Hace 200 años. Diario de las Cortes de Cádiz


31 de enero de 1811

Diario de Sesiones
Diario de Sesiones Sesión Secreta

Se aprueban los poderes de los diputados Francisco Garcés y Varea, Juan de Salas Calderón y Revenga y Joaquín García Urrego, diputados por la Serranía de Ronda y pueblos del Levante libres pertenecientes al Reino de Granada. Los dos primeros juran en esta sesión y García Urrego, que había sido elegido suplente, no llega a tomar posesión.

Se aprueba la minuta de decreto presentada por la comisión de Hacienda sobre la creación de cédulas para el préstamo de cinco millones de pesos fuertes, que había propuesto Francisco La Serna.

Se da cuenta de la segunda representación de José Antonio Romero y Pavón, uno de los editores del periódico La Triple Alianza, que tanto revuelo levantó en la sesión del día 28. A continuación, intervienen varios diputados que prácticamente ocupan la sesión pública de este día. Comienza Antonio Joaquín Pérez, presidente de la Cámara, que había solicitado la remisión de este asunto al Tribunal de la Inquisición y pide ahora que se envíe a la Junta de Censura. Joaquín Lorenzo Villanueva informa que en Cádiz no hay más que dos ministros del Supremo Consejo de la Inquisición y que falta el decano.

Francisco María Riesco no está de acuerdo con la intervención de la Inquisición, pues en su opinión es un error considerar que un escrito infama a nadie. Miguel Alfonso Villagómez también se muestra en desacuerdo con que el asunto se envíe al Tribunal de la Inquisición y afirma que, de todos modos, sin el Inquisidor general este no puede resolver. Domingo García Quintana pide que se admita la explicación del autor, siempre que reconozca su error.

Agustín Argüelles considera que la Cámara no es ningún tribunal y que se debe escuchar la explicación del autor. Manuel Antonio García Herreros resalta la necesidad de la observancia de las leyes al respecto. Jaime Creus expone que el Reglamento de la libertad de imprenta no ha suprimido las funciones de la Inquisición y que tenía derecho a examinar las obras. De nuevo interviene Agustín Argüelles para explicar el modo de proceder de la Junta de protección y censura, que es competente en estos casos.

Felipe Aner considera que un papel con máximas irreligiosas ha de pasar al Tribunal de la Inquisición, ya que la religión es una ley fundamental como la soberanía de la nación y que para conocer de un delito contra esas leyes podía el Congreso proceder como lo hizo para la causa del marqués del Palacio y nombrar una comisión.

Para Diego Muñoz Torrero el problema está en el abuso que se ha hecho de la ley de libertad de imprenta y que ha de obrarse de acuerdo a lo que establece dicha ley y remitirlo a la Junta de Censura.

José Espiga y Gadea y el barón de Antella proponen que este papel se mande al Ordinario. Francisco Javier Borrull considera que ha de pasarse a la Inquisición de Sevilla, establecida en Ceuta. Manuel de Villafañe opina que la cuestión no está tan clara cuando unos piden que pase al Tribunal, otros al Ordinario y otros a la Junta de Censura.

Alfonso Rovira pide que la Regencia mande reunirse a la mayor brevedad a los miembros del Tribunal, ya que para este diputado: …sin religión no hay Estado, y el Estado con religión podría vencer a sus enemigosPedro José Gordillo considera que el Congreso debe obrar sin tomar providencias que no sólo perjudican a la persona, sino a su honor y a su familia, que el diputado que hizo la delación debía haberla hecho en el tribunal correspondiente y que, por tanto, no debió admitirse en la Cámara. Juan Nicasio Gallego, desde su postura de clérigo, considera que cuando se debaten cuestiones religiosas la Cámara parece un concilio y que es necesario despreocuparse de estos temas y centrarse en el enemigo francés: …no nos suceda lo que a los paleólogos de Constantinopla, que estando tratando de asuntos de religión, se apoderaron los turcos de la ciudad, y fueron pasados a cuchillo…

Al final del debate intervienen todavía los diputados Alonso Cañedo, Blas Ostolaza, Salvador López de Pan y Andrés Morales Gallego. Se leen las suplicas de dos memoriales y se pregunta si se sobreseería o no en la providencia acordada por S.M. de pasar el numero 2 de la Triple Alianza con las representaciones del autor al Tribunal de la Inquisición. Se acuerda que dichos papeles pasen al Tribunal de la Inquisición.

Véase en el Semanario Patriótico núm. XLIV, de 7 de febrero de 1811, el resultado de la votación nominal de este asunto, y el texto del voto particular de Antonio Oliveros y de otros diputados que no se recogen en el Diario de Sesiones. En las Reflexiones de los editores se explica el alcance que tuvo este artículo de la Triple Alianza: No sería creíble a no haberse visto, que quatro líneas metafísicas sobre la muerte pudiesen ocupar tanto tiempo al Congreso español, y motivasen la providencia que al fin ha tomado sobre ellas. Mas puesto que las Cortes han dado tanta importancia a esta discusión, menos todavía por su objeto ocasional que por los resultados que puede dar de si, nosotros no hemos podido tampoco mirarla con indiferencia, y por lo tanto la hemos dado tanta extensión en nuestro papel… Separad de una vez, representantes del pueblo, las atribuciones que os corresponden como legisladores, de las otras consideraciones particulares que os acompañan: si no os exponéis a estar siempre inciertos en vuestro camino, rastreros en vuestra conducta; inconsecuentes y aun injustos en vuestras decisiones.

 Octaviano Obregón, diputado suplente por la provincia de Santa Fe de Guanajuato, presenta tres proposiciones en relación con las minas de azogue, que se admiten para su discusión. Son las siguientes:

Primera: se reservarán las Cortes generales y extraordinarias de España e Indias el premiar a los descubridores en la América de minas de azogue, y darán el más considerable al que halle las más rica y útil.

Segunda: Exhortarán las Cortes al Poder ejecutivo para que encargue a los tribunales de minería de las Américas la exacta observancia de esta importantísima determinación, estimulando su adelanto por todos los medios que consideren conducentes, dando parte con puntualidad por medio del Poder ejecutivo al Congreso nacional.

Tercera: Premiarán las Cortes generales y extraordinarias a los químicos y mineralistas de la Europa que descubran o inventen el modo de beneficiar los metales con menos cantidad y la menor posible pérdida de azogue.

La sesión secreta comienza con los partes de guerra. El ministerio de Guerra da cuenta del fallecimiento de Pedro Caro y Sureda, III marqués de la Romana, general del quinto ejército, ocurrido en Cartaxo, Santarém, Portugal, el 23 de enero de 1811. Se nombra para sustituirlo al general Francisco Javier Castaños.

Se da cuenta de la exposición del teniente general Ramón Villalba, nombrado por la Regencia para realizar el alistamiento en Cádiz y la Isla, conforme dispusieron las Cortes.

 Se lee una representación de Claudio Martínez de Pinillos, apoderado de la ciudad y Real Junta consular de la Habana, que pide que no se separe a Salvador José Muro y Salazar, marqués de Someruelos, de la capitanía General de la Isla de Cuba hasta que lleguen los diputados propietarios de dicha Isla.

 La sesión nocturna comienza con el dictamen de la comisión de Justicia acerca de la representación de María Guillerma Ramírez de Baquedano y Quiñones, duquesa de Veragua, para que su marido, Mariano Colón de Larriategui, le de los alimentos señalados y que en el juicio futuro no formen parte del tribunal los ministros bajo influencia del decano del Consejo Real, hermano del duque. La Cortes resuelven que el Consejo de Regencia señale distinto tribunal.

Se entra a debatir sobre la causa del reverendo Obispo de Orense. En el debate se deja claro que la materia ya se había discutido suficientemente, aunque no llega a votarse, adoptándose dos proposiciones sobre la prestación del juramento prescrito por las Cortes. Octaviano Obregón propone el domingo siguiente, 3 de febrero, a las doce de la mañana, para la celebración del juramento.

Decreto XXVIII. Préstamo de cinco millones de pesos con la denominación de nacional y voluntario, encargándose la ejecución al Consulado de Cádiz bajo las instrucciones que acompañan.

Nuevos diputados:

Francisco Garcés y Varea y Juan de Salas Calderón y Revenga, por la Serranía de Ronda y pueblos del Levante libres pertenecientes al Reino de Granada. Elegidos diputados el 18 de diciembre de 1810 en la sala capitular de la villa de Cortes de la Frontera, que hacía las veces de capital de la Serranía.

Joaquín García Urrego, elegido también por la Serranía de Ronda y pueblos del Levante libres pertenecientes al Reino de Granada, no llega a tomar posesión.

Véase el Diccionario Biográfico de Parlamentarios Españoles. Cortes de Cádiz. 1810-1814.

Véase El Conciso núm. 17, de 4 de febrero de 1811, para esta sesión.

Pedro Caro y Sureda, III marqués de la Romana. Palma de Mallorca 1761-Cartaxo, Santarem, Portugal, 1811.

Véase en El Español núm. XI, de veintiocho de febrero de 1811, la noticia que da de su fallecimiento: En 23 de enero de este año murió en Lisboa, en pocos días de enfermedad El Excmo. Sr. Don Pedro Caro y Sureda, Marqués de la Romana. Su nombre es demasiado glorioso en la historia de la revolución de España para que se necesite recordar el gran influxo que ha tenido en ella, y el auxilio que le prestó, salvándole un ejército de defensores, que se hallaban en las manos del enemigo. A su patriotismo y talentos militares unía el Marqués de la Romana una erudición copiosa y una bondad excesiva. La providencia ha privado casi a un tiempo a la España, de dos ardentísimos defensores de su justa causa.

El otro personaje fallecido es el duque de Alburquerque, que muere el 18 de febrero a los 37 años, y cuya necrológica aparece recogida en este mismo periódico.

Para consulta de sus biografías véase: Diccionario biográfico de España (1808-1833). De los orígenes del liberalismo a la reacción absolutista, de Alberto Gil Novales.

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30 de enero de 1811

Diario de Sesiones
Diario de Sesiones Sesión Secreta

Se solicita que no se aplique el decreto de suspensión de prebendas para las iglesias de América.

La secretaría de Gracia y Justicia presenta a las Cortes la exención de tributos concedida a los indios por el virrey de México. Blas de Ostolaza interviene en torno a este asunto y presenta la proposición siguiente: Que siendo iguales los indios de la América meridional a los de la septentrional, a quienes la anterior Regencia ha declarado libres de los tributos que pagaban, se extienda esta exención a los indios de la primera. Apoyan la proposición Mejía y Leyva y se envía a la comisión de Ultramar.

Prestan juramento a las Cortes la Audiencia de Aragón, el arzobispo y cabildo de Valencia y la Junta superior de Guadalajara.

Continúa la discusión sobre la igualdad de representación nacional de los americanos. Este debate vuelve a ocupar la práctica totalidad de la sesión pública de este día. Intervienen los diputados siguientes:

Andrés Esteban, diputado por Guadalajara, se lamenta que este asunto no se considere suficientemente debatido y es partidario de esperar a los diputados que faltan por llegar.

Manuel García Herreros, diputado por Soria, se muestra contrario, pues el texto que se discute ya ha sido desechado. La pretensión era de igualar la representación con las provincias de Europa, es decir 1 representante por 50.000 habitantes.

Manuel Villafañe, diputado por Valencia, se muestra partidario de todo lo que pueda contribuir a que se diga que aquellos naturales son iguales a nosotros, y dignos de ser representados con igualdad en este augusto Congreso, como los demás de la Península.

Blas Ostolaza, diputado suplente por Perú, recuerda a las Cortes que los habitantes de Bogotá y de Cuba se quejan por no sentirse igual tratados por la Junta Central que las provincias de España.

Juan Bernardo Quiroga, diputado por Galicia, opina que si la representación que se declara es de rigurosa justicia… es indudable que es ilegítima la representación actual.

Evaristo Pérez de Castro, diputado por Valladolid, sale en defensa de la representación americana, e incluso pide que se aumente. Defiende a los indios, pues algunos de ellos tienen educación, cultura y propiedades. En relación a la lengua, hace un paralelismo con los vascos que no conocen más que el vascuence, que ciertamente no es mas inteligible que las lenguas de los indios.

Ramón Feliú, diputado suplente por el virreinato del Perú, pronuncia un discurso extenso y un tanto airado en defensa de la representación americana. Después de hacer una defensa de los pobladores de América, solicita que se complete la escasa representación que a su juicio existe. Concluido este discurso se levanta la sesión pública.

La sesión secreta comienza con la lectura de los partes de las fuerzas sutiles. Se comunica también la rendición de Tortosa. Se informa por el Consejo de Regencia del nombramiento de José O`Donnell para segundo comandante general del ejército de Cataluña y del teniente general marqués de Coupigni para general en jefe del segundo ejército de Valencia y Aragón.

Agustín Argüelles presenta la proposición siguiente: Que se diga al Consejo de Regencia, que habiendo resuelto las Cortes que el gobierno se aproveche del número de ejemplares del Diario que estime oportuno para distribuirlo en la península y fuera de ella, podrá tomar del despacho de la Imprenta Real cuantos necesite, teniendo consideración al número total que en el día se imprime. Y que deseando S.M. multiplicarlo hasta el punto que pueda exigir la utilidad pública, quiere que el Consejo de Regencia procure facilitar a la mayor brevedad por todos los medios posibles, cuantos operarios puedan ser habidos para la imprenta Real, en la cual en el entretanto, no se imprimirá sino el Diario de Cortes, la Gaceta y papeles del Gobierno. Se aprueba la proposición, que da lugar a la orden correspondiente, y se atiende a la demanda de las secretarías de gracia y Justicia, Marina y Hacienda de España e Indias que solicitan ejemplares.

Se aprueba una proposición de Felipe Aner sobre disponibilidad de granos para Cataluña. El barón de Antella vuelve a lamentar el mal funcionamiento de la correspondencia en las provincias de Levante. Asimismo, solicita que se envíen a Valencia 4.000 o 5.000 fusiles para la lucha contra el enemigo.

En relación con el Diario de Cortes se dicta la norma siguiente: Orden de las Cortes para que el gobierno se aproveche del número de ejemplares del Diario de cortes que estime necesarios y facilite operarios a la Imprenta Real. Real isla de de León, 30 de enero de 1811.

Véase La Administración parlamentaria española. Creación y consolidación, de José Vicente Gómez

Véanse, además, El Conciso de 2 de febrero de 1811, que sigue la discusión pendiente de las elecciones de los diputados de América: Se leyó un manifiesto de la junta de Santa Fe de Bogotá en que con motivo de la llegada a su territorio del Sr. Villavicencio, comisionado de la Regencia anterior para hacerla reconocer en aquellos dominios, da las causales de no hacer este reconocimiento, y entre otras la de no haber guardado la Junta Central los derechos de América…; y el Semanario Patriótico del jueves 21 de febrero de 1811, cuyo editorial está dedicado al Discurso histórico-político sobre América.

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29 de enero de 1811

Diario de Sesiones
Diario de Sesiones Sesión Secreta

Se lee el oficio por el que la Junta de Soria felicita a las Cortes por su instalación. La Junta de La Mancha, con sede en Elche de la Sierra, pide auxilios para su provincia. El diputado Fernando Melgarejo de los Cameros, que lo era por esta región, insiste en esta reclamación y se lamenta de la situación, además de la falta de comunicación con el gobierno.

La secretaría de Guerra informa de la renuncia de Nicolás Mahy al mando del ejército de Galicia y del nombramiento del duque de Alburquerque para este puesto, finalizada su misión diplomática en Londres.

Alfonso Rovira González, diputado por la provincia de Murcia, se interesa por dos representaciones de la Junta provincial de Murcia, en las que se pide ayuda. Solicita que las Cortes intervengan, pues si se emiten al consejo de Regencia se retrasará la ayuda solicitada.

Agustín Argüelles procede a la lectura de su voto particular en contra del acuerdo tomado en la sesión anterior de remitir al tribunal del Santo oficio el asunto del periódico La Triple Alianza, que considera contrario al decreto de libertad de imprenta.

Salvador Viñals presenta una proposición que ocupa gran parte de la sesión de este día. Es la siguiente: Que no pudiéndose entender la prohibición de la extracción de la moneda sino a países extranjeros, y siendo muy perjudicial al comercio la estancación del numerario, y mucho mas el que no se permita al propietario de los fondos el uso libre de ellos, se diga al consejo de Regencia dé las ordenes correspondientes para que los particulares de las provincias puedan extraer de la plaza de Cádiz los caudales que tienen detenidos procedentes de remesas hechas de América y de venta de frutos en la indicada plaza, revocando la orden de 1º de agosto de 1810, por la cual a consulta de la Junta de Cádiz, se prohibió dicha extracción.

Intervienen varios diputados. Juan Polo y Catalina dice que hasta la fecha era permitida la extracción de la moneda del puerto de Cádiz y de todos los de la península con la sola obligación de volver los dueños la tornaguía, porque así lo exigía la razón y la política. Recomienda anular la orden.

Felipe Aner defiende anular la orden, ya que hasta entonces Cádiz era la única beneficiada, en detrimento de las otras provincias.

Joaquín Díaz Caneja se muestra conforme con la derogación pero no en general y le interesa saber si esta medida alcanza a los particulares que estén en poder del enemigo.

Domingo García Quintana insiste en que lo importante es que el reparto del dinero a las provincias se haga de forma equitativa y justa.

Salvador Viñals, autor de la proposición, repite: No añado sino que se obligue a la tornaguía; y obligando a esto, no podrá ir a paraje ocupado por el enemigo.

Jaime Creus es de la opinión de que lo importante es que el reparto del dinero se haga en orden.

Pedro Antonio Aguirre no esta de acuerdo con Creus, ya que todas las provincias tienen sus apoderados en Cádiz para vigilar el reparto.

Francisco Gómez Fernández es del parecer de que los fraudes en la extracción de la moneda han producido daños muy considerables en varias ocasiones.

Ramón López Pelegrín defiende la medida: aquí se trata de la propiedad de una provincia que tiene tanta obligación a emplear sus riquezas en beneficio de la patria como las demás del Reino.

Agustín Argüelles hace la siguiente observación: El dinero es un comercio como otra cualquier cosa; y todo el dinero que pertenezca a un individuo, y que no conste lo contrario de una manera indudable, no puede impedirse su traslación.

Juan Nicasio Gallego: Si la junta de Cádiz lo ha hecho para que haya abundancia de víveres, me parece que el medio que se adoptó es contrario a lo que se propuso.

Francisco Gutiérrez de la Huerta expone la idea de que la orden abraza dos cosas, la detención del dinero y el cambio en frutos.

Francisco Javier Borrull propone una solución intermedia, como establecer una regla de que se mande que cualquiera sea reintegrado trayendo una certificación de la Junta de su provincia y de no estar en país ocupado por sus enemigos.

El barón de Antella afirma que la última parte de la orden es perjudicial al comercio, y este debe ser libre.

Andrés Morales de los Ríos declara: no hay duda de que en esa orden se encuentran cosas muy repugnantes, pero me parece imposible que no hubiese motivos para removerla, y se muestra partidario de que se remita al Consejo de Regencia para su estudio.

Finaliza este debate Ramón Lladós: Señor los motivos no han sido mas que la utilidad del comercio de Cádiz; por consiguiente es inútil que pase esto al Consejo de Regencia, porque sabiendo el motivo, no puede decir mas ni menos que lo que sabemos.

Aprobada la proposición, con las circunstancias de la tornaguía, hizo Agustín Argüelles otra que también fue aprobada con este tenor: Que se nombre una comisión que a la mayor brevedad forme un reglamento provisional para el Poder judiciario, el cual haya de regir hasta que se sancione la Constitución, procurando dar a los juicios absoluta publicidad, y simplificar y abreviar cuanto sea posible el proceso criminal.

Antonio Romero y Pavón, uno de los editores del periódico La Triple Alianza, aclara su posición y solicita que se examine por las Cortes con mas detalle el contenido del artículo. Intervienen en la discusión Villafañe, Martínez, Argüelles, Creus y Aner, que no se ponen de acuerdo. Argüelles es el que hace una defensa mas encendida para que se estudie el caso y no se acuda al tribunal de la Inquisición como querían los diputados serviles, entre los que se encontraba el obispo de Puebla, entonces presidente de las Cortes.

En la sesión secreta de la mañana se leen los partes de guerra y fortificación y se informa del resultado de la mediación del presidente con el Sr. González sobre el asunto del ex ministro Antonio Cornel. Tras una larga discusión, se resuelve que una comisión lo examine.

En la sesión de la noche se publica el nombramiento de los miembros de esta comisión de desagravio. Se acuerda también la renovación de los miembros de la comisión de Justicia.

Por último, se da cuenta del estado de la causa del obispo de Orense por parte del fiscal del Consejo Real Antonio Cano Manuel, asunto que se traslada a otra sesión.

La Triple Alianza se imprime en la imprenta de Miguel Segovia. Solo salieron seis o siete números. El redactor fue Manuel Alzaibar de la Puente, también colaboraron José Antonio Romero y Pavón y José Mejía. El numero 2, del que se trata en estas sesiones de 28 y 29 de enero de 1811, es prohibido por decreto de la Inquisición el 1 de marzo de 1817.

Véase El Conciso de 28 de enero de 1811.

Tornaguía.
Recibo de la guía con que se expidió una mercancía, y que sirve para acreditar que dicha mercancía ha llegado a su destino.

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28 de enero de 1811

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Comienza la sesión con la intervención de Domingo García Quintana, que, en tono de queja, dice que se ha publicado un papel como parte del número 2 del periódico La Triple Alianza que puede ser funesto para el Estado y la Religión. Pide que se examine por una comisión de eclesiásticos en aras de la defensa de la religión católica.

Se procede a leer algún párrafo del mismo en el que el autor trata sobre el desprecio de los hombres hacia la muerte cuando pelean en defensa de la patria. Véase Refutación del periódico La Triple Alianza en su num. 2, manifiesta los errores que contiene aquel papel contra las verdades de la Iglesia Santa Católica.

Manuel María Mejía ensalza al autor y dice que si su contenido atenta contra la religión ha de ir al tribunal correspondiente. Felipe Aner presenta una proposición para que no se distribuya en las Cortes ningún papel público, y con respecto al presente que ha de enviarse a la Junta de Cádiz. Las ideas de ese papel son subversivas, son contrarias a la religión. Ramón Lázaro de Dou es de la opinión de que no se debe aceptar ningún anónimo. Joaquín Fernández de Leyva defiende la libertad de imprenta, y es partidario de que pase a la Junta de Censura. Andrés Esteban es mas explicito y dice: El autor será cristiano, lleno de virtud; pero Señor pintar la muerte ante la faz de V.M., bajo la palabra de un océano lúgubre, son ideas oscuras y nada acertadas. Ramón López Pelegrín es partidario de remitirlo a la Junta de Censura. Alonso Cañedo opta por nombrar una comisión del Congreso, ya que es perjudicial para el estado político y religioso. José Salvador López de Pan recuerda a las Cortes que estas se han propuesto defender la religión, por ello aconseja que se examine este papel con detenimiento y que se tomen las medidas más enérgicas. Joaquín Martínez aconseja que lo revise la Junta. Juan Nicasio Gallego, es de la opinión de que existiendo una junta de censura no se deben quebrantar las leyes sobre libertad de imprenta y que las Cortes no tienen competencia para ello. Mariano Mendiola se suma a la opinión de que lo examine la junta y que no se forme una comisión parlamentaria. José Miguel Guridi Alcocer pide que se envíe a la Junta de censura ya que con eso dará al mundo una prueba de su esmero en la conservación de la pureza de la religión. Juan de Lera va más allá y pide que las Cortes deben mandar en demostración del desagrado que le ha causado este papel que se queme por mano del verdugo, lo que será un testimonio de su catolicismo. Antonio Joaquín Pérez, el Presidente, interviniendo como diputado, considera que la ley de libertad de imprenta no supone que se haya derogado el ejercicio del Tribunal de la Inquisición y que éste tiene derecho a conocer este asunto. Francisco Morros argumenta que cuando se trate de materias de religión no se puede imprimir sin licencia del Ordinario.

Joaquín Villanueva enumera todos los aspectos censurables de este periódico. Se lee la proposición que planteó Felipe Aner sobre que en el Congreso no se repartiera más que el Periódico de Cortes y que con respecto a la Triple Alianza se remitiera a la Junta de Censura. Manuel Mejía es contrario a todo lo que se ha venido diciendo y se queja de que se ha infamado a su autor y que se pretenda quemar un papel suyo sin haberlo oído. La proposición de Aner se desestima. Juan Nicasio Gallego, declara que el orden establecido por V.M. es que la delación de un papel, sea por lo que fuere debe hacerse a un tribunal… Felipe Aner, lo confirma, el reglamento de la libertad de imprenta lo dispone asi, y dice que se puede denunciar. Alonso Cañedo, es de la opinión de que el reglamento es defectuoso, pues no es válido cuando afecta a la religión católica y a las Cortes. Agustín Argüelles le responde que esta norma recoge y previene todos los casos y que el diputado que ha delatado este papel y se siente ofendido tenía que acudir a los tribunales y que hubieran procedido según el delito cometido, y que únicamente las Cortes entendería de esta cuestión que se hubiera producido una notoria infracción de la ley por quiénes tienen la potestad de aplicarla.

