciudadanos podrán obtener empleos municipales y elegir para ellos en los casos designados por la ley.

Artículo 7.º La calidad de ciudadano español se pierde: 1.º Por adquirir naturaleza en país extranjero. 2.º Por admitir empleo de otro gobierno. 3.º Por sentencia en que se impongan penas aflictivas ó infamantes, si no se obtiene rehabilitación. [Se acuerda, entonces, que el artículo 10 se convirtiese en 4.º Por haber residido 10 años consecutivos fuera del territorio español sin misión ó licencia del gobierno]

Artículo 8.º El ejercicio de los mismos derechos se suspende: 1.º En virtud de interdicción judicial, por furor ó denuncia. 2.º Por el estado de deudor quebrado, o de deudor a los caudales públicos. 3.º Por el estado de sirviente a soldada de otro. 4.º Por no tener empleo, oficio, o modo de vivir conocido. 5.º Por hallarse procesado criminalmente. 6.º Desde el año de 1830 deberán saber leer y escribir los que de nuevo entren en el ejercicio de los derechos de ciudadano.

Artículo 9.º Solo por las causas designadas en los dos artículos precedentes se pueden perder o suspender los derechos de ciudadanos, y no por otras.

Artículo 10.º Todo ciudadano que haya residido diez años consecutivos fuera del territorio español, sin misión ó licencia del gobierno, será tenido por extranjero. [Posteriormente, pasa a ser el punto 4.º del artículo 7.º]

Cronología del proceso constitucional

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25 de abril de 1811

Diario de Sesiones
Diario de Sesiones Sesión Secreta

Se pasa a la comisión de Hacienda un papel presentado por Diego de Parada y Bustos en el que propone que, después de la negativa del Consejo de Regencia a decretar una contribución de 6 millones de pesos aprobada por la Cámara, se pueda trabajar algunos días festivos cediendo el beneficio a la Patria para atender los gastos del ejército en las condiciones siguientes:

Que el valor de los jornales se aplique al Estado con el preciso destino de vestir al ejército y proveerle de armas…
Que lo que por este medio se recaude en los pueblos se traslade dentro del término de dos meses…
Que para hacer más pronta y efectiva esta recaudación sin gravamen de los vecinos, se admitan en pago frutos o efectos útiles al intento, arreglando sus precios de manera que puedan con facilidad venderse o trasportarse a donde haga falta…

La comisión de Hacienda emite dictamen favorable a la pretensión de Manuel Gilmán de que la Caja de consolidación le entregue una porción de vales Reales, debido a que los franceses le embargaron igual número. El dictamen queda reprobado.

Se lee el preámbulo y primer artículo del Reglamento de las causas criminales que se publicó el día 19 en el Diario de Sesiones. Intervienen en este debate Gómez Fernández, Dueñas, Terrero, Garoz, Ostolaza, Dou, Aner y Mejía.

Francisco Gómez Fernández es favorable a que pase a la comisión formada para el establecimiento de un Código criminal.

Domingo Dueñas como miembro de la comisión justifica el reglamento y la concordancia que se ha mantenido con algunas leyes de las Partidas.

Vicente Terrero alaba la labor realizada y pide a los diputados que solo digan los fallos del reglamento para que la tramitación sea rápida.

Mariano Garoz insiste como otras veces en que lo importante es el cumplimiento que se haga de las leyes, pues de nada sirve que estas sean buenas si luego no se aplican.

Blas de Ostolaza solo dice: Es mi dictamen.

Ramón Lázaro de Dou no ve la necesidad de hacer este reglamento, e insiste como otros diputados en que el problema reside en el incumplimiento de las leyes.

Ramón Giraldo presenta una serie de observaciones que a su juicio no recoge el nuevo Reglamento.

Domingo Dueñas interviene de nuevo para expresarse de este modo: La cárcel no debe imponerse por pena correccional, porque pierden la vergüenza los que entran en ella, y la Nación debe interesarse en que sean honrados todos sus súbditos.

República Dominicana, provincia de Sánchez Ramírez.

República Dominicana, provincia de Sánchez Ramírez.

Felipe Aner hace una serie de objeciones en algunos artículos y advierte que a lo largo de la tramitación intervendrá si viene al caso.

José Mejía considera que hay que debatir y examinar de manera imparcial cada uno de los capítulos de este Reglamento. Subraya el diputado que los Códigos son voluminosos y dispersos, y afirma: La claridad es uno de los principales caracteres de las leyes justas… Pero ¿cómo podrán saber todos tantas y tan intrincadas leyes como las que forman el inmenso piélago de nuestra legislación?...

Otros asuntos obligan al presidente a interrumpir la discusión del Reglamento.

Se emite dictamen sobre la representación de varios individuos del comercio de Cádiz en la que piden que se mande formar una comisión para el arreglo de un plan sistemático de marina mercantil.

El dictamen da la razón a los demandantes y establece que debe formarse un plan como el que proponen nombrando dos individuos de la Real Hacienda y otros dos de Marina que, asociados con los que nombre el Consulado, formen el Reglamento y lo presenten a la Cámara. Intervienen Laguna, Mendiola, Aguirre y Mejía.

Gregorio Laguna advierte del escandaloso desorden que reina en las aduanas. Los comerciantes no pueden evacuar sus negocios por problemas burocráticos.

Mariano Mendiola es favorable al dictamen y pide que se nombren los comisionados para hacer el Reglamento.

José Mejía propone que se nombre a estos sujetos, que deben arreglar el expresado plan como se ha hecho en otras ocasiones.

Se procede a la votación y queda aprobado el dictamen de la Comisión. Se devuelve a la comisión el expediente para que proponga los sujetos que deben arreglar el expresado plan, conforme a lo que se ha practicado en asuntos de igual naturaleza.

Las Cortes aprueban el dictamen de la comisión de Justicia sobre el recurso de Francisco Acevedo y pasa a la comisión encargada de examinar el caso.

Se pasa a la comisión de Premios una proposición de Ramón Power en la que reconociendo los altos servicios prestados por el reconquistador de la isla española de Santo Domingo, Juan Sánchez Ramírez, se le conceda una pensión a su viuda sobre los fondos de América. Nacido en Cotui, su apellido da nombre a una de las 31 provincias de la actual República Dominicana: Sánchez Ramírez.

Se da cuenta de las plazas vacantes que las Cortes consideran que han de proveerse con arreglo al dictamen de la comisión de Supresión de empleos.

Esta comisión considera que aunque son de absoluta necesidad las dos plazas de tesorero del ejército en cada una de las provincias, se provean de momento las que están vacantes en Cataluña y Valencia. Comienza el debate, pero es suspendido debido a la hora tan tardía.

En la sesión de la mañana de la sesión secreta se lee un oficio del secretario de Estado en el que manifiesta que el ministro inglés solicita enviar un navío de aquella Nación desde los puertos de la misma a los de Nueva España, para llevar los 5 millones de pesos fuertes que se permitieron extraer.

Las Cortes acuerdan contestar a Regencia que quedan enteradas de los nombramientos realizados en varias plazas americanas.

Se manda pasar a la comisión de Guerra el informe del Ministro correspondiente sobre el estado de las comunicaciones por mar y tierra.

Las Cortes se dan por enteradas de la licencia dada para que se restituya a España a Manuel Gil, ministro plenipotenciario en la corte de las Dos Sicilias, y que por ahora quede en Palermo en calidad de encargado de negocios el secretario de aquel ministerio con la tercera parte del sueldo.

Las Cortes dan por buena la propuesta del Consejo de Regencia en la que amplia las competencias de la Junta superior de Cádiz a la Isla de León y que el presidente de dicha Junta sea el gobernador de Cádiz.

La sesión de noche da comienzo con la lectura de los partes de las fuerzas sutiles de varios días.

Se lee un oficio del Ministro de Hacienda en el que pone de manifiesto la necesidad de remediar la escasez de víveres en el Campo de Gibraltar y en la plaza de Ceuta. A este respecto, Antonio Capmany presenta la proposición siguiente: Que se diga al Consejo de Regencia que use de toda la plenitud de su autoridad para llevar al mas pronto efecto lo que tienen decretado sobre los varios recursos y medios indicados para subvenir a las primeras urgencias por ahora. Se aprueba.

La Cámara decide pasar al Consejo de Regencia la solicitud de Ramón Giraldo sobre la representación de la Junta de la Mancha en la que pide que se le permita la ampliación hasta mil infantes y trescientos caballos de la fuerza que tiene.

Véanse El Conciso, núm. 27 de 27 de abril de 1811, y el Semanario Patriótico, núm. LVII, de 9 de mayo de 1811. Antes de las observaciones de las Sesiones de Cortes, el Semanario empieza con un editorial sobre la situación del momento, titulado Política.

En relación con asuntos tratados en estas sesiones, las Cortes dan las órdenes siguientes:

Orden por la cual se establecen algunas reglas para el mejor gobierno de los hospitales militares, de 23 de abril de 1811.

Orden en que se permite extraer para América géneros finos de algodón ingleses por espacio de seis meses, con las condiciones que en ellas se expresan, de 26 de abril de 1811 (luego ampliada por la Orden en que se determinan los derechos que se deben pagar por la extracción de géneros de algodón a América, de que habla la orden anterior, de 22 de julio de 1811).

Véase la Colección de los decretos y órdenes que han expedido las Cortes Generales y Extraordinarias desde su instalación en 24 de septiembre de 1810 hasta igual fecha de 1811.

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24 de abril de 1811

Diario de Sesiones
Diario de Sesiones Sesión Secreta
Actas de la Comisión de Constitución

Comienza la sesión con la elección de cargos de la Cámara. Vicente Cano Manuel y Ramírez de Arellano es elegido como nuevo presidente de la Cámara, Francisco de Borja Álvarez de Toledo, marqués de Villafranca, como vicepresidente y Pedro Aparici Ortiz, como secretario.

Al ocupar su asiento, el nuevo presidente pronuncia las palabras siguientes: Señor, quedo muy reconocido a la honra que V.M. acaba de dispensarme; pero al mismo tiempo debo manifestarle que considero como un peso insoportable para mis fuerzas este cargo que pone a mi cuidado. No obstante, si V.M. me auxilia con sus luces, y con lo que me falta, creo que podremos hacer en beneficio de la causa pública, y de la Patria, todo lo que la Nación puede exigir de nosotros.

Se da cuenta de que el ayuntamiento de La Habana ha prestado juramento de obediencia a las Cortes.

Plaza de Armas de la ciudad de la Habana, 1689.Plaza de Armas de la ciudad de la Habana, 1689.

Se lee un oficio del ministro de Guerra sobre la cuestión del Hospital militar de San Carlos en la Isla de León, que había sido ampliamente discutida en sesiones anteriores. En él, tilda a El Conciso de ser un papel incendiario y asegura que no son ciertas las reclamaciones del médico Vilariño, que ha obrado de esta manera para desacreditar al director del Hospital, Sr. Artajo.

De nuevo, los diputados ocupan toda la sesión de este día en discutir sobre las medidas que deben adoptarse en relación con el Hospital militar. En esta ocasión participan Martínez, Polo, Dou, Morales de los Ríos, Mejía, Pelegrín, Argüelles, Gallego, Traver, Zuazu, Cano Manuel, Aner y Ostolaza.

José Martínez pide castigo para el médico que envió la queja a El Conciso y considera que la comisión que ha de hacerse cargo del hospital ha de formarse en la Cámara.

Ramón Lázaro de Dou opina que lo que ha de dilucidarse en esta sesión es si por la falta de auxilio murieron enfermos y, si es falso, ha de castigarse al autor de la queja de El Conciso.

Ramón López Pelegrín es del parecer de que nada ha cambiado con respecto a lo que aprobó el día anterior la Cámara. En relación con la suspensión de los empleados, si en el juicio se ve que son inocentes se les restituirá en sus puestos, y también es partidario de que el juez sea nombrado por las Cortes.

Agustín Argüelles es partidario de llevar a puerto lo que la Cámara aprobó y considera que la publicidad es el freno para los desórdenes.

Vicente Traver considera que ha sido la lectura de El Conciso la que ha despertado el celo de la Cámara para tratar este asunto y que, de no haber aparecido la noticia, el Gobierno se excusaría diciendo que ya ha cumplido con su cometido. Y al igual que varios diputados preopinantes es partidario de que la Cámara nombre al juez, puesto que no cree que si lo nombra el gobierno pueda obrar con la imparcialidad necesaria.

El nuevo presidente de la Cámara, Vicente Cano Manuel, apoya al Gobierno diciendo que el informe presentado por el Ejecutivo no había tenido en cuenta las averiguaciones realizadas por los diputados que fueron al Hospital y, teniendo en cuenta que ya ha nombrado un juez, es partidario de que se pase al mismo toda la documentación al respecto.

Felipe Aner dice que su dictamen es: …que no se haga novedad en la providencia acordada por V.M para que el Consejo de Regencia nombre un juez que entienda sobre la conducta de los empleados en el Hospital de San Carlos de la Isla, de cuyo resultado deberá informar a V.M.

Blas de Ostolaza manifiesta su disconformidad con la medida y pide que se revoque la providencia. La Cámara aprueba que se pasen todos los documentos al Consejo de Regencia para su traslado al juez que entienda de esta causa.

Antonio Joaquín Pérez presenta una proposición en la que pide que se inste al Consejo de Regencia al nombramiento del sustituto del gobernador intendente de Puebla de los Ángeles y que recaiga en un sujeto de notoria probidad y acreditado patriotismo.

No hay sesión secreta este día.

Véanse El Conciso, núm. 26, de 26 de abril de 1811, y el Semanario Patriótico, núm. LVI, de 2 de mayo de 1811. En el Semanario se inserta un artículo titulado: Catecismo Político para la instrucción del pueblo español.

Nombramiento de los nuevos oficios.
Como día 24 del mes, se procede a la elección de los cargos. Vicente Cano Manuel es elegido por 71 votos frente a José Espiga que obtiene 70, en la tercera votación. Francisco de Borja Álvarez de Toledo, marqués de Villafranca, es elegido vicepresidente por 76 votos contra 57 que obtiene Andrés Esteban. Pedro Aparici es elegido como secretario en competición con Joaquín Díaz Caneja y Ramón Feliú.

Vicente Cano Manuel y Ramírez de Arellano, 1764-1837.
Los hermanos Vicente y Antonio Cano Manuel y Ramírez de Arellano nacen en Chinchilla, Albacete, en 1764 y 1768, respectivamente. Los dos llegan ocupar la presidencia de las Cortes. Vicente Cano Manuel estudia filosofía en San Fulgencio de Murcia y derecho en la Universidad de la misma ciudad. Es elegido diputado el 13 de febrero de 1810, por 13 votos de los 24 que corresponden a Murcia. Es presidente desde el 24 de abril al 23 de mayo de 1811. En junio se le concede licencia por motivos de salud y tiene que renunciar a formar parte del Tribunal de Cortes, siendo sustituido por Ramón Giraldo. Destaca en sus intervenciones como magistrado y jurista en los debates sobre la desamortización de los bienes eclesiásticos y reglamento del Poder Judicial. En la primera reacción absolutista se aparta de la política, pero luego es nombrado regente de la Audiencia de Granada, ministro de Gracia y Justicia durante el Trienio Liberal y presidente del Tribunal Supremo en 1834. Muere en Madrid en 1837 y a su viuda se le conceden dos mesadas según consta en el Diario de Sesiones para costear los actos fúnebres. Véase Los presidentes del Congreso de los Diputados 1810-2010.

En relación con el asunto de esta sesión se acompaña la Memoria para el mejor gobierno de los hospitales militares, escrita en 1813 por el doctor José Oñez.

Constitución de 1812

Actas de la comisión de Constitución: 24 de abril de 1811

Se discute sobre las castas de América y sobre quiénes entre los pardos o gente de color obtendrán los derechos de ciudadano. Intervienen todos los vocales, pero no se fija ninguna proposición ni se redacta ningún artículo.

Cronología del proceso constitucional

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23 de abril de 1811

Diario de Sesiones

La sesión comienza con una Memoria presentada por Antonio Mateu y Borja sobre el derecho que tiene la Real Corona para que se reintegre de los bienes y alhajas que han sido enajenados de la misma y medios que propone para conseguir este fin, en el reino de Valencia. Se pasa a la comisión de Constitución.

Antonio Lloret interviene haciendo resaltar que Joaquín Lorenzo Villanueva y él mismo habían presentado una iniciativa parecida y pide que se pase a la comisión de Constitución copia de la Real pragmática de Alfonso III, promulgada el 8 de mayo de 1747, para que la tenga presente cuando trate estas iniciativas y que la inserte en el Código Civil como otra de sus leyes fundamentales. Intervienen a favor en una breve discusión Lloret y Gallego, pero Jaime Creus se muestra contrario ya que esta medida afecta a gran parte de la legislación y necesita un estudio mas en profundidad.

Se concede licencia de cuatro meses para regresar a Cataluña por motivos de salud al diputado José Antonio Castellarnau. Apoyan esta solicitud Creus, Montoliú, LLadós y Ostolaza. Se oponen José Martínez y Antonio Capmany, apoyándose en las razones que han manifestado en casos semejantes y añade este último: que en lugar de permitirse tales escándalos y deserciones, se mandase hacer un panteón en el lugar donde estuvieron las Cortes para los diputados que muriesen.

Blas de Ostolaza presenta la proposición siguiente: Que declaren las Cortes que todo diputado puede hacer, cuando le parezca, la renuncia de su encargo, y que le se admitirá por S.M. A Casterllernau se le concede la licencia, pero la proposición es desechada.

Se mandan pasar a las respectivas comisiones varias proposiciones de Pedro José Gordillo para que: … cansados los pueblos de arrastrar las pesadas cadenas del despotismo y la arbitrariedad, acudan presurosos a implorar los benéficos auspicios del soberano Congreso a fin de que tengan términos sus desgracias y logren disfrutar los pocos bienes que puedan prometerse…

Salinas del Janubio, Lanzarote.Salinas del Janubio, Lanzarote.

Las proposiciones plantean nueve cuestiones que afectan especialmente al territorio de las Islas Canarias. Se pide que se habilite un puerto en cada una de las islas; que se de libertad para fabricar salinas; que se repartan los baldíos; que se autorice la apertura de minas; que se usen los mismos pesos y medidas; que se añada al Tribunal de la Audiencia que reside allí desde 1527 una segunda Sala de revisión, protección o alzada; que tengan opción los canarios a los empleos públicos; que el Obispo de aquella diócesis constituya los curatos necesarios y, por último, que se revoquen las regalías como intempestivas y perjudiciales a la libertad civil y personal de los pueblos.

Se aprueba sin discusión el dictamen de la comisión de Justicia sobre el Reglamento hecho por el decano del Consejo Real para la recolección e inversión de la manda forzosa y herencias intestadas. Los diputados americanos solicitan intervenir en este asunto que les afecta especialmente.

Joaquín Lorenzo Villanueva y Andrés Esteban, encargados de inspeccionar el Hospital militar de San Carlos, continúan relatando la visita realizada al mismo. En su informe no se extrañan de la escasa contribución de los españoles, dado el gran dispendio que se produce. Piden, por ello, que se inste a la Regencia a cesar en la administración y gobierno económico del Hospital a todos los empleados de la Real Hacienda y que el subinspector rinda cuentas sobre los 4.000 reales que pusieron a su disposición. El informe se ordena en dieciocho apartados que se reproducen en el Diario de Cortes.

Tras la lectura se suscita un intercambio de pareceres entre los dos comisionados. Andrés Esteban señala la compasión que han tenido los habitantes de la Isla de León y los donativos que han realizado. Joaquín Lorenzo Villanueva informa de que tras conocer la noticia de la situación el secretario de la Junta superior de Cádiz ha manifestado su colaboración y se han recibido algunos donativos, como el de Ricardo Meade que ofrece 4.000 reales para socorrer a los soldados.

En relación con este mismo asunto, se leen los dictámenes que han elaborado las comisiones de Salud Pública y Justicia.

La comisión de Salud Pública presenta una serie de diez medidas con carácter urgente, ante la imposibilidad de presentar un reglamento completo.

La comisión de Justicia considera que, respecto a las posibles sanciones a los empleados del hospital, no se puede infligir un castigo sobre una persona sin haberla oído mediante juicio. Propone que se nombren jueces, togado uno y otro un oficial de graduación, elegidos por el Consejo de Regencia, para practicar las diligencias oportunas.

Intervienen en un debate agitado los diputados Mejía, Garoz, Dueñas, Díaz Caneja, Argüelles, Laguna y Terrero.

José Mejía es partidario de suspender en sus funciones a los responsables a la espera del juicio, opinión compartida por Blas Mariano Garoz.

Joaquín Díaz Caneja considera que si el robo cometido en el Hospital ha llevado a la muerte a los enfermos, ¿no serán unos asesinos?, y solicita que los dos diputados encargados de la inspección se ocupen de arreglar todo hasta que el Ejecutivo nombre nuevos cargos.