Antonio Oliveros, defiende la ley de libertad de imprenta y recuerda cómo su tramitación se hizo teniendo en cuenta todos los factores. De nuevo interviene el diputado Perez Martínez que ocupaba la presidencia para volver a insistir en que para eso existe el Tribunal de la Inquisición, que no había sido derogado por el decreto de libertad de imprenta. Agustín Argüelles eleva su protesta y se opone a cualquier medida que no esté contemplada en el Reglamento. Juan Nicasio Gallego es de la misma opinión, sostenida en que si bien los diputados han jurado defender la religión y la patria, también han jurado defender la seguridad de los ciudadanos y que si un diputado viera que se está cometiendo un delito lo pondría en mano de las autoridades. Jaime Creus, que interviene en último lugar, manifiesta: Hay providencias de precaución y otras providencias de castigo.

Se vota la proposición, reducida a que se suspendiese el papel intitulado La Triple Alianza hasta que fuese examinado por una Junta, y se aprueba otra del presidente de las Cortes en este sentido: Que sin perjuicio de las penas civiles, se remitiese al tribunal de la Inquisición el papel titulado La Triple Alianza, número segundo para que reconocido, use de las facultades a que prestare mérito, informando a S.M. a la mayor brevedad.

Al finalizar la sesión pública se lee un suplemento a la Gaceta de Guadalajara que incluye una carta del general francés, mariscal de campo Joseph-Leopold-Sigisbert Hugo, conde de Cogolludo, desde Humanes (Guadalajara), el 7 de diciembre de 1810, dirigida al brigadier D. Juan Martín Díaz El Empecinado, en la que invita al guerrillero a reconocer a José I, y la contestación indignada de éste, firmada en Cogolludo (Guadalajara) el 8 de diciembre de 1810. Véase la crónica del día 28 en El Conciso de 2 de febrero de 1811 y las cartas allí reproducidas.

Se da cuenta del juramento de fidelidad y reconocimiento a las Cortes prestado por la Audiencia de Cataluña, Junta superior de La Mancha y consulado de Mallorca.

La sesión secreta da cuenta de la representación de Francisco Ferraz y Cornel en la que un diputado había llamado traidor al ex ministro Antonio Cornel en la sesión pública del 25 de este mes. Tras el debate suscitado entre varios diputados, se autoriza al presidente de la Cámara a hablar con el diputado González, autor de la descalificación, para ver las medidas a adoptar.

Decreto XXVII. Que los productos de la obra pía llamada Huérfanas a maridar de Valencia no se apliquen a las urgencias del Estado; y que lo mismo se observe en las que tienen igual destino. Antonio Joaquín Pérez, presidente. José Aznárez y Vicente Tomás Traver, secretarios. En la Real Isla de León, 28 de enero de 1811.

En el Semanario Patriótico del jueves 7 de febrero de 1811 se relata la sesión del 28 de enero.

Prensa y libertad de imprenta. Los periódicos en el Cádiz de las Cortes. La Triple Alianza número 2, página 14. Variedades. Menospreciar la muerte no es dado a todos; pero esperarla con serenidad debía ser un resultado de la educación política. El que mira su fin como el colmo de las desgracias no vivirá honrado padre de familia, ni será buen magistrado, ni correrá a los combates con aquel espíritu indiferente que presagia la victoria.

En enero de 1811, este artículo de La Triple Alianza es considerado herético y provoca que un diputado servil pidiese quemarlo por mano del verdugo y que se plantease la reorganización de la Inquisición.

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27 de enero de 1811

Diario de Sesiones
Diario de Sesiones Sesión Secreta

Empieza la sesión con la lectura del decreto publicado en la sesión del día 25 sobre la libertad de labores de las minas de azogue en los territorios de América y Asia. Al final de la sesión interviene el diputado por Santa Fe de Guanajuato, Octaviano Obregón, sobre este asunto, para felicitar a las Cortes por haber dictado este decreto, ya que a su juicio las minas de azogue está demostrado que son las más esenciales, pues sin ellas no hay plata; y cuanto más se aumenten los mineros, vasallos más ricos tendrá V.M. Con ella se ha quitado el monopolio a los empleados públicos. Era un escándalo ver a los virreyes llevar por cada quintal onza y media. Que mande pues la Regencia al tribunal de la minería… que premie al descubridor de las más abundantes minas.

Se envía a la comisión de Premios una proposición de Luis de Velasco, diputado por el virreinato de Buenos Aires, relativa al establecimiento de la orden titulada De la espada de San Fernando, para premiar el valor militar.

Ramón López Pelegrín presenta una minuta de decreto sobre fomento de la fabricación de fusiles, elaborada junto a la comisión de Guerra, que consta de preámbulo y once artículos que se discuten uno a uno.

Las Cortes generales y extraordinarias deseosas de proporcionar armas para los numerosos ejércitos que se ocupa en levantar para la defensa de la Nación, y aun para que toda ella pueda armarse y combatir a sus inicuos opresores, decretan:

Articulo 1.º: Las juntas, ayuntamientos o corporaciones que establezcan fábricas de fusiles, serán declaradas acreedoras a la gratitud nacional, particularmente si las establecen volantes en sitios inaccesibles al enemigo.

Solicitud sobre derechos de la Infanta Carlota Joaquina. ACD.Solicitud sobre derechos de la
Infanta Carlota Joaquina. ACD.

Domingo García Quintana no está de acuerdo en limitar el coste de los fusiles a 7 pesos, pero apoya la iniciativa: ojala hubiera en cada casa una fabrica! pero todo es inútil si no se afianza de un modo infalible el establecimiento.

Felipe Aner encuentra varias dificultades, ya que todo fusil debe estar reconocido y precisa de un comisionado del cuerpo de artillería. En cuanto al coste, tampoco se muestra de acuerdo y dice que en Cataluña se fabrican por 111 reales. El mejor estímulo es la exención del servicio personal. Existen ya fábricas en Mallorca, Valencia, Molina de Aragón y Galicia. Son suficientes y lo importante es que se protejan.

José Ramón López Pelegrín, autor de la iniciativa, rebate los puntos que han señalado los diputados: Una fábrica volante ha armado la división de Villacampa, del Empecinado, a varias partidas de Castilla. Tenemos noticia que Napoleón ha mandado quemar algunos pueblos, y sin duda es por la noticia que ha tenido de nuestras fábricas.

Manuel Villafañe sugiere que se discutan en orden los artículos, y que lo importante es conseguir que todo español disponga de un arma para luchar contra el enemigo.

Andrés Esteban es de la opinión de que en cada fábrica un artillero vigile las armas.

Vuelve el secretario a leer el texto y queda aprobado el artículo 1.º.

Articulo 2.º: Las Cortes recompensarán a los individuos de dichos cuerpos, si las que establezcan construyesen cinco o mas fusiles al día, no excediendo su costo por ahora de siete pesos fuertes, y siendo de las dimensiones y calibre de ordenanza.

Intervienen brevemente Golfín, Monte, Pelegrín, Creus, Aner y Esteban. El artículo queda aprobado con la adición de la expresión y prueba después de la palabra calibre, a indicación del diputado Golfín, y alguna leve rectificación en el estilo.

Artículo 3.º: Los pueblos abiertos en los cuales se establezca alguno de los ramos principales de dichas fábricas, y que no pasen de 300 vecinos, serán libres de toda contribución, mientras permanezca en ellos dicho establecimiento. Sus vecinos estarán libres de bagajes, obligándose a contribuir con ellos para el servicio de la fábrica, y para su transporte en caso de invasión.

Ramón Lázaro de Dou no está de acuerdo con esta medida. A su juicio no se deben establecer privilegios exclusivos. Es quizás el artículo mas contestado por todos los diputados.

Manuel Villafañe se muestra a favor de fomentar estas fábricas con los privilegios indicados, pues: No hay fusiles ni dinero.

Jaime Creus cree que no solo se necesitan fusiles, se necesitan pólvora y salitre, y no se puede dejar al Erario sin dinero.

Felipe Aner manifiesta que ciertos recelos son infundados. Los enemigos invadieron Ripoll y no tocaron sus fábricas, entraron en Manresa y no se acercaron a los molinos de pólvora.

José Ramón López Pelegrín insiste en que se trata de fábricas volantes. En cuanto a las contribuciones, se aconsejan solo para los pueblos que no tengan fábricas y no pasen de 300 vecinos.

Francisco Javier Borrull asevera: Los pueblos que pongan fábricas pueden ser dos, tres, cuatro o más; y si todos han de estar exentos de contribuciones en estas circunstancias, traería un gravamen considerable.

Simón López es de la opinión de que la franquicia no sea perpetua.

Agustín Argüelles manifiesta el peligro que puede traer consigo la exención y pide que se busquen otras soluciones.

Francisco de Borja Álvarez de Toledo, marqués de Villafranca, dice que como antes son los bagajes que transportar las fábricas, por eso no se ha especificado en el Reglamento

Juan Polo y Catalina pide que se especifiquen los pueblos donde se han de instalar nuevas fábricas para que no resulten demasiado los exentos. Mariano Blas Garoz se opone a los bagajes y a la contribución.

Francisco Morros se muestra también en desacuerdo ya que, según él, en algunos casos es mas perjudicial la exención de un pueblo pequeño que uno grande.

Domingo García Quintana defiende la medida, dada la situación de gravedad por la que atraviesa el país, y de cualquier modo recuerda que son medidas excepcionales y de corta duración.

José Martínez es de la opinión de que la exención se limite a las personas de los fabricantes; pero no al arriero, zapatero y otros menestrales que estén en la población de la fábrica.

José Ramón López Pelegrín reitera: Yo no pido a V.M. un privilegio, sino un estímulo para fomentar las fábricas.

Francisco Gutiérrez de la Huerta reconoce que el asunto necesita conocimientos de economía política y se muestra en desacuerdo con que se propongan tales exenciones.

Manuel García Herreros cierra el debate de este artículo apelando a que no solo se necesitan fusiles: Más se necesita de trigo que fusiles porque el que no come no pelea, y el labrador por consiguiente debe ser el primer privilegiado. Lo mismo digo de los que hacen calzados o ropas porque el que no está vestido se muere de frío…

Se procede a la votación de artículo 3.º, que es desechado.

Se lee el artículo siguiente:

Articulo 4.º: Toda fábrica de fusiles que construya cinco o mas diarios, se declara bajo la garantía nacional, y los que roben útiles o efectos que la pertenezcan serán castigados con arreglo a ordenanza, como los soldados que roban en el cuartel, según la Real Orden de 31 de agosto de 1772.

José Ramón López Pelegrín defiende que en la proposición ha destacado que donde se fabriquen cinco fusiles al día se consideren depósitos privilegiados de la patria, y que se impongan penas rigurosas hasta de muerte al que robe.

Manuel García Herreros no comprende lo que se entiende por garantía nacional.

José Ramón López Pelegrín contesta al diputado en estos términos: Protección del Gobierno para que castigue al malo, al ladrón de la fábrica. Un depósito de la patria privilegiado; esto es, que la patria tiene en el un establecimiento del mayor interés.

Se aprueba el artículo sin otra variación que la de sustituir bajo la garantía nacional por gozarán de la especial protección nacional.

Se difiere el resto del debate para otro día.

La comisión de Guerra presenta dos memorias militares que se reenvían al Consejo de Regencia. Se admite a discusión para la próxima sesión la proposición de Salvador Viñals sobre la estancación en Cádiz del dinero perteneciente a individuos residentes en las provincias.

La sesión secreta se celebra en dos partes, por la mañana y por la noche. En la sesión de mañana, que se celebra entre las doce y media y las dos y media, se leen los partes de Guerra y de fortificaciones.

Se nombra la comisión para examinar la obra de Miguel de Lastarría, formada por Luis Rodríguez del Monte, Agustín Argüelles, Fernando Antonio Navarro, Diego Muñoz Torrero y Ramón Feliú.

Se trata sobre los problemas existentes en Extremadura y sobre la queja recibida desde Jerez de los Caballeros. El asunto queda pendiente hasta que el diputado Vicente Traver traiga por escrito una minuta de decreto para que las las providencias tomadas para Valencia, Murcia, Cataluña y Aragón se extiendan a otras provincias.

En la sesión de la noche se lee un oficio del diputado Benito Ramón Hermida Maldonado sobre derechos de la Infanta Carlota Joaquina, hermana de Fernando VII, Infanta de España, princesa de Brasil. Tras la intervención de varios diputados, se acuerda:

Que se instruya el expediente promovido por el enviado extraordinario y ministro plenipotenciario de Portugal, con cuantos documentos, consultas, dictámenes, Memorias, y notas oficiales existan entre los papeles de la Secretaría de la Junta Central y los de la de Estado, incluyendo también todos los que puedan dar algún conocimiento de la conducta que haya observado la corte de Portugal, o sus agentes, pública o privadamente, con respecto a las conmociones ocurridas en todo el virreinato de Buenos Aires, para poder, en vista de todo, determinar lo mas conveniente.

Véanse las crónicas de la sesión del 27 de enero en el Semanario Patriótico de 7 de febrero de 1811 y El Conciso de 30 de enero de 1811. Al final de la crónica del Semanario aparece esta nota: La comisión encargada de ello… remitía al consejo de regencia un montón de memoriales presentados al congreso sin pertenecerle. He aquí hallado el modo de evitar en el congreso los recursos y quejas particulares en viendo estos que si acuden a las cortes indebidamente retrasan su solicitud ocho o quince días se informaran antes, y acudirán desde luego donde les administren justicia.

Bagajes.
Llegó el batallón a un lugarejo y el sargento Pulido se fue en derechura a casa del Alcalde a pedirle bagajes y raciones para el día siguiente.
El Alcalde dijo:
-Póngalo usted por lista a fin de que no se me olvide.
El sargento escribió entonces en un papelito la cantidad de raciones que necesitaba, y en punto a bagajes, añadió luego: un mulo, mi capitán: otro mulo, mi teniente: tres cadetes, tres borricos: total, cinco bestias.

Cuento Bagajes, de Juan Valera. Véase Cuentos, diálogos y fantasías, de Juan Valera.

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26 de enero de 1811

Diario de Sesiones
Diario de Sesiones Sesión Secreta

La sesión comienza con la lectura del informe de la comisión de Justicia sobre un oficio en el que se solicita la resolución de la causa contra Fray Juan José Roldán, que lleva preso en el castillo de Santa Catalina (Cádiz) nueve meses sin tener juicio. Se pide que le concedan la libertad.

En torno a este asunto se produce un pequeño debate en el que intervienen varios diputados. Antonio Valcárcel señala que otros ciudadanos se encuentran en la misma situación y pide que se tome una medida general sobre el tema. Agustín Argüelles le replica que esta medida está tomada, lo que pasa es que no se cumple y considera que estas causas que no han sido objeto de juicio han de publicarse para asegurar la responsabilidad de los jueces. Domingo García Quintana pide que la Regencia castigue al juez que no dicte sentencia en plazo: cuchilla, cuchilla es lo que necesitamos, y pronta, es lo que reclama. Miguel Alfonso Villagómez dice que la publicación traerá más problemas que soluciones a los reos.

Se rechaza el dictamen de la comisión y se acuerda que el Consejo de Regencia informe a la Cámara sobre esta causa. José Luis Morales Gallego señala que no hay noticias del estamento militar, donde hay muchos casos en parecidas circunstancias a las de este asunto.

En El Conciso del miércoles 30 de enero de 1811 se publica la crónica de esta sesión. En relación con el retraso en la administración de justicia del religioso preso en el castillo de Santa Catalina de Cádiz, pone en labios de un diputado: que se corte la cabeza al juez de la causa.

Sigue la sesión con el principal tema de la sesión, la segunda proposición de las cuatro que Agustín Argüelles presentó en la sesión del 19 de enero: Que la comisión de Guerra proponga a las Cortes en el perentorio término de ocho días el método que estime mas conveniente para la clasificación de los comprendidos en la anterior proposición, a fin de que el reemplazo o aumento progresivo de nuestros ejércitos no sufra el menor retardo.

Francisco Fernández Golfín señala que el alistamiento universal de la primera proposición es contrario al reglamento de la Junta Central de 4 de enero y que la comisión cree que únicamente se puede aplicar a tres o cuatro clases. Felipe Aner resalta que este reglamento es perjudicial por las exenciones que contempla y que las clases que deben servir son más útiles en otras labores, como la agricultura.

Se aprueba esta proposición en los términos que había sido presentada por Agustín Argüelles.

Se da lectura a la proposición: Que la misma comisión proponga a las Cortes en el mas breve tiempo posible un plan de organización del ministerio de la Guerra, con respecto a la vasta extensión que debe abrazar este importante departamento en las actuales circunstancias…

El debate sobre el plan de organización del ministerio de Guerra comienza con la intervención de Agustín Argüelles, que argumenta que un jefe supremo no se puede encargar de todo; se necesita una organización sistemática que contemple algunas corporaciones que se hagan cargo de vestuarios, hospitales y demás cuestiones que afecten al estamento militar. Considera que un militar centrado en problemas militares de campo no puede prestar atención a cuestiones burocráticas.

Plano de Cádiz. A la izquierda, el Castillo de Santa Catalina. Fondo doceañista. Consorcio bicentenario 1812.Plano de Cádiz. A la izquierda, el Castillo de Santa Catalina.
Fondo doceañista. Consorcio bicentenario 1812.

Felipe Aner cree que la proposición presentada por Llamas días antes es parecida a la del diputado asturiano. Agustín Argüelles no comparte la apreciación del diputado preopinante. Antonio Samper se muestra partidario de mejorar la constitución militar, hace mención a una ordenanza de 1768 y presenta una proposición para que una comisión militar dicte un nuevo reglamento interino, que queda admitida a discusión. Ramón López Pelegrín se queja de que se admita esta nueva proposición estando pendiente la de Argüelles. Evaristo Pérez de Castro aprueba la proposición del diputado asturiano en todas sus partes. Según este diputado, se trata de formar un enlace en todos los ramos para que tenga una relación directa y rápida con el Ejecutivo. Jaime Creus considera que la organización ya está contemplada, lo que hace falta es que se active. Por último interviene en este asunto Andrés Esteban, que estima que antes de acometer la cúpula militar es prioritario atender las carencias de los soldados de a pie.

Realizada la votación, se aprueba la tercera proposición de Agustín Argüelles. Se lee a continuación la cuarta, que queda aprobada también: Que la comisión de Hacienda proponga a las Cortes con la posible brevedad los medios que contemple necesarios para ocurrir a las graves urgencias del Estado, a cuyo fin pueda conferenciar como le parezca con el Secretario de Estado y del Despacho Universal de Hacienda, para que de este modo pueda haber la unidad y sistema que exigen las difíciles y complicadas operaciones de este importante ramo de la administración.

Por el ministerio de Gracia y Justicia se presenta y lee un oficio de Nicolás María de Sierra, dirigido a los Secretarios de Cortes, en el que prueba documentalmente el despotismo existente en 1808, y pone como ejemplo la nota del ministro Caballero en la que manda suprimir de la Novísima Recopilación todas las leyes que protegían la libertad nacional.

En El Conciso de 30 de enero de 1811, en relación con este asunto, se dice: Se suprimiesen varios títulos y leyes en la edición de la novísima recopilación, entre otras, la de que los reyes en los casos arduos reuniesen las cortes y la de que los impuestos que no tuviesen la aprobación de estas no serían válidas.

El Marqués de Villafranca pide que se publiquen en el Diario de Cortes y en la Gaceta los escritos de Nicolás María de Sierra. Se vota la proposición del marqués de Villafranca y se resuelve que se impriman a la letra estos documentos.

Se da cuenta en la sesión secreta de que la Secretaría de Gracia y Justicia ha remitido a las Cortes la obra de Miguel de Lastarría Reorganización y plan de seguridad exterior de las muy interesantes colonias orientales del río Paraguay o de la Plata que propone humildemente para mayor servicio del rey N.S. y presentada con el debido acatamiento a la superioridad de los ministerios del Estado. Se acuerda nombrar una Junta de diputados que tengan conocimientos de los asuntos de América para estudiar el asunto.

José Espiga y Gadea propone que el Consejo de Regencia comunique el estado semanal de caudales y víveres que haya en Tesorería, cuestión que es aprobada por la Cámara.

Felipe Aner presenta una proposición en la que pide a la Regencia que envíen a la plaza de Tarragona todos aquellos víveres necesarios para solventar las necesidades de la misma, siendo aprobada por la Cámara.

Decreto XXVI. Libertad del comercio del azogue. Firmado por Antonio Joaquín Pérez, presidente, y  José Aznárez y Vicente Tomás Traver, secretarios, en la Real Isla de León el 26 de enero de 1811.

Miguel de Lastarría, Arequipa, Perú 1759-Sevilla 1827.
Estudia en las universidades de San Marcos, de Lima, y de San Felipe, de Santiago de Chile, donde se doctora en Derecho. Es nombrado jefe político de Extremadura en 1808 y fiscal de la Audiencia de Chile en 1810. De esta época parece ser el manuscrito citado sobre reorganización de las colonias. Mas tarde sería nombrado diputado por Lima en las Cortes de 1820-1822.

Véase Diccionario biográfico de España (1808-1833): de los orígenes del liberalismo a la reacción absolutista, de Alberto Gil Novales.

Documentos presentados por D. Nicolás María de Sierra, que se incluyen al final del Diario de Sesiones de las Cortes Generales y Extraordinarias, número 122, de 26 de enero de 1811:

      - Oficio a los Sres. Secretarios de las Cortes. Real Isla de León, 15 enero 1811:

      Número 1.º. Nota firmada por el Marqués Caballero, que se halló entre otros papeles de la Secretaría de Gracia y Justicia. Aranjuez, 2 de junio de 1805.

      Número 2.º. Orden del Marqués Caballero al Sr. Sierra para suprimir en la impresión de la colección de cánones todo lo que pueda ser opuesto a las regalías de S.M. Aranjuez, 13 de mayo de 1807.

      - Contestación del Sr. Sierra a la orden anterior. Madrid, 23 de septiembre de 1807.

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25 de enero de 1811

Diario de Sesiones
Diario de Sesiones Sesión Secreta

Comienza la sesión con el informe de la comisión de Premios sobre la Memoria de Ramón Parques relativa a la creación de una nueva orden titulada de San Fernando, para premiar a los dignos españoles.

La comisión de Guerra presenta un informe del mariscal de campo Antonio José Aguirre Irisarri en el que renuncia al grado de teniente general que le corresponde por la defensa de Zaragoza, y pide que se le destine a cualquier cuerpo del ejército como voluntario sin sueldo y se le declare benemérito a la Patria en grado eminente y heroico.

En relación con la solicitud del ilustre militar se produce un pequeño debate. Terrero señala que el mariscal de campo ha acudido a la Regencia y que esta ha desatendido su instancia y, por lo tanto, está en su derecho y justicia reclamarlo. González subraya que es un militar de carácter y que le persiguen porque en un momento dado se enfrentó al ministro Antonio Cornel acusándole de traidor. Suazo apoya la reclamación del militar y manifiesta que lo conoce personalmente hace tiempo. Ric defiende al general Aguirre y hace un relato de su participación en la defensa de Tortosa y Zaragoza. Valcárcel y Dato recuerda que hay muchos oficiales en el mismo caso y que no se les ha otorgado ningún premio. López del Pan apoya la orden de la Junta Central y argumenta que hubo muchos que quisieron ser acreedores de premios sin ganárselos. Aznárez aprovecha la ocasión para solicitar que se premie a los defensores de Zaragoza. Se aprueba el dictamen de la comisión y se remite al Consejo de Regencia.

Nuevamente se discute la proposición de los diputados americanos sobre la representación, reducida ya al voto de Evaristo Pérez de Castro.

Minas de Azogue. Perú.Minas de Azogue. Perú.

Toma la palabra Francisco López Lisperguer que, aunque empieza diciendo que no iba a intervenir porque ya se había dicho mucho sobre la materia, realiza una extensa intervención en la que responde a los argumentos expuestos en sesiones pasadas (misma representación que la Península, reclamaciones de otras provincias de España, entorpecimiento de las labores del Congreso…etc.), deteniéndose en la representación de los indios. Señala este diputado que entre ellos hay gente instruida y gente de letras, y solicita que vengan al actual Congreso

Francisco Javier Borrull considera que la nueva proposición es igual que la anterior y que se excluye a otras castas, lo que supondría que serían atraídos por facciosos para que tomasen las armas contra España.

José Miguel Guridi y Alcocer enumera las clases de habitantes en América: negros, mulatos, indios y españoles, y señala que si bien los esclavos carecen de la posibilidad de empleos públicos no por ello dejan de ser habitantes de esas tierras y que, por tanto, tienen derechos, por lo menos el de voz activa. Con respecto a los indios, también es de la opinión de que entre ellos hay personas ilustradas y con estudios, considera que hay que llamar a los americanos a formar parte de este Congreso porque no se sabe si el mismo durará cuatro meses o tres años. Concluye su argumento diciendo que lo fundamental es calmar los ánimos en aquellas tierras para evitar mil desastres.

En El Español, N.ºs XIV y XV , de 30 de marzo y 30 de junio de 1811, se relata la crónica de los debates de las Cortes de España sobre las Américas, que se habían iniciado en la sesión del 9 de enero. Al final de este número hay un apartado de Observaciones sobre los debates antecedentes, donde se analizan los mismos: Los discursos sobre la questión de América están llenos de excelentes principios; pero pasma considerar quan inútiles son en la práctica y quan lejanos del objeto que mas importa a la España en el día, la conservación de las Américas, la cesación de la guerra civil en ellas.

En la sesión secreta de la mañana, que se extiende entre las doce y media y dos y cuarto, se trata sobre la oportunidad de pedir a la Regencia los documentos necesarios para que la comisión encargada del negocio sobre las bases del comercio que deben fijarse para un tratado de empréstitos y subsidios con Inglaterra realizara su informe. Después de una larga discusión, Evaristo Pérez de Castro presenta la proposición siguiente: Que se diga a la Regencia, que para que las Cortes admitan o desechen la base del comercio que haya de concederse a los ingleses para celebrar con ellos un tratado de empréstito o socorros pecuniarios… necesitan que el consejo de Regencia explique o desenvuelva esa base… Se vota y se aprueba la proposición.

A solicitud del diputado Quintana se deja para la sesión de noche la discusión sobre los acontecimientos de Galicia, que tanto le preocupan.

En la sesión nocturna, que se desarrolla entre las ocho y las once, se da lectura a los partes de guerra, al estado de las fortificaciones y al acta de la sesión anterior como era preceptivo.

El diputado por Galicia, Domingo García Quintana presenta una exposición sobre los problemas existentes en su región y el descontento generalizado por el comportamiento del general Nicolás de Mahy y, por consiguiente, el peligro de que el reino de Galicia se separe de la obediencia del Congreso.

Otros diputados reclaman la atención para sus provincias, como es el caso de Extremadura, Cataluña y Valencia que también pasaban por momentos críticos.

Felipe Aner presenta la proposición siguiente: Habiendo llegado a noticia de las Cortes por conductos extraordinarios los disgustos del pueblo gallego, procedidos del general de aquel reino, espera el Congreso que el Consejo de Regencia tomará en consideración los clamores de aquella provincia, para evitar las malas consecuencias que pudieran sobrevenir de lo contrario, y alentar los esfuerzos de aquellos moradores en beneficio de la defensa general de la patria. Se vota y la proposición queda aprobada.

Se envían a la comisión de Hacienda sendos memoriales de personas con oficios públicos, entre ellos el del mozo de oficio Juan Antonio Blanco y el del barrendero de la Cámara, Manuel Cabañas. Se remite a las Cortes la exposición del general Enrique O’Donnell de 21 de diciembre en la manifiesta que el Consejo de Regencia le había concedido un título nobiliario por la expedición del castillo de La Bisbal y que, aunque no ha sido sancionado por las Cortes, no la ha desmerecido su conducta militar.

Se lee un oficio de la secretaría de Gracia y Justicia relativo a la supresión de determinadas leyes de la Novísima Recopilación y se remiten a las Cortes documentos relativos al comercio libre de los extranjeros con América.

La cuestión americana.
Los diputados americanos advierten el problema que tendrán las Cortes si no acceden a reconocer la igualdad. Los diversos movimientos independentistas aprovechan la ausencia de vínculos soberanos. Véase La presencia americana en las Cortes de Cádiz, de María Teresa Berruezo León en Materiales para el estudio de la Constitución de 1812.

Decreto XXV. Providencias que deben tomar las Juntas provinciales en caso de invasión de los enemigos.Es el primero que firma como presidente Antonio Joaquín Pérez. Como secretarios firman José Aznárez y Vicente Tomás Traver, todavía en la Real Isla de León el 25 de enero de 1811.

José Aguirre Irisarri, Cádiz 1759-Madrid 1814.
El militar protagonista de esta sesión es un marino de dilatada carrera. El 2 de mayo de 1808 se encuentra en Madrid, en Valencia es nombrado segundo comandante de la división de San March, enfrentándose a las tropas de Moncey. Participa también en Zaragoza y, más tarde, en Sevilla en el condado de Niebla a las órdenes del vizconde de Gante. Es autor de una representación a las Cortes en la que califica de traidor al ministro Antonio Cornel por lo que es perseguido y encarcelado. En esta sesión las Cortes le declaran benemérito de la patria.

En El Conciso de 28 de enero de 1811, sobre la sesión del día 25, se dice: La comisión de Justicia informó sobre dos memoriales del mariscal de campo D. José Aguirre Irisarri. En el primero hace presente, como defensor de Zaragoza, que con arreglo al decreto de la Junta Central le corresponde el grado de Teniente general. En el segundo; que renuncia su derecho a este grado y solicita se le declare benemérito de la patria en grado eminente…

Nicolas de Mahy, Madrid 1757-La Habana 1822.
En 1808 la Junta de Galicia y luego la Central del reino le confieren el grado de mariscal de campo y el mando de la primera división del ejército. Mas tarde es nombrado teniente general y capitán general de Galicia. Es autor de una serie de proclamas, acaso solo palabras, ya que el propio Domingo García Quintana le clasifica entre las autoridades débiles e indolentes. Se le traslada a la Región valenciana y es derrotado en Denia. En 1814 vuelve a Galicia como desterrado por sus ideas liberales. A la vuelta de los liberales, se le nombra capitán general de Castilla la Vieja y mas tarde de la isla de Cuba, donde fallece víctima del vómito negro el 22 de julio de 1822.

Véanse las biografías de estos dos militares en el Diccionario biográfico de España 1808-1833. De los orígenes del liberalismo a la reacción absolutista, de Alberto Gil Novales, publicado por la Fundación Mapfre en 2010. Edición de textos: Miriam López Díaz y Marta Ruiz Jiménez.

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24 de enero de 1811

Diario de Sesiones
Diario de Sesiones Sesión Secreta

La sesión empieza con el examen del dictamen de la comisión de Poderes. Se aprueban los del diputado Juan Bautista Serres por el principado de Cataluña y se autoriza a José Manuel Couto Avalle y Bravo, diputado por Filipinas, a que regrese a Veracruz por problemas de salud.

Según establece el reglamento, como cada día 24 del mes, se procede a renovar los cargos de oficio. Antonio Joaquín Pérez Martínez, obispo de Puebla de los Ángeles y diputado por el virreinato de Nueva España, es elegido presidente por 69 votos. Francisco Gutiérrez de la Huerta, diputado suplente por la provincia de Burgos, vicepresidente por 77 votos. Vicente Tomás Traver, diputado por el reino de Valencia, es nombrado secretario por 73 votos.

Antonio Joaquín Pérez, ya como presidente, pronuncia este breve discurso de alocución: Señor, repito a V.M. lo que dijo uno de mis predecesores en iguales circunstancias: si esta es una honra, es superior a mi mérito; si es una carga, espero que el buen orden me la hará soportable.

A continuación, se da cuenta de una exposición de los señores comisionados para la formación de una Biblioteca de Cortes. Se acuerda que se establezca y que se depositen y custodien todos los índices y documentos pertenecientes a la misma. Se confía su dirección a Bartolomé José Gallardo, que había acreditado su mérito en la elección de obras de las bibliotecas de marina, medicina y cirugía de Cádiz. Véanse La Biblioteca del Congreso de los Diputados: notas para su historia (1811-1936), de Vicente Salavert; Derecho parlamentario español…, de Manuel Fernández Martín y La Biblioteca del Congreso de los Diputados, de María del Carmen López Alsina y Alicia Martín González.

Antonio Joaquín Pérez Martínez. Obispo de Puebla de los Ángeles (1763-1829).Antonio Joaquín Pérez Martínez. Obispo de Puebla
de los Ángeles (1763-1829).

La sesión secreta comienza con la lectura de los partes de guerra. La Regencia expone las alteraciones existentes en el nuevo reino de Granada. A este respecto Ramón López Pelegrín presenta la proposición siguiente: Que se cree una comisión de negocios ultramarinos, la cual, reuniendo todas las noticias que ha comunicado el Consejo de Regencia sobre las conmociones ocurridas en América, y demás que estime conducentes para formar un perfecto conocimiento de su origen, causas que las hayan motivado, y de su actual estado, proponga las disposiciones que convendrá tomar prontamente, para restablecer el orden y asegurar la concordia y unión con la Península; y que en la contestación al Consejo de Regencia, se le prevenga que por su parte proponga los medios que juzgue más oportunos y eficaces para la reconciliación y pacificación de aquellos dominios. Realizada la votación, se aprueba la proposición.

En la sesión de noche nuevamente se leen los partes de guerra, nombrando el presidente para la comisión aprobada por la mañana a cinco diputados. El secretario de Gracia y Justicia pide la lista de los diputados para el alojamiento en Cádiz.

Esta misma secretaría comunica el número de ejemplares de Diario de Cortes que han de enviarse a América. Se produce un breve debate entre los diputados sobre la conveniencia de esta circulación. Se resuelve lo siguiente: Que la comisión del Diario de Cortes disponga lo conveniente, no solo en cuanto a la entrega de ejemplares, sino también para si hay arbitrio, se imprima un suficiente número con que pueda atenderse a todas las urgencias.

El nuevo Presidente quiere dejar su impronta en las nuevas Cortes y a tal efecto deja expuesta su preocupación por el decoro de los diputados y de la Cámara en el modo de expresarse e indica los medios de hacer observar el Reglamento. Se trata asimismo, sobre la indumentaria y la forma de vestir de los diputados, de la decencia del lugar de sesiones y de la comodidad y decoro de las instalaciones de las Cortes.

Nuevo diputado: Juan Bautista Serres, por el principado de Cataluña. No existe mucha información sobre este diputado nacido en Mora d´Ebre, Tarragona. Es elegido suplente el 25 de febrero de 1810 por el procedimiento para las provincias ocupadas en parte por los franceses, es nombrado propietario en lugar de Milá de la Roca. Jura en la sesión de este día y es nombrado miembro de varias comisiones, pero su actividad es muy escasa. Firma la propuesta de varios diputados catalanes el 4 de enero 1813 en defensa de la Inquisición. Véase Diccionario biográfico de parlamentarios españoles. Cortes de Cádiz 1810-1814 y Els Catalans de les Corts de Cadis. Barcelona : Rafael Dalmau, 1963

Comisión de Negocios Ultramarinos.

José Miguel Guridi Alcocer, diputado por Tlaxcala, virreinato de Nueva España;
Vicente Morales Duárez, diputado suplente por el virreinato del Perú;
José Mejía Lequerica, diputado suplente por el virreinato de Santa Fe, Venezuela;
José Pablo Valiente, diputado suplente por Sevilla; y
Francisco Gutiérrez de la Huerta, diputado suplente por Burgos.

Nuevo presidente de las Cortes: Antonio Joaquín Pérez Martínez, obispo de Puebla de los Ángeles (Puebla de los Ángeles, México 13 mayo 1763-26 abril 1829). Presidente de las Cortes desde el 24 de enero al 23 de febrero de 1811, 16 a 25 febrero de 1814 y 1 a 5 de mayo de 1814. Es uno de los diez diputados de Ultramar que preside las Cortes, y en tres ocasiones. Es al presidente que le corresponde el traslado de las Cortes a Cádiz y, por tanto, preside la última sesión el 20 de febrero de 1811 en la Real Isla de León.

Su ideología poco a poco se aparta del grupo liberal americano, e incluso llega a solicitar la reforma de la Constitución. Véanse: Los presidentes americanos de las Cortes de Cádiz, de Rafael María de Labra y Los presidentes del Congreso de los Diputados. 1810-2010 , publicado por el Congreso de los Diputados.

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23 de enero de 1811

Diario de Sesiones
Diario de Sesiones Sesión Secreta

Empieza la sesión con la lectura de algunos oficios y recursos que se envían a sus respectivas comisiones. Se lee un Memorial de los maestros de primeras letras de la Isla de León en el que piden la confirmación de sus privilegios. Después de un breve debate se deja este asunto para cuando se establezca una Junta de instrucción pública.

Se lee el oficio de la Junta superior de La Mancha en que felicita a las Cortes por su instalación.

Queda admitida a discusión la proposición de Mariano Blas Garoz, relativa a la concesión de premios a los oficiales que se lo hayan ganado en el campo de batalla.

Nuevamente se discute una modificación de la representación de los diputados americanos, presentándose el voto por escrito de Evaristo Pérez de Castro, que propone que se elija un diputado por cada 50.000 almas para estas Cortes si el tiempo y la distancia lo permiten.

Domingo García Quintana se muestra en contra: Los mulatos tengan voz activa, no pasiva. Tengan también aquí los esclavos uno que represente por ellos, no como diputado, sino como apoderado que exponga sus derechos.

Andrés Morales y Duárez es de la opinión de que se excluya a los negros y a los mulatos, ya que a tenor del decreto de 15 de octubre: aquel cuando iguala a los criollos, españoles e indios, habla de los oriundos; y los negros no son oriundos, son unos africanos: por tanto, quedan excluidos en la proposición, así como se excluyen los mulatos.

Joaquín Díaz Caneja manifiesta que deben considerarse dos tipos de representación: los elegidos por la Nación y los convocados por la Junta Central; es decir, no están convocados por los mismos principios. A su juicio esta proposición es más confusa que la anterior.

Agustín Argüelles coincide en la misma opinión y tilda la proposición de falta de claridad. Argumenta el diputado asturiano que no se reconoce el derecho de ciudadano a los negros, cuestión que fue apoyada por los diputados americanos y ve en esta exclusión un posible motivo de resentimiento entre aquellas castas excluidas. Incide en el discurso de Díaz Caneja y rechaza la proposición.

Sitio de Tortosa. Fondo doceañista. Consorcio Bicentenario 1812.Sitio de Tortosa. Fondo doceañista. Consorcio Bicentenario 1812.

Felipe Aner hace la observación de que aun considerando que las Cortes duren cuatro o cinco meses, podrían venir los diputados de Cuba y alrededores, pero no les daría tiempo a los de California o Filipinas. Luego, considera mejor dejarlo para las próximas Cortes.

José Pablo Valiente, obviando la recomendación de Antonio Capmany del día anterior sobre que los discursos no fueran extensos, se alarga de tal manera que ocupa el resto de la sesión pública. Señala que los indios de aquellas tierras no han evolucionado y que siguen igual que en tiempos de Colón y que en esta incapacidad sería contraproducente su representación en las Cortes por cuanto los representantes españoles abusarían de ellos: En relación a los indios, siendo esta la porción mas considerable en el número, la originaria de aquel país, y la mas considerada y defendida por las leyes, es tal la pequeñez de su espíritu, su cortedad e ingenio, su propensión al ocio, a la oscuridad y al retiro, alejándose siempre del concurso de las demás clases, que al cabo de tres siglos de oportunas y empeñadas providencias para entrarlos en las ideas comunes y regulares, se muestran iguales al tiempo del descubrimiento de las Indias.

La sesión secreta da cuenta de las nueve proposiciones formuladas por el secretario de Despacho de Hacienda, a raíz de la rendición de Tortosa, en las que se establecen medidas para la defensa del Reino de Valencia. Véase Historia del levantamiento, guerra y revolución de España (1807-1814) del conde de Toreno, en la edición de J.M. Martínez Valdueza: En tanto acaecían en Tarragona, de resultas de la entrega de Tortosa, conmociones y desasosiego. Los catalanes ya no veían por todas partes sino traidores… poniendo sólo su esperanza en el marqués de Campoverde.

Los diputados de Valencia, en especial el barón de Antella, piden trigo, harina y municiones. Se acuerda la aprobación de la Memoria presentada por el nuevo ministro de Hacienda, José Canga Argüelles, sobre este asunto. Estas medidas se deben extender a Cataluña, Aragón y Murcia y se encarga a la Regencia que extienda los decretos correspondientes para que todo se haga con el mayor orden.

Villanueva, en Mi viaje a las Cortes, propone que se pueden incluir las rentas de los señores territoriales, pero le advierten que ya están incluidas. Su crónica de la sesión secreta de este 23 de enero finaliza con estas palabras: Sancionó el Congreso en el momento esta providencia que es del poder legislativo, mandando a la Regencia que la expida en el falucho que le avisó estaba para dar la vela, extendiéndola a las provincias de Murcia y Cataluña, como lo habían pedido los señores Aner y Rovira.

Juan Solórzano Pereira (1575-1654) y el nombre de América.
En una de las intervenciones de esta sesión, un diputado se expresa de este modo: Se ha llevado este principio con tanto escrúpulo, que ni se da ni aplica a las provincias de Indias el nombre de colonias españolas porque no se formase un concepto menos propio de la justa igualdad; y tanto que nuestro político el sabio y juicioso Juan de Solórzano se queja de que haya prevalecido el nombre de América por el irlandés Américo Vespucio, con mengua del crédito y honor debido a la memoria del incomparable Colón, en cuyo obsequio quisiera que se nombrasen colonias.

Véase Política indiana: sacada en lengua castellana de los dos tomos del derecho, i gobierno municipal de las Indias occidentales que más copiosamente escribió en la latina el doctor Juan Solórzano Pereira…

El territorio y los océanos que hoy constituyen el hemisferio occidental ha tenido cerca de cuarenta nombres a lo largo de la historia: India Orientalis y Catigara, Zuania, Tierra Firme, Paria, Caribana, Mundus Novus, Novo Mondo. Cristobal Colón propuso llamar al continente Tierra Santa o Tierra de Gracia. Bartolomé de las Casas propuso llamar en 1527 Colombia al Nuevo Mundo, aunque él utiliza Indias. Los alemanes acuñan Behaimia o Bohemia Occidental.

La palabra América es propuesta por otros alemanes en homenaje a Américo Vespucci. Juan Solórzano Pereira propone otro nombre que no es aceptado: Orbe Carolino, en homenaje a Carlos II. Véase Recopilación de leyes de los reinos de Indias, mandada imprimir y publicar por la majestad católica del rey Carlos II.

En los siglos XVI a XVIII se generaliza el nombre de Indias Occidentales, tanto para distinguirlas de las orientales como para radicarlas en este hemisferio. A partir del siglo XIX se emplean Hispanoamérica, América Española, América Latina. En el siglo XX Indoamérica, Amerindia e Iberoamérica.

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22 de enero de 1811

Diario de Sesiones
Diario de Sesiones Sesión Secreta

Las Cortes aprueban el dictamen de la comisión de Hacienda sobre la rebaja de las raciones en los ejércitos. Se remite a la Regencia un reglamento de un particular sobre este tema para que informe sobre el mismo.

La Regencia informa de la junta creada en Nueva España para la recolección de arbitrios en los consulados de Méjico, Veracruz y Guadalajara, al igual que manifiesta que ya ha prevenido al virrey Francisco Javier de Venegas Saavedra y Arenzana, marqués de la Reunión de Nueva España, para que proponga los premios a los comisionados por su buen desempeño. Las Cortes dan por buena la medida adoptada por la Regencia

Se da cuenta de un expediente consultado por el intendente de Valencia sobre si la administración fundada allí de huérfanas para casar debía considerarse comprendida en el Real decreto de 6 de diciembre de 1809 y, conformándose las Cortes con el dictamen de la comisión de Hacienda, declaran justa la solicitud de los administradores y mandan expedir un decreto.

Las Cortes aprueban varios nombramientos en territorios de América. Para la Junta suprema de Censura de Guadalajara en Indias nombran a José María González Villaseñor, Juan José Cordón, Eugenio Moreno de Tejada y Francisco Velasco de la Vara. Para la de Guatemala se nombra a Antonio García Arredondo, Diego Varres y Nájera, José Bernardo Astiguieta, José de Ayzinena y Luis Pedro de Aguirre. Para la de Chile a Manuel Varga, Santiago Rodríguez, Juan Rodríguez Ballesteros, Manuel Salas Corvalán y Pedro González.

Antonio Capmany expone las causas del retraso en la publicación del Periódico de Cortes. Ante el inmenso trabajo de la imprenta aconseja y pide que los diputados hablen con más concisión, pues de lo contrario ni sería posible imprimirlo todo, ni habría quién tuviese la paciencia de leerlo. También propone que no haya sesión los domingos. El diputado Pedro María Ric interrumpe el discurso para decir que lo importante es concluir la guerra.

La Junta de Cádiz, 1810. Ramón Rodríguez Barcaza. Fondo doceañista. Consorcio bicentenario 1812.La Junta de Cádiz, 1810. Ramón Rodríguez Barcaza. Fondo doceañista.
Consorcio bicentenario 1812.

A propuesta de Francisco Javier Borrull se admite a discusión la proposición siguiente: Que se mande emplear en las urgencias del Reino la parte de los decomisos designada para los intendentes, y que cada mes se de cuenta al Consejo de Regencia del estado de estas causas, y que proceda el mismo con el mayor rigor contra los que retarden su conclusión.

Se presenta otra proposición de Felipe Aner, pero que defiende Vicente Terrero: Que se forme consejo de guerra a todo general y gobernador de plaza que pierda o haya perdido cualquiera acción de guerra, campaña o plaza por dispersión o derrota, desde la batalla de Ocaña inclusive…hasta el presente llevando a puro, entero e indefectible efecto la ordenanza de S.M. que lo previene en sentido absoluto. Se admite a discusión.

Mariano Blas Garoz, al hilo de la proposición anterior, solicita que, igual que se pide castigo para el que ha cometido un delito, se debe premiar a los que han contraído algunos méritos. La Cámara acuerda que el diputado presente la proposición por escrito.

Se pasan a debatir las proposiciones que Argüelles presentó en la sesión del día 19. La primera es la relativa a que todo español de 16 a 45 años se considerase soldado de la patria sin distinción de clase ni de estado.

Intervienen en este asunto los diputados Agustín Argüelles, Francisco Fernández Golfín, Felipe Aner, Simón López, Ramón Lázaro de Dou, Andrés Esteban, Luis Rodríguez del Monte, Jaime Creus, Pedro González Llamas, Manuel García Herreros, Ramón de Utgés, Ramón López Pelegrín y Francisco Javier Borrull.

Agustín Argüelles afirma que las Cortes han declarado que no dejarán las armas hasta recobrar su Rey y su independencia; y que cese pues todo privilegio, toda exención, y toda la nación sea guerrera; y no haya más impedimento para ser soldado que la imposibilidad física.

Francisco Fernández Golfín dice que la comisión ha tenido presente para fijar la edad el reglamento que ha regido en Galicia para sus alarmas, y en Cataluña, donde toda la provincia no sólo está armada sino que lo está con un método militar que hace que la fuerza sea activa y organizada.

Felipe Aner restringe la edad, pues considera que hasta los 18 años se es demasiado joven para asumir esta responsabilidad, y que a partir de los 40 ya no se tiene buena disposición física.

Simón López declara que en el reino de Murcia se han alistado hombres desde los 16 hasta los 60 años.

Manuel Villafañe se identifica con la postura de Argüelles y llega a decir que si él formara parte del gobierno esta medida ya estaría establecida.

Ramón Lázaro de Dou, por el contrario, no esta de acuerdo y pide que se modifique.

A Andrés Esteban la proposición le parece justa, pero debe diferenciarse al paisano del soldado. Incluso rebaja la edad a los 12 años para que los soldados se acomoden a los rigores de la guerra.

Luis Rodríguez del Monte está de acuerdo con la proposición, pero dice que no debe compararse a los soldados con los militares. Una cosa es considerar a todos los individuos de la Nación como soldados, y otra como militares.

Jaime Creus es de la opinión de que se encargue a los maestros de enseñar a manejar los fusiles en la escuela. Argüelles interrumpe para decir que su proposición indica que se vayan instruyendo para cuando sea menester.

A continuación, se lee la segunda proposición de Argüelles: Que la comisión de Guerra proponga a las Cortes en el perentorio término de ocho días el método que estime más conveniente para la clasificación de los comprendidos en la anterior proposición, a fin de que el reemplazo o aumento progresivo de nuestros ejércitos no sufra el menor retardo.

Pedro González Llamas dice que, aunque todo esta ya regulado, el país se encuentra en una situación crítica.

Manuel García Herreros echa en falta buenos oficiales para dirigir el ejército, y no tanto el número de soldados: Un oficial malo inutiliza a cien soldados buenos.

Ramón de Utgés apoya la proposición e indica que pase a la comisión de Guerra para que, con presencia de los reglamentos adoptados en varias provincias, establezca el general que debe regir en toda España.

Ramón López Pelegrín se adhiere a la postura de Argüelles: primero que se reemplacen los ejércitos; segundo, que en caso necesario todos los españoles concurran a la defensa de sus pueblos y provincias.

Francisco Javier Borrull, que es el último en intervenir, hace la observación de que no le parece necesario fijar una edad, sino más bien que todo el que se encuentre en disposición de servir a la patria acuda a salvarla.

Se vota la proposición y es aprobada. Se remite a la comisión de Guerra para que redacte el reglamento correspondiente.

En la sesión secreta de la mañana, el gobierno informa de la rendición de Tortosa, de la conmoción popular que obligó a Luis González Torres de Navarra, marqués de Campo Verde y conde de Santa Gadea, a tomar el mando y de la disolución de la Junta de Tarragona.

Tras el debate se resuelve que varios diputados pasen al Consejo de Regencia para manifestar, entre otras cuestiones, el disgusto de la provincia de Valencia. Una vez de vuelta, habla Felipe Aner en nombre de todos diciendo que la Regencia no va a remover al marqués de Campo Verde de su puesto por ser un militar muy digno. Véase en Alberto Gil Novales: Diccionario biográfico de España (1808-1833): de los orígenes del liberalismo a la reacción absolutista y del conde de Toreno: Historia del levantamiento, guerra y revolución de España (1807-1814). Libro decimoquinto: Sitio de Tortosa.