Agustín Argüelles es partidario de que los comisionados queden autorizados a hacerse cargo del plan que anuncia la comisión de Salud Pública y está de acuerdo con el dictamen de la comisión de Justicia en el sentido de suspender en sus funciones a los empleados del Hospital.

Gregorio Laguna se muestra tajante, pido que a todos esos empleados se les ponga en prisión inmediatamente, mientras se les averiguan sus delitos, y que se les alimente sólo con las tazas caldo que han quitado a los enfermos (Murmullo de aplauso en el Congreso y galería).

Vicente Terrero, el último en hablar, apoya el dictamen de las comisiones.

Se procede a votar las proposiciones que contiene el informe de los comisionados, que se reducen a tres. Se encomienda a los comisionados que organicen la administración y el gobierno económico del Hospital, dotándoles de amplias facultades. También se aprueban las seis medidas propuestas por la comisión de Salud Pública. El Hospital queda bajo la inspección de la Junta superior de Cádiz, conforme a lo previsto en el Reglamento de provincias.

El presidente cierra la sesión y avisa que al día siguiente, por ser 24 del mes, se procederá a la elección de oficios.

El 23 de abril de 1811 las Cortes no celebran sesión secreta.

Véanse El Conciso, núm. 25, de 25 de abril de 1811, y el Semanario Patriótico, núm. LVI, de 2 de mayo de 1811.

Se incluye en El Conciso un soneto como prueba del aprecio y entusiasmo con que es mirado por los habitantes del Condado de Niebla el general Ballesteros:

Inclito Aragonés, tu patriotismo
Será eterno en los fastos de la historia,
Y llegará sin duda tu memoria
A los profundos senos del abismo:

Los esclavos del Corso, que tú mismo
Enviastes allá con tu victoria,
Recordarán tus hechos, y tu gloria,
A pesar de su orgullo y fanatismo;

Y siendo de Pluton examinados,
Responderán con ayes lastimeros:
Desde la Palma somos enviados

Con órden superior de Ballesteros:
Tened alojamientos preparados,
Porque esperamos muchos compañeros.

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22 de abril de 1811

Diario de Sesiones
Diario de Sesiones Sesión Secreta
Actas de la Comisión de Constitución

Sobre el expediente a Francisco Álvarez Acevedo un informe del ministro de Hacienda expone las consideraciones que el Consejo de Regencia tuvo en cuenta para las providencias dadas contra este señor. Al estar muy ocupada la comisión de Justicia, se elige una sección de la misma para que entienda de este asunto formada por los diputados Felipe Aner, Ramón Utgés y José María Calatrava.

La comisión de Gracia y Justicia emite un dictamen sobre la representación del teniente general José Galluzo y Páez sobre las dilaciones en su proceso. Se acuerda que en un plazo de treinta días el Ejecutivo resuelva sobre el tema.

Se nombran los miembros de las comisiones de Arreglo de comisiones y de Examen de Memoriales.

De acuerdo con el dictamen de la comisión de Marina y Comercio, se pasa a la Regencia un recurso presentado por Rafael Páez y Fuertes, fiscal de Marina de El Ferrol, donde se queja del agravio que recibió de la anterior Regencia en la provisión de la auditoría de Guerra de aquel departamento, conferida a otro individuo de su clase menos antiguo.

Se aprueba el dictamen de la comisión de Hacienda para que se le continúen abonando a Ramón Sarabia, cabo de la bahía de Alicante, los 100 ducados anuales que se le asignaron por el particular servicio en el combate que sostuvo con un buque contrabandista que apresó.

Se acuerda por otro dictamen de la anterior comisión que se le pague a la Francisca Molina , viuda de Ángel Ascarza, trabajador de la fábrica Real de porcelana de Madrid, una pensión de viudedad, pero que no se asigne sueldo alguno a los dependientes de la fábrica de porcelana ni a los de la de tapices.

La comisión de Marina y Comercio emite un informe en el que manda al comisario ordenador graduado de marina, Domingo Garrúa Gato, que ocupe el puesto que le corresponde. Este se queja de que no se había cumplido el orden de antigüedad para la asignación de los destinos, como establecía la legislación vigente.

Preso encadenado. Francisco de Goya, ca. 1820Preso encadenado. Francisco de Goya, ca. 1820

Se pasa una proposición de Blas de Ostolaza para informe de la comisión Ultramarina establecida en estos términos: La comisión Ultramarina propuso a V.M. la resolución sancionada sobre la exención de tributos concedida a los individuos. La congrua o Sínodo de los párrocos estaba señalada por la ley sobre estos tributos extinguidos. Y siendo preciso el proveerles de congrua, propongo que esta se les señale sobre la parte diezmal perteneciente al Soberano, y que se concedió por los Sumos Pontífices, con la condición precisa de fomentar el culto divino…

La comisión de Justicia, según lo acordado en la sesión anterior, presenta la fórmula de decreto relativa a la abolición del tormento y apremios con los que se afligía a los reos en los juicios.

La misma comisión presenta otra fórmula de decreto sobre la derogación de las normas relativas a fijar el número de miembros en los colegios de abogados, conforme al acuerdo tomado en la sesión de 10 de abril.

Los diputados Joaquín Lorenzo Villanueva y Andrés Esteban, que habían sido elegidos para examinar las condiciones del Hospital militar de San Carlos en la Isla de León, presentan su informe que pasa a las comisiones de Justicia y de Salud Pública para que al día siguiente presenten su dictamen. En dicho informe se da noticia de las entrevistas realizadas a varios facultativos del Hospital, así como los alimentos de que disponen. Algunos enfermos habían fallecido por carecer de alimentos apropiados, falta carne, el pan es duro. Visitan los comisionados a 827 enfermos, pero lo que mas destacan es lo desautorizados que encuentran a los facultativos.

La sesión secreta de este día comienza con la lectura del parte de las fuerzas sutiles del día 20.

El diputado José Manuel Freire Castrillón se da por enterado del oficio que le pasa la Cámara y aguarda las órdenes del Tribunal nombrado para manifestar ante él su obediencia.

Vicente Traver presenta la proposición siguiente: Que subsista en Cádiz la Junta Superior, reduciéndose el número de vocales hasta nueve y ejerciendo únicamente las facultades que se han establecido en el Reglamento aprobado por las Cortes en el distrito en que le ha practicado hasta ahora. Se aprueba.

Se resuelve comunicar al Consejo de Regencia que las Cortes informarán sobre la imposición del 5% en la introducción de frutos en todos los puertos, mandándose el expediente a la comisión de Hacienda.

Se manda pasar a la comisión de Justicia una representación de Antonio Berard sobre una causa que se sigue contra él.

Véanse El Conciso, núm. 24, de 24 de abril de 1811, y el Semanario Patriótico, núm. LVI, de 2 de mayo de 1811. En ambos periódicos se puede leer en extenso la visita de los diputados comisionados al Hospital militar de San Carlos en la Isla de León.

Composición de la comisión de Arreglo de comisiones:
Francisco Serra
Joaquín Lorenzo Villanueva
Alfonso Rovira
Vicente Pascual
Pedro José Gordillo

Composición de la comisión de Examen de Memoriales:
Francisco Javier Borrull
José Luis Morales Gallego

Decreto LX. Sobre la libre incorporación de los abogados en sus colegios.
Decreto LXI. Abolición de la tortura y de los apremios, y prohibición de otras practicas aflictivas. Ambos decretos están firmados por Diego Muñoz Torrero, presidente. Juan Polo y Catalina y Miguel Antonio de Zumalacárregui, secretarios. Cádiz, el 22 de abril de 1811.

Constitución de 1812

Actas de la comisión de Constitución: 22 de abril de 1811

Se acuerdan los artículos siguientes:

Artículo 2.º Es también ciudadano el extranjero que gozando ya de los derechos de español obtuviere de las Cortes carta especial de ciudadano.

Artículo 3.º Para que el extranjero pueda obtener de las Cortes esta carta, deberá estar casado con española y haber traído ó fijado en España alguna invención o industria apreciable, o adquiridos bienes raíces por los que pague una contribución directa, o estableciose en el comercio con un capital considerable á juicio de las mismas Cortes.

Artículo 4.º Son asimismo ciudadanos los hijos legítimos de los extranjeros domiciliados en España, que habiendo nacido en los dominios españoles, no hayan salido nunca fuera sin licencia del Gobierno, y teniendo 21 años cumplidos se hayan avecindado en un pueblo de los mismos dominios ejerciendo en él alguna profesión, oficio, ó industria útil.

Cronología del proceso constitucional

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21 de abril de 1811

Diario de Sesiones
Diario de Sesiones Sesión Secreta

Un incidente de más importancia y trascendencia que parece, llamó la atención del Congreso y del público en la sesión del 21 y lo recapitulamos aquí para ofrecer al lector una idea completa aunque abreviada, afirma El Conciso, núm. 23, de 23 de abril de 1811. Se trata de la denuncia hecha por un médico militar sobre la situación del hospital militar de San Carlos en la Isla de León.

Andrés Esteban reclama los sentimientos de humanidad a favor de los militares heridos y enfermos del Hospital de San Carlos, que morían de hambre por falta de asistencia, y se ofrece a examinar personalmente en qué consiste la situación de abandono y desorden. Solicita que se pase un oficio al tesorero general para que diga los caudales existentes para paliar este estado de cosas.

Joaquín Lorenzo Villanueva pide que se lean dos proposiciones que había presentado con anterioridad sobre este mismo asunto, señala que los defensores de la patria no mueren por las heridas y sí por la indigencia, y considera que han de tomarse las más severas medidas para remediar tan lastimoso panorama.

Octaviano Obregón vuelve a insistir en que para eso ha de estar la plata de las iglesias, cuestión que se abordó a lo largo de este mes. También pide buscar las causas del abandono así como a los culpables.

Blas de Ostolaza trae a colación una carta de Juan Antonio Villarino, médico de aquel establecimiento, inserta en El Conciso, núm. 20, de 20 de abril de 1811, citada en la crónica del 18 de abril, en la que se detalla el estado de abandono en que se encuentra el Hospital militar de San Carlos.

Andrés Morales de los Ríos es partidario de abrir una suscripción en Cádiz, dando ejemplo con un donativo que es seguido por otros diputados. La urgencia del asunto precisa el apremio a algunos comerciantes de Cádiz que todavía no contribuyen con el préstamo forzoso decretado, ya que el Consejo de Regencia no emplea todo el rigor para que se obedezcan las órdenes dictadas.

Agustín Argüelles considera que estas muestras de apoyo no sirven de nada y que es necesario tomar una medida general para acabar con la situación. Las proposiciones de Villanueva quedan aprobadas. Sin embargo, el debate de este asunto prosigue.

Portada del libro sobre el Hospital de San Carlos

De nuevo interviene Joaquín Lorenzo Villanueva para apelar a la caridad cristiana: Pone como ejemplo al Hospital de Madrid que gracias a la misma aumentó sus fondos.

Agustín Argüelles hace notar dos defectos en este tipo de iniciativas, por un lado la mala inversión de los caudales y su falta de publicidad y, por otro lado, el cúmulo de competencias que hay entre los agentes del servicio público. Pide al Consejo de Regencia que se ejecuten los reglamentos existentes en esta materia y que se de publicidad de los nombres de los contribuyentes de los donativos para incentivar el celo del resto de ciudadanos.

Juan Nicasio Gallego solicita aplicar remedios más fuertes contra los individuos que no han contribuido con el préstamo forzoso que impuso el Gobierno.

La Cámara aprueba la propuesta de Salvador López del Pan de nombramiento de dos diputados para ir a examinar las condiciones del Hospital de San Carlos. Se elige a Joaquín Lorenzo Villanueva y Andrés Esteban. Los comisionados dan cuenta del encargo que resumirán en tres puntos: primero, una escandalosa dilapidación, recogida en los 18 artículos de que consta el informe que elaboran; segundo, que la falta de buenos alimentos ha influido según los médicos en la muerte de algunos dignos militares; y tercero, que la falta de aseo especialmente y la impureza de las aguas ha provocado muchas infecciones.

La comisión de Justicia presenta un proyecto de ley contra la abolición de la tortura de acuerdo con la proposición presentada por Agustín Argüelles. Supone abolir la tortura y los apremios contra los reos para hacerles confesar. Algunos diputados quieren que en el decreto se disculpe a los jueces que aplicaban el tormento, pues cumplían con las leyes en vigor. Otros que subsista para los condenados a muerte, a fin de que delaten a los cómplices.

Manuel Luxán pone de manifiesto que: Las Cortes han proveído de remedio a entrambos males con la abolición de la tortura y de los apremios que se imponían a los reos, y aun a los testigos, para arrancarles sus declaraciones en medio del dolor, el abatimiento y la infamia…

Ramón López Pelegrín denuncia el mal trato recibido por los reos y rechaza que se le pongan grillos: Y destierra para siempre las opresiones bautizadas con el nombre de apremio, para arrancar declaraciones inciertas…

Agustín Argüelles pretende con su proposición que se obtenga la prueba del delito en cualquier parte que no sea en la boca del reo, y pone como ejemplo los casos que ha visto en Inglaterra, donde el reo tiene el derecho de no declarar si se perjudica a sí mismo.

Manuel Antonio García Herreros pide extenderlo también a los apremios espirituales. Tal es el juramento: Hombres hay que por no jurar en falso resistirán los mayores tormentos hasta perder la vida…

Felipe Aner que, cuando se votó la abolición de la tortura no estaba en el Congreso, se muestra contrario a la misma, pero pide que se busque una forma de apremio que no sea corporal para apoyar el dictamen de la comisión.

Francisco Javier Borrull se queja del exceso de palabrería en el decreto y propone eliminar el prólogo o preámbulo, propuesta que es apoyada por Juan Nicasio Gallego.

Todavía intervienen Luxán, Mejía, Creus, Dou, Hermida, Mendiola, Gallego, Morales Gallego, Villagómez y Argüelles, de nuevo. Al final se aprueba que se devuelva a la comisión el proyecto, quitándole el preámbulo, para que lo redacte de nuevo.

Da comienzo la sesión secreta con la lectura de los partes de las fuerzas sutiles y de los movimientos del ejército enemigo en el día anterior.

Las Cortes asumen el dictamen de la comisión de Justicia y resuelven que se pase a la Regencia la representación de varios militares.

Se pasa al Consejo de Regencia otra representación de dos personas para que se les administre justicia evitando dilaciones innecesarias.

La comisión de Premios presenta un dictamen sobre una representación del duque del Infantado en la que hace presentes las necesidades del gobernador de Ciudad Rodrigo pidiendo socorro para los prisioneros. La Cámara aprueba que se comunique al duque que no hay socorros en este momento.

Véanse El Conciso, núm. 23, de 23 de abril de 1811, y el Semanario Patriótico, núm. LVI, de 2 de mayo de 1811, para la crónica del 21 de abril.

Abolición de la tortura.
El Estatuto de Bayona en su artículo 133 dispuso: El tormento queda abolido, todo rigor o apremio que se emplee en al acto de la prisión, o en la detención y ejecución y no esté expresamente autorizado por la ley, es un delito. Las Cortes aprueban en la sesión del 22 de abril de 1811 por unanimidad el Decreto LXI sobre abolición de la tortura y de los apremios, y prohibición de otras prácticas aflictivas. El debate de este asunto es recogido por Manuel Chust en América en las Cortes de Cádiz.

A la vuelta de Fernando VII, que deja sin efecto la Constitución de 1812 y los decretos de las Cortes de Cádiz, es reimplantada la tortura. A pesar de ello, la tortura y los apremios judiciales eran ya instituciones caducas que no admitían restauración posible y dos meses después, el 25 de julio de 1814, se firma la Real Cédula que abolía la tortura judicial y los apremios dentro de la legalidad absolutista.

Las Cortes habían ido aumentando su poder de control y dirección política estatal y acometido una serie de reformas estructurales previas a la Constitución de 1812. Cabe señalar: la igualdad de españoles peninsulares y ultramarinos (15 octubre 1810), la abolición de la tortura legal (22 abril 1811) y la abolición de los señoríos jurisdiccionales, del vasallaje y de las prestaciones (6 agosto 1811). El debate constitucional en sesiones públicas comienza en agosto de 1811. Véase en Rey, Cortes y fuerza armada en los orígenes de la España liberal, 1808-1823, de Roberto L. Blanco Valdés.

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20 de abril de 1811

Diario de Sesiones
Diario de Sesiones Sesión Secreta

Se leen dos oficios del jefe del estado mayor sobre movimientos del enemigo y la actuación de las guerrillas. Andrés Morales de los Ríos pide una honrosa demostración de agradecimiento. Gregorio Laguna propone que la comisión de Premios establezca una cruz de honor para los militares que se lo merezcan.

Se lee el Decreto LIV, de 8 de abril de 1811, para que el regente Joaquín Blake vaya a mandar una expedición militar. Las Cortes dispensan en este caso el cumplimiento del reglamento provisional del Consejo de Regencia que lo prohibe.

Se pasa a la comisión de Hacienda un proyecto de Ramón Lázaro de Dou sobre el modo de reconocer la deuda del estado y de satisfacer a sus acreedores.

Se acuerda pasar a la comisión de Guerra y de Hacienda un manuscrito de Francisco Jiménez y Campos, capellán de inválidos de Valencia, presentado por el diputado José Martínez titulado: Plan formado con el objeto del alivio de todas las clases del ejército, educación de su juventud y mejor prosperidad de la Nación…

Se manda pasar a la Regencia una representación de Ramón Acedo Rico en la cual, exponiendo varias quejas, solicita que se examine su conducta para continuar su carrera con el honor y buen concepto del que siempre ha gozado.

Se nombra a los miembros de la comisión de Agricultura y para la comisión encargada de estudiar las proposiciones de Agustín Argüelles y José Miguel Guridi y Alcocer sobre el comercio de negros.

Se pasa a la comisión de Justicia el reglamento para el tribunal de policía que envió el ministerio de Gracia y Justicia a través del Consejo de Regencia.

Se lee el escrito de Eusebio Bardají Azara, ministro de Estado: Ensayo sobre la clasificación de los Ministerios del Despacho y otros puntos análogos a su organización, y a la de las Secretarías.

Escudo de la casa Bardaxí o Bardají.Escudo de la casa Bardaxí o Bardají.

Bardají propone, entre otras cosas, la formación de un nuevo ministerio con el titulo de la Gobernación del Reino o de lo Interior; detalla los respectivos negociados de cada uno; observa que por lo respectivo a América sería mas conveniente el nombramiento de un ministro universal de Indias, recomienda que los ministros se reúnan y formen el consejo privado del Rey, agregándose el Decano del Consejo Real y alguna otra persona que se estime del caso.

Intervienen brevemente los diputados siguientes:

Andrés Esteban sugiere que este tema es de gran calado y que hay que prestarle mucha atención.

Para Evaristo Pérez de Castro es un mero reglamento, al contemplarse en nuestro ordenamiento varios aspectos del mismo, y eleva a ley lo que hasta el momento era un arreglo de negocios.

Felipe Aner propone que el expediente se pase a cada diputado para consulta y posterior aprobación.

Para Vicente Traver este es un asunto constitucional y estima necesario para su estudio que se imprima dicho ensayo, así como el dictamen de la comisión.

Agustín Argüelles no considera que este tema sea de carácter constitucional.

Al final se acuerda la impresión del escrito del Ministro así como del dictamen de la comisión.

En la sesión secreta el presidente nombra una comisión, formada por el marqués de Villafranca y Manuel Llano, para examinar el papel que presentó el mariscal de campo Zenen de Contreras.

Accede al salón de sesiones el secretario de Estado, previa correspondiente autorización, para leer una exposición sobre el estado de las comunicaciones por mar y tierra, tanto en la Península como en América, y otra sobre las relaciones diplomáticas con las naciones extranjeras.

Se lee el parte de las fuerzas sutiles del día 18 y un oficio del jefe del Estado Mayor que da cuenta de otro que le dirige Antonio Burriel, jefe del Estado mayor de la división a las órdenes de Blake, sobre las maniobras realizadas.

Vicente Cano Manuel solicita que, debido a sus relaciones con el fiscal del Consejo Real, se le exima de conocer el asunto denunciado en el papel Aviso al público y que se ha pasado al Tribunal para que proceda. Se elige como sustituto a Felipe Aner. El Tribunal de Cortes comunica a la Cámara que Manuel Freire Castrillón queda a disposición del mismo.

Decreto LIX. Sobre aplicar al erario los productos de los beneficios que estén en economato, los de espolios y vacantes, y parte de las pensiones eclesiásticas. Firmado por Diego Muñoz Torrero, presidente. Juan Polo y Catalina y Miguel Antonio de Zumalacárregui, secretarios. Cádiz, el 20 de abril de 1811.

Composición de la comisión de Agricultura
Ramón López Pelegrín, por Molina de Aragón
Manuel María Martínez de Tejada, por Extremadura
Félix Aytés, por Cataluña
José Ramón Becerra y Llamas, por Lugo
Baltasar Esteller, por Valencia

Composición de la comisión encargada de examinar las proposiciones de Argüelles y Alcocer relativas al comercio de negros
Andrés de Jáuregui, por Cuba
Ramón Power, por Puerto Rico
Ramón Lázaro de Dou, por Cataluña
Luis Rodríguez del Monte, por Galicia
Andrés Morales de los Ríos, por Cádiz

Véanse El Conciso, núm. 22, de 22 de abril de 1811, y el Semanario Patriótico, núm. LVI, de 2 de mayo de 1811, para la sesión del 20 de abril.

Eusebio Bardají y Azara. Graus (Huesca), 19 de diciembre de 1766 y muere en Huete (Cuenca), 7 de marzo de 1844. Abogado, diplomático y político español, cursó los estudios de derecho en Zaragoza y en el colegio español de "San Clemente", Bolonia. Secretario en la embajada de Viena en 1800, donde más tarde desempeñó el cargo de ministro plenipotenciario de Carlos IV. Cuando estalló la Guerra de la Independencia, regresó a España y formó parte de las Cortes de Cádiz, como primer secretario de las mismas. Secretario de Estado en 1810, es autor de la memoria Ensayo sobre la clasificación de los ministros del despacho y otros puntos análogos a su organización y a la de las secretarías. Cádiz 1811. Ocupó con carácter de interinidad la secretaría de la Guerra y de Hacienda para ser destinado posteriormente en Lisboa, y luego en la Corte de San Petersburgo como enviado extraordinario cerca del zar, si bien no llegó a ejercer tal cargo. Con Fernando VII en el trono regresó a la carrera diplomática. De vuelta a España, se hizo cargo de la secretaría de Estado en el gobierno liberal (4 de marzo de 1821-8 de enero de 1822). Al restaurarse el absolutismo fue desterrado a Huete (Cuenca). Luego pasó a formar parte del llamado Estamento de Próceres y más tarde se le designó como senador por la provincia de Cuenca. Fue presidente del consejo de ministros del 18 de agosto al 18 de octubre de 1837, tras lo cual se retiró de la política.

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19 de abril de 1811

Diario de Sesiones
Diario de Sesiones Sesión Secreta
Actas de la Comisión de Constitución

Comienza la sesión con la noticia de haber prestado juramento a las Cortes por su instalación la subdelegación de Rentas, Militares y Real Hacienda de Canarias.

La comisión de Marina y Comercio informa de que las matrículas de los buques deben permanecer con el mismo régimen que el actual, sin que se admitan las innovaciones propuestas por la secretaría de Marina, que consistían en dejar navegar libremente a todo el que quisiera dedicarse a la profesión sea matriculado o no. Las razones de la comisión es que quizá un número importante de jóvenes robustos eludan el alistamiento por este método. Se admite el dictamen.

Se aprueba un dictamen de la comisión de Hacienda sobre el goce de los sueldos que piden Francisco Villa, Juan Guisot, y Santiago Rivera, criados del Rey Fernando VII en Valençey. Se remite al Consejo de Regencia para que adopte las normas que se han dado para la servidumbre de Palacio.

La comisión de Guerra emite dictamen sobre las representaciones hechas a la Regencia por varios militares sobre una ordenanza que mantiene la vigencia de la norma general del ejército sobre penas de los desertores. La Cámara lo aprueba y manda pasarlo al Ejecutivo para que resuelva con carácter de urgencia.

José Martínez presenta una proposición en la que insta al Consejo de Regencia a distinguir a la milicia de Valencia por su defensa de la religión, la Patria y el Rey. Se pasa a la comisión de Guerra.

La comisión de Justicia informa sobre el modo de proceder en caso de empate en las votaciones. Si se produce un empate, se vota al día siguiente, si en este vuelve a repetirse el empate, pasa al siguiente y si el empate persiste habrá una tercera votación. Se aprueba esta medida y se deja sin decidir el procedimiento a seguir en caso de que el empate continúe.

VII Congreso Internacional Doceañista ”Las Españas y las Américas: los españoles<BR>de ambos hemisferios ante la crisis de independencia”, Universidad de Cádiz, 2011.VII Congreso Internacional Doceañista ”Las Españas y las Américas: los españoles
de ambos hemisferios ante la crisis de independencia”, Universidad de Cádiz, 2011.

La comisión de Justicia presenta un proyecto de reglamento para que las causas criminales tengan un curso más expedito, sin los perjuicios que resultan a los reos de la arbitrariedad de los jueces. El proyecto de reglamento, compuesto por 28 artículos, había sido redactado por los diputados Domingo Dueñas, Fernando Navarro, Manuel Luxán, Manuel Goyanes y Guillermo Moragues. Se acuerda que se inserte en el diario de este día 19 de abril para consulta y examen de los diputados y que se señale un día para su discusión. Intervienen Mejía, Dueñas, Argüelles y Villanueva.

José Mejía alaba la sabiduría del Reglamento y agradece su trabajo a los vocales de la comisión de Justicia que lo han redactado.

Domingo Dueñas, miembro de la citada comisión, se quita importancia al asegurar que lo que han redactado ya está recogido en varias normas.

Agustín Argüelles elogia la modestia de la comisión y ensalza el proyecto pidiendo que se publique en el Diario de Cortes, porque así es más rápida su publicidad.

Se ordena enviar otras proposiciones de la misma comisión de Justicia a la comisión de Constitución, entre ellas las siguientes: no habrá jurisdicciones privilegiadas, la jurisdicción será una; un solo será el tribunal supremo de España e Indias; los jueces ordinarios se elegirán entre los vecinos de los pueblos y se suprimirán todas las Alcaldías Mayores; habrá jueces que conozcan del hecho y jueces que apliquen el derecho. Siendo la propiedad personal lo mas importante; los jueces del crimen serán los de mayor consideración y ascenso y se comenzará por oidor.

Vuelve el debate sobre la reforma de los asistentes de los militares, proposición presentada por Gómez Fernández. Se leen las normas en vigor, Real Orden de 16 de enero de 1801 y artículo de la ordenanza de 1708. Intervienen en relación con este asunto los diputados Garoz, Zuazu, Gómez Fernández, Golfín, Oliveros y Llano.

Mariano Blas Garoz señala que la comisión tuvo en cuenta ambas normas.

Antonio Zuazu establece la necesidad de que los militares cuenten con asistentes que cuiden de sus equipajes, entre otras cosas. Pero se plantea que no habrá nadie que haga estas funciones a cambio de nada. Es partidario de que se comunique a la Regencia que corte los abusos producidos y que vele por la observancia de la normativa en esta materia.

Francisco Gómez Fernández es del parecer de que dada la situación de penuria por la que atraviesa el país, los oficiales deberían renunciar a disponer de asistentes.

Francisco Fernández Golfín señala que hay oficiales que tienen asistentes para llevar al niño al colegio, mientras que otros lo hacen para no morir en acto de servicio, sacando una lanza a favor del colectivo militar.

Antonio Oliveros afirma: Señor las quejas contra tantos asistentes son generales, y no deben ofender el honor, de que reconozco lleno a los señores oficiales. Pero si pudieran reducirse los asistentes, sería muy bueno…

Declarado suficientemente discutido el asunto, se vota por partes el dictamen de la comisión. Se aprueba mantener los asistentes. Con respecto a la segunda parte, sólo se permitirán los asistentes que tengan asignados por su grado y se aprueba que los coroneles tengan dos.

La sesión secreta comienza con la lectura de los partes de las fuerzas sutiles. Se pasa a los diputados una representación de Juan Zenen de Contreras para su examen.

La Cámara no resuelve nada sobre la propuesta del general Echeverría en la que solicita una comisión del Congreso ante la que exponer las ideas y planes en bien del país. Se leen varios oficios del jefe del Estado Mayor.

Se leen dos proposiciones de Domingo Dueñas. En la primera pide que se publique en el Diario la dispensa hecha por las Cortes para que el teniente general Joaquín Blake fuese a mandar la expedición que salió de Cádiz; en la segunda pide que las listas de diputados se impriman para la venta y conocimiento del público. Sobre la primera se acuerda que se lea al día siguiente, con respecto a la segunda cuestión no se toma ningún acuerdo.

Continúa la discusión del comercio de América. Antonio Oliveros presenta un papel extenso proponiendo una serie de medidas.

Se lee un oficio del Secretario de Estado por el que el Consejo de Regencia pide comparecer en sesión secreta al día siguiente. Se acuerda que tenga lugar a la una del mediodía.

Véanse El Conciso, núm. 21, de 21 de abril de 1811 y el Semanario Patriótico, núm. LV, de 25 de abril de 1811. La recaudación de El Conciso de este día es en beneficio de los enfermos del Hospital militar de San Carlos en la Real Isla de León. En el Semanario Patriótico se da gran importancia al reglamento sobre el poder judiciario: no admite extracto es necesario leerlo estudiarlo y echar de menos los ocho meses que el Congreso ha retrasado esta medida…

Constitución de 1812

Actas de la comisión de Constitución: 19 de abril de 1811

Diego Muñoz Torrero y Evaristo Pérez de Castro presentan su escrito sobre los ciudadanos españoles, y ponen como epígrafe del Título III: Del territorio de España, su Religión, Gobierno, y de los ciudadanos españoles.

Se leen los artículos de lo que sería el capítulo 4.º del citado título III; se discute largamente para fijar en general quiénes son ciudadanos españoles. Se cuestiona si se han de excluir, y en que términos, las castas de América que no tienen su origen en alguno de los dos hemisferios. Al final, se aprueba lo siguiente:

Capítulo 4.º De los ciudadanos españoles.
Artículo 1.º Son ciudadanos aquellos españoles que por ambas líneas traen su origen de los dominios españoles de ambos hemisferios, y están avecindados en cualquier pueblo de los mismos dominios.

Diego Muñoz Torrero, como presidente de la comisión de Constitución, argumenta la diferencia entre españoles comunes y ciudadanos españoles. La justicia exige que todos los individuos de una misma nación gocen de los derechos civiles; mas el bien general y a las formas de Gobierno deben determinar el ejercicio de los derechos políticos.

Véase Las Cortes de Cádiz. El nacimiento de la nación liberal. 1808-1814, de Juan Sisinio Pérez Garzón.

Cronología del proceso constitucional

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18 de abril de 1811

Diario de Sesiones
Diario de Sesiones Sesión Secreta

Se resuelve a propuesta de Andrés Esteban que el reconocimiento que ha de dar el Consejo de Regencia a
El Empecinado se haga extensivo a las tropas que tiene a su mando.

Se lee el dictamen de la comisión de Justicia sobre una representación de Mariano de Lope, presbítero al que el Consejo de Regencia había reconocido como tesorero de la iglesia de Tarragona pero que, al haber expedido el Congreso el decreto que suspendía las prebendas, tal provisión no se había hecho efectiva. Se solicita que, puesto que ningún decreto puede tener carecer retroactivo, se ordene que se lleve a cabo su nombramiento. La Cámara accede a dicha solicitud.

Las Cortes aprueban el dictamen de la comisión de Justicia para que se remita al Consejo de Regencia el memorial de María Catalina Rangel, viuda de Carlos Tejeiro, para que se haga justicia con arreglo a las leyes.

Ricardo Meade presenta una solicitud para vender 4.000 cabezas de ganado lanar merino fuera de España. La comisión de Comercio y Marina presenta el dictamen siguiente: …puede V.M. conceder el permiso a Ricardo Meade, que solicita para la extracción de las 4000 cabezas de ganado merino, cuya compra ya tiene efectuada, a menos que con mas sólidas y extensas noticias de las que a la comisión asisten, tuviese V.M. por conveniente a sus altas miras de política y comercio resolver otra cosa que estime ser mas conveniente y acertada.

Intervienen en el debate sobre este asunto Garoz, Aner, Esteban, Gutiérrez de la Huerta, Villafañe, Pelegrín y Luxán.

Mariano Blas Garoz se opone al dictamen de la comisión, pues subsistiendo la ley que prohíbe la extracción ninguna junta tiene facultades para derogar las leyes.

Felipe Aner se muestra también contrario al dictamen de la comisión para extraer las 4000 cabezas de ganado merino.

Andrés Esteban no ve claro el asunto y sugiere que se deje para otra sesión, para poder estudiar con mayor profundidad el asunto.

Francisco Gutiérrez de la Huerta se opone a la concesión y pide que en caso de que se acceda a ella, preceda la consulta al Consejo de Castilla, con audiencia de sus fiscales y de los procuradores del honrado Concejo de la Mesta.

Manuel Villafañe hace suyo el dictamen de la comisión, considerando que no hay riesgo de perjuicio puesto que aunque el ganado se exporte a otros países la lana nunca será la misma.

Francisco López Pelegrín aunque reconoce los méritos de Meade no puede aprobar el dictamen sin la previa consulta al Consejo Real y al Concejo de la Mesta.

Vista de Cádiz. Fondo doceañista. Consorcio bicentenario 1812.Vista de Cádiz. Fondo doceañista. Consorcio bicentenario 1812.

Manuel Luxán empieza su intervención con estas palabras: La naturaleza ha dado a la España de criar en su suelo el vellocino de oro, la lana mas fina que hay en el mundo y ha negado este precioso don a otros reinos y paises… El aire que respiran, el agua de sus abrevaderos y las yerbas que pastan son diferentes y todo eso influye sobremanera en la finura de los ganados lanares. Se muestra de acuerdo con la comisión en que se conceda a Meade lo prometido.

Se procede a la votación y resulta rechazado el dictamen de la comisión. Con este motivo, el presidente extremeño Muñoz Torrero formula proposición que sigue: Que la comisión de Agricultura ha de nombrarse, examine los privilegios del Concejo de la Mesta, teniendo presentes las reclamaciones hechas por la provincia de Extremadura. Se admite a discusión y se plantea la necesidad de que la comisión de Agricultura esté formada por expertos de fuera. Se acuerda que la constituyan solo diputados.

Benito Céspedes, canónigo de Ciudad Rodrigo, pide que se cumpla la resolución de 2 de febrero de 1811 y que mientras tanto se le auxilie para cubrir sus necesidades. La comisión de Premios pide que el Consejo de Regencia atienda esta demanda de acuerdo con las necesidades del Estado.

Agustín Argüelles propone que para el examen de asuntos particulares se dedique un día o dos a la semana. En el debate se expone que a finales de diciembre se había presentado una proposición sobre este tema. El Presidente determina que la misma sea leída al día siguiente.

La comisión de Guerra, conforme a lo acordado en la sesión del 10 de abril acerca de varias proposiciones, presenta de nuevo su dictamen sobre asuntos del ejército. Intervienen Aner, Argüelles, Pelegrín, Caneja, Gómez Fernández y Gallego.

Ente los temas tratados se vuelve a discutir la requisición de caballos y los fraudes que se han cometido. También se trata sobre el régimen de los asistentes y su relación con los oficiales y, en definitiva, sobre la dificultad de cumplir la ordenanza militar.

La comisión considera que la proposición de Francisco Gómez Fernández sobre el sistema de asistentes para oficiales y jefes ha de discutirse, ya que altera las órdenes en esta materia. El autor de la proposición se basa en los fraudes que se producen, por cuánto algunos oficiales tienen más de cuatro asistentes pagados por el Estado.

Juan Nicasio Gallego al no ver claro el asunto dice que debe enviarse al Consejo de Regencia para que resuelva.

Felipe Aner es de la opinión de que ningún oficial ha de tener más de un asistente: El mal de que nos lamentamos no consiste en que los oficiales tengan asistentes, sino en el abuso que se hace sacando de las compañías muchos más de los que les corresponden… Se suspende la resolución de este asunto para el día siguiente.

Por último, uno de los secretarios de las Cortes, Miguel Antonio de Zumalacárregui, da cuenta de una representación de un vocal de la Junta superior de León, preso en el castillo de Santa Catalina, quién se queja de las tropelías llevadas a cabo hasta entonces por el Gobierno y de la última llevada a cabo por el gobernador de Cádiz.

Se aprueba la proposición siguiente: Que el Consejo de Regencia informe, con suspensión de la providencia del gobernador, sobre los motivos que han asistido a este para poner en prisión a Francisco Álvarez Acevedo, y mandarle en consecuencia salir dentro de veinticuatro horas de esta plaza, conminándole de lo contrario que será trasladado a Ceuta. Se aprueba la proposición con la adición siguiente: Acompañando a este informe el expediente original que ha motivado esta providencia.

La sesión secreta comienza con la lectura del acta de las fuerzas sutiles del día 16.

Continúa la discusión sobre el comercio de América. Intervienen en el debate Alcocer y Mendiola.

Se da cuenta de una instancia de la mujer del mariscal de campo Juan Manzio, prisionero que fue en Badajoz, en la que solicita que se le permita la entrada por el tiempo que se estime necesario. La cámara aprueba que se diga al Consejo de Regencia que: en consideración a los méritos de su marido, y al estado de la salud de esta interesada, permita que entre en esta ciudad y permanezca en ella el tiempo que el mismo Consejo juzgue oportuno.

Véase El Conciso, núm. 20, de 20 de abril de 1811. Después de la crónica de la sesión del 18 de abril se inserta una carta recibida desde el Hospital militar de San Carlos de la Real Isla de León, fechada el 15 del mismo mes, en la que los enfermos se quejan de carecer de comida, luz y hasta leña para calentarse, mientras que en las mesas de los gobernadores, ministros y comerciantes abundan todo tipo de manjares. La carta se titula: A los hombres sensibles. Se inserta también la carta que dirige el general Thomas Graham al conde de Liverpool sobre la batalla de Chiclana.

Las observaciones a la sesión del 18 de abril son las últimas que recoge el Semanario Patriótico, núm. LV, de 25 de abril de 1811.

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17 de abril de 1811

Diario de Sesiones
Diario de Sesiones Sesión Secreta

Por el ministerio de Justicia se da cuenta de que tras haber admitido el Congreso la renuncia que hizo el diputado por el reino de Valencia Julián Piquer Sala por motivos de salud, la junta electoral de aquel reino avisa al suplente José Torres Machi.

La comisión de Correos presenta un dictamen para el establecimiento de un plan interior en la isla de Puerto Rico, presentado por Esteban de Ayala por encargo del diputado Ramón Power.

Se envía al Consejo de Regencia un recurso de las asignatarías de marina residentes en la Real Isla de León, para que se les paguen los dos trimestres que se les deben y que se satisfagan puntualmente.

Se lee el dictamen de la comisión de Justicia relativo a unos papeles dirigidos a las Cortes por el encargado de la secretaría de Hacienda sobre empleos públicos. La comisión reduce el problema a tres puntos: 1.º: Si se han de declarar vacantes los empleos de aquellos que han permanecido entre los franceses dos meses después del 24 de septiembre. 2.º: Si considerándoseles en ellos han de ascender en grado los que estén sirviendo. 3.º: Si bastará la práctica adoptada hasta aquí en la prueba de patriotismo para entrar al ejercicio de los empleos los que habiendo salido del país ocupado por el enemigo se presentan a servir a sus antiguos empleos.

Al cabo de una breve discusión se acuerda que se reserve la resolución de este asunto para cuando la comisión de Justicia presente su dictamen.

Se vuelve a tratar del arreglo de las comisiones de la Cámara sin que se llegue a ningún acuerdo y, en relación a la creación de una comisión Diplomática, se produce un empate en la votación.

Se lee de nuevo el Reglamento para la formación de las otras comisiones propuesto por José de Espiga el pasado 9 de abril.

El Presidente de la Cámara pide que se le releve de su cargo si él es quién ha de elegir a los miembros de las mismas. El autor de la proposición sugiere presentarle una lista de candidatos y que sea el Presidente quién elija. Intervienen en el debate los diputados Mejía, Garoz, Gómez Fernández, Aner, Pelegrín, Espiga y Morros.

Oratorio de San Felipe Neri. Cádiz. Fondo doceañista. Consorcio bicentenario 1812.Oratorio de San Felipe Neri. Cádiz. Fondo
doceañista. Consorcio bicentenario 1812.

José Mejía es de la opinión de que lo importante es la organización de las comisiones y elegir adecuadamente a los miembros de cada una.

Mariano Blas Garoz señala que han de ser ocho o diez los sujetos que formen la lista de candidatos para poder elegir con más acierto.

Francisco Gómez Fernández considera que no es tiempo de tratar de este tema, es tiempo de la defensa de la Patria, de la Religión, del rescate del Rey Fernando VII. Se muestra contrario a generar nuevos gastos a la Cámara y, por lo mismo, considera que en estas comisiones no debe admitirse a ninguna persona externa que no tenga sueldo. Insiste de nuevo: el mal que padecemos no proviene de nuestras leyes, sino del abuso que hacemos de ellas

Felipe Aner considera que no se ha de regatear en gastos cuando se trata de legislar un Código bien hecho o una Constitución, ya que de este modo se evitan males mayores.

José Pablo Valiente considera que ha de encargarse de estos trabajos gente de fuera, ya que los individuos del Congreso no se pueden dedicar a los mismos. De acuerdo con la propuesta de Espiga declara: que la comisión proponga a V.M. las personas que considere más instruidas, para que se elijan las mas a propósito, a fin de que la elección recaiga en las personas mas beneméritas.