Se rechaza una proposición de José Pablo Valiente sobre la pérdida de Tortosa, aunque se admite a discusión otra similar de Ramón López Pelegrín: Que se diga al Consejo de Regencia que tome las providencias mas activas y eficaces para averiguar los motivos y ocurrencias de la rendición de Tortosa y que informe a las Cortes de su resultado.

La sesión secreta de noche comienza con la lectura de los partes. Se presenta un oficio sobre el permiso para llevar a América los algodones ingleses. Las Cortes solicitan más documentación para examinar el asunto.

Se entra en la discusión relativa al nombramiento de Miguel Gómez García, fiscal de lo civil de la Audiencia de Sevilla como ministro supernumerario de Mallorca. Las Cortes quedan enteradas y se aprueba el informe del Consejo de Regencia de 7 de noviembre sobre este mismo asunto.

El problema del alistamiento.
En casi todas las sesiones aparece este tema como una de las preocupaciones constantes de los diputados. El cuadro de Ramón Rodríguez Barcaza (1827-1892) elegido para ilustrar esta sesión, La Junta de Cádiz, 1810, refleja este trámite: En una mesa dos oficiales, voluntarios distinguidos, están inscribiendo a los que vienen a alistarse en la guerra contra los franceses. Dos religiosos dominicos llaman al pueblo para que imiten el ejemplo. En el centro, el  general D. Francisco Javier de Venegas, entonces presidente de la Junta de Cádiz, señala desde un tablado al pueblo las palabras que dan título al cuadro, colocadas en un tarjetón en las galerías de las casas consistoriales gaditanas. Hoy día se encuentra en el Museo de Bellas Artes de Cádiz.

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21 de enero de 1811

Diario de Sesiones
Diario de Sesiones Sesión Secreta

Se da cuenta del dictamen de la comisión de Justicia sobre una representación del canónigo doctoral de Tortosa, José Roset, que las Cortes asumen. Se presenta también una reclamación de D. Bruno Petrus y Costanzo sobre las tropelías del general D. Enrique O´Donnell. En los dos casos, se trasladan al Consejo de Regencia para su consideración.

Se pasa a las comisiones y al Consejo de Regencia un oficio de la Secretaria de Gracia y Justicia en el que se pide que se remitan a las autoridades civiles y militares de América las Gacetas del Gobierno y el Diario de Cortes. En este sentido, comienza un debate en el que se reclama el envío de los papeles públicos. Interviene Luis Rodríguez del Monte, que se lamenta de que estos diarios no llegan a Galicia y vuelve a reclamar un mejor funcionamiento del servicio de correos, ya que muchas cartas no llegan a su destino. En nombre de este reino, solicita que este problema se subsane, pues pasan los días sin tener noticias de la Regencia ni de las Cortes. A continuación, Agustín Argüelles, que era miembro de la comisión del Periódico de Cortes, reclama a la Regencia que se cumpla el reglamento del Diario de Cortes donde se especifica que se abonen los gastos que ocasione la circulación del mismo y presenta una proposición para que se encargue a la Regencia que envíe todos los ejemplares necesarios a la Península y a América, a la que se adhieren varios diputados.

José Alonso López y Nobal, diputado por Galicia, presenta una proposición para mejorar las rentas. En el Diario de Cortes se publica un extracto de la disertación del diputado. Tras hacer una breve exposición de los servicios que ha de dar el Estado y un resumen de los problemas existentes, señala que el sistema de rentas actual es gravoso para los jornaleros respecto al hombre acomodado, tanto en las contribuciones como en los consumos de primera necesidad, y propone un nuevo sistema de rentas en las que divide el número de contribuyentes en quince clases, distribuidas por orden progresivo desde los que más tienen a los que menos, asignándole a cada clase una cuota gradual de contribución, consiguiendo así que prospere el fomento nacional y economizar sueldos que gravan las arcas públicas. Después de esto se pasa a manifestar la precisión de extirpar cuanto antes los vicios que apoyan los desórdenes de la Nación y que la tienen tan lastimosamente empobrecida, implorando la autoridad del Congreso para que alivien los males que sufren los pueblos por medio de un sabio arreglo de contribuciones.

Todo ello se plasma en una propuesta al Congreso para que se consulte a los expertos en este asunto sobre el mejor sistema de rentas que pueda instituirse en la Península y en las Américas y, para el reino de Galicia, que se le reconozca la deuda contraída en el último quinquenio.

Concluida esta exposición se aprueba la proposición de Agustín Argüelles sobre la circulación e impresión del Diario de Sesiones y se solicita por parte del diputado que se renueve la comisión del citado Periódico de Cortes.

La sesión secreta comienza con los partes de guerra. Se lee una instancia en la que se pide que el marqués de Someruelos, que lleva doce años en el puesto de gobernador de Cuba, sea relevado, puesto que la duración del mando es de cinco años. Se solicita a la Regencia que informe sobre la misma.

Se leen, a petición de algunos diputados, varias órdenes o decretos de privilegios a favor de los cuerpos de voluntarios de Cádiz y los mozos comprendidos en ellos sujetos al alistamiento.

A través de la Secretaría de Hacienda de Indias, la Regencia da cuenta del estado en que se encuentra el préstamo de 20 millones de pesos fuertes de los tres consulados de México, Veracruz y Guadalajara para afrontar las necesidades de la Nación.

Se lee un oficio del Secretario de Guerra en el que comunica que la Regencia ya ha tomado las medidas necesarias para socorrer a Tortosa.

Para llegar a resolver los términos de la orden sobre alistamiento de Cádiz y la Isla, se formulan diversas proposiciones por los diputados Valcárcel, Saavedra, Creus, Llamas, Pérez, Aner, conde de Buenavista y Zuazo, que después de realizada la votación resultan desechadas.

Al finalizar la sesión, el Sr. Martínez presenta la proposición siguiente: Que se diga al Consejo de Regencia disponga se lleve a efecto el decreto de las Cortes, que fue comunicado en 19 del corriente, usando de los medios propios de sus luces y discreción para sostener la autoridad soberana de la Nación, en el caso, que no es de esperar de la lealtad y patriotismo del pueblo de Cádiz, ni de alguno de sus habitantes de presentarse algún género de resistencia. Resulta aprobada y se encarga a los secretarios que redacten la orden correspondiente.

La sesión secreta que había comenzado a la una finaliza a las tres y media. No se celebró sesión de noche como en otras ocasiones.

José Alonso López y Nobal. El Ferrol, 1763-1824.
Piloto de la armada e ingeniero, destaca como matemático. En 1800, el arzobispo de Santiago le encarga la confección del plano geográfico y estadístico de la archidiócesis. Es Comisario de caminos de Galicia. Elegido diputado el 30 de julio de 1810 por el reino de Galicia, fue uno de los comisionados para la inspección del Diario de Cortes e interviene en el debate sobre la abolición de los señoríos, propiedades de la tierra y cuestiones fiscales.

En 1814 emigra y vuelve de diputado en el Trienio Liberal. Durante el exilio escribe Consideraciones generales sobre varios puntos históricos, políticos y económicos a favor de la libertad y fomento de los pueblos, y noticias particulares de esta clase relativas al Ferrol y su comarca, 1820, en 6 tomos. En esta obra dedica un capítulo a los Sucesos guerreros de los moradores de Galicia durante su opresión por los franceses. Muere en su ciudad natal el 26 de diciembre de 1824, arruinado por los gastos de impresión de su monumental obra y por tener que retirarla de la venta tras la reacción de 1823.

Véanse, además, Diccionario biográfico de España. (1808-1833). De los orígenes del liberalismo a la reacción absolutista, dirigido por Alberto Gil Novales; y Diccionario biográfico de parlamentarios españoles… director ejecutivo, Mikel Urquijo Goitia; equipo director, Joseba Aguirreazkuenaga Zigorraga.

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20 de enero de 1811

Diario de Sesiones
Diario de Sesiones Sesión Secreta

Se da cuenta de que han prestado juramento los obispos de Plasencia y Arequipa, y los oficiales de la secretaría de Estado, director general de Correos y demás oficiales de Cádiz, los de la Habana y los dependientes de la Dirección.

El Consejo de Regencia comunica el convenio entre España y Portugal para que los súbditos queden sujetos al alistamiento del país en que actualmente sirvan, a no ser que quieran integrarse en el suyo.

Se dan noticias sobre la defensa de Zaragoza, Gerona, Ciudad Rodrigo, Hostalrich y Astorga. Felipe Aner de Esteve pide que se informe sobre Rosas, cuya defensa creía prioritaria respecto a la de las plazas anteriores.

Se pide autorización para que Luis Velasco y Camberos, diputado suplente por Buenos Aires del virreinato del Río de la Plata, declare por escrito o de palabra en la causa contra el capitán Francisco Javier de Llamas.

Se expone la representación del provisor y vicario capitular de Cádiz en la que pide que sea mitigada la pena del presbítero Juan José Roldán. Se remite a la comisión de Justicia, no sin antes hacer varias peticiones algunos diputados.

Tras el dictamen de la comisión de Guerra sobre si los jefes de las Reales Guardias españolas y walonas pasarían al Consejo de Guerra y Marina la nota de las causas pendientes de aquellos cuerpos, …las Cortes resuelven que se comunique por el Consejo de Regencia orden a sus respectivos comandantes para que pasen a S.M. una nota de las causas pendientes en su juzgado…

Se recibe otro informe de la misma comisión sobre la demanda de los artilleros voluntarios de Galicia, que piden se les iguale a sus compañeros de Cádiz, decidiendo la cámara que pase a Regencia para que administre justicia a los recurrentes a la mayor brevedad.

Se envía también al Consejo de Regencia un proyecto de reglamento para el gobierno y administración de Cortes, cuyo autor es Manuel Gómez del Campo.

Se vuelve a formular una nueva proposición de los diputados americanos sobre la representación en las Cortes en la que se recoge que la representación de América debe ser teniendo en cuenta la representación real de los lugares de la Península. Es admitida a discusión.

A propuesta de Antonio Oliveros, corregida por Manuel Antonio García Herreros, se manda suspender la venta de propios y baldíos que con desorden y a menor precio se vienen realizando en Extremadura y que se remita a las Cortes el expediente para resolver lo que sea menester sobre lo ya hecho. Se acuerda nombrar una comisión de Agricultura para que informe sobre este asunto.

La sesión secreta matutina comienza informando Evaristo Pérez de Castro de la reunión mantenida con el Consejo de Regencia por la comisión de tres miembros nombrada por las Cortes para tratar sobre el nombramiento de un general de conocida prudencia para gobernar Cádiz y la Isla.

Se da cuenta de los alistamientos de Cádiz, manifestando que se ha concluido el de los de primera clase.

La sesión nocturna comienza con la lectura de los partes de guerra. El Consejo de Regencia comunica que para la guardia de las Cortes y de la Regencia en Cádiz podrán pasar dos compañías de Guardias españolas y dos de Walonas, relevándose cada ocho días, expresando las Cortes su conformidad.

Se comunican las consecuencias del naufragio de varios navíos entre los días 2 y 3 de noviembre. Las Cortes resuelven que se diga a la Regencia que tome las medidas necesarias para socorrer a las viudas y huérfanos, y que remita al legislativo un ejemplar de las ordenanzas de marina y matrícula.

Se trata de nuevo el alistamiento de Cádiz y la Isla. Hablan varios diputados y al final se vota que ya está suficientemente discutido este asunto.

La cuestión americana.
Los diputados de América persisten en el tema de la representación. Los incidentes provocados en muchos territorios anuncian aires de independencia. Véase en A short History of Spain, London: John Murray, 1928, by Maria Callcott, las consecuencias de esta situación: The Carraccas and Buenos Ayres were the first to rebel against the established authority of old Spain. On the meeting of the cortes at Cadiz the colonists had naturally wished to send deputies on equal footing with those of the European provinces. But the cortes unwisely refused to admit their claims: They rose in arms to defend them… The republics of Mexico, Columbia, Peru, Chile and the states of La Plata, are separated for ever from Spain…

Los diputados por Buenos Aires del virreinato del Río de la Plata.
Luis de Velasco y Camberos, Manuel Rodrigo Rodríguez y Francisco López Lisperguer fueron los tres diputados por Buenos Aires. Defienden la libertad de comercio de estos territorios, reflejo de la ideología liberal americana que representan. Véanse las obras de María Teresa Berruezo de León: La participación americana en las Cortes de Cádiz 1810-1814; La actuación de los militares americanos en las cortes de Cádiz 1810-1814 y de E. del Valle Iberlucea: Los diputados de Buenos Aires en las Cortes de Cádiz. Buenos Aires: Libero Editor, 1912.

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19 de enero de 1811

Diario de Sesiones
Diario de Sesiones Sesión Secreta

Continúa el debate sobre la representación americana en las Cortes. Luis Rodríguez del Monte, nuevamente, insiste en que las Américas tengan en estas y las Cortes sucesivas su representación conforme a los criterios que se sigan para la Península. Mariano Blas Garoz solicita que se apruebe la proposición con las adiciones de Quintana. Pedro Antonio Aguirre es partidario de que se regule en la Constitución. Manuel Ros manifiesta la Regencia debería haber adoptado para las Cortes actuales el sistema de representación que ahora piden los diputados americanos, pero de no ser así, debe esperarse a la Constitución. Manuel García Herreros se posiciona claramente en contra de la proposición e incluso la encuentra indecorosa y arbitraria, y cree que no se debe desconfiar de lo dispuesto en el decreto de 15 de octubre sobre igualdad.

Joaquín Lorenzo Villanueva advierte que los diputados que lleguen una vez disuelto el Congreso no tendrán derecho a declarar nulidad a ningún decreto. Ramón López Pelegrín admite la proposición siempre que no condicione a las próximas Cortes. Joaquín Díaz Caneja deja para el trámite constitucional un equilibrio justo de los diputados peninsulares y de Ultramar. Andrés Esteban se muestra partidario de que los americanos se incorporen lo antes posible. Juan Herrera está a favor de lo que se había establecido en la Instrucción de enero de 1810.

La discusión finaliza con una breve intervención de los diputados Escudero, Creus, conde de Buena Vista, marqués de Villafranca, Dou, barón de Antella, Calvet y Aróstegui para explicar el sentido de su voto.

Catedral de Puebla de los Ángeles. México.
Catedral de Puebla de los Ángeles. México.

Se lee y se admite a discusión la proposición de Juan Nicasio Gallego relativa a que después de discutida una proposición tenga el diputado derecho a pedir a las Cortes que se someta la misma a votación.

Se admite también la proposición de Mariano Blas Garoz que trataba sobre la atención a los emigrados, particularmente a los empleados, satisfaciéndoles las dos terceras partes de sueldo mientras se les destina, según lo permitan las circunstancias.

Se pasan a la comisión de Guerra las proposiciones de Ramón López Pelegrín sobre fábricas de fusiles, para que dictamine a la mayor brevedad.

Mariano Mendiola pide una nueva inversión de una parte de los diezmos de América para ayudar en lo posible a la guerra: Los diezmos… en las Américas tienen esta división: de toda la masa común se hacen cuatro partes, una para los Obispos, otra para los cabildos eclesiásticos, y de las dos restantes se hacen nueve partes; noveno y medio se da a la fábrica de las respectivas iglesias, otro noveno y medio para los hospitales, otros dos novenos para V.M. en reconocimiento del real patronato, los cuatro novenos que restan se llaman beneficiales. Mendiola propone que, el primer año, estos cuatro novenos se apliquen a las Cortes para acudir a los gastos de la presente guerra.

El diputado sacerdote Joaquín Lorenzo de Villanueva, como buen conocedor de este tema, dice que si suprime la asignación de la administración de los sacramentos, los ministros no pueden sobrevivir. El obispo de Puebla de los Ángeles es el siguiente en intervenir. Antonio Joaquín Pérez Martínez exige que el diputado Mendiola traiga su propuesta por escrito. Este diputado se ofrece a que se experimente esta solución en su circunscripción de Querétaro, en el virreinato de Nueva España.

Felipe Aner informa que en la comisión de Hacienda se está tratando un asunto análogo. Alonso Cañedo, como Presidente, manifiesta que la determinación del Concilio Mejicano sobre que la administración de sacramentos fuese gratuita, no era una idea nueva, sino que era una precisa consecuencia del espíritu de la Iglesia en todos los siglos.

Mariano Mendiola cierra el debate de los diezmos, comprometiéndose a traer la proposición por escrito.

Al final de la sesión se vuelve sobre la preocupación de la guerra y de la dotación del ejército. Se insta a Agustín Argüelles a que lea las cuatro proposiciones que había enunciado con anterioridad, a lo que el diputado asturiano accede:

Primera: Que declaren las Cortes que todo español desde la edad de 16 años hasta la de 45, sin distinción de clase y estado, es soldado de la Patria.

Segunda: Que la comisión de Guerra proponga a las Cortes en el perentorio término de ocho días el método que estime mas conveniente para la clasificación de los comprendidos en la anterior proposición, a fin de que el reemplazo o aumento progresivo de nuestros ejércitos no sufra el menor retardo.

Tercera: Que la misma comisión proponga a las Cortes en el mas breve tiempo posible un plan de organización del ministerio de la Guerra, con respecto a la vasta extensión que debe abrazar este importante departamento en las actuales circunstancias…

Cuarta: Que la comisión de Hacienda proponga a las Cortes con la posible brevedad los medios que contemple necesarios para ocurrir a las graves urgencias del Estado, a cuyo fin pueda conferenciar como le parezca con el Secretario de Estado y del Despacho Universal de Hacienda, para que de este modo pueda haber la unidad y sistema que exigen las difíciles y complicadas operaciones de este importante ramo de la administración.

Las proposiciones son admitidas para su discusión. Todavía apostilla el diputado Andrés Morales de los Ríos: Las Cortes deben declarar que para mandar un ejército no se necesite ser general, basta que la persona reúna capacidad, talento y el conocimiento necesario. Así se levanta la sesión pública.

La sesión secreta comienza con los partes de guerra, fuerzas sutiles y obras de fortificación de Cádiz y la Isla.

Andrés Morales de los Ríos expone a las Cortes las medidas a adoptar para realizar el alistamiento en Cádiz, basado en una Real Orden a favor de los batallones distinguidos.

La Regencia informa que ha recibido un aviso del gobernador de Cádiz y uno de los comisarios de barrio de aquella ciudad sobre la aparición de ciertas señales de números y letras en casas y calles de Cádiz, entre ellas de gente principal, y que se había procedido a borrarlas e intensificar las patrullas de vigilancia. Aunque esta noticia provoca cierta discusión, se acuerda lo siguiente: Que a la diputación anteriormente nombrada para pasar al Consejo de Regencia con la resolución de las Cortes, y comunicar sus intenciones, se agregue el señor Morales de los Ríos.

La comisión para estudiar este asunto queda formada por los diputados Evaristo Pérez de Castro, Manuel Llano y Andrés Morales de los Ríos.

La cuestión americana.
Aunque desde el principio se deja claro que tanto los españoles peninsulares como los ultramarinos quedan en plano de igualdad, las protestas por parte de los diputados de Ultramar son constantes debatiéndose entre la fidelidad a la metrópoli y sus afanes emancipadores.

La comisión de Ultramar estaba formada por representantes de casi todos los territorios de América y Asia:

José Álvarez de Toledo, diputado suplente por Santo Domingo;
Joaquín Fernández de Leyva, diputado suplente por la capitanía general de Chile;
Dionisio Inca Yupangui, diputado suplente por el virreinato del Perú;
Francisco López Lisperguer, diputado suplente por el virreinato de Buenos Aires;
Manuel de Llano y Nájera, diputado suplente por la capitanía general de Guatemala;
José Mejía Lequerica, diputado suplente por el virreinato de Santa Fe, Venezuela;
Esteban de Palacios y Blanco, diputado suplente por Caracas;
Juan Clemente Núñez del Castillo, marqués de San Felipe y de Santiago, por Cuba;
Ramón Power y Giralt, diputado por Puerto Rico; y
José Manuel Couto y Avalle Bravo, diputado suplente por la capitanía general de Filipinas.

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18 de enero de 1811

Diario de Sesiones
Diario de Sesiones Sesión Secreta

Comienza la sesión con la lectura de dos partes del general Ballesteros, comunicados por la Regencia, en que se refiere a algunas acciones gloriosas de su ejército. Prestan juramento los gobernadores de la diócesis y curia de Sigüenza, la Junta Superior de Cuenca, los comandantes de Mallorca con el Ayuntamiento y el de la plaza de Alburquerque con su guarnición.

La sesión continúa centrándose casi en su totalidad sobre la proposición de los diputados americanos presentada el 9 de enero de 1811, basada en la representación de los habitantes de América y Asia. No se discute la igualdad de la representación, reconocida en el decreto de 15 de octubre de 1810, sino el ejercicio de la misma, es decir, si ejercerla ya en las actuales Cortes o que sea la futura Constitución la que lo regule. La mayoría de los diputados abogan por que sea la futura Constitución la que plasme dicha igualdad.

Evaristo Pérez de Castro subraya el hecho de que en la actualidad las provincias de España tienen menor representación que la que deberían tener y, en este sentido, Domingo Dueñas señala que, si se reconoce a los diputados americanos sus pretensiones, todas las provincias de España reclamarían la representación que les corresponde, opinión compartida por Manuel Luxán.

Castillo de Santi-Petri. Cádiz. Fondo doceañista. Consorcio bicentenario 1812.Castillo de Santi-Petri. Cádiz. Fondo doceañista. Consorcio bicentenario 1812.

Es de destacar la posición opuesta de dos diputados importantes, el quiteño José Mejía Lequerica y el peninsular Juan Valiente. Este último mantiene que las elecciones en América son imposibles por su propia orografía. Mejía aboga por pedir tiempo para que lleguen los diputados americanos y alerta de que si no se concede la igualdad puede peligrar el suministro de las riquezas necesarias que vienen de América a la península, tan necesarias en esta etapa de guerra.

Interviene nuevamente Evaristo Pérez de Castro para señalar las dificultades logísticas que se plantean con el llamamiento a nuevos diputados del otro lado del charco, pues tardarían más de tres años desde las hipotéticas elecciones hasta su llegada a las Cortes, y si los nuevos diputados no pueden llegar a tiempo, se pregunta el diputado, para qué llamarlos.

Blas de Ostolaza argumenta que el derecho de igualdad como ciudadanos reconocido a los americanos no les da un derecho de igualdad en la representación, ya que la cualidad para ser representante de la nación se reduce a ser propietario, como lo hacen en otros países como Inglaterra.

García Huerta plantea una duda formal ya que se pregunta si los diputados de América tienen poder especial para hacer la proposición, a lo que le replica Dionisio Inca Yupanqui diciendo que sus poderes son ilimitados y que no necesitan ningún poder especial leyendo su voto por escrito.

Mariano Mendiola acaba de llegar a las Cortes en representación de Santiago de Querétaro y sus 17 pueblos adyacentes. Informa sobre revueltas ocurridas en México y sobre cómo se había querido implicar a los 50.000 habitantes de Querétaro. Después de una clara descripción de la ciudad, de las fábricas existentes y de la forma de vida de esta región, solicita que en agradecimiento al buen comportamiento se debe conceder la representación solicitada en la proposición.

Llegado a este punto se da por terminada la discusión y empieza la votación. Se plantea que la proposición tenga dos enunciados, uno el reconocimiento de la igualdad y otro el momento de llevarla a cabo. Diego Muñoz Torrero propone que se vote separadamente y de forma nominal.

Agustín Argüelles argumenta la dificultad de la proposición y que no se puede votar algo que no se entiende. Al final se rechaza la proposición por 64 votos contra 56. Dos diputados se reservan el derecho de presentar la proposición reformada y se acuerda su discusión para el día 20 de este mes.

La sesión secreta comienza con la lectura de los partes de guerra. Se lee un oficio de la Regencia que pone de manifiesto que hay muchos emigrados en Madrid que solicitan ir a Cádiz, emplazando al Consejo de Regencia para que haga lo que considere oportuno.

Se presenta un proyecto de Pedro Fernando Martínez sobre la defensa de las Sierras de Segura y Alcaraz, que se acuerda que pase a Regencia.

Se da cuenta del oficio de Regencia en que se insta a que se entregue al aposentador el número y clase de alojamiento necesarios para los diputados.

El cura de Valdecarros da las gracias al Congreso y a los diputados por haber recibido ya su donativo de 6.500 reales.

Se trata de nuevo de la renuncia de Nicolás María de Sierra, secretario de Gracia y Justicia. Tras el debate, se aprueba por 54 votos contra 42 la resolución del Consejo de Regencia que la acepta.

La cuestión americana.

El tema de la representación ocupa varias sesiones, en la de hoy tampoco los diputados se ponen de acuerdo y se pospone para el 20 de enero. El asturiano Álvaro Flórez Estrada, autor del famoso Examen imparcial de las disensiones de la America con la España publicado en Londres en 1811, también se manifiesta contra la política discriminatoria hacia los americanos. El sistema electoral era difícil de implantar de forma equitativa entre la realidad española y americana. Al principio la solución fue un sistema de suplencias. Las Cortes tuvieron 65 diputados peninsulares y 28 suplentes americanos elegidos entre los residentes en la metrópoli. De este modo se evitaba que algunos miembros de las juntas recién creadas en Buenos Aires, Caracas, Chile o Nueva Granada viajasen hasta Cádiz e interviniesen en el debate constitucional.