Francisco López Pelegrín considera imprescindible una comisión de Agricultura que proponga la reforma o el establecimiento de las leyes que fomenten esta fuente sólida y permanente de riqueza y que concilien la ganadería estante y trashumante: Señor, España es un país por constitución agricultor, y en este cimiento de nuestra prosperidad se debe establecer un orden y un sistema que carecemos… En relación con la comisión de Instrucción solicita que además de redactar un plan de estudios se dote a las escuelas de medios para poder realizar su trabajo.

José de Espiga, autor de la proposición, considera que la comisión de Agricultura está incluida en las demás comisiones; porque mejorando la legislación mercantil y el sistema de rentas se mejora la agricultura.

Francisco Morros plantea el dilema de que solo se pueden localizar expertos en Cádiz y, por ello, debe esperarse a que estén liberados otros territorios para poder hacer una selección más adecuada.

Se procede a la votación. Se aprueba el dictamen de la comisión y se acuerda que ésta proponga a los sujetos que deben formar las distintas comisiones y que los propuestos sean en doble número para que pueda asegurarse el acierto en la elección.

Antes de finalizar la sesión pública Mariano Blas Garoz lee la proposición siguiente: Que pues los suplentes fuimos elegidos para que las provincias ocupadas o imposibilitadas para elegir propietarios, tuviesen representación en este augusto Congreso, habiendo cesado este motivo que indujo al Gobierno a tan sabia disposición en las que tienen uno o mas representantes propietarios electos por ellas, salgamos todos los que estemos de suplentes por las mismas, para que reducido el número del Congreso, se les grave menos y camine con mas celeridad en sus operaciones para la felicidad de la Patria.

La sesión secreta comienza con la lectura del parte de las fuerzas sutiles de la Isla y la bahía. Continúa la discusión sobre las bases del comercio de América presentadas por la comisión nombrada al efecto. Hablaron Mejía, Aguirre, Dou, Valiente, Uría y Argüelles. Se suspende la sesión, postergando la discusión para el día siguiente.

Comisiones de las Cortes.
Se aprueba el plan presentado por la comisión que consiste en la creación de cinco comisiones: reforma de la legislación civil; reforma de la legislación criminal; reforma de la legislación mercantil; otra para el sistema de Real Hacienda; y otra para que presente un plan de instrucción y educación pública.

Cada una de ellas la compondrán un presidente, cuatro vocales y un secretario. Celebrarán sus sesiones cuatro días a la semana.

Véanse El Conciso, núm.19, de 19 de abril de 1811, y el Semanario Patriótico, núm.LV, de 25 de abril de 1811.

José Torres Machi, –Cádiz 1813.
Vecino de Valencia, comerciante y vocal de la Junta de Comercio de esta ciudad, es el sustituto de Julián Piquer Salvá como diputado por Valencia. Piquer Salvá había sido elegido diputado el 14 de febrero de 1810 pero no llega a desplazarse a Cádiz por motivos de salud. El 10 de diciembre se traslada a la comisión de Poderes su dimisión. Sustituido por José Torres Machi que, a su vez, había sido elegido diputado suplente el mismo día por los 51 electores del Ayuntamiento de Valencia por el procedimiento para las provincias libres de los franceses, no presta juramento hasta el 12 de junio de 1811. Secretario de las Cortes en marzo de 1812, participa poco en los debates. Forma parte de las comisiones de Hacienda, Comercio e Inspección del Diario de Sesiones. Queda como suplente para las Cortes Ordinarias de 1813.

Véase El grupo valenciano en Cádiz, de M. Ardit, en Valencianos en Cádiz. Joaquín Lorenzo Villanueva y el grupo valenciano en las Cortes de Cádiz, de G. Ramírez Aledón.

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16 de abril de 1811

Diario de Sesiones
Diario de Sesiones Sesión Secreta

Andrés Esteban abre la sesión exaltando la figura de Juan Martín El Empecinado, cuyo retrato presentó ayer. Al oír este nombre, tiemblan las bárbaras legiones del tirano de la Francia, dice el diputado. El Presidente le conmina a que plasme su proposición sobre los heroicos servicios de este personaje por escrito.

Se leen varios decretos presentados por las comisiones correspondientes. Sobre la concesión de prebendas la comisión pide que se provean las vacantes y que no se modifiquen los términos en que se recaudan las anualidades.

Sobre el decreto de 30 de abril de 1810 por el que se cerraban las universidades, la comisión solicita que se derogue.

La Regencia recibe la orden correspondiente para que se publiquen e impriman los decretos.

Se da cuenta también de que el decreto sobre el fomento de la industria y el comercio de los puertos del mar Pacífico ya está extendido con las adiciones y correcciones oportunas.

Portada de 'Episodios Nacionales: Juan Martín El Empecinado' de Benito Pérez Galdós

Se lee la proposición de Andrés Esteban: Que se diga al Consejo de Regencia que S.M. esta muy persuadido de los heroicos servicios del brigadier D. Juan Martín, los que aprecia en aquel grado que S.M. tiene reservado a los gloriosos defensores de la Patria; y es su voluntad que así se le manifieste, y la gratitud que recibirá de la Patria continuando en tan grandes servicios con la obediencia y buen orden que hasta aquí. Se aprueba la proposición.

Se lee el dictamen de la comisión de Justicia sobre el expediente de Lorenzo Normante, oficial de la Secretaría de Hacienda de España. Se pide que se le reintegre en su destino, aunque viniera del país ocupado por el enemigo. Se oponen los diputados Giraldo y Terreros por la razón de haber transcurrido dos años sin haberse presentado al legítimo gobierno. La Cámara aprueba la reintegración de Lorenzo Normante, posponiendo la discusión sobre la extensión a otras personas hasta que la comisión presente dictamen sobre otros asuntos parecidos.

Se lee por segunda vez el plan para el arreglo de las comisiones. Andrés Esteban solicita que a los miembros de la comisión de Constitución se les libere de formar parte de otras. Queda pendiente el asunto.

La sesión secreta comienza con el parte de las fuerzas sutiles.

Se lee una representación del diputado Francisco González Peinado en el que se queja del procedimiento llevado a cabo por el Tribunal de Cortes que le juzga. La Cámara recomienda que se resuelva el caso a la mayor brevedad posible.

Se da cuenta de un oficio del ministro de Hacienda en el que explica la situación del préstamo de 15 millones de reales, de lo que falta para cubrirlo y de las disposiciones que ha tomado el ejecutivo para completarlo.

Se lee la censura que la Junta provisional de Cádiz hace del papel Aviso al público que se había publicado en la Gazeta de Cádiz. Se acuerda que se envíe el expediente al Tribunal de Cortes creado a tal efecto.

Por el ministerio de Estado se da cuenta de que el Ministro de Inglaterra ha anticipado 500.000 pesos fuertes a cambio de un libramiento sobre las Cajas Reales de Lima para los gastos de la actual expedición, para los generales Castaños, Freire y las tropas del Campo de San Roque.

Se solicita autorización para la extracción de 5 millones de pesos fuertes de Nueva España por el puerto de Veracruz. Las Cortes acceden a esta solicitud.

Decreto LVI. Libertad del buceo de la perla, y de la pesca de la ballena, nutria y lobo marino en todos los dominios de las Indias.

Decreto LVII. Que no se entienda con las Américas el decreto de 1 de diciembre del año anterior, en que suspendió la provisión de prebendas eclesiásticas.

Decreto LVIII. En que se mandan abrir las Universidades y Colegios

Los tres decretos están firmados por Diego Muñoz Torrero, presidente, Juan Polo y Catalina y Miguel Antonio de Zumalacárregui, secretarios. Cádiz, el 16 de abril de 1811.

Véanse El Conciso, núm. 18, de 18 de abril de 1811 y el Semanario Patriótico, núm. LV, de 25 de abril de 1811, para la crónica de esta sesión.

Juan Martín Diez El Empecinado. Castrillo de Duero, Valladolid, 1775-Nava de Roa, Burgos, 1825

Benito Pérez Galdós dedica una biografía a este militar español que se levanta contra la invasión francesa y muere ejecutado en 1825 por oponerse a la restauración de la monarquía absoluta de Fernando VII. El Empecinado representa la lucha de todos los españoles que abandonan a su familia para formar un ejército espontáneo, la guerrilla. Este libro es el noveno de los Episodios y consta de 33 capítulos:

Yo tenía suma curiosidad de ver al famoso Empecinado, cuyo nombre, lo mismo que el de Mina, resonaba en aquellos tiempos con estruendo glorioso en toda la Península, y a quien los más se representaban como un héroe de los antiguos tiempos… No tardé en satisfacer mi curiosidad… Cuando se presentó delante de su gente advertí el gran entusiasmo y admiración que a esta infundía, y puedo asegurar que el mismo Bonaparte no era objeto por parte de los veteranos de su guardia de un culto tan ferviente.

Era D. Juan Martín un Hércules de estatura poco más que mediana, una organización hecha para la guerra, una persona de considerable fuerza muscular, un cuerpo de bronce que encerraba la energía, la actividad, la resistencia, la terquedad, el arrojo frenético del Mediodía, junto con la paciencia de la gente del Norte…

Envolvíase en un capote azul que apenas dejaba ver los distintivos de su jerarquía militar, y su vestir era en general desaliñado y tosco, guardando armonía con lo brusco de sus modales. En el hablar era tardo y torpe, pero expresivo, y a cada instante demostraba no haber cursado en academias militares ni civiles. Tenía empeño en despreciar las formas cultas, suponiendo condición frívola y adamada en todos los que no eran modelo de rudeza primitiva y sí de carácter refractario a la selvática actividad de la guerra de montaña…

Poseía en alto grado el genio de la pequeña guerra, y después de Mina, que fue el Napoleón de las guerrillas, no hubo otro en España ni tan activo ni de tanta suerte. Estaba formado su espíritu con uno de los más visibles caracteres del genio castizo español, que necesita de la perpetua lucha para apacentar su indomable y díscola inquietud, y ha de vivir disputando de palabra u obra para creer que vive… Su espíritu, como el de Bonaparte en esfera más alta, estaba por íntima organización instruido en la guerra y no necesitaba aprender nada. Organizaba, dirigía, ponía en marcha fuerzas diferentes en combinación, y ganaba batallas sin ley ninguna de guerra, mejor dicho, observaba todas las reglas sin saberlo, o de la práctica instintiva hacía derivar la regla…

Episodios Nacionales. El Empecinado, de Benito Pérez Galdós.

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15 de abril de 1811

Diario de Sesiones
Diario de Sesiones Sesión Secreta
Actas de la Comisión de Constitución

El ministerio de Hacienda da cuenta de que todas las clases del ministerio de Hacienda del ejército de Valencia y la Junta de comercio y agricultura de aquel reino han jurado reconocimiento y obediencia a las Cortes.

Antonio Payán, diputado por La Coruña, solicita que por enfermedad se le releve de su cargo. Las Cortes acuerdan concederle una prórroga de cuatro meses, pero consideran necesaria su presencia en las Cortes por su inteligencia y patriotismo.

Se lee, pero no es admitida a discusión, una proposición presentada por José Simeón de Uría sobre las bulas pontificias. Se desechan otras propuestas de algunos diputados que piden excepciones, como es el caso de la iglesia de Ibiza. El diputado Argüelles protesta, acusando a los diputados de pretensiones federalistas, cuando la Monarquía española debe ser una e indivisible.

En virtud del dictamen de la comisión de Justicia, se pasa al Consejo Real a instancias de Joaquín Baeza un recurso que contra él había presentado Francisco Álvarez de Acevedo.

Se aprueba otro dictamen en que se declara que no están comprendidas en las prohibiciones del decreto de 1 de diciembre de 1810 dos prebendas provistas por el marqués de Villafranca del Bierzo para los presbíteros Francisco Delgado Valcárcel y José Corrales Castro, por haber sido atribuidas anteriormente.

Se da cuenta del dictamen de la comisión de Hacienda sobre dos proposiciones que Agustín Rodríguez Bahamonde había presentado el día 28 de marzo. La primera se refiere a los empleos civiles y la segunda en relación con las prebendas y beneficios que dice haber provisto el arzobispo de Santiago después del decreto de suspensión. Leído el dictamen de suspensión de provisión de prebendas comienza un debate que se extiende durante toda la sesión. Intervienen los diputados Aner, Caneja, Cañedo, García Herreros, Zorraquín, Ostolaza, Pascual, Argüelles y Mendiola.

Felipe Aner subraya que el objeto al expedir tal decreto fue que las rentas de las prebendas, cuya provisión se mandó suspender, se aplicasen para atender las urgencias del Estado.

Vista de Cádiz. Fondo doceañista. Consorcio bicentenario 1812.Vista de Cádiz. Fondo doceañista. Consorcio bicentenario 1812.

Joaquín Díaz Caneja es de la misma opinión que el proponente y se queja de que la única pena sea una multa en dinero: Una multa pecuniaria perecedera es toda la pena que la comisión quiere imponer a los contraventores, puesto que solo les obliga a que mantengan a los agraciados; mas pregunto: cuando mueran los Obispos contraventores, ¿quién pagará por ellos esta multa, o sea la congrua que deben asignar a sus criaturas?

Alonso Cañedo señala que no hay razón para la desconfianza hacia el clero español por el hecho de que un obispo no haya cumplido lo establecido en el ordenamiento: Se trata de corregir un exceso del Arzobispo de Santiago, de quien se dice haber proveído una dignidad y un canonicato de su iglesia…

Manuel García Herreros se muestra disconforme con el dictamen de la comisión.

José Zorraquín apoya a García Herreros y añade que no se trata de revocar o reformar el decreto de 1º de diciembre que se cita: se trata solo de un caso particular que ocasiona el mismo soberano decreto.

Blas de Ostolaza, aunque no es miembro de la comisión, defiende su dictamen porque cree que en el están concebidos todos los extremos.

Jaime Creus hace una serie de consideraciones: Señor no es lo mismo que V.M. mande a los obispos que no provean, que dar de nulidad la institución que hicieron.

Vicente Pascual protesta por el hecho de que se pierda tanto tiempo en esta cuestión cuando casi todos los diputados están de acuerdo y concluye afirmando que le parece justo el dictamen de la comisión de Hacienda.

Agustín Argüelles, después de un amplio discurso, se ciñe al presente hecho y señala que la ley prohíbe la provisión de piezas eclesiásticas y acaba afirmando: …mi dictamen es que el decreto de V.M. tenga el mas efectivo cumplimiento en todas sus partes, y apoyo cuanto han dicho los señores que se oponen al parecer de la comisión.

Mariano Mendiola es el último en intervenir y lo hace con esta metáfora: Nadie puede dudar de la virtud exclusiva del sol para iluminar a la luna: pero si esta se halla en menguante, no por eso se argüirá la menor disminución de aquella virtud…

Tras el debate se procede a la votación. Se desecha la primera parte de la primera proposición, mientras que se aprueba la segunda, relativa al encargo que se hace a las juntas provinciales. Se suspende tomar una decisión sobre el resto hasta que la comisión de Justicia emita su dictamen, ya que en dicha comisión obran algunos antecedentes que han de ser tenidos en cuenta para pronunciarse.

La sesión secreta de este día comienza con la lectura de los partes de las fuerzas sutiles entre el 8 y 13 de este mes.

La Cámara centra su atención en el parte del día 10 de abril en el que se señala que las fuerzas sutiles dan muestras de decaimiento, mientras que las del enemigo aumentan y, a tal efecto, Andrés Esteban propone que se abra una suscripción de 4 reales diarios para socorrer a las tripulaciones. Se rechaza.

Felipe Aner hace notar el retraso en la entrega de los 15 millones del préstamo de los comerciantes de Cádiz, pidiendo que se tome alguna medida para que los morosos entreguen su cuota. Al final, se aprueba que el Consejo de Regencia comunique el estado del préstamo y lo que falta para completarlo.

Se lee un oficio del encargado del ministerio de Marina en el que después de dar noticia de que la Junta de Cartagena de Indias ha proporcionado auxilio a Juan Topete, comandante de una goleta correo, se adjunta un ejemplar impreso del acta de aquella junta en la que se felicita a las Cortes.

Se lee el dictamen de Joaquín Maniau sobre el expediente formado acerca de los términos en que podrá concederse a Inglaterra el comercio con las provincias americanas. Se acuerda que la discusión se prosiga el día siguiente.

Véanse El Conciso, núm.17, de 17 de abril de 1811 (por error en el periódico dice día 14 cuando se refiere al 15 de abril) y el Semanario Patriótico, núm. LV, de 25 de abril 1811, para la crónica de este día.

Constitución de 1812

Actas de la comisión de Constitución: 15 de abril de 1811

Antes de entrar a hablar del poder legislativo, se acuerda establecer quiénes son ciudadanos españoles. Se discute el lugar que ocuparía en el articulado y se acuerda que sea un capítulo separado.

Cronología del proceso constitucional

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14 de abril de 1811

Diario de Sesiones
Diario de Sesiones Sesión Secreta

Se nombra a cinco diputados, Evaristo Pérez de Castro, Ramón Utgés, Diego Parada, Fernando Navarro y Agustín Argüelles, para el examen de los Reglamentos de las Secretarías de Estado.

María de las Mercedes Bermúdez, viuda de Vicente Alcalá Galiano, entrega unos papeles de su marido creyendo que pueden ser útiles a la nación, que se remiten a la comisión de Hacienda para su examen.

Guillermo Moragues presenta seis proposiciones para el arreglo de las siguientes esferas del Estado: Guerra, Justicia y Hacienda. Para ello relata el estado de las mismas en el reino de Mallorca, de donde era diputado. Los textos son admitidos para su discusión y pasan a sus respectivas comisiones.

Se pasa a la comisión de Guerra para su examen el Reglamento y planta del Estado mayor general.

Las Cortes aprueban el dictamen de la comisión de Premios para autorizar que el Consejo de Regencia conceda una pensión a las viudas de varios marineros que sacrificaron sus vidas por la patria en el Puente San Payo de Galicia.

Asimismo, aprueban otro dictamen de la misma comisión para que la viuda del mariscal de campo y gobernador de Badajoz, Rafael Menacho, reciba un inmueble en la propia ciudad de Cádiz.

La comisión de Salud pública, visto el expediente de la Junta Suprema de Sanidad sobre el origen y desarrollo de la epidemia de fiebre amarilla que el año pasado experimentó esta ciudad, informa a las Cortes que cumplió con su deber, pero que no obstante es necesario hacer un Reglamento para regular las atribuciones de la Junta y el régimen de los Hospitales militares.

Puente de San Payo, Pontevedra.Puente de San Payo, Pontevedra.

Se lee un proyecto de decreto de la comisión de Comercio y Marina para fomentar la industria, navegación y comercio en el departamento de San Blas y demás puertos del mar Pacífico: Las Cortes generales extraordinarias, ocupadas incesantemente en promover por todos los medios posibles el fomento y progresos de la industria, navegación y comercio nacional… derogan las leyes… de la Recopilación de Indias y cuantas mas se opongan o coarten la plena y absoluta libertad con que deben los empresarios gozar en lo sucesivo del producto de sus industrias… de la pesca de la nutria y ballena… decretan el siguiente Reglamento. Consta de ocho artículos que se aprueban en lo principal, excepto en lo que respecta a que se cite en el preámbulo la derogación de las leyes de indias. A petición del diputado Vicente Morales Duárez se añade la especie de la pesca del lobo marino.

La comisión de Hacienda emite dictamen sobre la Memoria del ministerio de Hacienda relativa al establecimiento de unas asociaciones caritativas destinadas a socorrer a los ciudadanos honrados que han escapado del país ocupado y viven en la indigencia.

Manuel Luxán se opone porque considera que es un asunto del Consejo de Regencia… y que por otro lado son muchas las asociaciones que se van estableciendo…

Francisco López Pelegrín se muestra a favor de la medida y considera que han de ser las Juntas provinciales las encargadas de socorrer a los emigrados necesitados.

Andrés Esteban se expresa de este modo: Señor si se aumentan tanto las autoridades, las provincias parecerán una Babel. Aun no hemos encontrado el camino sencillo de administrar el Estado… me opongo a esta asociación.

Antonio Oliveros se opone a la medida ya que considera que la caridad no se ha de legislar. La solución que ofrece Joaquín Lorenzo de Villanueva es excitar la caridad entre los fieles. Jaime Creus es el último en intervenir y el único que se muestra a favor. Finalizado el debate, las Cortes acuerdan que no se establezcan las referidas asociaciones.

La comisión de Hacienda informa sobre la Memoria presentada por Guillermo Oliver del deplorable estado de la Administración pública, en la que se pide que los expertos escriban tratados sobre la misma, y se remita a la comisión de Instrucción Pública. Las Cortes lo aprueban.

Las Cortes deciden que la petición de la comisión de Hacienda sobre conceder a los jurados generales de la isla de Menorca, y a los particulares de Ciudadela, la licencia que piden para enajenar varios terrenos baldíos denominados Quintanas de mar de San Antonio, cuya propiedad les dio el Rey Sancho en 1315, pase a la comisión encargada de arreglar la venta de baldíos y propios por no estar suficientemente instruido el expediente.

Gregorio Laguna pide información sobre la situación de Extremadura; que al intendente del ejército Michelena se le pidan cuentas del dinero que ha sacado de la provincia, así como del dinero que ha recibido del Gobierno; que de cuenta de los efectos que ha percibido de los vecinos de Badajoz y no ha satisfecho; y, por último, se solicita también al tesorero de Badajoz y a los oficiales de la tesorería que expliquen los motivos del abandono de sus destinos ante la llegada del enemigo.

José Miguel Ramos Arizpe, ante la preocupación por el mal funcionamiento de la administración de justicia, presenta una proposición en la que pide que el poder judiciario amplíe su horario para trabajar cinco horas diarias.

Francisco Javier Borrull señala que cuando se les fijó en tres las horas de trabajo era porque se consideraba suficiente y ahora que hay guerra las causas pendientes han disminuido, pero de cualquier modo entiende que se debería mandar el mas pronto despacho…y se destinase para lograrlo todo cuanto tiempo fuere menester…

José Mejía es de la opinión de que la proposición de Arizpe es tan evidente que no es necesaria su discusión y, hasta que los tribunales se pongan al día en sus negocios, es necesario que aumenten las horas de trabajo.

Guillermo Moragues interviene para advertir que en la audiencia de Mallorca de la que es relator muchas veces no hay asuntos para despachar.

Agustín Argüelles recuerda que hay una comisión para elaborar el Reglamento del poder judiciario y que esta proposición puede pasar a la misma, planteamiento que aprueba la Cámara.

Se lee la proposición de Gregorio Laguna: Que se mande al Consejo de Regencia que al intendente del ejercito de la izquierda y al de la provincia de Extremadura se les tomen cuentas de los caudales sacados de dicha provincia, y de los que han percibido del gobierno, suspendiendo o quitándoles los empleos al intendente de Badajoz, al tesorero y demás individuos de la contaduría de dicha plaza que abandonaron sus destinos y se pongan en sus empleos a los que con constancia sufrieron el sitio.

Queda admitida la proposición y después de una discusión muy complicada se manda a la comisión de Hacienda junto a la de Antonio oliveros sobre el mismo asunto.

La sesión secreta de la mañana comienza con la lectura de una representación del gobernador de Melilla en la que señala que la escasez de víveres y la escasez de la guarnición era el motivo de que desertase la tropa. Algunos diputados sugieren que se abra el debate sobre la cesión de los tres presidios menores, que será admitido en la sesión de noche.

Alonso Cañedo pide que se acelere la discusión del expediente sobre el comercio de Inglaterra con las provincias de América.

Ramón Giraldo presenta las dos proposiciones siguientes: Que el expediente sobre las minas de Almadén pase a la secretaría de Hacienda y Que de cuenta de la representación de la Mancha, y se acceda a su solicitud.

Agustín Argüelles habla de la necesidad de tomar las grandes medidas que exige la patria, siendo apoyado por varios diputados.

En la sesión secreta de la noche, Alonso Cañedo reitera su proposición sobre el comercio de Inglaterra con América. Felipe Aner lee una proposición sobre la cesión de los presidios menores del Peñón, Melilla y Alhucemas.

Vicente Morales Duárez informa de que el consulado de Lima ha ofrecido el donativo anual de un millón de pesos. Se reitera la urgencia de que la comisión encargada de dictaminar sobre el comercio de Inglaterra con América resuelva a la mayor brevedad posible.

Véase El Conciso, núm. 16, de 16 de abril de 1811. Tras un breve resumen de la sesión, se inserta el siguiente artículo: Reflexiones remitidas por un buen patriota que en medio de la pusilanimidad y apocamiento de tantas almas pequeñas, encuentra sólidos fundamentos de esperanzas lisonjeras. Gaditanos y patriotas generosos reunidos en esta plaza: El tirano napoleón no pudiendo consumar la conquista de la Nación española, recurrió a la pericia militar del gran mariscal Massena, tan afortunado en sus empresas, como compañero en las ideas de su emperador…

En el Semanario Patriótico, núm. LV, de 25 de abril de 1811, se recogen diversas observaciones a las sesiones del 10 al 16 de abril. Mientras que El Conciso transcribe los puntos a su juicio más interesantes de cada sesión, el Semanario Patriótico hace un análisis más crítico. Tal es el caso que, al comentar la sesión del 14 de abril, en relación al comportamiento de los militares en Extremadura dice: El valor no se persuade, se propaga con el ejemplo, para formar héroes, para mandarlos, para disponer de ellos, no basta predicar el heroísmo es indispensable una conducta heroica…

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13 de abril de 1811

Diario de Sesiones
Diario de Sesiones Sesión Secreta
Actas de la Comisión de Constitución

Comienza la sesión del sábado 13 de abril a las once de la mañana. Los días 11 y 12, al coincidir con la festividad de Jueves y Viernes Santo, las Cortes no habían celebrado reunión.

El Consejo de Regencia anuncia que debe comunicar un asunto del ministerio de la Guerra en sesión secreta; se acuerda que sea a la una del mediodía después de la sesión pública.

El ministerio de la Guerra informa que ha recibido una comunicación del comandante general de las Islas Canarias sobre el reconocimiento de fidelidad y juramento de las autoridades de Santa Cruz de Tenerife.

Por el ministerio de Gracia y Justicia se comunica que el Consejo Real ha realizado la visita general ordinaria de cárceles.

Se abre el debate del dictamen de la comisión Eclesiástica sobre la provisión de prebendas en América, leído el pasado 10 de abril.

José Beye Cisneros se muestra tajante al afirmar que dicha proposición, que da a los americanos la preferencia para las prebendas de aquellas iglesias, es inútil e ilusoria, considera que lo justo sería que a los naturales de aquellas diócesis se les diera la mitad de sus prebendas y la otra se quedara para los europeos hijos de la Iglesia y los americanos de otras diócesis.

Juan José Guereña es de la opinión de que se provean las vacantes eclesiásticas tanto en España como en América, en los europeos y americanos que tengan las cualidades para las mismas: El beneficio no es por las personas sino por el oficio que estas dignamente desempeñan.

La primera proposición del dictamen se aprueba, la tercera se deshecha y se sustituye por la del diputado Antonio Joaquín Pérez: que no se haga novedad en el modo y términos con que actualmente se recaudan las anualidades y medias anatas.

Con respecto a la segunda, Joaquín Lorenzo Villanueva observa que el número de eclesiásticos en las Iglesias de América es escaso y que si se extrajera alguna prebenda de España, se quedarían los pueblos sin la necesaria asistencia. La proposición de Guereña no puede aprobarse porque es contraria a la justicia, la conveniencia pública, los concilios provinciales de América y sus leyes, que pueden llamarse fundamentales o de Constitución. Guridi y Alcocer y Mariano Mendiola son de la misma opinión, pero llegados a este punto se suspende la resolución de este asunto.

Se presentan dos votos particulares de Alonso Cañedo y Blas de Ostolaza sobre las vacantes en las iglesias de América. Alonso Cañedo solicita que se provean sin demora las mismas, pero se muestra en contra de que los naturales de América sean preferidos en igualdad de mérito a los de la Península. Argumenta dicho voto en cuatro puntos:

1.º La Iglesia en la elección de ministros, examina las cualidades personales…

2.º El establecimiento de la preferencia indicada para la consulta de las prebendas de América ocasionaría continuas y muy odiosas quejas…

3.º Si se adoptase la preferencia en igualdad de méritos para las prebendas de América a favor de aquellos naturales; o se establece o no igual preferencia en favor de los naturales de la Península…

4.º …si se adoptase el sistema de preferencia para las Américas, ¿no se establecería un fomento eficaz de discordia?

El voto de Blas de Ostolaza, diputado americano, pide que los beneficios eclesiásticos de América se den y confieran a los americanos. En su defensa se remonta a la época de los Reyes Católicos en la que se acordó con los obispos que los beneficios que vacasen se diesen a hijos legítimos nacidos de los castellanos en las Indias.

José Miguel Guridi y Alcocer presenta dos proposiciones, una respecto al impuesto de la plata para que no se incluya el santuario de Nuestra Señora de Guadalupe y la segunda para que las iglesias que rediman alguna alhaja paguen el valor intrínseco de ella según su peso y no el de su manufactura. Fundamenta el diputado sus propuestas en que el santuario es una iglesia de indios, por su origen, fundación, iglesia universal de los de Nueva-España. Ambas proposiciones son aprobadas.

Por el ministerio de Gracia y Justicia, se comunica la providencia que tomó el Consejo de Regencia para que no se aplique la Orden de 30 de abril para que se cerrasen todas las universidades y colegios. Da cuenta así el Ejecutivo de una petición hecha por la Universidad de Santiago.

Joaquín Lorenzo Villanueva considera que esta providencia del Gobierno se ciñe a dicha Universidad y opina que ha de extenderse a todas.

José Pablo Valiente afirma que la Regencia se excede en esta competencia y que lo que debía hacer es abolir dicha orden, porque estando ya designadas las personas comprendidas en el servicio militar, era verdaderamente arruinar la patria cerrar las escuelas para las personas exentas… Las Cortes aprueban que se revoque el decreto de 30 de abril.

En la sesión secreta se da cuenta de una consulta del Tribunal de Cortes, creado para instruir la causa contra los diputados Francisco González Peinado y Domingo García Quintana, en la que pide certificación de los comentarios hechos por un diputado.

Se suspende el debate ante la presencia del ministro de la Guerra, que después de obtener la venia del Presidente lee una Memoria donde pone de manifiesto el estado del ejército. Se acuerda hacer alguna rectificación antes de su impresión.

Se vuelve de nuevo a la consulta del Tribunal de Cortes y el diputado Manuel Ros argumenta que sus expresiones se referían a otro diputado y no a los dos mencionados con anterioridad.

Constitución de 1812

Actas de la comisión de Constitución: 13 abril 1811 Los dos comisionados Diego Muñoz Torrero y Evaristo Pérez de Castro presentan cinco artículos sobre el gobierno:

Capítulo III. DEL GOBIERNO.

Artículo 1.º Conviene al bien del Estado que no se hallen reunidos en una misma persona o cuerpo los tres poderes legislativo, o de hacer leyes; ejecutivo o de cuidar de la ejecución de las mismas leyes; y judicial, o de aplicar las leyes en los casos particulares.

Artículo 2.º El poder legislativo reside en las Cortes con el Rey.

Articulo 3.º El poder ejecutivo reside en el Rey.

Articulo 4.º El poder judicial reside en los Tribunales establecidos por la ley.

Articulo 5.º El gobierno de la Nación española es una Monarquía moderada hereditaria.

Cronología del proceso constitucional

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10 de abril de 1811

Diario de Sesiones
Diario de Sesiones Sesión Secreta
Actas de la Comisión de Constitución

Se da cuenta de que el Ayuntamiento de Orotava, en la isla de Tenerife, ha prestado juramento a las Cortes.

La comisión de Justicia, en respuesta a la consulta del Consejo Real sobre la admisión de José Linares en el Colegio de Abogados de Cádiz, es de la opinión de llevar a efecto lo mandado repetidas veces por el Consejo en el sentido de que se le admita, desestimando las representaciones que ha hecho el Colegio. Pide que se derogue la ley que fija el número de abogados y la reducción de los colegios y que, en adelante, sea libre el ejercicio de la abogacía. Se oponen Ostolaza y Hermida y defienden el dictamen de la comisión de Justicia Aznarez, Caneja, Borrull, Luxán y Giraldo.

Joaquin Díaz Caneja es favorable a supresión de la norma por considerar funestas sus consecuencias, pues los que entran en el colegio lo hacen por favor, intrigas y otras causas.

Francisco Javier Borrull señala que el Gobierno anterior quería evitar un mal que existía pero, al no descubrir la causa, el remedio fue peor que la enfermedad.

Ramón Giraldo se muestra partidario del dictamen: Yo he sido de que donde no había esa ley no se seguían estos perjuicios, ni había esos males que se dicen sino que todos trabajaban con el decoro debido a la profesión… Se aprueba el dictamen de la comisión.

En relación con la Memoria presentada por el Ministro de la Guerra, se lee el dictamen de la comisión de Guerra sobre proposiciones hechas por varios diputados en sesiones anteriores. Intervienen brevemente algunos de ellos, pero se acuerda devolver el dictamen a la comisión para que se clasifiquen las proposiciones según su importancia.

A través del ministerio de Estado se dirige a las Cortes el plan de Arreglo de los Ministerios. Se acuerda que se estudie en una comisión especial: Ensayo sobre la clasificación de los Ministerios del Despacho y otros puntos análogos a su organización y a la de las Secretarías.

La comisión Eclesiástica manifiesta su descontento por el decreto establecido sobre supresión de prebendas y, después de una larga explicación de los hechos, presenta las tres proposiciones siguientes:

Que se provean las prebendas vacantes y que vacaren en América;

Que la Cámara en las consultas de entrada prefiera, en igualdad de méritos, los curas párrocos y doctores residentes en América a los pretendientes de la Península;

Que las medias anatas y año de vacante que en su caso adeuden los agraciados entren en cajas Reales en esta forma: la mitad antes de tomar la posesión, y la otra mitad seis meses después.

Antonio Joaquín Pérez apoya el dictamen, aunque en la tercera proposición es partidario de que las medias anatas y año vacante se paguen en cuatro plazos y no en dos como propone la comisión.

Joaquín Lorenzo Villanueva se muestra favorable, sobre todo, a la segunda proposición y pretende que se suprima la escala, bien por ley o introducida por costumbre, que se observa en América en la provisión de las prebendas… debiéndose dar las raciones, canongías, dignidades, etc., a los catedráticos, curas párrocos, y otros eclesiásticos distinguidos por su virtud y sabiduría.

Domingo Dueñas, miembro de la comisión, señala que no se había tratado este punto por no estar todavía evacuado un expediente que se halla en su poder.

Dionisio Inca reproduce la observación hecha por la comisión sobre la desigualdad en el número de prebendas de la Península y América y que, en vista de la misma, se den las prebendas de América a los naturales de aquel país.

Jaime Creus y Vicente Pascual son contrarios, basándose en la igualdad de derechos que han de disfrutar tanto unos y otros españoles, europeos y americanos, parte de una sola familia. La discusión se pospone para otro día.

El presidente cierra la sesión y advierte a los diputados que en atención a la solemnidad y santidad de los días siguientes Jueves y Viernes Santo, se suspenden las sesiones hasta el sábado a las once de la mañana.

La sesión secreta comienza con la lectura del parte del jefe del Estado Mayor del día anterior sobre los movimientos del enemigo en la Isla de León.

Francisco Javier Borrull y Pedro González Llamas manifiestan no estar de acuerdo con que el teniente general Joaquín Blake, miembro del Consejo de Regencia, salga a mandar una expedición.

Tras la consulta hecha al Consejo de Regencia sobre la conducta que deba observarse con las Juntas establecidas en América, y visto el dictamen de las comisiones Ultramarina y de Arreglo de provincias, las Cortes resuelven el asunto de manera provisional hasta que la nueva Constitución establezca el gobierno que mas convenga a las provincias de la Nación Española.

La Cámara acuerda comunicar a la Regencia, tras las órdenes que considere oportunas, que puede salir el navío Estandarte.

Vicente Terrero advierte de las consecuencias negativas de la prisión en el castillo de Santa Catalina del diputado Francisco González Peinado, retenido por orden del Tribunal de Cortes por no asistir a las sesiones. Dos diputados miembros de dicho Tribunal justifican su postura.

El Presidente recuerda que, como ya había anunciado al final de la sesión pública, el 11 y 12 de abril no habrá sesión por coincidir con la festividad de Jueves y Viernes Santo.

Constitución de 1812

Actas de la comisión de Constitución: 10 abril 1811

Diego Muñoz Torrero y Evaristo Pérez de Castro presentan el escrito que se les encargó en la sesión del día 5.

Se acuerdan los artículos siguientes:

Capítulo II. De los Españoles, sus derechos y obligaciones.

Artículo 1.º Son españoles. 1.º) todos los hombres libres nacidos y avecindados en los dominios de España, y los hijos de estos; 2.º.) los extranjeros que hayan obtenido carta de naturaleza; 3.º) los que sin ella lleven 10 años de vecindad ganada según la ley en cualquier pueblo de la Monarquía; 4.º) los hijos de unos y otros que hayan nacido en territorio español y tengan ocupación conocida en el pueblo de su residencia; y 5.º) los libertos desde que adquieren su libertad en España.

Artículo 2.º Los derechos de los españoles son la libertad, la seguridad, la propiedad y la igualdad.

Artículo 3.º La libertad consiste en poder hacer todo lo que no perjudica a la sociedad, ni ofende a los derechos de otro.

Artículo 4.º La seguridad consiste en ser cada individuo protegido por la fuerza pública contra la ofensa que se haga a su persona ó sus derechos.

Artículo 5.º La propiedad es el derecho de gozar y disponer libremente de sus bienes y del fruto de su talento, de su trabajo y de su industria.

Artículo 6.º La igualdad consiste en que no haya diferencia alguna entre los individuos que componen la Nación en el uso y goce de sus derechos.

Artículo 7.º El amor de la Patria es una de las principales obligaciones de todos los españoles, y asimismo el ser justos y benéficos unos con otros.

Artículo 8.º Todo español está obligado a ser fiel á la Constitución, a obedecer las leyes, y a respetar las autoridades establecidas.

Artículo 9.º También está obligado todo español sin distinción alguna a contribuir en proporción de sus haberes para los gastos del Estado.

Artículo 10.º Está asimismo obligado todo español a defender la Patria con las armas cuando sea llamado por la ley.

Se acuerda hacer un título dedicado al territorio de España, su religión y su gobierno. Algunos miembros de la comisión sugieren que el capítulo del territorio tenga sólo dos artículos: el primero, que comprenda todo el territorio español y sus islas en ambos hemisferios sin especificación determinada, y el segundo, que establezca para mas adelante cuando las circunstancias lo permitan el hacer la división mas conveniente del territorio español por una ley constitucional.

Se acuerda que no es el momento de hacer una nueva división territorial y que en el primer artículo se expresen todas las provincias y reinos por sus nombres y sin llamarles reinos, provincias ni señoríos y en el segundo artículo se haga una división más conveniente cuando las circunstancias lo permitan.

Se encarga a Joaquín Fernández de Leiva y Antonio Ranz Romanillos que presenten un nomenclátor.

Se acuerda el Título II: Del Territorio de España, su Religión y Gobierno.

Capítulo I. Del territorio de España.

Artículo 1.º El territorio español comprende (aquí la nomenclatura luego que se presente por los comisionados y quede aprobada) en la Península con sus islas adyacentes, las provincias de Álava, Aragón, Asturias, Ávila, Burgos, Cataluña, Córdoba, Cuenca, Extremadura, Galicia, Granada, Guadalajara, Guipuzcoa, Jaén, León, Madrid, Mancha, Murcia, Navarra, Nuevas Poblaciones, Palencia, Salamanca, Segovia, Sevilla, Soria, Toledo, Toro, Valencia, Valladolid, Vizcaya, Zamora; en las islas Baleares, Mallorca, Menorca, Ibiza, y Formentera; en las islas Canarias, la Gran Canaria, Tenerife, Fuerteventura, Lanzarote, La Palma, La Gomera, El Hierro; y en la costa de África, la Plaza de Ceuta, y los tres presidios menores: Melilla, Peñón de Vélez y Alhucemas. En el Continente de América con las islas, y los dominios de Asia, las siguientes provincias, [espacio en blanco en las actas, sin duda para completarlo mas adelante].

Artículo 2.º Se hará una división más conveniente del territorio español, por una Ley Constitucional, luego que las circunstancias políticas de la Nación lo permitan.

Capítulo II. De la Religión.

Artículo único. La Religión de la Nación española es la católica, apostólica, romana, con exclusión de cualquiera otra.

Ilustración de esta sesión.
Título 2.º Del territorio de las Españas, su religión y gobierno y de los ciudadanos españoles. El territorio de España se representa con cuatro figuras. España pierde su condición femenina y es representada por el traje y sombrero del hombre de la monarquía católica; América mantiene la figura desnuda con plumas y arco: África y Asia aparecen vestidos con chilaba y turbante, aunque una de ellas lleva la señal de la media luna del Magreb. A la derecha, aparece una escena campesina como símbolo de unión de todos los españoles. Todas las figuras están debajo de una nube que sirve de trono de una figura femenina con una cruz que representa la religión católica. En primer término se representa al gobierno en la figura sedente de Minerva.
Véase Iconología constitucional: el grabado de la Constitución política de la Monarquía española de 1812, de Santos M. Coronas, en Cortes y Constitución de Cádiz. 200 años.