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17 de enero de 1811

Diario de Sesiones
Diario de Sesiones Sesión Secreta

Comienza la sesión pública dando lectura a algunos memoriales de los cuales no se aporta ningún dato en los Diarios de Sesiones. Se prosigue con la devolución, por parte de la Regencia, del plan de creación de nuevas cédulas propuesto por el diputado Francisco de la Serna y Salcedo, quien toma la palabra para explicar que con dichas cédulas se pretende sufragar los gastos que tenga el Estado. Son cédulas de 500 reales a un interés del 3 por ciento y que, según el diputado, cualquier ciudadano querrá adquirirlas.

Para Felipe Aner de Esteve estas cédulas deberían repartirse por todo el reino y su adquisición no ser voluntaria sino forzosa. Francisco La Serna interviene nuevamente mostrándose contrario a este carácter forzoso, lo que apoyan también los diputados Francisco López Pelegrín, Francisco García de la Huerta y Jaime Creus y Martí, quienes insisten en los enormes beneficios si se encargara al Consulado de Cádiz la ejecución del proyecto; es, además, el primero de estos diputados citados quien aboga porque el consulado dé cuenta cada quince días de su ejecución, aunque otros diputados lo rebajan a ocho días. Por otro lado, Joaquín Díaz Caneja considera que es una función del Consejo de Regencia no de las Cortes. Al final se aprueba que el consulado de Cádiz entienda de la ejecución, debiendo dar parte del resultado

Vista de Cádiz. Fondo doceañista. Consorcio bicentenario 1812.Vista de Cádiz. Fondo doceañista. Consorcio bicentenario 1812.

Se lee la consulta del Consejo de Indias sobre la solicitud hecha por José Ramírez de Arellano, abogado de los Reales Consejos, de reducir la dispensa de los seis años que deben mediar para poder ejercer su profesión. Francisco Gutiérrez de la Huerta considera que los estudiantes de Cuba que quieran ser abogados han de poder hacer allí el aprendizaje, sin tener la obligación de venir a España. Domingo Dueñas y Castro aboga para que se estudie este asunto y dictamine por la comisión de Justicia. Manuel de Villafañe pide que se derogue la Real Orden de 29 de marzo de 1789 que lo establece, mientras que Felipe Aner de Esteve insiste en que intervenga la comisión de Justicia para examinar los motivos que tuvo el Gobierno para hacerlo. Al final se aprueba el dictamen del Consejo de Indias fallado a favor del abogado y, sobre la mencionada Orden, se solicita informe al Consejo de Indias a través de la Regencia.

Se da noticia de que han prestado el juramento a las Cortes los integrantes de la Dirección de provisiones de campaña; los de farmacia, empleados de hospitales militares del ejército de Extremadura, el comandante general de Mallorca, acompañado de sus jefes y militares, el gobernador de Melilla y el obispo y cabildo de la Habana.

La comisión encargada de examinar los papeles relativos a las Cortes que están entre los que pertenecen a la Junta Central, informa haber terminado dicho examen y elaboración de los índices, sugiriendo que se entreguen a las diversas comisiones de Cortes para que hagan de dichos papeles el uso que consideren conveniente.

Se lee la representación de algunos oficiales de la secretaria de la Real Cámara y Estampilla quejándose de que algunos diputados la consideran innecesaria. Los diputados Domingo García Quintana y Domingo Dueñas y Castro creen muy conveniente la existencia de esta secretaría, hasta el punto de considerar que debería tener el mismo rango que las de Estado y Despacho. Agustín Argüelles, que en su momento pidió la supresión de esta secretaria, pide ahora que se examine por una comisión formada por dos o tres diputados. Al final se acuerda que pase a la comisión de Supresión de Empleos.

Se trata sobre el alistamiento de Cádiz y la Isla y se lee el dictamen de la comisión de Guerra en el que se encarga a la Regencia que nombre un general de conocida prudencia, inteligencia y actividad, que con inhibición de toda otra autoridad en esta parte, y con toda la necesaria para el caso, saque con término perentorio de Cádiz y la Isla la gente correspondiente á la primera clase del reglamento de 4 de Enero de 1810; teniéndose por derogada cualquiera exención que no sea de las expresadas en dicho reglamento, y que la de impedimento físico sea declarada á presencia y conocimiento de los demás alistados.

Andrés Morales de los Ríos se queja de que en Cádiz hay mucha gente que está exenta del alistamiento por diferentes motivos. El diputado Antonio Zuazo subraya que las órdenes relativas al alistamiento dadas por las Cortes y por la Regencia son desobedecidas por las autoridades, resaltando que el pueblo de Cádiz es patriota y que cumplirá con honor los deberes que se le impongan, y propone cinco proposiciones de las que tres fueron rechazadas por estar ya en el dictamen, la cuarta se discutirá sine die y la quinta, relativa a los desertores que estén del ejército en los cuerpos armados de Cádiz, es aprobada.

Se pide más contundencia a las Cortes con respecto al tema de los alistamientos: Necesitamos otro Robespierre cristiano para salvar la Patria. No nos andemos con paños calientes. El pueblo español jamás quiere ser francés.

La sesión secreta se celebra en turno de mañana y noche. La de la mañana dura entre la una y las tres de la tarde. Se propone para atender a la solicitud de auxilio en defensa de Tortosa que las fuerzas de Cataluña, Aragón y Valencia estén bajo un mismo mando. Se acuerda que se remita al Consejo de Regencia.

Se comunica la dimisión del secretario de Gracia y Justicia, Nicolás María de Sierra, quien pasa al Consejo de Estado y es sustituido por José Antonio de Larrumbide.

En la sesión de la noche, celebrada entre las ocho y las once y media, se prosigue con este último asunto y se lee una representación con quejas del archivero de la secretaría de Gracia y Justicia contra el dimisionario Nicolás María Sierra, suponiéndole suplantador de dos Reales órdenes, relativas al nombramiento de Diputados á Cortes por Aragón. Sin acordarse nada por el momento sobre el particular se levanta la sesión.

Nicolás María de Sierra Rubio, 1756-1817.

Fiscal del Consejo Real, en 1809 la Junta Central determina que pase a Cádiz para asumir la jurisdicción criminal. Entre otras causas se encargó de la del virrey de México, José de Iturrigaray, que se ha visto en alguna sesión de esta primeras Cortes. Es nombrado secretario de Gracia y Justicia el 6 de marzo de 1810, con un sueldo de 12.000 reales. Firma el relato titulado Acta de Instalación de las Cortes Generales y Extraordinarias de 1810. Y, entre otros documentos, Elecciones de Diputados suplentes de las provincias libres y suplentes de las ocupadas; Memoria que el Consejo de Regencia dirigió a las Cortes generales y extraordinarias, y Real Decreto de contestación sobre los poderes adjudicados a dicho Consejo; y Real Decreto sobre la situación deplorable que viven los representantes de la iglesia en América y los intentos de mejorarlos, todos ellos publicados en 1810.

El diputado Domingo García Quintana le clasifica entre las autoridades odiadas, débiles e indolentes. El Redactor General de 31 de julio 1813 le acusa de afrancesado. Diputado por Aragón en las Cortes de Cádiz, elegido el 4 de enero, jura el 7 de abril de 1813 y diputado para las ordinarias de 1813-1814. Consejero de Castilla y juez de imprentas y librerías en 1814. Fallece en Madrid el 6 de julio de 1817.

José Antonio Larrambide Urquidizar, 1756-1827.

Fiscal de lo civil de la Audiencia de Aragón, nombrado interinamente secretario de Gracia y Justicia el 17 de enero 1811, en sustitución de Nicolás María de Sierra. Autor de Advertencia al Público imparcial, para prevenir los perjudiciales efectos que pueda causar la lectura del núm. X del periódico titulado El Robespierre Español. Cádiz: Imprenta Real, 1811.Diputado por Guipúzcoa en septiembre de 1813, su acta no fue aceptada. En la siguiente legislatura presenta sus poderes a las Cortes el 11 de enero de 1814 cuando estas se trasladan a Madrid. El 15 de enero jura el cargo. Es elegido miembro del Tribunal de Cortes. Fallece en Usúrbil, Guipúzcoa, el 22 de octubre de 1827.

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16 de enero de 1811

Diario de Sesiones
Diario de Sesiones Sesión Secreta

Se inicia la sesión con la lectura de las actas de la sesión anterior, tal y como está prescrito en el Reglamento, para dar paso a las cuestiones que centran la atención de los diputados este día. Se da cuenta del informe y aprobación de la comisión de Justicia sobre un proyecto de decreto relativo a la constitución del Tribunal de alzadas, establecido por la Junta de Guadalajara. Interviene el diputado Domingo García Quintana para sugerir que todos los asuntos contenciosos de Guadalajara debían pasar al nuevo tribunal establecido en Murcia, argumentando que es a este tribunal al que compete llevar todo lo que le correspondía a la Chancillería de Granada, a la cual pertenecía Guadalajara. Contrario a esta opinión se muestra el diputado Andrés Esteban y Gómez para quien el seguimiento de las causas de la provincia de Guadalajara corresponde, en su mayoría, a la Chancillería de Valladolid. Al final se aprueba el dictamen de la comisión sin modificación.

Se prosigue con el debate de la primera proposición de los señores americanos sobre la igualdad de la representación de América y España. El debate, con intervenciones largas por parte de los diputados, se centra nuevamente en el decreto de 15 de octubre y en dos puntos: si debe haber igualdad de representación entre españoles y americanos y si es el momento para hacerlo.

El primero en intervenir es Mariano Blas Garoz, que muestra su apoyo a la petición de los diputados americanos de tener más representación en las Cortes, pues si ha de ser igual en todo, es razón lo sea en el número que se ha considerado á la España europea y concluye taxativamente: He dicho.

Ramón Power, diputado por Puerto Rico. Fondo doceañista. Consorcio bicentenario 1812.Ramón Power, diputado por Puerto Rico.
Fondo doceañista. Consorcio Bicentenario 1812.

Le sigue en el uso de la palabra Miguel Riesco en apoyo de la proposición y que se expresa en los términos siguientes: solo diré que los americanos, apoyados en la recta razón, que es la verdadera ley, y en las existentes, y que les declaraban partes integrantes de la Monarquía española, protestaron solemnemente contra la imperfecta representación que se le daba; y la admitieron para hacer presentes sus agravios ante V.M., de quien con razón esperaban que los pondría en el entero goce de un derecho que solo faltando á la justicia se les puede negar.

En la misma línea está la intervención de Antonio Vázquez de Parga, aunque advierte que siendo legítima dicha proposición que piden los diputados americanos es necesario esperar tiempo oportuno para ello, dado que estuvieron presentes en la sesión del 24 de septiembre de 1810 cuando se decretó que las Cortes se hallaban legítimamente constituidas y los señores Diputados de América tuvieron parte en aquel decreto y nada contradijeron.

Para Francisco Gómez Fernández, la representación de los diputados americanos no puede hacerse ahora por ser opuesta a otras providencias y por los perjuicios que ello acarrearía al entrar en colisión con otras resoluciones tomadas por las propias Cortes; así, se muestra favorable a retrasar la toma de decisión para el tiempo de la Constitución.

José Miguel Guridi y Alcocer subraya, en su larga intervención, el hecho de que los americanos piden que se aplique el decreto de octubre que establece la igualdad de derechos a los ciudadanos de ambos lados; y esta igualdad de derechos implica la igualdad en la representación. No apoya la intervención de Gómez Fernández por no ver necesario esperar a la aprobación de la Constitución y resume su posicionamiento en tres puntos: primero, que no hay ley que se oponga a la pronta declaración; segundo, que no hay providencia alguna que lo resista; tercero, que no hay tampoco inconveniente en hacerlo desde ahora.

Luis Velasco interviene en representación de los americanos instando a que se lleve a cabo, sin más dilación, este justo derecho para estas extraordinarias Cortes: y aunque por la distancia de algunas provincias no se realice el hecho, sacará V.M. el fruto que apetece, y por el cual instamos los representantes de la España americana. Por desgracia, esta confianza española de dejarlo para lo último todo, bien se ha hecho ver siempre, y mucho más en el día, á pesar de los consiguientes reveses, de que nos resentimos enormemente.

Manuel Ros de Medrano lee un largo escrito donde se reflexiona acerca de la relación entre América y España y deja constancia de su apoyo a las pretensiones de los diputados americanos: Se hace eco de que no es necesaria la asistencia, aunque sí la citación de los mismos y propugna la disolución de las actuales Cortes hasta que no asistan, concluyendo en los siguientes términos: y así estoy persuadido de que se darán por satisfechos si sancionan las Cortes que la representación de las provincias de América y de Asia se arreglará sobre los mismos principios que se adopte para las de Europa, en el número y circunstancias cuando se forme la Constitución, con lo que me parece se remueven cuantos escrúpulos puedan asaltar á la imaginación más suspicaz.

Vicente Joaquín Noguera Climent, barón de Antella, es favorable a una representación igual en las futuras Cortes para los dominios de Ultramar y los dominios europeos, dejando que sea la Constitución quién establezca dicha igualdad; o bien, que cuando ahora se dispense sea á proporción y medida que los países bulliciosos reconozcan la autoridad de la madre Patria residente en V.M. y con exclusión de los indios….

Ramón Power no ve inconvenientes para aplicar el decreto de octubre en las actuales Cortes extraordinarias, y que se pongan todos los medios para la llegada a tiempo de los diputados americanos a las Cortes.

Alonso Cañedo, que era el presidente, interviene para poner orden y concierto en el posicionamiento de los diputados que han hecho uso de la palabra. Advierte que si se aspira a la declaración del derecho de representación nacional como consecuencia de la igualdad general reconocida en varios decretos será objeto de discusión, pero que si se va más allá, y se trata de impugnar esos decretos porque no establecieron para las diputaciones de América las mismas reglas que se habían adoptado para la península, supondría la nulidad de tales decretos. Por tanto, no es favorable a variar la representación de los españoles americanos y europeos hasta que no se determine cuál va a ser la de los españoles de la península y cual la de los americanos, quienes por el momento han de conformarse con el sistema adoptado, al igual que se ha hecho en España.

Finaliza la sesión pública con una larguísima intervención de Joaquín Fernández de Leiva en cuyo principio deja de manera explícita su apoyo a la pretensión de los diputados americanos: Señor, si Bonaparte tuviere á su alcance los resortes que V.M. para reunir los votos de los pueblos y dirigir la opinión general, seguramente los emplearía para dar consistencia á su imperio, que hoy es efímero. Este astuto tirano, que va á su fin por caminos de sorpresa, de simulación y de apariencias de popularidad, porque no tiene otros, hallaría la más favorable ocasión de hacer el papel del justo y de respetador sincero de los derechos nacionales. Cuando me ocurre esta idea, no puedo dudar que este Congreso, en que se distingue en grado heroico el espíritu de rectitud, y de la más eficaz propensión á consolidar la confianza de la Nación, sancionará la proposición admitida, y que la representación europea reconocerá el justo derecho de igualdad para estas y las futuras Cortes de los pueblos de América, sus islas y las Filipinas.

La sesión secreta se celebra en una sola sesión de una a tres de la tarde, comenzando por los partes de Guerra y de fortificación, además de asuntos relativos al alistamiento en Cádiz; todo lo cual se pasa a la comisión de Guerra.

Se da cuenta del oficio de la Regencia, a través del Ministerio de Gracia y Justicia, de las instrucciones que se dieron al comisionado Ignacio Antonio Cortavarría para tranquilizar los movimientos de Caracas. Véase la obra de José Domingo Díaz, Recuerdos sobre la rebelión de Caracas, publicada en Madrid en 1829.

Se comunica un oficio remitido por el aposentador de Palacio, José Miguel de Grijalva, que plantea dudas relativas al alojamiento de los diputados y las obras de acondicionamiento del Oratorio de San Felipe Neri en Cádiz como nuevo salón de sesiones. Su oficio se contesta a través del secretario de Gracia y Justicia, dándole las prerrogativas necesarias para que tome las decisiones que considere convenientes. Véase El Oratorio de San Felipe Neri: palacio de las Cortes en 1812, de Santiago Casanova. Se acuerda que se habilite al ingeniero de la Armada Antonio Prat para que realice las obras de acondicionamiento en el Oratorio, al igual que había realizado las obras del teatro de la Real Isla de León.

Se acuerda que la Audiencia de Sevilla se traslade a otro lugar para que el edificio de San Felipe tenga las mayores comodidades posibles y que el aposentador, con las informaciones que le faciliten los diputados sobre sus familias, tome las medidas necesarias para su alojamiento.

El capitán de Reales Guardias Españolas, duque del Infantado, desea saber el número de tropa que del regimiento a su mando debe llevar para la guardia de las Cortes en su traslado a Cádiz. Se acuerda que la decisión la tome el Consejo de Regencia.

Los diputados del Virreinato de Buenos Aires alertan de los riesgos de nuevas alteraciones por el nombramiento del virrey Francisco Javier Elio. Se acuerda que se comunique al Consejo de Regencia.

El diputado Felipe Aner de Esteve, como miembro de la comisión que ha de examinar el sistema sobre el libre comercio de América, solicita varios documentos que obran en poder del ministerio de Hacienda de Indias, por lo que se acuerda solicitar una copia de los mismos. Con esta intervención concluye la sesión secreta a las tres de la tarde.

El 16 de enero de 1811 se firman dos decretos de Cortes: Decreto XXIII. Se confirma la erección de una Junta de Justicia en la provincia de Guadalajara como Tribunal de Alzadas y Decreto XXIV. Reglamento provisional del poder ejecutivo (o del Consejo de la Regencia), ambos firmados por Alonso Cañedo, presidente, y José Martínez y José Aznárez, secretarios en la Real Isla de León.

La cuestión americana: Los principales problemas que se plantean los primeros meses no son solo de representación sino también de representatividad. El conflicto bélico dificultó en extremo el proceso de constitución de las Cortes generales y extraordinarias. La Junta Central había ordenado que se eligieran representantes por los virreinatos de Nueva España, Perú, Nueva Granada y Río de la Plata, así como de las capitanías generales de Cuba, Puerto Rico, Guatemala, Chile, Venezuela y Filipinas, a través de sus cabildos.

La falta de sensibilidad respecto al problema de la justa representación americana hizo que los españoles americanos perdieran espacio político y se vieran sobrepasados en poco tiempo por grupos radicales. En América, cada provincia podía elegir un diputado pero no existía corrector demográfico. Así nos lo relata el profesor Manuel Lucena Giraldo en su obra Naciones Rebeldes. Las revoluciones de independencias americanas, publicado por Taurus en 2010, donde dedica un capítulo a las Cortes generales y extraordinarias, titulado Intermedio gaditano.

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15 de enero de 1811

Diario de Sesiones
Diario de Sesiones Sesión Secreta

En primer lugar, la comisión Eclesiástica presenta su dictamen sobre el expediente remitido por el obispo de Salta de Tucumán en relación de algunas prebendas de su iglesia. El diputado Joaquín Lorenzo de Villanueva presenta alguna objeción, pero el dictamen es aprobado y se envía al Consejo de Regencia para su ejecución.

Se aprueba el poder de Mariano Mendiola Velarde, nombrado por el cabildo de la ciudad de Santiago de Querétaro, del virreinato de Nueva España, que sustituye a fray Lucas Centeno que había renunciado. Se aprueba también el poder de Antonio Alcayna Guirao, por el reino de Granada, distrito de Baza, por 4 votos de los seis electores. Prestan juramento y toman asiento en el Congreso.

Se lee el dictamen de la comisión de Justicia apoyando la queja de Fray Francisco Jerónimo Suárez, provincial de San Francisco en Extremadura, contra el general Mendizábal, que al parecer había alistado a un diácono de su orden: No podemos aprobar el que un general comprenda en un alistamiento por su propia autoridad a personas exceptuadas por la ley, aunque el bien público esté en oposición con esta ley… Se puede leer en el Semanario Patriótico de 24 de enero de 1811. Después de un largo debate entre Pelegrín, Aner, Melgarejo, Caneja, Quintana, Utgés, López y Argüelles, se reprueba el dictamen de la comisión y se envía al Consejo de Regencia para que disponga lo que juzgue conveniente.

De nuevo entra en escena el asunto del juramento del marqués del Palacio. El secretario lee una representación en la que el marqués presenta sus disculpas ante las Cortes. Intervienen brevemente los diputados Argüelles, Quintana, Villafañe, Capmany, Gallego, Dou, Espiga, Melgarejo, Dueñas, Aner y Pelegrín. Todos son de la opinión de que las Cortes no deben perder el tiempo en este asunto y que debe resolver el tribunal que estudia su causa. Se acuerda devolver el escrito al marqués para que haga el uso que estime conveniente.

El decano del Consejo Real pide que se le autorice para formar un plan para la distribución de las mandas forzosas. Intervienen Joaquín Díaz Caneja y Agustín Argüelles para reclamar al Consejo de Regencia el reglamento que se había comprometido a elaborar sobre este tema. Se redacta una proposición que resulta desechada.

Francisco Flórez Moreno presenta una memoria médico-política sobre los medios de mejorar la salud pública en Nueva España. Intervienen Diego Muñoz Torrero y Juan Nicasio Gallego solicitando que se forme una comisión de Educación para estudiar estos asuntos. La Junta Suprema de Censura nombra para la Junta provincial de Censura de Canarias a los miembros siguientes: Jacinto Velandía para el puesto de secretario; José Viera, arcediano de Fuente Vendana; Antonio Lugo, arcediano titular de aquella iglesia; Mateo Bautista Cerro, fiscal de Hacienda; Nicolás Negrín; y José Vázquez. Y para la Junta provincial de Mallorca a Rafael Barceló.

Después de varios oficios y memoriales de menor entidad se procede a la lectura del Reglamento provisional del Poder ejecutivo o de la Regencia, conforme a lo acordado a lo largo de la tramitación. Se aprueba y se manda imprimir para expedir el correspondiente decreto. Todavía en esta última sesión intervienen en relación a este asunto Villanueva, Argüelles, Borrull y González. Finalizada la discusión, se rechaza la adición de Villanueva que dice textualmente: durante la opresión de la península por los enemigos, el Consejo de Regencia podrá proponer a las Cortes cuantos medios le sugiera su ilustrado celo a favor de la causa nacional… Esto da lugar a que otros miembros manifiesten la posición subordinada que a su juicio debe tener el Consejo de Regencia frente a las Cortes.

Este primer texto define, por tanto, un poder ejecutivo supeditado a las Cortes. Este carácter restrictivo es para muchos historiadores la causa de la escasa vigencia del mismo. Alonso Cañedo, en su calidad de presidente, cierra el debate con estas palabras: Apoyo las ideas de Borrull y Argüelles; no hay necesidad de adiciones, pues el Consejo de Regencia no es poder, lo ejerce. El texto impreso del proyecto se puede consultar en Proyecto de un Reglamento provisional para el Consejo de Regencia, Cádiz: en la Imprenta Real, año 1810. Al final de la sesión, la comisión de Guerra vuelve a plantear problemas derivados del alistamiento de fuerzas para el ejército. Los diputados insisten en que se pongan todos los medios posibles. Véase El Conciso del viernes 18 de enero. Al final de éste número se hace una semblanza del célebre Juan Martín Díez, conocido como El Empecinado.

La sesión secreta se ocupa de los temas propios de las sesiones reservadas, como la lectura del acta anterior, partes militares, estado de las fortificaciones, alistamiento para el ejército, etc.

Se da cuenta de un oficio de la Regencia a través del ministerio de Estado sobre qué medidas se deben adoptar ante la actual crisis que atraviesa América. Felipe Aner presenta la proposición siguiente: Que se diga al Consejo de Regencia que las Cortes se han enterado de una exposición reservada sobre los asuntos de América; y que en su vista han acordado que el Consejo de Regencia, tomando las noticias que juzgue convenientes, proceda a extender las bases sobre las cuales podrían hacerse los convenios de comercio con la Nación británica, con las demás mejoras que expone en su escrito.

Sin llegar a votarse, se acuerda que se nombre una comisión específica, y el presidente designa a los diputados José Pablo Valiente, Vicente Morales Duárez, Joaquín Fernández de Leyva, Juan Polo, Mariano Mendiola, José Miguel Guridi Alcocer y Felipe Aner para formar parte de ella.

El 15 de enero de 1811 se firma el Decreto XXII: Se prohíbe la apertura general de cartas. Firmado por Alonso Cañedo, presidente. José Martínez y José Aznárez, secretarios en la Real Isla de León.

Cronología del Reglamento provisional del Poder ejecutivo (o Consejo de Regencia)

Acuerdo para su formación: 26 de septiembre de 1810
Dictamen: 5 y 12 de diciembre de 1810
Debate: 17, 21, 22, 25, 26, 27 y 28 de diciembre de 1810, y 3, 5, 6, 8, 12 y 15 de enero de 1811.