Cronología del proceso constitucional

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9 de de abril de 1811

Diario de Sesiones
Diario de Sesiones Sesión Secreta

Se manda pasar a la comisión de Guerra y repartirse en el Congreso un papel titulado: Apuntaciones militares para la actual guerra por D.P.A.T.D.I., publicado en Cádiz en 1811. Este texto de 92 páginas contiene una serie de consideraciones sobre posibles medidas de arreglo del ejército. Comienza de este modo: Treinta meses hemos visto pasarse desde que empezó esta guerra defensiva que sostenemos sin que los esfuerzos y sacrificios tamaños que ha hecho la Nación y los poderosos auxilios que nos ha prestado la Inglaterra hayan hecho aun mudar de aspecto a los asuntos militares, ni mejorado ni aumentado nuestros medios de resistencia…

Portada de Apuntaciones Militares para la actual guerra por D.P.A.T.D.I.

Continúa el debate sobre la plata labrada de América.

José Simeón de Uría, diputado por Guadalajara, del virreinato de Nueva España, subraya el hecho de que este impuesto puede influir mucho en la incipiente insurrección que en su provincia se está produciendo y de la que ha sido testigo. Señala que son los europeos los dueños de los mayores caudales de América septentrional y que los naturales del país se han empobrecido. Las iglesias de esta zona han contribuido generosamente con donativos y empréstitos y tomarían como una injuria este nuevo impuesto.

Vicente Morales Duárez, diputado suplente por el virreinato de Perú, señala que sería bien recibida en aquellas tierras este nuevo impuesto, ya que motu propio han donado grandes sumas de dinero, y apoya el dictamen de la comisión. Sin embargo, excluye de tal impuesto a las iglesias de los indios y las iglesias parroquiales, puesto que por aquellas tierras falta información de los sucesos que ocurren en la madre patria y que no se entendería la medida.

Agustín Argüelles cree que los diputados americanos no rechazan el impuesto en sí, sino el reclamárselo a las iglesias. No obstante, el diputado asturiano teme que la plata de las catedrales vaya a estas iglesias con el objeto de evadir el impuesto. Se sorprende ante el hecho de que los gobernadores de aquellas tierras tengan sumido al pueblo en la ignorancia de lo que pasa en la Península.

El Obispo Prior de León argumenta que la Junta Central se apoyó en dos razones para extraer la plata de las iglesias: que no cayera en manos del enemigo y que se necesitase para afrontar la guerra. El religioso considera que no concurren tales circunstancias en América y, por tanto, no habría que extender este decreto a aquellas tierras, aunque si se podría exhortar a los religiosos de aquellos lugares a que socorran con la plata que consideren oportuno. Respecto a los particulares americanos, es partidario de que su cuota sea menor a la de los de la Península.

José Cayetano de Foncerrada, diputado propietario por Michoacán del virreinato de Nueva España, considera que se les pide dos impuestos para una misma cosa: los millones de pesos fuertes anteriores y este nuevo. Argumenta que Nueva España está en bancarrota y que para poder contribuir a las necesidades de la Península ha de recuperarse primero. Coincide en ello con el resto de los diputados americanos y se manifiesta contrario a extraer la plata de las iglesias.

Miguel Alfonso Villagómez considera que si llega allí el estado de la Península excitaría la generosidad de aquellas gentes, aunque también se muestra contrario a la exención de las parroquias de los indios.

Ramón Lázaro de Dou apoya la tesis del Obispo Prior de León y plantea que sean los americanos los que digan con qué tipo de recursos pueden contribuir.

Blas Ostolaza es partidario de aprobar las once proposiciones que se hicieron para obligar a los americanos a contribuir con sus recursos.

Gregorio Laguna se pronuncia de este modo: La máxima de que no se toque a la plata de las iglesias para que no nos tengan por malos cristianos ha sido la causa de que lo perdamos todo. Y si todavía andamos en estas consideraciones con respecto a la plata de las iglesias de América, acabaremos de perdernos. Señor dinero y soldados, soldados y dinero…

Mariano Mendiola, diputado propietario por Querétaro del virreinato de Nueva España, recomienda que no se acuerde ninguna resolución hasta que la comisión de Eclesiásticos emita un nuevo dictamen.

Jaime Creus se une a la opinión de Mendiola de que se exija en América la parte que le corresponda.

Juan de Lera es partidario de la contribución de las iglesias de aquellas tierras, al igual que Octaviano Obregón, que argumenta que es mejor perder la plata de las iglesias que perecer frente al enemigo porque Dios no quiere el culto de oro y plata sino el de espíritu y corazón.

Dionisio Inca, como diputado de Ultramar, no puede defender este dictamen y se lamenta de las necesidades en que se encuentran aquellos territorios y de los inmensos caudales que ya se han enviado a la Península. Por ello, le parece excesivo este nuevo impuesto.

El último en intervenir es Joaquín Lorenzo de Villanueva, que se une a la opinión de los diputados que piden que sean los propios obispos los que fijen las cantidades.

La votación es favorable a que se extienda a América el préstamo sobre la plata labrada de la que se ha venido discutiendo, excluyendo a las iglesias parroquiales, y que se pase a una comisión de Eclesiásticos para que estudie la forma de llevar a cabo esta medida.

La comisión encargada de formar un plan para el Arreglo de las comisiones considera urgente reformar la organización de las mismas, sobre todo, las de Guerra y Hacienda. Propone dos medidas: la primera, que haya expertos sobre la materia para que puedan asesorar a la Cámara; la segunda, que la debida continuidad de los diputados en las mismas hace necesaria que las comisiones no se cambien por completo sino cada dos meses. La comisión propone que la Cámara adopte una resolución con los siete artículos siguientes: 1º. Las comisiones permanentes tendrán por objeto los asuntos que exijan para su desempeño un método sistemático y correlativo. 2º. Cada diputado podrá apuntarse a la comisión que muestre preferencia. 3º. Se formarán dos listas para las comisiones de Guerra y Hacienda. 4º. Las comisiones podrán elegir fuera del Congreso los asesores que estimen convenientes. 5º. Cada comisión elegirá un presidente y un secretario. 6º. Emitido el dictamen, la comisión presentará a las Cortes el texto redactado como decreto. 7º. Toda comisión puede reclamar la ayuda de otra en aquellos asuntos mixtos o que necesiten la colaboración de varias comisiones.

La comisión de Arreglo de las comisiones manifiesta su intranquilidad por no saber lo que se dice en el resto de Europa sobre los hechos que se suceden en España y, a tal efecto, considera necesaria la formación de una comisión Diplomática para que informe a la Cámara de todo lo que se dice y publica en el extranjero.

A continuación se presenta un reglamento para el funcionamiento de las comisiones, que se divide en 18 artículos en los que se fijan el calendario, las competencias de los presidentes y secretarios, el objeto de cada una de ellas y demás formas de procedimiento.

Antes de finalizar la sesión pública se lee un dictamen de la comisión de Justicia sobre una exposición remitida por el ministro de Hacienda acerca de distintas vacantes de su departamento. Las Cortes se dan por enteradas.

La sesión secreta se inicia con la lectura de los partes de las fuerzas sutiles de los días 6 y 7 pasados.

Francisco Javier Borrull presenta su voto contrario a que Joaquín Blake dirija la expedición encomendada al general José de Zayas.

El Consejo de Regencia comunica que ha nombrado a Manuel Quintana como Secretario de la Real Estampilla, dándose las Cortes por enteradas, y da cuenta de otro oficio del Ministerio de Guerra en el que se comunica que el Ejecutivo ha nombrado al Duque del Infantado como capitán general del ejército y principado de Cataluña.

El Secretario de Estado comunica que ha ordenado a Elfinstone Fleming, capitán del navío inglés Baluarte, que no salga de puerto hasta nueva aviso.

Las Cortes acuerdan que es urgente la resolución sobre las Juntas de América, se lee el dictamen de la comisión Ultramarina y de Arreglo de provincias y se traslada la resolución para el día siguiente.

Véase El Conciso, núm. 11, de 11 de abril de 1811. El periódico empieza relatando el parte de guerra del cuarto ejército: 1º. El día 8 los enemigos han continuado sus trabajos con actividad; ha habido tráfico de carros desde Puerto Real al Trocadero; salva en la línea al medio día y por la tarde se formaron con 1.200 hombres en la plaza de Chiclana. 2º. Ayer, continuación de los trabajos; se ha observado mucha actividad; han reforzado algunos puntos; han hecho hogueras en Chiclana. Luego se hace un resumen de la sesión del 9 de abril y, a continuación, se recogen noticias del extranjero.

Véase además el Semanario Patriótico, núm. LIV, de 18 de abril, que contiene un breve resumen de las sesiones desde el 31 de marzo al 9 de abril. Al empezar el periódico aparece un Aviso en el que se comunica que Manuel José Quintana, al haber sido nombrado Secretario de la Real Estampilla, será sustituido en la redacción del Semanario.

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8 de abril de 1811

Diario de Sesiones
Diario de Sesiones sesión secreta

Juan José Guereña y Garayo, diputado propietario por Durango del virreinato de Nueva España, toma posesión.

La Junta Suprema de Censura propone varios nombramientos que son aprobados por la Cámara.

Bartolomé José Gallardo, bibliotecario de las Cortes, plantea que un bibliotecario experto examine los libros existentes en las casas francesas requisadas por el Tribunal de represalias para ingresar los libros que se consideren útiles para la Cámara.

Se procede a la discusión y votación del Reglamento propuesto por el Consejo Real para la recaudación e inversión de los caudales procedentes de la manda forzosa en los testamentos. Se da lectura a cada uno de los 26 artículos, que se votan uno a uno y se aprueban con pequeñas modificaciones. Este reglamento se publicará como Decreto LXIII el 3 de mayo.

Continúa la sesión con el debate sobre la proposición de la comisión de Hacienda, presentada el pasado día 6, sobre si debía extenderse a América la contribución de la plata labrada con una cuota inferior que en la Península.

Felipe Aner considera que así ha de hacerse por cuanto América forma parte de España. Señala, además, que es imprescindible para sostener los gastos de la guerra.

José Mejía no es partidario de que en América la cantidad sea menor, por la sencilla razón de que, al formar parte de la Nación, ambas han de contribuir en la misma proporción y que en las Indias: …Los españoles de ambos hemisferios componemos un solo cuerpo formando una misma Nación, es preciso que así como somos iguales en los derechos, lo seamos también en las obligaciones…

Real cédula que establece una manda forzosa en los testamentos y herencias. Madrid, Imprenta Real, 1819.

Antonio Joaquín Pérez presenta una proposición en la que pide que se excluya de esta medida a las iglesias parroquiales y las de los pueblos indígenas para evitar las alarmas de estos y otros graves prejuicios que pudieran seguirse.

José Miguel Guridi considera que no ha de extenderse esta contribución a América, ya que allí hay muchos impuestos y que en casos de urgencias han dado donativos y empréstitos voluntarios. El diputado teme que un nuevo impuesto soliviante los ánimos de aquellas tierras y prenda la llama de la sedición, máxime cuando se pretende pedir la plata de las iglesias. Además, señala que ya tienen una contribución extraordinaria de 40 millones de duros: …Yo no me opongo a que la América contribuya… pero sea en la misma proporción según exige la justicia…

El sacerdote Simón López es el último en intervenir en torno a este debate. Se opone rotundamente a mandar la exacción de la plata de las iglesias: …que semejante orden atraería la indignación del cielo; que era contraria a todas las leyes divinas y humanas y que en caso de exigirse dicha plata se hiciera con la anuencia y conducto de los obispos…

Queda pendiente la resolución de este asunto y se levanta la sesión.

En la sesión secreta de la mañana el Consejo de Regencia da cuenta de la residencia de la Junta de Sevilla en la Isla de León. Varios diputados presentan proposiciones sobre este asunto. Se acuerda que no se tome ningún acuerdo en esta sesión.

Se lee un oficio del ministerio de Estado y del despacho de Gracia y Justicia, en los que se da cuenta de que el Consejo de Regencia ha nombrado a varios ministros para que redacten un Reglamento de Policía y que se nombre como superintendente a Justo María Ibarnavarro. La Cámara pospone la contestación a la Regencia.

En la sesión nocturna abre el debate la propuesta de la mañana sobre las Juntas de Sevilla y Cádiz. La Cámara acuerda que pase a la comisión de Arreglo de provincias. Durante la discusión se recibe un oficio del jefe del Estado Mayor comunicando la sorpresa que ha causado en el Ejecutivo la noticia de haber vuelto a puerto la división del general José de Zayas, achacándolo a falta de coordinación con el general Ballesteros, y propone que vuelva a salir dicha división al mando del general Joaquín Blake.

Decreto LIV. Para que el Regente D. Joaquín Blake vaya a mandar una expedición militar.
Decreto LV. Rebaja de los derechos en la extracción de lanas.
Ambos decretos están firmados por Diego Muñoz Torrero, presidente. Juan Polo y Catalina y Miguel Antonio Zumalacárregui, secretarios. Cádiz, el 8 de abril de 1811.

Véase El Conciso, núm. 10, de 10 de abril de 1811, y el Semanario Patriótico, núm. LIV, de 18 de abril de 1811, para la sesión del día 8 de abril.

Manda forzosa.
José Canga Argüelles explica en su Diccionario de hacienda para el uso de los encargados de la suprema dirección de ella, publicado en Londres en 1826-1827, que la manda forzosa fue un tributo para España y sus colonias en el que se regulaba el pago de 12 reales de vellón en España y 3 pesos para los territorios de América y Asia. El dinero recaudado era destinado a socorrer a los prisioneros y viudas de la Guerra de la Independencia; los curas que celebraban el entierro eran responsables de la recaudación y cada tres meses debían enviarlo a la junta pía religiosa, compuesta por el capitán general de la provincia, el presidente de la Audiencia, el arzobispo u obispo, un canónigo, el cura mas antiguo, el corregidor y el síndico personero. Inicialmente fue ideado para estar vigente el tiempo que durase la guerra y diez años más, pero Fernando VII lo mantiene. En 1837 se propone su abolición y en 1845 desaparece.

Véase, además, Manda forzosa en herencias: primer tributo aprobado por las Cortes de Cádiz, de Francisco Javier Lasarte Álvarez, en Estudios jurídicos en memoria de don Cesar Albiñana García-Quintana.

Juan José Ignacio Guereña y Garayo. –Cádiz 1813
Nacido en Durango, Nueva Vizcaya, virreinato de Nueva España, pronto se traslada a México donde estudia la carrera de leyes y la eclesiástica. Doctor en cánones por la Real y Pontificia Universidad de México. Es elegido diputado por Durango para las Cortes generales y Extraordinarias el 1 de septiembre de 1810. El 27 de febrero se habían aprobado sus poderes y en la sesión de hoy jura y toma asiento en el Congreso.

Es uno de los diputados de Ultramar más activo. Llega a ocupar la presidencia del 24 de julio al 23 de agosto de 1811. Forma parte de numerosas comisiones y se destaca por su defensa de los derechos de los eclesiásticos seculares y regulares. Se pronuncia a favor de que los diputados eclesiásticos puedan votar en las súplicas de indulto en casos de pena capital. Se preocupa por los asuntos americanos y en especial por Durango, que era su circunscripción. Firma la Constitución y, aunque las Cortes le conceden licencia para volver a su país el 27 de agosto de 1813, muere en Cádiz el 10 de octubre del mismo año. Los funerales en su honor se celebraron en la catedral los días 14 y 16 de octubre.

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7 de abril de 1811

Diario de Sesiones
Diario de Sesiones Sesión Secreta

El ministerio de Guerra informa que autoridades militares de Ciudad Real de las Palmas, en las islas Canarias, han prestado juramento de fidelidad y obediencia a las Cortes.

Se pasa a la comisión de Justicia la relación de presos en la Real cárcel de la Isla de León, Arsenal de La Carraca y presidio de Cuatro Torres. Francisco María Riesco señala que fue al castillo de Santa Catalina y oyó el clamor de los presos pidiendo que sus causas fueran vistas. Solicita que se nombre a dos miembros del Congreso para examinar las cárceles. Como quiera que su petición coincide con la proposición que presentó Agustín Argüelles, se acuerda que se espere al dictamen de la comisión.

Leído el dictamen de la comisión de Premios, se aprueba la conducta de la Junta-Congreso de Valencia al reconocer a Manuela Morcillo, viuda de Vicente Sancho, fallecido heroicamente en el ataque de San Onofre, la inscripción en el libro de los altamente beneméritos de la Patria por sus servicios.

Se lee el dictamen de la comisión de Justicia sobre la proposición de Vicente Traver en la que pide que el secretario que se nombre para la Real estampilla no haya reconocido al gobierno intruso. Intervienen en el debate Traver, Morales, Esteban, Utgés, Oliveros, Giraldo y Aner.

Andrés Esteban apoya al diputado Traver con el argumento de que los que ahora salen de Madrid han encontrado el momento más oportuno para sus intereses y no para los de la patria.

Antonio Oliveros considera que muchos de los que se han quedado en Madrid hacen una labor más importante que los que se fueron. Para Felipe Aner bastaría decir al Consejo de Regencia que eligiese para ese puesto a un patriota declarado como tal. Se procede a la votación y se aprueba el dictamen de la comisión.

Coronación de Quintana. Luis López Piquer, 1859. Senado.Coronación de Quintana. Luis López Piquer, 1859. Senado.

Se lee el reglamento que, de orden de S.M., ha formado el Consejo Real sobre el modo de recaudar y distribuir el producto de las mandas forzosas de 12 reales en los testamentos de la Península, y tres pesos en los de América, mientras que dure la guerra y diez años después, con el objeto de socorrer a las viudas de los militares y a los prisioneros. Intervienen en este asunto Argüelles, Mejía, Dou y Alonso Cañedo.

Agustín Argüelles desaprueba el reglamento: Quizá veo que se trata de hacer un monopolio de la aristocracia: todos han de ser obispos, consejeros, capitanes generales… Hace una comparación con las Cortes al señalar que, en éstas, los diputados han sido elegidos por el pueblo en razón de sus méritos y virtudes, y no de su linaje.

José Mejía apoya al diputado preopinante argumentando, además, que el excesivo trabajo de magistrados y capitanes generales no les permite ocuparse de cuestiones económicas.

Ramón Lázaro de Dou considera que el Consejo ha seguido en este asunto la opinión de la Nación y por ello ha puesto en mano de los eclesiásticos este arbitrio, por la confianza que tiene el pueblo en ellos.

Alonso Cañedo es el ultimo en intervenir en relación con este asunto y comparte la opinión del Consejo Real en reconocer a los eclesiásticos la mayor aptitud para este cometido. Recomienda que el reglamento se lea y se vote artículo por artículo. Se deja para el día siguiente la discusión del articulado.

La sesión secreta comienza con la lectura del acta de la sesión anterior y del parte de las fuerzas sutiles del día 5.

Se lee un oficio en el que el Consejo de Regencia nombra como gobernador para esta plaza al teniente general Conde de Noroña, manteniendo la comandancia general de ingenieros. Las Cortes quedan enteradas.

Manuel García Herreros presenta una proposición por escrito en la que exhorta a que el Consejo de Regencia ponga los medios para remediar la situación en el ejército; la pronta y recta administración de la justicia; la de la Real Hacienda en todos sus ramos y la de la seguridad pública. Se admite a discusión.

Se leen las cuatro proposiciones de Mariano Blas de Garoz: la primera, sobre que se les pague a las tropas de este ejército; la segunda, sobre que se disminuya el número de miembros del Congreso; la tercera, que se mude a la Regencia, constituyéndola con cinco sujetos de diversas carreras; y cuarta, que en el caso de no mudarla, se nombren a más de los Sres. Ciscar y Agar, tres diplomáticos o magistrados que reúnan cualidades de patriotismo.

Se lee la proposición de Juan de Salas para que se nombre nueva Regencia y se forme causa a la actual. La proposición del sacerdote granadino, un alegato contra la actual Regencia, finaliza con estas palabras: Señor haya rigor para juzgar a los Regentes: esto servirá de estímulo a los que se nombren; ellos procederán con igual energía y la nación disfrutará los beneficios que le habrá de producir la rectitud inexorable de V.M.

Las proposiciones de los diputados fue objeto de debate en la Cámara, aunque quedaron sin resolución. Se discuten ampliamente las proposiciones de Garoz y Salas, pero las Cortes no llegan a resolver nada en concreto sobre las mismas. Durante el debate se da cuenta del estado de Tesorería mayor de la última semana.

Decreto LIII. Nueva planta de la Secretaría de Cámara y de la Real Estampilla. Firmado por Diego Muñoz Torrero, presidente. Juan Polo y Catalina y Miguel Antonio de Zumalacárregui, secretarios. Cádiz, 7 de abril de 1811.

En relación a este asunto es de destacar la figura de Manuel José Quintana que, aparte de su papel en la Guerra de la Independencia, fue oficial de la Suprema Junta, intervino en la de Censura y ocupó la Secretaría de Cámara y de la Real Estampilla en 1811. Este cargo es contestado por el diputado Antonio de Capmany. Véanse Contextación de D. Manuel Josef Quintana a los rumores y críticas que se han esparcido contra el en estos días, y Manifiesto de D. Antonio de Capmany en respuesta a la contextación de D. Manuel Josef Quintana, ambos publicados en Cádiz en 1811. Además, el estudio de José Cañas Murillo sobre este folleto: Manuel José Quintana y su contextación… a los rumores y críticas que se han esparcido contra el en estos días.

Véase, también, El Conciso, núm. 9, de 9 de abril de 1811. Tras la crónica de este día, se publica una comunicación del general de división, barón del Imperio, Gobernador de la Mancha, Lorge, sobre la Bárbara intimación del general enemigo Lorge, gobernador de La Mancha a la villa de San Clemente, firmado el 24 de enero de 1811.

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6 de abril de 1811

Diario de Sesiones
Diario de Sesiones Sesión Secreta

Comienza la sesión con la notificación del ministerio de Estado de que, con arreglo al artículo 2.º del capítulo I del Reglamento provisional del Consejo de Regencia, Pedro Agar y Bustillo sustituye al general Joaquín Blake y Joyes como Presidente del Consejo el 8 de abril, al haberse cumplido los cuatro meses designados para el cargo.

El ministerio de Gracia y Justicia comunica a la Cámara los empleos civiles y piezas eclesiásticas que el Consejo de Regencia ha provisto en España y América para el mes de marzo.

Se pasa al Consejo de Regencia una representación de ciudadanos que reclaman créditos contra la Hacienda pública nacional y que no han sido atendidos.

La comisión de Hacienda expone su dictamen favorable sobre una reclamación de Tomas O’Gorman en la que informa de que el Consejo de Regencia no ha cumplido con el contrato que celebró con el Gobierno. El dictamen no es aprobado y se pasa a la Regencia.

Se presenta un proyecto, que consta de 42 artículos, para la constitución de un tribunal privativo que juzgue a los diputados. Se genera un pequeño debate. Los diputados Manuel Luxán y Agustín Argüelles consideran que este tribunal podría verse como un privilegio frente al resto de los ciudadanos. Se traslada la discusión para otra sesión con el objeto de dar tiempo al Congreso para informarse.

Joaquín Lorenzo Villanueva presenta un proyecto de decreto para reformar el decreto de 30 de abril de 1810 en el que se suspendía la enseñanza de todas las ciencias que no tienen por objeto la guerra, y por el que se mandaba cerrar universidades y colegios.

Como resultado de esta norma, algunos directores decidieron que determinadas ciencias, como las humanidades, contribuían a la sabia dirección de la milicia. No obstante, otros directores acataron la norma en su letra y en su espíritu. De aquí, según la opinión del propio Villanueva, se han seguido dos males: la idea de que es incompatible la educación de los pueblos con la carrera de armas y la decadencia de la ilustración nacional. En su reforma pide que vuelvan a abrirse todas las universidades y seminarios eclesiásticos.

Se suspende la discusión de este asunto hasta que la Regencia no envíe los antecedentes que obran en su poder y que habían sido solicitados.

Se presenta una proposición de la comisión de Hacienda, cuya discusión se pospone, sobre si extender a América el préstamo sobre la plata labrada de las iglesias y particulares.

Se aprueba el dictamen de la comisión de Hacienda, de 30 de marzo, en el que declara comprendidos en el adeudo de extranjería los frutos nacionales que ha conducido desde Buenos Aires la fragata inglesa Lady Gambier.

La sesión secreta comienza con la exposición del Consejo de Regencia en la que faculta al gobernador y capitán general de Puerto Rico para remover a empleados públicos y trasladarlos donde le pareciera, sin que esto pueda suponer un perjuicio a las facultades del comisionado.

El secretario interino de Gracia y Justicia expone el estado de la administración de Justicia en las provincias libres, así como el estado de la sublevación en diferentes ciudades de América. La Cámara resuelve: que se dijese al Consejo de Regencia que estando pendiente de su resolución la decisión de varios puntos muy interesantes al bien de las provincias de América, han resuelto que el Consejo de Regencia disponga se suspenda la salida para aquellos países del navío inglés el Estandarte hasta que S.M. expida sus soberanas resoluciones, que será a la mayor brevedad.

Pedro Agar y Bustillo. 1764-1822
Este marino, jefe de escuadra de la Real Armada Española es el nuevo presidente del Consejo de Regencia en sustitución de Joaquín Blake y Joyes, a partir del 8 de abril de 1811. Nace en Santa Fé de Bogotá en 1764. Guardiamarina en Cádiz, dedica gran parte de su actividad al estudio de las matemáticas. En 1810 es elegido miembro del Consejo de Regencia de España e Indias. Asciende a capitán de navío en 1811. El 22 de enero 1812 cesa como regente, pero vuelve de nuevo a ocupar este cargo en 1813 junto al cardenal Borbón y Gabriel Ciscar. Después de la etapa absolutista en la que es confinado en Santiago de Compostela, es nombrado jefe político y capitán general del ejército del reino de Galicia. En 1821 es consejero de Estado, cargo que ocupa hasta su fallecimiento.

Véase El Conciso, núm.8, de 8 de abril de 1811. Se transcribe en primer lugar el parte del 4 de abril del general en jefe de los ejércitos: … los enemigos prosiguen sus trabajos; llevaron del Puerto a Puerto Real una pieza de artillería… han hecho fuego nuestras baterías de Portazgo, y la Aguada, el castillo del Puntal, las lanchas: el enemigo reforzó sus baterías de Monte corto y molino de Almansa.

La hostilidad manifiesta contra los franceses se refleja en un suelto que se publica a continuación de la crónica de la sesión del 6 de abril:

Embarazo Imperial y Real.
La concubina o sea por mal nombre, segunda mujer del Judas Iscariote, emperador de Francia, alias Bonaparte, se halla ya de nueve meses: mucho camino lleva andado, pero aun nos queda cierta esperancilla que su caro esposo haga como buen imitador lo que Nerón, quien repudiando a una de sus mujeres, se casó con Poppea, la cual murió en cinta de los puntillones que le dio su marido; maña que como todos saben, no es desconocida del Corso, que hablando de Nerón dijo: no creo que fuese tan malo como le representan.

María Luisa de Austria es la segunda mujer de Napoleón Bonaparte y madre de su único hijo, Napoleón Francisco José Carlos Bonaparte, también llamado Rey de Roma, nacido el 20 de marzo de 1811. En 1814 María Luisa y su hijo se trasladan a Viena. En 1815 es proclamado por su padre emperador de los franceses, bajo el título de Napoleón II, hecho que nunca se realizó. Muere en 1832 a los 21 años.

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5 de abril de 1811

Diario de Sesiones
Diario de Sesiones Sesión Secreta
Actas de la Comisión de Constitución

El Ayuntamiento de Veracruz felicita a las Cortes por su instalación al tiempo que le hace saber su juramento de fidelidad y obediencia.

La comisión de Hacienda elabora un dictamen sobre la consulta del Consejo Real relativa al establecimiento de arbitrios que propone el ayuntamiento de la baronía de Adzaneta con el fin de dotar la plaza de un maestro de primeras letras. Se acuerda mandar a la Junta superior de Valencia la representación de Adzaneta para que verifique dicho establecimiento sin gravar más a sus vecinos.

Sobre el proyecto de reglamento del ramo de correos, presentado por Manuel González del Campo, se acuerda enviarlo al Consejo de Regencia para que informe sobre los artículos del mismo.

Se lee una representación de la ciudad de Palma de Mallorca en la que se solicita para su Universidad la suspensión de los efectos de la orden de 30 de abril del año anterior sobre supresión de universidades. Varios diputados ponen de manifiesto que esta orden está derogada en parte y, por ello, se acuerda pedir al Consejo de Regencia copia de la nueva orden. Joaquín Lorenzo de Villanueva propone que esta orden sea extensible para los seminarios eclesiásticos, encargándole el Presidente un proyecto.

Sobre la consulta formulada al Consejo de Regencia por parte del ministro interino de Hacienda de España acerca de la rebaja de un tercio del sueldo de todos los empleados fugados del país ocupado por los enemigos que no estén en el ejercicio de sus cargos, la comisión de Hacienda opina que deben recibir los dos tercios de su haber y el sueldo íntegro cuando desempeñen empleos en propiedad. Tras el debate y el empate en la votación queda suspendida la resolución. Vicente Traver sugiere la necesidad de solventar situaciones como esta en que hay igualdad de votos.

Ayuntamiento de Veracruz.Ayuntamiento de Veracruz.

Se lee una representación del ayuntamiento de San Clemente, junto con una carta del general Lorge, que se titula gobernador general de La Mancha, que amenaza incendiar dicha villa. Se solicita que se encargue al general en jefe del ejército de centro y al comandante de Cuenca su defensa. Intervienen en el debate el conde de Buenavista, Rojas, Giraldo, López del Pan, Villanueva y Lera. Todos coinciden en que debe auxiliarse a esta zona, ya que tanto La Mancha como Valencia o Cuenca están muy necesitadas. Se resuelve comunicar al Consejo de Regencia que se atienda a la defensa de estos pueblos y que no falten recursos a las tropas y provincias de Murcia y Valencia.

La comisión de Supresión de empleos, vista la nota remitida por el ministro interino de Hacienda de Indias sobre los puestos vacantes en América pertenecientes a dicho ramo, es del parecer de que se doten algunos y se supriman otros.

Se lee un oficio del ministro de la Guerra en el que se incluye una orden circular expedida por el Consejo de Regencia instando a cumplir las ordenanzas militares existentes, orden que es aprobada sin debate.

El personal de la secretaria del Diario de Cortes pone su cargo a disposición de la Cámara después de que un diputado cuestionase su conducta en el desempeño de sus funciones en la sesión del 2 de abril, con la expresión de que el Diario de Cortes omite lo que quiere. Después de una corta pero viva discusión, se acuerda comunicar a dicho diputado que las Cortes están satisfechas con la conducta y el trabajo que realizan los taquígrafos.

Se envía a la comisión de Justicia una representación de Antonio Eduardo Jiménez, y otra a la de Guerra del mariscal de campo Pedro Villacampa, ambas sobre reformas en el ejército.

La sesión secreta comienza con la lectura del parte de las fuerzas sutiles. Se acuerda que, en otras sesiones, se lean los votos particulares de los diputados acerca de la propuesta del ministro inglés para que se pongan al mando temporal del Lord Wellington las provincias adyacentes al reino de Portugal.

Se fija día y hora para la comparecencia del ministro de Gracia y Justicia en la sesión secreta de las Cortes.

Se lee el parte de los movimientos hechos por el ejército francés el día anterior en la Isla de León.

Después de una breve discusión, las Cortes muestran su disconformidad con el nombramiento como gobernador militar y político de Cádiz, hecho por la Regencia, de Pedro Rodríguez de la Buria.

Véanse El Conciso, núm. 7, de 7 de abril de 1811, y el Semanario Patriótico, núm. LIV, de 18 de abril de 1811. En El Conciso de este día concluye el artículo sobre el mensage de Bonaparte al Senado.

Constitución de 1812

Actas de la comisión de Constitución: 5 abril 1811

Se acuerda que la libertad debe ir en el artículo que trate de los derechos, y que éstos son la libertad, la seguridad, la propiedad y la igualdad.

Se define igualdad: La igualdad consiste en que no haya diferencia alguna entre los individuos que componen la Nación en el uso y goce de sus derechos, ni en la distribución de premios y aplicación de castigos.

Las obligaciones de los españoles irán después de los derechos. Con respecto al epígrafe y lugar que ocuparían, así como su clasificación, se encarga a Diego Muñoz Torrero y a Evaristo Pérez de Castro que presenten un escrito sobre el tema, teniendo en cuenta la constitución presentada por Antonio Ranz Romanillos.

Cronología del proceso constitucional

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4 de abril de 1811

Diario de Sesiones
Diario de Sesiones Sesión Secreta

Empieza la sesión con una representación de Gaspar de Jovellanos y el Marqués de Camposagrado, vocales que fueron de la Junta Central, que solicitan que en un plazo de dos meses se les permita declarar acerca de su conducta en la misma.

Se lee otra representación de Francisco Castanedo, ex vocal de la Junta Central, en la que eleva la súplica de una pensión alimenticia sobre cualquier fondo eclesiástico disponible, por carecer de medios económicos.

Manuel Rodrigo apoya la solicitud al considerarla justa. Blas Ostolaza no está de acuerdo en concederle dicha pensión, ya que habiendo sido miembro de la Junta Central está pendiente el juicio de residencia, y hace notar que por ser ex vocal recibe una pensión de 50.000 reales, que con la reducción se le queda en 40.000 reales.

Juan Polo y Catalina replica al preopinante diciendo que si tuviera esta pensión no pediría otra, y defiende su labor en la comisión de Hacienda.

Tras un breve debate entre los diputados Rojas, Morales Gallego, Villanueva y Martínez, que con alguna reserva muestran su conformidad, las Cortes deciden que pase el expediente al Consejo de Regencia, a fin de que sobre cualquier fondo eclesiástico disponible se le suministre la pensión alimenticia necesaria.

Se lee y es admitida a discusión la proposición de Agustín Argüelles en la que pide: ...que las Cortes nombren en su seno una comisión especial de suprema justicia compuesta de tres individuos, que reasumiendo para solo este caso la autoridad judicial, haga dentro de un término fijo una visita de todas las causas criminales de notorio atraso… y de cuenta al Congreso en sesión pública.

Se pasa a la comisión de Justicia la reclamación de otro preso sin comunicación y se aprueba el dictamen de la comisión de Hacienda sobre la proposición presentada por José Espiga en relación con la prohibición de circulación de moneda del rey intruso.

Continúa la discusión de la proposición de Vicente Traver sobre los estados mayores del ejército, presentada en la sesión anterior. El diputado defiende la necesidad de establecer un plan fijo que prescriba sus reglas y sus atribuciones.

Juan Nicasio Gallego, Pelegrín y el barón de Antella apoyan la proposición de Traver.

Juan Polo y Catalina subraya el hecho de que el Consejo de Regencia cuando creó este órgano comprendió la necesidad de un reglamento y, a tal efecto, sondeó a un grupo de militares de prestigio, pero no pudo llevarse a cabo. Se aprueba la proposición de Vicente Traver con la siguiente modificación, sustituir el término de quince días por la expresión a la mayor brevedad.

Se da cuenta del dictamen de la comisión de Comercio y Marina sobre lo propuesto por el Consejo de Regencia en dos circulares: una relativa a los medios de fijar un término para la circulación de géneros de procedencia francesa y otra para permitir la introducción de frutos de nuestras colonias en los países ocupados por el enemigo. Se aprueban las dos medidas, sustituyendo la palabra colonia por provincias de América y frutos coloniales por frutos ultramarinos.

José Valcárcel Dato tras una larga intervención presenta dos proposiciones, la primera sobre el nombramiento de un superintendente de policía de reconocido patriotismo y actividad; la segunda sobre la elaboración de un reglamento que fije sus atribuciones y facultades. Intervienen en el debate los diputados Ric, Traver, Argüelles, Borrull, Creus, Salas y Garoz.

Pedro Ric dice tener un reglamento redactado cuando el sitio de Zaragoza. Vicente Traver es de la opinión de que primero debe hacerse el reglamento y luego nombrar al superintendente. Agustín Argüelles apoya las proposiciones de Traver, pero es partidario de aprobar primero el reglamento y de que se nombre una comisión para elaborarlo sin retraso.

Vista de Cádiz. Fondo doceañista. Consorcio bicentenario 1812.Vista de Cádiz. Fondo doceañista. Consorcio bicentenario 1812.

Francisco Javier Borrull interviene para recalcar que el superintendente nombrado no ha de haber servido nunca ni jurado a Napoleón. Jaime Creus insiste en que se pase una orden al Consejo de Regencia para que acelere el proceso. Juan de Salas hace la siguiente observación: La Junta de vigilancia de Cádiz cumplía bien en un principio, luego decayó por falta de energía en el gobierno…

Mariano Blas Garoz cierra la discusión. No se debe gastar más tiempo, es necesario establecer ese tribunal y fijar un reglamento. Sus últimas palabras son: …Ya sabemos que donde hay hombres es necesario que haya policía.

La Cámara aprueba el establecimiento del superintendente de policía para la seguridad del Estado e insta a la Regencia a su nombramiento y a la elaboración del reglamento.

Se lee una representación de Pedro José Gordillo en la que se expone que la contribución extraordinaria de Guerra decretada para la península e islas adyacentes resulta ruinosa e inadmisible para la provincia de Canarias, circunscripción a la que pertenece el diputado. En esta ocasión, el debate lo mantienen los diputados Aner, Polo, Gordillo, Creus y Argüelles.

Felipe Aner está en contra pues habría que hacer lo mismo en todas las provincias. Juan Polo y Catalina como secretario de la comisión defiende la firma del decreto y que no deben hacerse excepciones para casos particulares ni provincias en concreto. Jaime Creus y Agustín Argüelles coinciden en el mismo criterio.

Pedro José Gordillo insiste en defender su representación y declara que su provincia se encuentra en unas circunstancias que no le permiten pagar esta contribución: ... pero es bien sabido que ninguna contribución debe imponerse a un pueblo que por su naturaleza no puede sufrirla… Se procede a la votación y la solicitud es desechada.

Se aprueba el dictamen de la comisión de Hacienda sobre la no reducción de la asignación al Arzobispo de Toledo y a su hermana, la condesa de Chinchón, en agradecimiento a la ayuda prestada para sufragar los gastos de la guerra.

Se aprueban los dictámenes de varias comisiones. El dictamen de la de Guerra versa sobre el nombramiento del mariscal de campo Pedro de Grimarest para otro destino en el ejército, y sobre el sueldo del teniente de Reales guardias de infantería walonas Esteban Miró.

La comisión de Justicia presenta un dictamen sobre el aprovechamiento de terrenos colindantes a la Albufera y la comisión Eclesiástica dictamina sobre una súplica de la abadesa y monjas de Santa Clara de La Habana en la que presentan cuatro propuestas que son aprobadas, a excepción de la última que dice: Que se permitiese que se enterrasen los cadáveres de las monjas en las bóvedas del convento si no es contrario a la salud pública. Protesta el diputado Manuel Aróstegui, que defiende que se debe enterrar a los muertos fuera de las poblaciones y en especial en La Habana.

Para finalizar la sesión se discute la proposición presentada por Agustín Argüelles al comienzo de la sesión sobre el nombramiento de una comisión para las causas criminales. Intervienen Martínez, Morales Gallego, Borrull, Ostolaza, López, Villanueva, Traver, López del Pan y el propio Argüelles, que lo hace en extenso.

Una vez más los diputados no se ponen de acuerdo. Apoyan la tesis de Argüelles, Martínez, Morales Gallego, Ostolaza y Simón López.

Se muestran reticentes Francisco Javier Borrull, que cuestiona la división de poderes establecida desde el 24 de septiembre y afirma que el destino y ocupación de los diputados se debe limitar a los asuntos legislativos.

Vicente Traver distingue entre los tribunales superiores que han hecho la visita a las cárceles, el militar y el de justicia ordinaria.

Salvador López del Pan manifiesta que se está haciendo un reglamento y que se debe suspender el examen de esta proposición hasta que aquel esté terminado. Finaliza con estas palabras: Me compadecen los infelices; pero soy amigo del orden.

Agustín Argüelles se conforma con suspender la proposición, pero se niega a retirarla.

La sesión secreta de la mañana comienza con la propuesta de José Mejía para que a los diputados suplentes de América se les exima de asistir a la sesión sobre la petición de Inglaterra de asumir el mando del ejército en las provincias limítrofes con Portugal. Se rechaza tal propuesta y se pide que en la sesión de noche se llegue a un acuerdo sobre este tema.

Se informa de que se encuentran detenidas las cuentas de los gastos ocasionados en el salón de sesiones y en la secretaría. Para evitar más dilaciones, se acuerda que el portero del salón se encargue de la aprobación de las cuentas de estos gastos.

Se lee el dictamen de la comisión de Justicia sobre la prisión y embargo de bienes del capitán general de la provincia de Cáceres, Vicente Emparán.

Durante la sesión de noche se leen exclusivamente las pretensiones del ministro inglés recogidas en un impreso presentado ante las Cortes. Intervienen varios diputados. Algunos presentan varias proposiciones. Se selecciona la de José Mejía por ser la que mejor se acomoda a la voluntad del Congreso: …quieren las Cortes que S.A. proceda por si a lo que estime más acertado en cuanto a la solución del ministro inglés acerca del mando que pide para Lord Wellington. Pero al mismo tiempo persuadido…de la importancia y necesidad de conservar la más perfecta armonía con el Gabinete de Londres para el mejor éxito de la causa común de las dos Naciones… Se deja por tanto al Consejo de Regencia que opte por la decisión que crea conveniente. Se procede a votar y se aprueba la proposición.

Véanse El Conciso, núm. 6, de 6 de abril de 1811, y el Semanario Patriótico, núm. LIV, de 18 de abril de 1811.