El Reglamento provisional del Poder ejecutivo es aprobado en esta sesión del día 15 de enero y se publica el 16. Juan Nicasio Gallego, con gran claridad, manifiesta como las Cortes tienen dos competencias, una legislativa y otra de Congreso Nacional. Este primer texto define un poder ejecutivo fuertemente cercenado en su capacidad decisoria y muy seriamente controlado por las Cortes, actuantes a la sazón no como mera cámara legisladora, sino como Congreso Nacional soberano. El decreto. Roberto Luis Blanco, en Rey, Cortes y Fuerza Armada en los orígenes de la España liberal 1808-1823, hace un estudio detallado de la tramitación del Reglamento provisional del consejo de Regencia. El Reglamento provisional para el Consejo de Regencia será el primer texto legal emanado de las Cortes en que se contiene un diseño, bien que provisorio y mientras de forma definitiva no se establecía el gobierno en la Constitución, de regulación jurídica delimitadora de las respectivas esferas competenciales del legislativo y del ejecutivo en los distintos sectores de la decisión política estatal.

Nuevos diputados:

Mariano Mendiola Velarde. Querétaro (Nueva España) 1769-Ciudad de México 1823. Elegido por Querétaro el 8 de agosto de 1810 por la renuncia de fray Lucas Centeno. Diputado muy activo. Interviene en el debate constitucional. No es partidario del traslado de las Cortes a Madrid.

Antonio Alcayna Guirao. María (Almería) 1755- Orihuela (Alicante) 1826. Elegido por el reino de Granada, distrito de Baza, por cuatro votos de los seis electores. Del sector tradicionalista, es partidario del mantenimiento de la Inquisición. Las Cortes le dan licencia para volver a su parroquia el 13 de septiembre de 1813.

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14 de enero de 1811

Diario de Sesiones
Diario de Sesiones Sesión Secreta

Empieza la sesión con la lectura de las actas del día anterior y de un decreto extendido por la comisión de Justicia sobre establecimiento de una Audiencia en la ciudad de Murcia para todo el territorio de la Chancillería de Granada, interinamente, hasta la recuperación en Granada de un nuevo tribunal o Audiencia, que se aprueba por unanimidad

Joaquín Díaz Caneja presenta la proposición siguiente: Señor, la desgraciada ocupación por el enemigo de las dos Chancillerías del Reino, hizo que el antiguo Consejo de Regencia fijase su atención sobre los pueblos libres de la respectiva jurisdicción de ellas en orden a la administración de justicia, y los agregase provisionalmente a las Audiencias de Valencia y la Coruña. A este se agregaron todos los de la provincia de León que pertenecían a Valladolid, sin duda porque creyó equivocadamente que aquel era el Tribunal Superior más inmediato, de lo que es una buena prueba el haber agregado también a la misma Audiencia los pueblos del principado de Asturias, sin embargo de que existía al mismo tiempo su propia Audiencia, que había emigrado de Oviedo. Luego que el gobierno adquirió esta noticia enmendó el anterior repartimiento en cuanto al principado, dejando su Audiencia con la misma jurisdicción que tenía… Es admitida la proposición para su discusión y se remite a la comisión de Justicia.

A continuación, la sesión se ocupa de un tema ya tratado en sesiones anteriores como era el asunto del deficiente funcionamiento de Correos. Según consta en la prensa de la época, la discusión de este día es viva y agitada. Se trata sobre la orden de la Regencia que prohíbe a los militares escribir por correo la situación de los ejércitos y sus operaciones. Véase el Semanario Patriótico de 24 de enero de 1811.

Se presentan varias proposiciones por parte de los diputados. Sobre la apertura de las cartas, unos querían que se anulase la orden, otros que se dejase como estaba. Todas las proposiciones fueron reprobadas. Vicente Traver, diputado por Valencia, finaliza el debate y se expresa de este modo:

Toda la dificultad está en la orden que el ministro dio sobre la apertura de las cartas para la ejecución de este decreto. El mal no está en la apertura, sino en la generalidad con que se ha hecho; y esto está vencido fácilmente con una proposición que puede decir así: Las Cortes generales y extraordinarias aprueban el Real Decreto expedido por el anterior Consejo de Regencia de 8 de agosto del año próximo pasado; pero sabedoras del abuso observado por la generalidad con que se ha hecho la apertura de las cartas, mandada por el superintendente general de correos, mandan que no se verifique dicha apertura, sino de las cartas que haya alguna fundada sospecha, haciéndose entonces por el administrado y oficiales que reúnan la mayor confianza y sigilo con arreglo a lo prevenido en las ordenanzas de correos.

La proposición se aprueba con la corrección siguiente: que en lugar de la cláusula pero sabedoras del abuso observado diga pero deseando evitar los abusos que pueden resultar de la generalidad con que se ha mandado la apertura de cartas por el superintendente general de Correos, decretan que no se verifique…

Véase la crónica de este día en El Conciso del viernes 18 de enero de 1811.

La sesión secreta se inicia con la lectura de la sesión de la noche anterior. Se leen los partes de guerra y fuerzas sutiles y se informa sobre el estado de las fortificaciones en Cádiz y en la Isla. Sigue la discusión sobre el estado de los ejércitos en Extremadura y demás provincias, y prosigue informándose de la dificultad de los alistamientos, contribuciones, etc.

Se presentan varias solicitudes de particulares: Andrés Muñoz Caballero, natural de la Isla Española de Santo Domingo y enviado por su gobernador y capitán general, protesta por el comportamiento del comisario regio en la isla.

El Consejo de Órdenes consulta la oportunidad de nombrar fiscal a Alfonso Angel de Noreña; se remite a la comisión de Justicia.

Bruno Petrus presenta una reclamación sobre el maltrato recibido de parte del general O`Donnell y solicita el desagravio pertinente.

Antonio Oliveros hace una proposición relativa a la venta de propios y baldíos. Las Cortes resuelven que la presente en sesión pública.

José Espiga presenta otra proposición: Las Cortes generales y extraordinarias, habiendo oído con mucho dolor las urgentísimas necesidades que exponen las provincias, y el inminente peligro a que se ven amenazados los ejércitos por falta de subsistencias; y deseando combinar sus órdenes con las providencias que hubiere dado el Consejo de Regencia, quieren que exponga éste el actual estado de víveres para sostener este ejército y los de las provincias, y las medidas que tuviese tomadas para en adelante. Las Cortes dejan pendiente la resolución de esta proposición.

Los dos temas de la sesión son: el asunto de las Chancillerías y el abuso en la apertura de los correos.

En relación al primer asunto puede verse el texto completo en: Decreto XXI, sobre Establecimiento de una Audiencia en la ciudad de Murcia para todo el territorio de la Chancillería de Granada. Firmado el 14 de enero de 1811 por Alonso Cañedo, presidente, José Martínez y José Aznares, secretarios en la Real Isla de León.

En relación al segundo asunto, el decreto sobre la prohibición de apertura de la correspondencia se publica al día siguiente, 15 de enero de 1811.

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13 de enero de 1811

Diario de Sesiones
Diario de Sesiones Sesión Secreta

Empieza la sesión con la lectura de las actas del día anterior y con una representación de José María de la Cerda y de la Cueva, XIV duque de Alburquerque, recibida desde Londres y en la que manifiesta su adhesión a las Cortes por su instalación e incluye un manifiesto para defenderse de los ataques recibidos de la Junta de Cádiz.

Este manifiesto, escrito con la ayuda de Blanco White el 20 de noviembre de 1810, Manifiesto del duque de Alburquerque, acerca de su conducta con la Junta de Cádiz y arribo del exército de su cargo en aquella plaza, se reedita en Mallorca en 1811 y Blanco White lo inserta en El Español de 30 de enero de 1811. En el se describe el sufrimiento del duque al ver que unos comerciantes y los miembros de la Junta de Cádiz le habían tratado con desprecio, sin tener en cuenta sus constantes desvelos por el ejército desde que el 4 de febrero de 1810, nombrado capitán general del ejército y costa de Andalucía, llega a la Isla de León para organizar la defensa de Cádiz.

Este es el asunto que ocupa toda la sesión pública. Intervienen los diputados Luxán, Terrero, Garoz, Laguna, Aner, Creus, Zuazo, Gómez Fernández, Esteban, Aguirre, Gallego, Borrull, Morales de los Ríos, Pelegrín, Llamas, Villanueva, Espiga, Valcárcel, González, Pérez y García Herreros.

Manuel Luxán, después de relatar las hazañas bélicas y su ejemplar comportamiento con los miembros de su ejército, pide que se le declare benemérito de la Patria.

Vicente Terrero, llamado popularmente el cura de Algeciras, se une a los elogios dirigidos al duque de Alburquerque por el diputado Luxán y añade que gracias a su valor se ha salvado la ciudad de Cádiz, y es de la opinión de que se encomiende al Consejo de Regencia dicho reconocimiento.

Mariano Blas Garoz empieza su intervención diciendo que no va a hacer una apología del duque y se plantea la siguiente disyuntiva: Si es para que se le reponga en el mando de un ejército, de que no se le ha despojado, me parece que sólo se le debe decir que continúe: si es para darle el mando de otro ejército, debe recomendarse al Consejo de Regencia.

Para aclarar este asunto se solicita que se lea la súplica de representación del duque. El secretario da lectura a la misma.

Gregorio Laguna es de la opinión de que se le restituya al mando el ejército de Extremadura.

Felipe Aner sugiere que sea el Consejo de Regencia el que determine el destino adecuado y dónde es más necesario el mando de este ilustre militar. Por otro lado, tampoco le parece oportuno que se le condecore como benemérito de la Patria, pues puede resultar un agravio comparativo con otros que estén en su misma situación, sin perjuicio de que más tarde pueda decidirse otorgar este u otro reconocimiento.

Jaime Creus se inclina a pensar que el meollo de la representación es el agravio sufrido por las críticas de la Junta de Cádiz y que este es el asunto a solventar.

Antonio Zuazo empieza por enumerar los méritos del general en Uclés, Mora, Consuegra, Talavera, etc. Pide que se declare al duque de Alburquerque y a su ejército beneméritos de la patria.

Francisco Gómez Fernández es del parecer de que no debe cambiar de destino sin el consentimiento del gobierno.

Andrés Esteban opina que se deben comunicar a la Regencia los intereses del duque, y que la ocupación de este general en Inglaterra no llena el hueco de sus talentos militares.

Medalla de José María de la Cueva y de la Cerda. XIV duque de Alburquerque. 1775-1811. Congreso de los Diputados.Medalla de José María
de la Cueva y de la Cerda.
XIV duque de Alburquerque.
1775-1811.
Congreso de los Diputados.

El barón de Antella, aunque dice no conocer al general, es de la opinión de que se le reconozcan sus méritos por haber defendido Cádiz y la Isla y que a Inglaterra se pueden enviar a otros diplomáticos y restituir al militar al mando de alguno de los ejércitos.

Juan Nicasio Gallego protesta por dedicar tanto tiempo a este asunto, ya que a su juicio los méritos del duque son incuestionables.

Francisco Javier Borrull agradece en nombre de Valencia las operaciones militares del duque que impidieron el avance de las tropas francesas, y se inclina por que se respete su vocación militar frente a su destino diplomático en Inglaterra.

Andrés Morales de los Ríos, como diputado por Cádiz, agradece especialmente a éste y a todos los libertadores de su ciudad.

Ramón López Pelegrín es partidario de esta declaración: El duque de Alburquerque y su ejército llenaron heroicamente sus obligaciones en la retirada que hicieron a Cádiz y a la Isla. Se muestra partidario de que deje su empleo diplomático y se ocupe de su vocación militar.

Pedro González Llamas no es partidario de condecoraciones a los militares sin un estudio previo. Joaquín Lorenzo Villanueva le replica que no es el caso del duque de Alburquerque, cuyos méritos son de todos conocidos.

José Espiga vuelve a extenderse en un discurso lleno de elogios y narraciones de las hazañas de este militar y por todo ello acaba declarándole merecedor de ser nombrado benemérito de la patria. El debate se da por acabado y después de varias propuestas, se aprueba la que indica que se le reinserte en la carrera militar como era su deseo.

Antonio Joaquín Pérez y Martínez, obispo de Puebla de los Ángeles, se ofrece a costear con los americanos una medalla para el duque y para su ejército. Aunque todos los diputados están conformes con la idea, no lo están en la forma de expresarla, lo que da lugar a que se desechen varias proposiciones; se aprueban por último las de Mariano Blas Garoz, reducida a declarar al duque y a su ejército beneméritos de la patria por sus servicios y en especial por la defensa de Cádiz y de la Isla y Manuel Luján en la que se solicita a la Regencia que se atienda la petición del duque de volver a desempeñar un puesto en el ejército.

Al final de la sesión se lee otra representación, en este caso del marqués de la Romana, dirigida a las Cortes a través del ministerio de Guerra, para felicitar a las mismas por su instalación y se da cuenta del reconocimiento y juramento de todas las divisiones del Ejército de la Izquierda que estaba bajo su mando. El juramento se realiza en un pueblo a seis leguas de Lisboa. Se manda insertar en la Gaceta.

En la sesión secreta de la mañana, que empieza a la una y dura hasta las tres, se ven los siguientes asuntos:

Se informa sobre las medidas que se deben adoptar para proporcionar azogues en América. En relación con este asunto, se lee la cuarta proposición de los diputados americanos presentada el día 16 de diciembre:

La explotación de las minas de Azogue será libre y franca a todo individuo, pero la administración de sus productos quedará a cargo y responsabilidad de los tribunales de minería, con inhibición de los virreyes, intendentes, gobernadores y tribunales de Real Hacienda.

Intervienen en la discusión cinco diputados y se acuerda la libre facultad a todo propietario de trabajar sus minas y utilizar sus producciones. José Pablo Valiente y los secretarios quedan encargados de redactar el oportuno decreto.

Algunos diputados realizan aportaciones económicas para sufragar los gastos del ejército.

Fernando Mujares, capitán general de Venezuela, a través del ministerio de Gracia y Justicia, hace llegar a las Cortes información sobre distintos sucesos ocurridos en Maracaibo. Las Cortes agradecen el comportamiento de los leales a España y se propone que se dé a la ciudad el título de Noble y Leal.

En la sesión secreta de la noche se leen los partes de guerra y se da cuenta de un oficio de la Regencia sobre el alistamiento en Cádiz.

Felipe Amat Cortada, diputado por el principado de Cataluña, solicita autorización para trasladar a su familia a Mallorca, a lo que las Cortes acceden.

Se informa de la llegada de José Canga Argüelles para el cargo de la secretaría de Hacienda y se comunican otros nombramientos del Consejo de Regencia. También se recibe la contestación de la Regencia sobre qué se entiende por mando absoluto cuando se refiere a los generales del ejército.

En relación con esta sesión, véase el Semanario Patriótico de 24 de enero y El Conciso de 16 de enero. En este último, se inserta el siguiente Parte del general Espoz y Mina a la Junta de Valencia: En las ligeras escaramuzas que tuve con el enemigo los días 27 de octubre en El Carrascal, 3 de noviembre en el Olivar de Olite, y 7 del mismo en el lugar de Abioriz, quedaron en mi poder 26 prisioneros, 20 vacas del enemigo, la correspondencia general del ejército francés, 13 caballos, 43 fusiles, 17 carabinas, 29 sables y 53 mochilas. Dexaron en el campo los franceses 34 muertos y llevaron pasado de 130 heridos. Campo de honor, 24 de noviembre de 1810. Francisco Espoz y Mina.

El XIV duque de Alburquerque, José María de la Cueva y de la Cerda, es el protagonista de esta sesión. Nace en Madrid en 1775 y fallece en su casa de Londres el 18 de febrero de 1811. Su carrera militar es de gran importancia, a pesar de su brevedad. En 1792 ingresa en el Regimiento de caballería Dragones de la Reina, es teniente coronel en 1793 y en 1807 solicita su incorporación en el ejército que mandaba el marqués de la Romana con destino en el norte de España, en el que permanece hasta marzo de 1810 en que se le nombra gobernador político militar de la Isla de León y de Cádiz. Fue un gran defensor de la Isla como baluarte frente al enemigo. Esto le supuso continuos enfrentamientos con la Regencia, hasta que es sustituido por el general Castaños y se le nombra embajador en Londres. El viaje lo realiza a bordo de la fragata inglesa HMS Undaunted, desde Cádiz a Portsmouth, travesía que realiza en once días. No dejó nunca de recordar al gobierno su deseo de volver al ejército. A los 35 años fallece en su casa de Portman Square. Las exequias se celebran en la Royal Spain Chapel. Sobre el túmulo figuraba una leyenda con todos sus apellidos y títulos precedidos de la siguiente inscripción: Preferre Patriam Liberis Parentem decet. Depositum.

En Cádiz, en 1810, se publica otra Representación dirigida al Congreso Nacional por el Excmo. Sr. Duque de Alburquerque…

Véanse además las actas del I Coloquio Internacional: España 1810. La Isla de León, el duque de Alburquerque y el Ejército de Extremadura. San Fernando, Cádiz, 8-11 febrero 2010.

La medalla que ilustra esta sesión es obra de Félix Sagau y Dalmau, nacido en Barcelona en 1786, grabador de Palacio y de las casas de moneda de España e Indias. Se presentan tres modelos en oro, plata y cobre. Los troqueles y las muestras importan 9.760 reales. En el anverso figura la inscripción Alburquerque y en el reverso Exiremum Propucnaculum Hispaniae Autonomice. Constitución Política de la Monarquía Española.

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12 de enero de 1811

Diario de Sesiones
Diario de Sesiones Sesión Secreta

Empieza la sesión con la remisión a varias comisiones de la documentación recibida. Destaca una solicitud de los individuos del Ejército de operaciones de la Izquierda en la que piden tener representación en las Cortes. Se envía a la comisión de Poderes.

Tadeo Sánchez Escandón hace una aportación económica que se distribuye entre los damnificados del señorío de Molina, el cuerpo que manda el propio Escandón y los patriotas al mando de Juan Martín, el Empecinado.

La comisión de Justicia, vuelve a presentar una queja de José de Tena y Malfeito, alcalde de Villanueva de la Serena, en la que se lamentaba de que no le habían administrado justicia. Intervienen brevemente Domingo García Quintana, que acusa a las Cortes de no tomar una medida más drástica ante las continuas quejas de este tipo, y Manuel Luxán, que opina que las denuncias se quedan en declaraciones vagas y generales que de nada sirven. Blas Ostolaza es de la opinión de que se juzgue al abogado de quien se habla pues, si está preso desde julio, ya es hora de que se le administre justicia. Finaliza Manuel Villafañe pidiendo justicia y que se cumpla el dictamen de la Comisión. Véase el Semanario Patriótico de 24 de enero de 1811, sesión del 12.

Se vuelve a recordar a la Regencia la orden expedida referida a la presentación cada dos meses del estado de las causas. Los diputados Dueñas, Morales Gallego y Argüelles protestan ante las Cortes por no estar cumpliéndose dicha orden.

Después de informar a las Cortes de asuntos menores, el diputado Diego Muñoz Torrero reclama la atención para que se finalice el debate del Reglamento del Consejo de Regencia y se publique lo antes posible.

Juan Martín Díez, El Empecinado. 1775-1825Juan Martín Díez, El Empecinado. 1775-1825

Reglamento provisional del Poder ejecutivo (o del Consejo de Regencia):

En la tramitación del Reglamento se había quedado pendiente un punto del Artículo 4º: Los individuos del Poder ejecutivo rubricarán cualesquiera resoluciones que entreguen a los secretarios del Despacho, o acuerden con ellos, siendo estos responsables de las que puedan por sí y se hallen sin dicho requisito.

Los mismos individuos del Poder ejecutivo firmarán por sí y por el orden de precedencia respectiva los decretos que expidan, las resoluciones a las consultas de los tribunales, los despachos, cédulas, títulos y pasaportes que dieren, y cualesquiera otros documentos que llevasen la firma del Rey.

En caso de indisposición de algunos de los individuos del Poder ejecutivo u otro acontecimiento, firmarán los dos, expresándose el motivo de la falta del tercero.

Concluida la lectura comienzan las intervenciones de Polo, Caneja, Espiga, Argüelles, barón de Antella, Gallego, Rojas, Creus, Calatrava, Aner y Villanueva.

Juan Polo resume el problema que plantea el artículo en dos partes: la primera sobre si los Reyes han de rubricar los papeles, la segunda sobre la firma por los individuos de la Regencia de aquellos documentos que llevaban la firma del Rey.

Joaquín Díaz Caneja apoya la tesis de Juan Polo y diferencia la rúbrica según el tipo de documento: decretos, cédulas, etc. José Espiga explica las diferencias que hay entre los decretos, resoluciones simples y resoluciones de sustanciación.

Agustín Argüelles distingue entre lo que depende del Reglamento de la Regencia y lo que depende del arreglo interno de las Secretarías del Despacho. Intervienen brevemente otros diputados y se acuerda que se exprese firmarán o rubricarán, y por si estuviese alguno enfermo, se aprueba el texto: o el único que quedase, dando parte a las Cortes.

La sesión secreta se celebra por la mañana y por la noche. En la de la mañana, se sigue discutiendo el escrito presentado por el conde de Buenavista en contra de la traslación de las Cortes. El tono del escrito ocasiona protestas entre los diputados, lo que hace que el diputado vuelva a presentar otro más moderado en el que se disculpa, pues de ningún modo ha querido ofender a Cádiz ni a los gaditanos.

Se trata el tema de mando absoluto que se había dado a los generales de los seis ejércitos en que se ha dividido la península.

En la secreta de la noche, desde las ocho a las once, se lee una exposición de un sacerdote secular de Navarra, comandante de una partida de guerrilla que pide auxilios a las Cortes. Octaviano Obregón se ofrece a dar un dinero para esta causa. Se vuelve a insistir en los males que sufren los pueblos de Extremadura y se encomienda a la comisión de Justicia que se haga cargo del asunto. José Castelló lee una memoria sobre los desastres que aquejan a esta provincia y culpa de ello a la Junta de Badajoz. Según Villanueva en Mi viaje a las Cortes, el debate resulta tan agrio que el diputado Miguel Riesco sale en defensa de la mencionada Junta.

Cronología del Reglamento provisional del Poder ejecutivo (o Consejo de Regencia)

Acuerdo para su formación: 26 de septiembre de 1810
Dictamen: 5 y 12 de diciembre de 1810
Debate: 17, 21, 22, 25, 26, 27 y 28 de diciembre de 1810, y 3, 5, 6, 8 y 12 de enero de 1811

Juan Martín Díez, El Empecinado, 1775-1825:

En Retratos políticos de la Revolución de España, de Carlos Le Brun, se hace del personaje esta semblanza:
Guerrillero en la primera, que dio mucho que hacer a los franceses y afrancesados en los contornos de Madrid. Como se crió en los tiempos en los tiempos de libertad, bullían mucho en él esas ideas, quando el Rey vino: y por una bondad de corazón o sease por sugestión de algunos apasionados de ella, tuvo la noble osadía de poner en las manos del rey Fernando 7º de España, una representación baxo su firma, y eso en los memorables días de su furor contra la constitución y los liberales, pidiéndole la restableciese como el solo origen de la libertad de los pueblos como el mejor titulo de gloria al que podía arribar en su reynado…Fernando lo ha preso, y mandado jugar a su gusto, según su código mental y su corazón…y le condenaron a horca y ser descuartizado. Fernando aprobó esta sentencia como suya.

En El Conciso de 16 de enero de 1811 se da cuenta de los asuntos tratados en la sesión del 12. En relación a la solicitud del Ejército de Izquierda dice lo siguiente: Aunque este ejército es uno de los más acreedores a la gratitud y elogio de la Nación, no podemos menos que mirar como importuna, y aun injusta semejante pretensión. El pueblo español de que hace parte ese mismo ejército, decidido a enviar sus representantes a estas Cortes extraordinarias, confió tan importante encargo a aquellos entre sus conciudadanos que le inspiraron más confianza… El togado alterna con el militar, este con el propietario, unos y otros con eclesiásticos, comerciantes, empleados…

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11 de enero de 1811

Diario de Sesiones
Diario de Sesiones Sesión Secreta

Como tema monográfico de la sesión, continúa la discusión relativa a las Reformas de Ultramar que se había iniciado el 9 de enero. Intervienen los diputados Ramón Feliú, Ramón López Pelegrín, José Valcárcel Dato, Joaquín Lorenzo Villanueva, Antonio Zuazo, Joaquín Díaz Caneja, Miguel Riesco, Francisco Javier Borrull, Domingo García Quintana, Jaime Creus, Octaviano Obregón, Simón López, Alfonso Rovira, Ramón Lázaro de Dou, José Álvarez de Toledo, González y Vicente Morales Duárez.

Ramón Feliú se defiende de las acusaciones vertidas contra las proposiciones presentadas por los diputados de Ultramar. Algunos diputados habían detectado pretensiones de emancipación en la sesión anterior: …Y usurpando el mismo lenguaje, aunque impropio, digo, que el verdadero modo de emancipar o manumitir a las Américas, es no acceder a lo que en la proposición presente solicitan por nuestro medio…

Ramón López Pelegrín rechaza las proposiciones, ya que: Es muy difícil que para las Cortes actuales se puedan elegir los diputados en América, uno por cada 50.000 almas, y estando además acordada su representación según lo han permitido las circunstancias extraordinarias, parece que declarando a los españoles americanos el derecho de elegir Diputados según el número de almas que sirve de regla en Europa, no debe hacerse una novedad como inútil hasta la Constitución.

José Valcárcel Dato, por el contrario, se muestra partidario: …Es pues Señor llegado el día feliz de que recobren su libertad y derechos aquellos habitantes oprimidos, desterrando V.M. la esclavitud…

Joaquín Lorenzo Villanueva lo considera imprudente y prematuro: …creo justo que los españoles de América y Asia, con respecto a las Cortes futuras sean comprendidos en el plan que se establezca ahora para la representación de la España europea; porque habiendo declarado el augusto Congreso la igualdad de unos y otros españoles, debe establecerla también en los medios de la representación nacional, bien se renueven los Estamentos o los votos de las villas y ciudades…

Antonio Zuazo, diputado suplente por el Virreinato del Perú, defiende la proposición y considera que en América hay personas capaces de asumir dicha representatividad y, por tanto, deben participar en la elaboración de la Constitución.

Joaquín Díaz Caneja cree que este tema debe solventarse durante la tramitación de la Constitución.

Después de unas breves intervenciones del conde de Puñonrostro y de Miguel Riesco, interviene Francisco Javier Borrull para apoyar la tesis de que estas Cortes extraordinarias no deben tratar la extensa representación de los diputados de Ultramar, y opina como algunos de sus compañeros que debe dejarse para el momento del debate constitucional.

Domingo García Quintana manifiesta que, de las once proposiciones presentadas por los diputados de Ultramar en la sesión del 9 de enero, se había mostrado partidario de la primera. De las demás, unas deben esperar a la nueva Constitución, otras deben ir más documentadas y otras se pueden tratar pero con algunas modificaciones.

Jaime de Creus se muestra partidario de no hacer modificaciones por ahora, y de que la representación de los diputados se debe ajustar al reparto establecido por la Junta Central.

Octaviano Obregón, diputado suplente por la provincia de Santa Fe de Guanajuato, reconoce que el origen de todos los males en que nos encontramos procede de la época de la conquista de América: …Al momento mismo que los españoles pusieron los pies en la América, empezaron las injusticias y repito que no había una misma medida ni balanza entre conquistados y conquistadores...

Simón López juzga justa la proposición de los americanos y no ve peligros en decretar lo que se solicita.

Alfonso Rovira insiste en que se debe dar la representación, pero que esta debe hacerse en el marco de la Constitución y que no debe mencionarse la razón de la conquista, pues que así como los romanos conquistan España, tres españoles llegaron a ser emperadores de Roma.

Ramón Lázaro de Dou es de la opinión de que este asunto se defina en la Constitución y que, mientras tanto, se forme una comisión de tres diputados europeos y tres diputados americanos para estudiar las proposiciones. Como diputado americano, sugiere para la misma al obispo de Puebla de los Ángeles.

José Álvarez de Toledo, diputado suplente por Santo Domingo, pero nacido en La Habana, empieza diciendo: Señor, aunque todo cuanto diga será repetir lo que han dicho ya mis dignos compañeros, sin embargo soy americano y quiero decir mi modo de pensar… he visto que todos los señores preopinantes convienen en que es preciso establecer una entera igualdad entre los españoles americanos y los españoles europeos: mas he notado con dolor, que los últimos se oponen a esta justa medida…

González quiere que se sometan a votación las propuestas y se muestra a favor de los intereses americanos.

Vicente Morales Duárez, del Virreinato del Perú, nacido en Lima, es el último en intervenir en el debate de esta sesión. Afirma que la proposición es la consecuencia inmediata del decreto de 15 de octubre que, como se recuerda, decía lo siguiente: Todos los naturales y originarios de América (se entiende los españoles, indios y sus hijos) tienen igualdad en derechos con los naturales y originarios de la España europea. La proposición concluye de este modo: …todos los naturales y originarios de ambos hemisferios tienen y tendrían igualdad en la representación nacional, regulándose por tanto ahora y en todo tiempo, bajo un mismo orden y forma. El decreto es una proposición universal que comprende necesariamente a esta proposición particular. Morales Duárez es el diputado que hace una mayor defensa de las proposiciones americanas. Finaliza su discurso suplicando a las Cortes que aprueben las mismas. Para el estudio de estas proposiciones, véase América en las Cortes de Cádiz, introducción y selección documental por Manuel Chust Calero.

En el Semanario Patriótico de 24 de enero de 1811 se recoge un resumen de la sesión del 11 de enero en la que se explican las dos posturas de los diputados; los que se inclinaban por que no se discutiera este tema en Cortes extraordinarias y, por el contrario, los americanos que se mostraban a favor de votar tales propuestas.

La sesión secreta empieza a la una y dura hasta las tres. En primer lugar, Diego Ventura de Mena, conde de Buenavista y del Cerro, diputado por Cuenca, presenta por escrito su voto en contra de la traslación de las Cortes.

No obstante, las Cortes acuerdan remitir al Secretario del Despacho de Gracia y Justicia la orden de traslado al Oratorio de San Felipe Neri en Cádiz, y que se tomen las medidas oportunas para su establecimiento. El documento que se acompaña es el oficio firmado por los secretarios Martínez y Aznárez, el 11 de enero de 1811, con la orden de traslado al gobernador de Cádiz y al aposentador de Palacio.

Traslado de las Cortes de la Real Isla de León a Cádiz:

José María García León en Las cortes en la Isla de león dedica uno de sus capítulos al traslado. Al poco tiempo de instalarse las Cortes en la Isla, los diputados, Argüelles, Capmany y García Quintana entre otros, se plantean ya la necesidad de trasladarse a un lugar más cómodo y seguro. Se pensó también en otras ubicaciones fuera de Cádiz.

El 14 de diciembre se recibe la noticia de que el mariscal Soult pensaba estrechar el cerco de la Isla. Después de muchas vicisitudes, en la sesión secreta del 10 de enero se aprueba la proposición presentada por Manuel Villafañe para el traslado a Cádiz. Diego Ventura de Mena, conde Buenavista del Cerro, presenta un escrito en el que se opone con un tono al parecer injurioso contra la ciudad de Cádiz, aunque dos días después pide disculpas, si bien no retira el escrito.

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10 de enero de 1811

Diario de Sesiones
Diario de Sesiones Sesión Secreta

Bernardino Fernández de Velasco Benavides, conde de Haro, remite una representación para que sea leída en las Cortes, sobre la posesión de los bienes de los que fue despojado por infidencia su padre Diego Pacheco, XIII duque de Frías.

Miguel Alfonso Villagómez explica que, después de haber seguido el cauce de varios tribunales, no fue atendida su solicitud en virtud de la “ley de Partida” en la que se establece que los hijos de los traidores no puedan tener, entre otras cosas, dignidades. Sugiere que esta cuestión la deben solventar las Cortes y no el Consejo de Regencia.

Francisco Gutiérrez de la Huerta es de la opinión de que esta cuestión ha de ser tratada por el Consejo de Regencia, mientras que para Jaime Creus hay que atender a las especiales circunstancias del peticionario y derogar la ley que únicamente debe ser competencia de las Cortes.

Oratorio de San Felipe Neri (Cádiz), sede de las Cortes. Fondo doceañista. Consorcio bicentenario 1812Oratorio de San Felipe Neri (Cádiz), sede de las Cortes. Fondo doceañista.
Consorcio bicentenario 1812

Manuel de Villafañe declara que no se pueden hacer excepciones, ya que hay muchos individuos en las mismas circunstancias y en su opinión se debe remitir al Consejo de Regencia, opinión esta última compartida por José Pablo Valiente.

Juan Nicasio Gallego ve en esta ley una injusticia, puesto que se hace pagar a los hijos por los delitos de los padres, máxime en este caso en que el conde de Haro se ha destacado en defensa de la causa de las Cortes, e insta a las mismas a derogarla, al ser quien tiene autoridad para ello. Se acuerda que pase al Consejo Real.

Se da cuenta de los juramentos del gobernador, obispo, intendente, ayuntamiento y estado mayor de La Habana, y de los dependientes de los consulados de Tarragona y Alicante, así como de los empleados en renta de las provincias de Guadalajara, Alicante, Ibiza y Soria.

Se informa a las Cortes de la elección de diputados, hecha por los pueblos del partido libre del reino de Granada.

Por el ministerio de Estado, se comunica la vacante de la administración general de Correos en Cádiz, de cuya provisión hecha por escala podría resultar vacante la última plaza, y algún ahorro al Erario.

Este asunto provoca un tipo de debate que Agustín Argüelles considera innecesario, pues resta a la Cámara tiempo para discutir otros temas de mayor calado. Juan Nicasio Gallego hace constar que en la Isla y en Cádiz hay muchos oficiales de correos que cobran y carecen de destino.

El conde de Buena-Vista es de la opinión de que el oficial mayor pase a ocupar la plaza de administrador pero sin el sueldo, como el de Cádiz.

José Pablo Valiente, en aras de economizar el puesto de oficial mayor, propone que este ha de quedarse con la mitad del sueldo. Tras un breve debate se acuerda pasar a la comisión de supresión de empleos el asunto.

El siguiente punto es la interceptación de la correspondencia pública, sobre todo la aplicación de la Orden de la Regencia de 8 de agosto de 1810, en que se prohibía escribir desde el ejército noticias sobre operaciones militares.

Juan María Herrera, después de hacer una extensa historia de las disposiciones habidas sobre este asunto, la considera demasiado amplia y, por lo tanto, pide que la correspondencia pública siga siendo inviolable: …tarde o temprano, abiertas o cerradas las cartas, hemos sabido de nuestros hermanos, paisanos y militares, en los diversos puntos donde se hallan, y nos han hablado de las penalidades y trabajos de nuestros valientes y desatendidos militares…

Felipe Aner de Esteve subraya el estado de guerra en el que se encuentra la Patria para defender la violación de la correspondencia. Juan Nicasio Gallego insta a que se comunique a la Regencia que suspenda el efecto de esta orden, sin que por eso se le prive de hacer lo que considere oportuno, opinión secundada por algunos diputados.

Ramón Lázaro de Dou considera este asunto de extrema gravedad, pues se puede atentar a la seguridad de la Patria.

Joaquín Díaz Caneja subraya que la orden de Regencia es para las personas, militares y civiles, que hay en los ejércitos.

José Luis Morales Gallego estima que todos estos casos ya están previstos en las leyes y que la Regencia únicamente debe observarlas.

Felipe Aner presenta una proposición en este sentido: que no se haga novedad en las actuales circunstancias sobre la orden expedida por el Consejo de Regencia. Intervienen en el debate los diputados: Quintana, Huerta, Garoz, Pelegrín y Argüelles: Suscitose entonces gran murmullo y contestaciones acaloradas. Al no ponerse de acuerdo, l presidente suspende la sesión dejando pendiente la discusión.

En la sesión secreta de la mañana, se da cuenta de la representación del Duque de Alburquerque desde Londres en la que felicita a las Cortes por su instalación.

El ministro de Estado da cuenta de que el ministro inglés comunica que se han tomado medidas para socorrer las necesidades del ejército en Cataluña y que se ha destinado un transporte al mando de un oficial británico.

La sesión de tarde empieza con la lectura de los partes de guerra. Se lee y aprueba la minuta del oficio a la Regencia por el ministerio de la Guerra, que solicitó la comisión del Periódico de las Cortes, para que se presenten como taquígrafos D. Antonio Gilman, capitán graduado de teniente coronel, agregado al regimiento de cazadores de Sevilla, y D. Vicente Coronado, alumno de la Academia militar.

El canónigo magistral de Sigüenza da cuenta de que las elecciones de cuatro diputados de Guadalajara fueron nulas. Se acuerda remitirlo a la comisión de Poderes.

Manuel Villafañe presenta la proposición siguiente: Que era necesario que el Congreso se trasladase a Cádiz inmediatamente. Tras un intenso debate en el que vuelven a intervenir un gran número de diputados, se formula la siguiente pregunta: ¿Se trasladarán las Cortes inmediatamente a Cádiz, o no? Se vota que las Cortes se trasladen a Cádiz y se hace saber al Consejo de Regencia que el lugar elegido es el Oratorio de San Felipe Neri y que se acomode el lugar para las sesiones y para las dependencias de los empleados.

El conde de Buenavista entrega su voto por escrito, para que se adjunte al acta de la sesión, en el que manifiesta su disconformidad con el traslado.

En el Semanario Patriótico de 26 de enero de 1811 empiezan a recogerse las sesiones a partir del día 10, aunque por error dice sesión del 9. El conde de Haro pedía al congreso la administración de los bienes de su padre el duque de Frías…

Bernardino Fernández de Velasco Benavides, conde de Haro, marqués de Belmonte, XIV duque de Fías y de Uceda, marqués de Villena, grande de España. Nace y muere en Madrid, 1783-1851. Hijo de Diego Pacheco, XIII duque de Frías y de doña Francisca Benavides. Ingresa en las guardias Valonas en 1796, Capitán de dragones en 1804. En 1808 se encuentra en Portugal y toma parte en la Guerra de la Independencia, aunque su padre era un afrancesado. Es duque de Frías desde el 11 de febrero de 1811. A la vuelta de Fernando VII es partidario del sistema constitucional. Con la revolución de 1820 es nombrado embajador en Londres. Vuelve a España en 1828 y forma parte del Estamento de Próceres del Reino en la legislatura 1834-1835 y senador vitalicio a partir de la legislatura 1838-1839. En el Senado se puede consultar su expediente personal. Es Juan Nicasio Gallego, quien le había acogido en Francia durante el exilio, el que comunica al oficial mayor del Senado su fallecimiento, acaecido en Madrid el 28 de mayo de 1851.

Para el estudio de este personaje se puede consultar la obra de reciente aparición de Alberto Gil Novales: Diccionario biográfico de España (1808-1833): de los orígenes del liberalismo a la reacción absolutista, editada por la Fundación Mapfre-Instituto de Cultura, 2010. En ella se recoge, además de la biografía de los grandes personajes que abarcan el periodo completo del reinado de Fernando VII, el esbozo biográfico de otros protagonistas menos conocidos hasta ahora, e incluso muchos de ellos desconocidos; es el resultado del estudio exhaustivo de fuentes archivísticas, monográficas y de un completo vaciado de prensa de la época.

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9 de enero de 1811

Diario de Sesiones
Diario de Sesiones Sesión Secreta

Se lee un oficio del general Castaños en el que da las gracias a las Cortes por la contestación honorífica que dieron éstas a su manifiesto de obediencia.

Se da cuenta del juramento de los obispos de Barbastro, Calahorra, Tortosa e Ibiza con su cabildo, la Junta Superior de Valencia, el cabildo de capellanes de coro de Cuenca, la justicia y el Ayuntamiento de Yecla, los individuos de las intendencias de los ejércitos de los cuatro reinos de Andalucía y Extremadura y los dependientes de la Real Hacienda de Badajoz.

Evaristo Pérez de Castro, como vocal encargado de redactar el Manifiesto a la nación española relativo al decreto de 1 de enero, lo presenta a las Cortes. Una vez leído es aplaudido por todos los diputados.

En El Conciso de 12 de enero de 1811 se dice: El Sr. Perez de Castro leyó un hermoso manifiesto a consecuencia de lo acordado anteriormente con motivo del rumor esparcido de la venida de Fernando VII. Y aunque un Señor Diputado le puso un reparillo, se consideró por tan de poca monta, que fue aprobado el manifiesto, y se mandó imprimir sin haber un voto en contra…

José Salvador López de Pan considera que en este Manifiesto se debía poner más énfasis en las cuestiones religiosas, ya que importan …más que la Patria, más que la vida y todo lo demás…

Retrato de José Miguel Guridi y Alcocer. En “Guridi y Alcocer, diputado de ambos hemisferios”, por Antonio Tenorio AdameRetrato de José Miguel Guridi y Alcocer.
En “Guridi y Alcocer, diputado de ambos hemisferios”,
por Antonio Tenorio Adame

Se aprueba el manifiesto tal y como se había presentado y se ordena imprimir junto al decreto.

La sesión se centra en discutir las proposiciones de los diputados de América y Asia, presentadas el pasado 16 de diciembre. En el Semanario Patriótico del 17 de enero de 1811, al relatar la sesión del 9, dice: Comenzáronse a ventilar en esta sesión las proposiciones relativas a los asuntos de América. Redúcese la primera a que la representación nacional en América y Filipinas haya de ser igual a la de esta península en el orden y la forma, aunque proporcionada al número de habitantes.

El secretario procede a la lectura de la primera proposición: En consecuencia del decreto de 15 de octubre próximo se declara que la representación nacional de las provincias, ciudades villas y lugares de la tierra firme de América, sus islas y las Filipinas, por lo respectivo a sus naturales y originarios de ambos hemisferios, así españoles como indios, y los hijos de ambas clases, debe ser y será la misma en el orden y forma (aunque respectiva en el número) que tienen hoy y tengan en lo sucesivo las provincias, villas y lugares de la Península e islas de la España europea entre sus legítimos naturales.

Intervienen un gran número de diputados, muchos de ellos procedentes de Ultramar o suplentes de América que habían sido elegidos en Cádiz:

Domingo García Quintana propone que se añada que se separen las clases de habitantes en el censo (mestizos, indios, europeos…), desterrar para siempre la esclavitud y permitir que los esclavos se junten para elegir a sus representantes europeos.

Esteban de Palacios, diputado por Caracas, se divide entre su corazón, desterrar la esclavitud, y su razón, no desterrarla.

José Pablo Valiente subraya las dificultades de América y afirma que lo primero que hay que hacer es cortar el vicio, y conocer mejor la realidad de América.

José Miguel Guridi y Alcocer, diputado por Tlaxcala, subraya el hecho de que las proposiciones americanas tienen como fin último el bien de la Metrópoli, pero considera que su prosperidad no puede hacerse a costa de las Américas. Señala los males que aquejan a las provincias de Ultramar: miseria, prohibiciones, imposibilidad de criar plantas… pero, sobre todo, el desprecio con el que se les trata y, a su juicio, el origen de tanto alboroto en tierras americanas es el despotismo y que el fin último de las proposiciones americanas se reducen a la igualdad en la producción y distribución de mercancías. Pero no obstante todo esto, los americanos aman a la península, de la cual jamás quieren separarse: detestan, si, el despotismo y éste es el único origen de sus alborotos; este amor que siempre han profesado a España, este amor a Fernando es el que enardece sus ánimos y sus corazones…

Antonio Joaquín Pérez Martínez Robles, obispo de Puebla de los Ángeles, busca en su intervención un punto intermedio entre Guridi Alcocer que todo lo pide y Valiente que todo lo excluye: Mas pues las recientes convulsiones de las Américas se caracterizan de ingratitud, ¿cuál será el camino mejor de atraerlas, sino desterrar la opresión y mezquindad como se las trata?...

Felipe Aner de Esteve considera que América reclama fundamentalmente igualdad de derechos e igualdad en la representación a Cortes, aunque considera que sería para las futuras Cortes y sugiere que se tenga en cuenta en la elaboración de la nueva Constitución.

José María Gutiérrez de Terán, diputado por Nueva España, es de la opinión de que esta medida no es justa, ya que deben poder intervenir en la redacción de la Constitución: Señor, yo creo que no sería justo que estando completa la representación de la Península, no lo estuviese también la de las Américas, ni sería justo privar a aquellos habitantes de tener el honor de contribuir con sus luces a la grande obra de la Constitución.

Agustín Argüelles también se suma a los anteriores opinantes y considera que la igualdad de derechos ha de ser una de las bases de la Constitución, pero que la aplicación ahora mismo sería complicada, primero por la guerra y segundo por ser unas Cortes extraordinarias que están sentando las bases para el futuro.

Ramón Utgés recuerda que el diputado Valiente reconoció que las necesidades más perentorias están ya reparadas por el decreto de 15 de octubre, que declaró la igualdad de los españoles y americanos y que, con respecto a la representación que debían tener los habitantes del otro lado del charco, se trataría en su momento. Sugiere que si se trata de la representación en las actuales Cortes no llegan a tiempo y que por tanto la cuestión se puede dilatar hasta la elaboración de la Constitución. Aspecto este último en el que coincide el diputado Juan de Lera y Cano.

Francisco López Lisperguer, diputado por Buenos Aires, reconoce la enfermedad de América que apuntaba Valiente y que es América la que puede sostener la guerra, y que perdiéndola España acabaría bajo el dominio de Napoleón. Señala que el problema tanto de España como de América ha sido la ignorancia, la costumbre de estar subyugada por el despotismo. Para remediar esta situación sugiere darles los mismos derechos que a los españoles, la misma libertad y que participen en la Constitución.

José de Espiga y Gadea se muestra más cauteloso al tratar el tema de la representación: …y que si bien todo ciudadano tiene derecho de ser protegido por las leyes, no todos son llamados al derecho de representación… Las naciones que han respetado mas los derechos del hombre y del ciudadano han considerado el derecho de representación como una augusta prerrogativa que exige singulares cualidades… Emplaza la discusión de este asunto a la comisión encargada de presentar el proyecto de Constitución.

Miguel Alfonso Villagómez está a favor de que los americanos participen en la elaboración de la Constitución: …En tal caso, si se tratase de hacer una nueva Constitución, debería asistir la representación americana completa; mas para la mejora de las leyes, que es el único objeto de estas Cortes extraordinarias, basta la representación que está en ellas…

Manuel Antonio García Herreros recuerda que el decreto de 15 de octubre únicamente fija la base de donde ha de partir la igualdad de representación, la de los derechos fundamentales y que la regulación del resto ha de quedar fijada en la Constitución. Termina diciendo: Y si ahora se quisiese esto resolver, ¿Cuándo vendrían los elegidos? Mi parecer es, Señor, que esto se guarde para el tiempo de la Constitución.

La sesión secreta, comienza con los partes de guerra, para continuar con los documentos remitidos por la Regencia, entre ellos el relativo a la instrucción que dispuso el canónigo de Monterrey en Nueva España, José Vivero, para el diputado a Cortes nombrado por aquella ciudad. Las Cortes resuelven que se envíen a una particular comisión.

Se leen dos memoriales de Antonio Ibarra, presbítero de Cádiz, sobre los abusos en el alistamiento en Cádiz y en la Isla. Después de un nuevo y largo debate sobre este asunto, la Cámara resuelve: Que se pidan inmediatamente a la Regencia los motivos que haya tenido para no haber remitido a las Cortes los partes diarios que se le pidieron en 23 de diciembre, relativos al alistamiento de Cádiz y de la Isla; y que acompañen igualmente todas las órdenes que se hubieren expedido a favor de los batallones de voluntarios de Cádiz y de la Isla para en su vista resolver lo conveniente, como también sobre si este asunto se había de tratar y decidir en público o en secreto.

La representación americana en las Cortes de Cádiz es el tema monográfico de esta sesión. José María García León, en Las Cortes en la Isla de León, afirma: Aunque desde el primer momento se dejó bien claro que tanto los españoles peninsulares como los ultramarinos, quedaban en plano de igualdad, sin embargo, este pretendido afán unificador, en la práctica levantó bastante suspicacia, acompañada de continuas protestas por parte de los representantes de Ultramar. A lo largo de los tres años, hubo un total de 67 diputados… Siempre pesaron en las Cortes las reivindicaciones americanas relativas a conseguir una igualdad en la representación política que los hizo recelosos de las disposiciones peninsulares…

Véanse además La cuestión americana en las Cortes de Cádiz, de Manuel Chust y La causa indígena americana en las Cortes de Cádiz, de fray Cesáreo de Armellada.

En el Semanario Patriótico del 17 de enero, los redactores plantean en una nota un comentario sobre la conveniencia de dejar este asunto para cuando se redacte la Constitución y hacen un análisis de la situación del conflicto existente en las provincias de Ultramar.

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8 de enero de 1811

Diario de Sesiones
Diario de Sesiones sesión secreta

Se abre la sesión pública con la representación de Agustín Mestre, boticario de Cámara, por la que reclama el ascenso a la dirección y presidencia de la Real Junta Gubernativa de Farmacia, quejándose de que el Consejo de Regencia había preferido á un boticario de Cámara de tercera clase. En el debate se pone de manifiesto, una vez más, que estos asuntos no deben ser tratados en la Cámara y se acuerda pasarlo al Consejo de Regencia. Véase El Conciso de 12 de enero de 1811.

Prosigue el debate con una representación de Ambrosio Diosdado en la que solicita, apoyado parcialmente por la comisión de Premios y un informe del general Mendizábal, que se le conceda la nobleza hereditaria y si no se le concediese ésta se le dispensase la personal para él y un hijo suyo único, sin servicio alguno pecuniario. Interviene José Espiga y Gadea y se pregunta cuáles son las clases de nobleza y si este asunto pertenece al Consejo de Regencia o a las Cortes. Manuel Valcárcel y Saavedra considera que lo que pide Diosdado pertenece al Consejo de Regencia, pero manifiesta a las Cortes que dos hijos de Diosdado han muerto en defensa de la patria.

José María Calatrava Peinado manifiesta su disconformidad argumentando que son muchos los que han perdido más hijos y no han tenido recompensa alguna. Al final, interviene Alonso Cañedo Vigil en su calidad de presidente para proponer que sea la comisión de Premios la que decida al respecto. En el Semanario Patriótico del 17 de enero de 1811 la crónica del día 7 recoge este asunto: Una pretensión muy extraña, apoyada por la comisión de Premios… solicitaba Ambrosio Diosdado que en atención a los grandes servicios…

Se retoma la discusión del Reglamento provisional del Poder ejecutivo (o Consejo de Regencia)

Capítulo VII: Del Consejo de Regencia con respecto a la fuerza armada.