En El Conciso, a continuación de las crónicas de las sesiones de los días 3 y 4 de abril se publica el artículo siguiente: El logógrafo o el monitor secreto. Pintura de las sesiones secretas y preparatorias del Senado, que es una crítica a las noticias recibidas de las actividades de Bonaparte. 

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3 de abril de 1811

Diario de Sesiones
Diario de Sesiones Sesión Secreta

Empieza la sesión con la lectura de una representación de Pedro González Llamas sobre la constitución de una Junta suprema de guerra encargada de todo lo relativo al ejército. Consultado el plan, los documentos y el informe de la Comisión sobre este asunto, toma la palabra José Martínez, que se pregunta dónde quedaría la dirección que le es propia al Consejo de Regencia si la Junta propuesta se encargara de las cuestiones militares.

Gregorio Laguna eleva una queja sobre el hecho de que cuando se trata en el Congreso de asuntos de guerra es para censurar a los generales, y reclama más dinero para tener buenos ejércitos y mejores mandos.

Felipe Aner considera que este asunto es exclusivo del Consejo de Regencia y que ya tiene dispuesto un estado mayor general para la dirección de los ejércitos.

Agustín Argüelles apoya los argumentos de Aner y considera absurda la propuesta de dividir España en dos mitades, establecer un método diferente en cada una de ellas y luego decidir cuál es el mejor: … La dirección de la guerra está a cargo del Gobierno. Los estados mayores son a la verdad una innovación entre nosotros. Pero si el sistema es bueno en sí, los defectos que hayan podido cometerse en su aplicación a España, no probará que el establecimiento sea defectuoso…

Pedro González Llamas defiende el argumento que esta Junta sería un asesor del Consejo de Regencia, admitiendo este órgano sus dictámenes o no. Se procede a la votación y se aprueba el informe de la comisión pero se rechaza la proposición de Llamas, agradeciéndole su celo y buena intención en la formulación de la propuesta.

Se acuerda pasar al Consejo de Regencia las representaciones del mariscal de campo José del Pozo Sucre. De nuevo algunos diputados, entre ellos Argüelles y Pelegrín, recuerdan a las Cortes que estas no deben ocuparse de casos particulares.

Nuevas ocurrencias

Pasa a la comisión de Guerra una representación del teniente general Juan Carlos de Aroizaga con los repetidos recursos que ha planteando ante la Junta Central, en los que reclama un consejo de guerra para explicar su conducta.

Queda para la sesión del día siguiente una proposición de Vicente Tomás Traver relativa a la composición del estado mayor general.

Se lee un oficio del ministro de Hacienda mediante el que comunica que han prestado juramento de fidelidad a las Cortes el intendente de Galicia y los dependientes de la Real Hacienda de la provincia de León.

Se manda pasar a la comisión de Justicia el estado de las causas pendientes de las Audiencias de Asturias y La Coruña desde diciembre del año anterior.

No se admiten a discusión cuatro proposiciones de Manuel Rodrigo relativas a cuestiones militares, alistamiento e insistencia ante el Consejo de Regencia para que designe al mando de los ejércitos a los generales mas capacitados.

La comisión de Justicia examina la representación de Lorenzo García y otros compañeros, presos desde hace meses, en la población de San Carlos. Piden que se pase a la Regencia, que ésta suprima la arbitrariedad de los tribunales y que se ponga en libertad a los reos. En torno a este asunto debaten Terrero, Ostolaza, Villafañe, Laguna, Argüelles y Mendiola.

Vicente Terrero muestra su indignación, pues ya en octubre se pidió la liberación y solicita que en el plazo de un mes estén libres.

Blas Ostolaza utiliza los mismos argumentos que Terrero y defiende al coronel asturiano Vicente Abelló, jefe de los compañeros que presentan la queja: Sus compañeros de armas, que son los que se quejan, fueron nombrados por el. Estos no tienen otro delito que ser buenos españoles: sus primos han sido fusilados por los franceses en Málaga, y los que están aquí encarcelados están sufriendo por los españoles.

Agustín Argüelles, a partir de este hecho que condena igualmente, pone en evidencia que el sistema de la administración de justicia está viciado en sus principios, y el desprecio que se hace a las Cortes, cuyas instrucciones no han sido atendidas. Reclama un juez supremo que asuma por tiempo limitado la autoridad judicial y ponga al día públicamente las causas pendientes en todos los tribunales.

Mariano Mendiola cierra el debate y exige un golpe de mano para el presente caso. Ya que estos reos no tienen acusadores, no pueden estar presos desde hace tres días.

Sigue la discusión sobre los planes de los Supremos Consejos de Castilla y de Guerra para subsanar estos males. Se aprueba el dictamen de la comisión.

La sesión secreta de este día celebra dos sesiones. La de la mañana comienza con el parte de las fuerzas sutiles de la Isla y bahía. Nuevamente se trata el papel Aviso al público, cuyo autor se sabe que es el diputado Manuel Freire de Castrillón. Tras la discusión, se acuerda que pase al Consejo de Regencia.

Se lee un oficio del ministro de Estado en que da cuenta de que ha llegado al Consejo de Regencia el rumor de los planes del rey José para que España pase a formar parte del Imperio francés, dividiéndola en tantos gobiernos militares cuantos mariscales proponga Napoleón. Dada la gravedad del mismo, las Cortes acuerdan: Que se discutiese este punto en la sesión de esta noche, en unión con la pretensión del ministro inglés para que se dé el mando temporal de las provincias adyacentes a Portugal al Lord Wellington.

En la sesión de la noche continua la discusión sobre la propuesta del ministro inglés. Intervienen Luxán, Dou, Aner, Creus, el barón de Antella, que presenta su defensa por escrito, Riesco, Villagómez, Alcocer, Mendiola y Morales Gallego. Algunos diputados solicitan que se pida la opinión de los secretarios de Despacho. La discusión debió ser intensa dado el número de participantes. Se pospone la discusión para otro día.

Véanse El Conciso, núm.6, de 6 de abril de 1811, y el Semanario Patriótico, núm. LIV, de 18 de abril de 1811.

Manuel Freire Castrillón, 1751-1823.
En la sesión secreta de este día se trata del papel denunciado por el fiscal del Consejo Real, inserto en el Apéndice a la Gaceta de Cádiz del 28 de marzo, titulado Aviso al público y que se atribuye como autor al diputado por Mondoñedo Freire Castrillón.

Nacido en Santiago de Compostela, estudia en su Universidad la carrera de Leyes. Desde joven es muy crítico en sus escritos con los vicios eclesiásticos. Forma parte del ayuntamiento de Santiago como personero y como diputado del común. En 1808 pone su pluma para defender la causa absolutista y dirige varios periódicos de esta tendencia. Tras el regreso de Fernando VII denuncia a los liberales, pero es su vez detenido en 1820. Consigue huir a Italia, donde fallece hacia 1823.

Su actividad en Cádiz se desarrolla en las tertulias políticas de signo absolutista. Posibilita la publicación de las Cartas del Filósofo Rancio; compone una serie de folletos de propaganda antifrancesa y antiliberal Napoleacas; imprime también anónimamente el Diccionario razonado manual, que provoca la publicación del Diccionario crítico burlesco de Bartolomé José Gallardo.

Como autor, destacan las Nuevas ocurrencias contra la libertad de imprenta. Cádiz, Imprenta de la Junta Superior de Gobierno, 1811.

Véanse además Parlamentarios de Galicia: biografías de deputados e senadores, 1810-2003 y Diccionario biográfico de parlamentarios españoles. Cortes de Cádiz, 1810-1814.

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2 de abril de 1811

Diario de Sesiones
Diario de Sesiones Sesión Secreta
Actas de la Comisión de Constitución

Se da cuenta del éxito de la campaña bélica del mariscal de campo José de Zayas en la que se ha derrotado al enemigo, capturando víveres, fusiles y prisioneros.

Tras el dictamen de la comisión de Poderes se solicita por medio de la Regencia un informe sobre dos reclamaciones, una de Vicente García, canónigo magistral de la iglesia de Sigüenza, y otra de Francisco Álvarez Acevedo, vocal de la Junta superior del Reino de León.

Se autoriza al Consejo de Regencia a dar una pensión de seis reales diarios a la viuda del alcalde de Redondela.

Previo dictamen de la comisión de Justicia, las Cortes aprueban la concesión a Enrique O’Donnell del título de Conde de La Bisbal, libre de lanzas y medias annatas, y se acuerda que en adelante no conceda la Regencia títulos de Castilla, ni dispense de lanzas hasta que determine sobre este asunto la ley constitucional.

Se acuerda que al Regente y oidores de la Real Audiencia de Sevilla se les pague un sueldo mensual con preferencia, como solicitaban, y desde luego los devengados que acreditaren.

Se leen dos proposiciones de Agustín Argüelles, la primera propugna la abolición de la tortura y de todas las normas que la contemplen; la segunda pide la paralización en América del tráfico de esclavos de África.

El apoyo a la primera proposición es unánime. José Aznarez pide no sólo la derogación de las leyes sobre la tortura sino que va más allá y exige la abolición de toda clase de apremios corporales.

Se encarga a la comisión de Justicia la elaboración de un proyecto de ley sobre el asunto.

Con respecto a la segunda proposición, José Mejía considera que es urgente su aprobación, añadiendo, además, que Inglaterra ya lo ha aprobado en todos sus dominios y que en todos los tratados que firme esa potencia tiene contemplado que las demás hagan lo mismo.

Agustín Argüelles alega que el tráfico de esclavos va en contra no sólo de la liberalidad de los sentimientos de la Nación, sino también contra el espíritu de su religión. Con respecto a Inglaterra, el diputado asturiano, que estuvo presente en la Cámara de los Lores cuando se aprobó, dice que uno de los argumentos esgrimidos para la abolición es que los plantadores y dueños de esclavos al no poder introducir más esclavos darían un mejor trato a los que ya tienen.

Manuel García Herreros pide que se declare que los hijos de esclavos no son esclavos.

Al final del debate se aprueba que pase a comisión la proposición de Argüelles, así como las del mismo sentido del diputado José Miguel Guridi y Alcocer. Las proposiciones que pasan a comisión son seis.

La comisión de Comercio y Marina presenta un dictamen en base a la propuesta del Consejo de Regencia relativa al fomento de los puertos de América situados en el Pacífico, en la que, sucintamente, se pide la derogación de todas las leyes que van en contra de la exención del buceo de perlas y la pesca de ballenas y nutrias.

El dictamen consta de diez artículos. Se aprueban los ocho primeros y se desechan el 9.º y el 10.º. Algunos diputados, entre ellos Evaristo Pérez de Castro, advierten de que los estímulos y premios que se proponen en ellos pueden causar monopolios y arbitrariedades.

La sesión secreta de la mañana comienza con los partes de las fuerzas sutiles y de los movimientos del ejército enemigo que sitia la Isla de León.

Se da cuenta de que el Consejo de Regencia ha nombrado al teniente general Pedro González de la Buría como nuevo gobernador de Cádiz, después de haber admitido la dimisión de Antonio María de Rojas.

El ministerio de Gracia y Justicia informa de que ha dictado las órdenes oportunas para cumplir con el dictado de la Cámara, con motivo de haber denunciado el fiscal del Consejo Real el artículo inserto en el Apéndice a la Gazeta de Cádiz del jueves 28 de marzo, con el título de Aviso al público.

Se lee el dictamen de la comisión de Justicia sobre la consulta hecha por la Audiencia de Sevilla acerca de la sentencia de muerte contra Antonio Lorite.

Finalmente, se lee el parte del general Zayas en que daba cuenta de haberse visto obligado a reembarcar las tropas de la expedición e informaba de pérdida de caballería.

La abolición de la tortura judicial y de los apremios.
La reforma de la legislación penal va unida a la transformación de la organización judicial. En esta sesión Agustín Argüelles presenta una proposición para que la tortura sea abolida. Los diputados reciben con satisfacción la medida y algunos quieren que se apruebe de inmediato. Vicente Traver y Juan Nicasio Gallego son sus máximos defensores. Por el contrario, Ramón Giraldo precisa que debe extenderse a los apremios ilegales, que colocaban al reo en una indefensión absoluta. Véase en Cortes y Constitución de Cádiz. 200 años el apartado sobre La constitución de 1812, de las reformas penales y procesales a la abolición de la tortura, por Juan Sainz Guerra.

Véase El Conciso, núm. 5, de 5 de abril de 1811. En este número se inserta la noticia de las exequias celebradas el 3 de abril en la Iglesia de los PP Carmelitas de Cádiz del ilustre patriota Duque de Albuquerque, con asistencia de personajes nacionales y extranjeros y con gran solemnidad. Además, el Semanario Patriótico, núm. LIV, de 18 de abril de 1811. En la crónica de esta sesión, cuando se relata la abolición de la tortura y las proposiciones de Argüelles sobre la necesidad de investigar las causas criminales atrasadas en los juzgados, el editor se expresa así: Nosotros creemos que males de esta clase se remediarían fácilmente, poniendo en un calabozo sin comunicación a los jueces por otro tanto tiempo como han tenido a los reos…

Constitución de 1812

Actas de la comisión de Constitución: 2 de abril de 1811.

Se acuerda un artículo redactado por Francisco Gutiérrez de la Huerta y Antonio Ranz Romanillos: Artículo… Son Españoles, 1.º) todos los hombres libres y nacidos y avecindados en los dominios de España y los hijos de estos; 2.º) los extranjeros que hayan obtenido carta de naturaleza; 3.º) los que sin ella lleven 10 años de vecindad ganada según la ley, en cualquier pueblo de la Monarquía; 4.º) los hijos de unos y otros que hayan nacido en territorio español y tengan ocupación conocida en el pueblo de su residencia; y 5.º) los libertos desde que adquieren su libertad en España.

No se acuerda el lugar que debe ocupar este artículo; se discute si convendría ponerlo antes de los que trataran de los derechos con un epígrafe que diga De los Españoles y de sus derechos. Se aplaza esta discusión a la siguiente sesión.

Ilustración de esta sesión.
La alegoría del adorno de la página seleccionada de esta edición representa las armas de España por medio de los dos mundos de la Monarquía Católica, en su parte europea y americana, y dos leones apoyándose en ellos, cuyas garras señalan su dominio imperial y que sirven de basa a las columnas del Plus Ultra y los castillos, en alusión a la fuerza histórica de Castilla, a las que se unen otros emblemas de constancia, valor y fortaleza, asentados sobre la fuerza unida que expresan los haces de vares o fasces romanas; estandartes de la libertad, coronas cívicas y murales. En la parte superior, en medio de una corona de laurel se ve la palabra constitución en forma de libro, que el grabador llama sagrado código.

Véase Iconología constitucional: el grabado de la Constitución política de la Monarquía española de 1812, de Santos M. Coronas, en Cortes y Constitución de Cádiz. 200 años. Dirección: José Antonio Escudero. Madrid, Espasa Libros, 2011

Cronología del proceso constitucional

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1 de abril de 1811

Diario de Sesiones
Diario de Sesiones Sesión Secreta

El Consejo de Regencia informa a la Cámara de que ha dado las órdenes oportunas para que todos los impresores de la Península y Ultramar remitan a las Cortes para su archivo y biblioteca dos ejemplares de cada una de las obras y papeles que se impriman.

La Real Audiencia de Guatemala comunica a las Cortes haberlas reconocido y jurado con la debida solemnidad.

Las Cortes aprueban la propuesta del Consejo de Regencia para otorgar una plaza de dependiente de Rentas a Antonio Carrasco, comandante que fue de las partidas de guerrilla de Antequera.

La comisión de Hacienda presenta el dictamen siguiente, que queda aprobado: …que un eclesiástico que asistió a un empleado en rentas en su última enfermedad propuso al Consejo de Regencia le condonase la restitución de una cantidad que debía a la Real Hacienda…

La comisión considera esta práctica perjudicial y determina que en lo sucesivo el Gobierno solo podrá condonar tales deudas con el consentimiento de la Cámara, siempre y cuando la familia quede en una situación económica miserable.

Sobre las reglas propuestas al intendente de Valencia por el ministro interino de Hacienda de suprimir las reclamaciones que solicitan el abono de los efectos de la Real Hacienda por habérselos robados los franceses, y para evitar fraudes en este sentido, se insta al Consejo de Regencia a que elabore un reglamento general de acuerdo con el arreglo de provincias.

Joaquín Lorenzo Villanueva presenta una proposición en la que solicita el nombramiento de una comisión para poner fin a la junta de individuos del clero formada por la Junta Central en Sevilla. Las Cortes resuelven que aplace la decisión hasta que la comisión de Arreglo de comisiones presente sus trabajos.

Antigua (Guatemala)Antigua (Guatemala)

La comisión encargada de velar por los planes que afectan a la salvación del estado presenta un dictamen sobre el papel titulado Asilo de la Nación española: Supone el autor de este folleto que la Nación no puede salvarse sin escoger un príncipe que la gobierne… que olvidemos al Rey que hemos jurado, que elijamos otro que sea de la aprobación de la Gran Bretaña y que así nos disculpará la Europa… Las Cortes declaran que no se debe deliberar sobre este papel ya que Fernando es y será Rey de España, y aun cuando no exista su sagrada persona, reinará en los españoles.

A instancias de Domingo Dueñas se acuerda insertar íntegramente este dictamen en el Diario de Cortes. Andrés Esteban pide que se dicte alguna providencia contra el autor del libelo, cuestión que es rechazada por Vicente Terrero que lo considera sabio y erudito: …Habla solo en la hipótesis de que la Nación se viese en la necesidad de sucumbir y de no tener otro remedio…

José Valcárcel Dato subraya las cualidades de su autor y considera que el folleto no contiene ideas subversivas. José Zorraquín dice conocer al autor y que le consta que sus ideas no deben ser consideradas malintencionadas, aunque se muestra partidario del dictamen de la comisión.

Los diputados americanos advierten que la Memoria presentada por la Junta de Hacienda, relativa al establecimiento de algunos arbitrios en aquellos países y el dictamen de la comisión sobre ella contenía varias equivocaciones. Se acuerda que tanto una como el otro se impriman y se repartan entre los diputados para facilitar su examen.

Se elige a los miembros de las comisiones de Supresión de empleos y de Examen de los Expedientes sobre el Consejo Supremo.

Acerca de la consulta hecha por el virrey del Perú con motivo de la elección de diputados, se conforman las Cortes con el voto de Ramón Feliú, aprobando la adición propuesta por Vicente Morales Duárez: Entendiéndose que los diputados nombrados ya por los partidos hasta el día en que se reciba esta orden, compareciendo ante el Congreso, serán admitidos, teniéndose en consideración la buena fe de los cabildos en sus nombramientos, y la de dichos Diputados en haberlos admitido.

La sesión secreta de la mañana comienza con el parte de las fuerzas sutiles. Francisco Ferraz y Cornel pide que se pase al Tribunal de Cortes su solicitud sobre el diputado González Peinado en la sesión del 28 de enero, cuestión que es admitida por la Cámara.

Un artículo que aparece en el Apéndice de la Gazeta de Cádiz de 28 de marzo de 1811 da pie al fiscal del Consejo Real a averiguar su autor y que declare públicamente todos los extremos que plantea. Se acuerda trasladarlo al Consejo de Regencia para que proceda con todo rigor, proposición que es aprobada por la Cámara. También se aprueba otra proposición para actuar contra los religiosos que desde el púlpito obran en contra de varios decretos de las Cortes.

La sesión nocturna continúa con la discusión sobre las pretensiones del ministro inglés de que se de el mando temporal de las provincias colindantes con Portugal a Lord Wellington. Antonio Capmany reclama mayor información sobre el asunto. En ese momento se recibe un oficio del ministerio de Estado en el que se pide que tenga los mismos poderes que un general español en tiempos de guerra. Tras el debate se aplaza la decisión.

Se lee un oficio del jefe del Estado Mayor con el informe remitido por el general Zayas acerca de las ventajas obtenidas por las tropas destacadas en Moguer. Las Cortes acuerdan que se informe de todos los pormenores en la sesión pública.

Decreto LII. Nueva forma de la contribución extraordinaria de guerra. Firmado por Diego Muñoz Torrero, presidente. Juan Polo y Catalina y Miguel Antonio de Zumalacárregui, secretarios. Cádiz, 1 de abril de 1811.

Comisión de Supresión de Empleos. Composición:
Antonio Durán de Castro
Francisco Pardo Aparici
Manuel María Martínez
Andrés Vega Infanzón

Comisión de Examen de los expedientes sobre el Consejo Supremo. Composición:
Manuel Luxán Ruiz
José Zorraquín Merino
Alfonso Núñez de Haro
Joaquín Díaz Caneja
Juan Nicasio Gallego Claricó

Véanse El Conciso, , núm. 4, de 4 de abril de 1811, y el Semanario Patriótico, núm. LIV, de 18 de abril de 1811. Cortes: observaciones sobre las sesiones desde el 31 de marzo al 9 de abril.

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