Párrafo 1.º del artículo 1.º: El Consejo de Regencia proveerá todos los empleos y cargos militares con arreglo á la ordenanza general del ejército que en el día rige, mientras las Cortes no la varíen.

Se aprueba casi sin discusión.

Párrafo 2.º del artículo 1.º: El Consejo de Regencia nombrará los generales en jefe de los ejércitos y fuerzas navales en ambos hemisferios; pero así el nombramiento de estos como el de los virreyes, capitanes generales y gobernadores de los reinos y provincias de España en la Península y Ultramar, le hará saber á las Cortes en sesión secreta antes de su publicación. Esta disposición se extenderá al nombramiento de intendentes por lo respectivo á América y Asia.

Es la comunicación o no al legislativo lo que centra el debate; si bien, no hay discusión en que esta comunicación ha de ser obligada en lo relativo a América y Asia.

Aprobada la primera parte del párrafo “El Consejo de Regencia… hemisferios”, Diego Muñoz Torrero exclama: …no confundamos las cosas. El secreto solo puede importar en el nombramiento de los generales del ejército, pero no en los de provincias de la Península y América.

Felipe Aner de Esteve apunta que si al Consejo de Regencia se le permite nombrar a los capitanes generales de ejército y provincia, implícito va que pueda nombrar los de división y han de hacerse con conocimiento de las Cortes.

Agustín Argüelles, a su vez, se muestra contrario, ya que traerlo a las Cortes supone entablar un debate, y un debate que puede ser perjudicial para el nombramiento de un general y, por tanto, para la patria.

Por su parte, Juan Nicasio Gallego recela de que el ejecutivo ponga a personas no dignas de la confianza de la nación. Finalmente, el artículo es aprobado la modificación que se resalta: El Consejo de Regencia nombrará los generales en jefe de los ejércitos y fuerzas navales en ambos hemisferios; pero así el nombramiento de estos como el de los virreyes, capitanes generales y gobernadores de los reinos y provincias de España en la Península y Ultramar, le hará saber á las Cortes en sesión secreta antes de su publicación, a no ser que interesa el secreto en la provisión de dichos empleos con respecto a la península. También dará cuenta antes de la publicación del nombramiento de intendentes por lo respectivo á América y Asia.

Artículo 2.º: El Consejo de Regencia pasará á las Cortes cada mes una nota del estado de los ejércitos en todas sus partes, sin dejar por eso de repetirla en el momento que ocurra alguna novedad que merezca la atención del Congreso, si de ello no se siguiere algún perjuicio al secreto que exija su naturaleza. Ejecutará lo mismo cuando haya de tomar alguna medida importante, siempre que su manifestación no se oponga al buen éxito de la empresa.

Agustín Argüelles interviene para decir que no sólo quiere saber dicho estado, sino también su situación material.

Agustín Rodríguez Bahamonde considera que en las actuales circunstancias no puede el Gobierno dar este estado mensual. De manera que finalmente se suprime el párrafo segundo de este artículo por entender que se trata de una cuestión de procedimiento parlamentario. Este artículo se aprueba, excluyendo el periodo que dice: Ejecutará lo mismo cuando haya de tomar alguna medida importante, siempre que su manifestación no se oponga al buen éxito de la empresa.

Artículo 3.º: El Consejo de Regencia estará autorizado a tomar por sí, y sin comunicarlo al Congreso, todas las medidas de seguridad interior y exterior que crea convenientes, a reserva de participarlo a las Cortes en tiempo oportuno.Es aprobado sin discusión.

Artículo 4º: El Consejo de Regencia no podrá mandar personalmente en cuerpo, ni por ninguno de sus individuos, más fuerza armada que la de su guardia ordinaria. Ningún ascendiente ni descendiente por línea recta, ni pariente dentro del segundo grado de los individuos del Consejo de Regencia, podrá ser general en jefe de un ejército.

Antonio Capmany es partidario de que ningún individuo de la Regencia pueda tener otro empleo; para unos diputados es una obviedad, mientras que para otros este es su empleo único aunque conserven sus grados y títulos anteriores. El artículo es aprobado con la supresión de: ni pariente dentro del segundo grado, dándose por concluida la sesión pública.

Con este debate finaliza la tramitación del Reglamento, que se firmará el 16 de enero de 1811.

En la sesión secreta que se celebra por la mañana se lee la representación de un noble, Mariano de Aysa, que quiere contraer matrimonio con una mujer que no posee título nobiliario; el problema se plantea porque el mayorazgo de Aysa exige que la mujer debe ser noble. Las Cortes resuelven devolver el escrito al interesado y que acuda al tribunal correspondiente.

Se lee la instancia de la Junta Superior de Andalucía, establecida en Ayamonte, dando cuenta de los abusos de los jefes militares, posponiéndose el debate al momento en que se trate sobre iguales quejas presentadas anteriormente relativas a Extremadura.

Por su parte, Guillermo Martínez, mozo de las Cortes, solicita tener las mismas prerrogativas de los demás porteros del salón de las Cortes; se decide pasar el expediente a la comisión de Hacienda.

Lorenzo Bonavía presenta un memorial con las cuentas de los gastos del salón de Cortes y secretaría de los meses de noviembre y diciembre últimos. Se acuerda que se le devuelva el memorial y que lo presente a través del aposentador mayor. Se levanta la sesión y el presidente convoca a los diputados para la sesión secreta de la noche.

Esta tiene lugar entre las ocho y las once. Se discuten varios recursos recibidos desde Extremadura donde se quejan sobre vejaciones de los militares a distintos pueblos. Se lee el informe de la comisión de Justicia y se decide diferir la discusión para otro día.

Se da cuenta de un oficio remitido por el ministerio de Hacienda relativo al libre beneficio de las minas de azogue en América, con derogación de las leyes que lo prohíben. Se pospone este asunto.

Cronología del Reglamento provisional del Poder ejecutivo (o Consejo de Regencia)

Acuerdo para su formación: 26 de septiembre de 1810
Dictamen: 5 y 12 de diciembre de 1810
Debate: 17, 21, 22, 25, 26, 27 y 28 de diciembre de 1810, y 3, 5, 6 y 8 de enero de 1811

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7 de enero de 1811

Diario de Sesiones
Diario de Sesiones Sesión Secreta

Comienza la sesión pública con la lectura de las actas del día anterior, tras lo cual jura a las Cortes la villa de Berlanga, provincia de Soria. Igualmente se informa a las Cortes de la lista de empleos vacantes en la Tesorería general y se comunica una representación de la Junta Superior de Guadalajara que solicita que se admita como diputado al obispo de Cuenca. Todos estos expedientes se pasan a la instancia correspondiente.

Se lee y aprueba el informe de la comisión de Justicia relativo a la propuesta de Joaquín Blake sobre el establecimiento de una Audiencia interina en Yecla, Murcia, que funcionaría como sala de Chancillería hasta que Granada quedara libre.

Arsenal de la Carraca. Real Isla de León. Fondo doceañista. Consorcio bicentenario 1812.Arsenal de la Carraca. Real Isla de León. Fondo doceañista.
Consorcio bicentenario 1812.

Interviene al respecto Joaquín Díaz Caneja para exponer el caso que se vive en León y solicitar el mismo trato, o facilitar que dicho lugar pueda depender de la Audiencia de Asturias en vez de la de La Coruña. Las Cortes acuerdan que presente su propuesta por escrito para tratarla en las próximas sesiones.

El debate se centra ya en lo que es el tema principal de esta sesión, representación hecha por el general José Serrano Valdenebro, fechada el 8 de noviembre, en la que se queja de los perjuicios que caerían sobre la Serranía de Ronda por la orden dada por decreto de 19 de octubre del Consejo de Regencia relativa a depender sus armas del Campo de San Roque, y al deshonor que por esta razón padecía su persona, sujetándole á nuevos comandantes después de haber servido con honor el mando en jefe de aquella sierra.

La comisión de Guerra propone devolver el escrito al interesado para que lo remita al Consejo de Regencia y, de inmediato, se inicia el debate. Todos los que intervienen subrayan el gran historial militar del general Valdenebro; lo que se cuestiona es si esta petición ha de venir a las Cortes o pasar directamente al Consejo de Regencia. A pesar de que se subraya, que este tipo de cuestiones no ha de ser objeto de discusión por el legislativo, en esta sesión será el asunto preponderante e interviene un gran número de diputados.

Pedro González Llamas propone que Valdenebro sea el general tanto de la Serranía como del Campo de San Roque.

Diego Muñoz Torrero, a su vez, presenta una proposición sobre el mismo asunto en la que pretende que la representación del general pase con recomendación a la Regencia para que estime lo que sea conveniente.

Para Francisco Fernández Golfín, esto supone que las Cortes le dan su autorización, cuando no es competencia del legislativo; a su vez, Agustín Argüelles hace hincapié en que este asunto se desestime y que las Cortes se dediquen a cuestiones más útiles para la Nación.

José Pablo Valiente pone el énfasis en que Valdenebro en su escrito quiere retirarse del servicio y que lo que hace es en bien de la patria; por ello, presenta una proposición que será desestimada por las Cortes encaminada a que éstas escriban al general y le den acuse de recibo de su representación y le comuniquen que viva descuidado, que se hará lo que convenga á la Patria.

Diego Muñoz Torrero vuelve a intervenir y pide que se deje el asunto; mientras Agustín Argüelles insiste en que decir al Consejo de Regencia lo que tiene que hacer no es pertinente.

Evaristo Pérez de Castro no es partidario ni de la remisión ni de la recomendación y pone de manifiesto que esta cuestión debe dejarse al margen del debate público, tal y como lo hace el enemigo, y aunar fuerzas.

Se expresa de este modo: Porque si ha de ser lícito que este general acuda a las Cortes, cada uno podrá acudir después. Señor, no sé si hay algún hombre que esté contento donde está, ni ahora, ni nunca; esto será una sentina de quejas, y nos veremos abrumados; se perderán las mañanas enteras… si no se acostumbra a los generales que vayan de polo a polo sin pestañear, sin replicar, todo está perdido.

Antonio Oliveros se atreve a comparar a nuestros generales con los mariscales franceses: …Yo quisiera que aprendiésemos de nuestros enemigos: yo he visto en la batalla de Talavera al general Víctor, que es mariscal del imperio, mandar una sola división, y he visto al mariscal Soult proceder de acuerdo y retroceder por la espalda para envolver al ejército reunido…

José Luis Morales Gallego desea zanjar tal discusión y solicita que la representación del general Valdenebro se remita a la Regencia.

Todavía intervienen los diputados, Francisco Gómez Fernández y Manuel Luxán. Este finaliza diciendo: Señor es necesario distinguir los casos de guerra y de política, de los pleitos…Los del poder ejecutivo son entender en la guerra, nombrar generales y disponer donde han de mandar…

Termina el debate y se procede a la votación: se aprueba la propuesta de Felipe Aner de que dicha representación del general Valdenebro pase al Consejo de Regencia para que haga lo que estime oportuno.

La sesión secreta transcurre entre las dos y las tres y media; y por la noche entre las ocho y las once.

Se da comienzo con la lectura de los partes de guerra y se traslada a la comisión de Hacienda la nota de los sujetos que han sido exceptuados del descuento que se previno por el decreto de enero de 1810.

Se nombra una comisión para el Examen de las dudas del tesorero general en cuanto al pago de las dietas de los diputados, cuya discusión se había anunciado en la sesión anterior y nuevamente vuelve a producirse un enfrentamiento entre los diputados que pedían que dicho tema se tratara en sesión pública y los que preferían debatirlo en sesión secreta.

La sesión de la noche empieza con la lectura de la sesión secreta de la mañana. Se da cuenta de una representación firmada por varios ministros de la Audiencia de Buenos Aires, en la que se quejan de la representación injuriosa firmada por el teniente coronel José Fernández de Castro y publicada en el número 8 del periódico de El Patriota. Las Cortes acuerdan elevar la solicitud al Consejo de Regencia.

Igualmente se da cuenta de una representación de José Riguena, fechada el 31 de diciembre, en la que insiste en una reclamación que había hecho con anterioridad y que no había sido satisfecha. Queda aplazado su debate para cuando se traten los asuntos relacionados con América.

Por último, se retoma la moción del diputado Domingo García Quintana, en la que pedía se le retirara de las Cortes al saber que había diputados que le miran como fallido por solo haber obtenido una espera de acreedores; las Cortes acuerdan que …como no tienen las Cortes, noticia ni menos justificación de particulares que le inhabiliten para dejar de continuar en el ejercicio de diputados a Cortes, siga asistiendo como tal al Congreso.

José Serrano Valdenebro, 1743-1814.

Los diputados emplean toda la sesión pública en discutir la representación del general José de los Mártires Serrano Valdenebro. Es evidente que entre los diputados subyace la preocupación por la situación de guerra y en este caso la guerra de guerrillas, aun cuando fuera un asunto competencia de la Regencia.

En el Semanario Patriótico del jueves 17 de enero de 1811, la crónica de la sesión del 7 dice: Un asunto peculiar y privativo de la Regencia …ha ocupado la atención del congreso… que no saben deslindar las facultades de uno y otro poder, o no tienen bastante confianza en los regentes… Tratábase de una representación y un manifiesto del general Valdenebro…

El protagonista es el militar y marino español nacido en Cortes de la Frontera (Málaga) en 1743 y fallecido en Cartagena (Murcia) en 1814. Con una extensa vida militar, es capitán de fragata en 1780, y de navío en 1789 en el Arrogante. Por medio de la Real Orden del Consejo de Regencia de España e Indias, se le elige para el siguiente cargo: se ha servido nombrar Comandante en jefe para mandar y dirigir las Partidas de guerrilla, alarma y de tropas reunidas, y que se reúna en la Serranía de Ronda, contra los enemigos al Jefe de la Escuadra, Dn. José Serrano Valdenebro. La Real Orden está firmada en la propia Real Isla de León, el 24 de agosto de 1810. Esta misión resulta un fracaso y la Regencia le destituye el 2 de julio de 1811. Véase la obra de Salvador Martín de Molina Gaucín 1742-1814, en la que se da noticia de este héroe olvidado de la Guerra de la Independencia.

En el Semanario Patriótico del 24 de enero de 1811 se recibe un anónimo en la redacción del periódico, en el que se le acusa de falta de conocimiento en relación al asunto de las guerrillas de la serranía de Ronda, lo que da lugar a una contestación en Advertencia de los Editores.

En el Redactor General del 20 de marzo y de 3 de abril de 1812, se dan noticias de este personaje. En 1813 es nombrado gobernador de Cartagena, y el 1 de marzo del mismo año elegido diputado por Granada para las Cortes generales y extraordinarias. Elegido el 28 de febrero, jura el 23 de julio de 1813. No tiene intervenciones, pero es autor de numerosas obras: Discursos varios sobre el arte de la guerra, Madrid, 1796; Marinería urbana o formación de cuerpos auxiliares para defender, en caso de invasión el Real Arsenal de la Carraca, Madrid, 1805; Discursos navales. Tratan de movimientos de escuadras, del bombardeo de plazas marítimas, prescriben tácticas para el manejo de las sutiles, Cádiz, 1808; Memoria militar, que trata de reducir a mejor forma la composición táctica y disciplina de los cuerpos de Infantería del ejercito, Sevilla, 1809;

De su etapa como diputado, dirige a las Cortes una Representación, Cádiz 1813 y A la soberanía o Cortes del Reino presenta este documento, Algeciras 1813. Véase, también, Diccionario biográfico de España (1808-1833): de los orígenes del liberalismo a la reacción absolutista, de Alberto Gil Novales, Fundación Mapfre-Instituto de Cultura, 2010.

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6 de enero de 1811

Diario de Sesiones
Diario de Sesiones Sesión Secreta

Se abre la sesión con el nombramiento de los integrantes de la comisión para el Examen de los empleos vacantes que deben quedar suprimidos; los diputados nombrados son José Morales Gallego, José Castelló, Miguel Antonio Zumalacárregui, José Mejía y Antonio Samper. Véase El Conciso del jueves 10 de enero de 1811.

Se lee un oficio del Consejo de Regencia donde se agradece el patriotismo del jefe de escuadra Francisco Uriarte y del brigadier Ignacio Fonnegra, quienes se ofrecen, además de donar sus sueldos, a socorrer con fuerzas sutiles. Las Cortes acuerdan publicar en la Gaceta una mención honorífica. Se comunica a las Cortes el juramento prestado por los buques del apostadero de la Habana.

La sesión prosigue con la intervención de José Miguel Guridi y Alcocer, que plantea la necesidad de tomar medidas para que los trabajos parlamentarios sean más ágiles, la necesidad de organizar un calendario con la temática de los debates y un orden del día previo; y también la necesaria especialización, es decir, el asignar los asuntos en función de los conocimientos de los diputados a través de las diversas comisiones. El presidente de las Cortes, Alonso Cañedo Vigil, contesta diciendo que ya existen este tipo de comisiones específicas y propone que las comisiones, además de elaborar los informes, expongan verbalmente lo que estimen oportuno.

El secretario de las Cortes, José Aznárez, subraya el hecho de que no hay suficientes oficiales en la Secretaría de las Cortes para hacerlo y que, en la actualidad, se está elaborando un libro de proposiciones de acuerdo a su presentación para su futuro examen por la Cámara. Tras el debate la proposición de José Miguel Guridi y Alcocer queda admitida a discusión: En la materia que calificare de gravedad o dificultad el Sr. Presidente, señalará uno, dos o más individuos que juzgue oportunos para ilustrarla, los que con previo estudio y meditación hablarán los primeros cuando se discuta.

Se retoma el debate del Reglamento provisional del Consejo de Regencia. Comienza a debatirse el capítulo VI: Del Consejo de Regencia con respecto a los negocios extranjeros.

Artículo 1.º: El Consejo de Regencia no podrá declarar la guerra sino en virtud de un decreto de las Cortes. A este efecto el Poder ejecutivo dará parte en sesión secreta al Congreso nacional de las causas de la desavenencia y estado de las negociaciones, siempre que se considere el rompimiento inevitable.

Interviene el diputado Francisco Javier Borrull, aduciendo que todo ha de ser consultado a las Cortes previamente.

Agustín Argüelles, como portavoz de la comisión de estudio de este Reglamento, subraya que una de las claves de una negociación es el secreto.

Alonso Cañedo Vigil, presidente de las Cortes, propone como término medio que las Cortes nombren una comisión para entender de las negociaciones. Concluido el debate, el artículo es aprobado en su totalidad.

Artículo 2.º: Importando al buen éxito de las negociaciones el que sean conducidas con secreto, el Consejo de Regencia estará autorizado para tratar con las potencias extranjeras, cuidando escrupulosamente no comprometer los derechos de la Nación en las negociaciones que puedan conducir á formar tratados de paz, de alianza y de comercio.

Ramón Lázaro Dou distingue entre los convenios que supongan una derogación de una ley y los convenios que no lo supongan. Para los primeros es necesario que recurra a las Cortes pero, por la necesidad de secreto, contempla una comisión que los autorice.

Agustín Argüelles es contrario porque, aunque se nombre una comisión, habrán de someterse a debate. Felipe Aner considera que las bases y la ratificación han de ser conocidas por las Cortes. El barón de Antella es de la opinión de que el Consejo ha de tener libertad para poder suscribir tratados, partiendo del hecho de que las bases de la Constitución no serán alteradas por el ejecutivo.

Agustín Argüelles sigue siendo partidario del secreto, ya que las potencias con las que suscribieran tratados no se fiarían que se sometiera a las Cortes y, por tanto, fuera público. El artículo queda aprobado como estaba.

Artículo 3.º: Para evitar que los tratados de paz, alianza y comercio con las potencias extranjeras puedan variar en ningún caso las bases de la Constitución del Reino, quedarán sujetos á la ratificación de las Cortes, las cuales darán su decisión dentro del término estipulado en los mismos tratados.

Artículo 4.º: Concluidas las negociaciones, el Consejo de Regencia presentará á las Cortes la correspondencia íntegra original para su examen, la que se devolverá al Gobierno para que se deposite en el Archivo Nacional, dejando de ello testimonio auténtico en el Archivo de las Cortes.

Ambos artículos son aprobados sin debatirlos. No obstante, el diputado Francisco Gutiérrez de la Huerta considera que todas las notas de lo ocurrido en las relaciones diplomáticas han de enviarse a las Cortes. Agustín Argüelles afirma que eso sería examinar la conducta de los ministros, pero si es partidario de que se envíen los documentos para que el legislativo pudiese examinar los motivos por los que se ha suscrito el acuerdo internacional. Es también partidario de que dicho tratado se deposite en el Archivo de Cortes, ya que será un archivo donde vayan a estudiar las Cortes futuras, además de la existencia del Archivo Nacional.

Artículo 5.º: El Consejo de Regencia nombrará los embajadores, Ministros y demás agentes diplomáticos, debiendo dar parte al Congreso nacional de su nombramiento antes de publicarlo, á no ser que el secreto de las negociaciones exija lo contrario: en este caso el Poder ejecutivo podrá reservarlo hasta que varíen las circunstancias.

Para Francisco Gutiérrez de la Huerta, los embajadores han de ser nombrados por las Cortes, no por el ejecutivo, ya que ha de ser de la confianza de la nación que está representada en el legislativo. Se trata de evitar que ocurran casos como el del gobierno de Manuel Godoy, cuando Eugenio Izquierdo, ministro de Estado, firmaba tratados en calidad de embajador, como sucedió con el Tratado de Fontainebleau.

Agustín Argüelles es contrario a esta tesis, ya que habría que extenderla también a otros ámbitos como los generales de los ejércitos. Si bien reconoce ciertos riesgos en la elección por el ejecutivo, ve más riesgos en que las Cortes no lleguen a ponerse de acuerdo para los nombramientos, y es partidario, además, de que el Consejo goce de la necesaria libertad para elegir a personas de su confianza.

Para el diputado José Mejía, la comunicación al legislativo de los nombramientos de los embajadores es más que suficiente. José de Espiga apoya esta tesis al afirmar que los embajadores son agentes del Gobierno encargados de realizar ciertas negociaciones que no puede hacer él mismo. Tras el debate se aprueba, modificándose la primera parte del artículo, con la adición de: …que no se noticie a las Cortes el nombramiento de cónsules ni vicecónsules;

El párrafo 2.º del artículo 5.º queda aprobado en los siguientes términos: El carácter que hayan de tener los agentes diplomáticos en los países extranjeros se fijará por las Cortes a propuesta del Poder ejecutivo, siempre que ocurra el nombramiento. El Poder ejecutivo estará autorizado para determinar provisionalmente, bajo estricta responsabilidad, los gastos secretos que puedan ocurrir en las transacciones diplomáticas.

Intervienen los diputados Felipe Aner, Agustín Argüelles y Joaquín Villanueva en el sentido de que el artículo se reduzca a los términos siguientes: El Consejo de Regencia estará autorizado para determinar provisionalmente los gastos secretos que puedan ocurrir en las transacciones diplomáticas. Se aprueba este texto.

En la sesión secreta, que transcurre de la una a las tres de la tarde, se trata sobre un oficio del Consejo de Regencia en relación con las dudas del tesorero general sobre el pago de las dietas a los diputados de Cortes.

Se considera que esta cuestión ha de ser debatida en otra sesión secreta; pero finalmente, y por iniciativa de Manuel Martínez de Tejada, se decide que la cuestión se trate en sesión pública.

Antonio Alonso Varona, diputado electo por Plasencia, solicita una certificación de lo acordado en cuanto a sus poderes.

Agustín Argüelles, en torno al debate del artículo 4.º del capítulo VI, hace la siguiente precisión: se deben enviar los documentos al Archivo de las Cortes porque será un archivo donde vayan a estudiar las Cortes futuras. El Archivo del Congreso de los Diputados es, sin duda, imprescindible para elaborar la crónica diaria de este “cuaderno de bitácora” de Hace 200 años. Diario de las Cortes de Cádiz.

Francisco Gutiérrez de la Huerta, al debatir el artículo 5.º, que trataba sobre las competencias de los embajadores, hace alusión a Manuel Godoy, valido de Carlos IV, que representado por su consejero de Estado y Guerra, Eugenio Izquierdo, firma el famoso Tratado de Fontainebleau, el 27 de octubre de 1807.

Cronología del Reglamento provisional del Poder ejecutivo (o Consejo de Regencia)

Acuerdo para su formación: 26 de septiembre de 1810
Dictamen: 5 y 12 de diciembre de 1810
Debate: 17, 21, 22, 25, 26, 27 y 28 de diciembre de 1810, y 3, 5 y 6 de enero de 1811

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5 de enero de 1811

Diario de Sesiones
Diario de Sesiones Sesión Secreta

La sesión pública da comienzo con la lectura del proyecto de decreto que había redactado Evaristo Pérez de Castro acerca de una proposición presentada por Dionisio Inca Yupangui sobre seguridad y libertad de los indios. El decreto, que insta a los órganos competentes a cortar de raíz los abusos y vejaciones que se ejercen sobre los indios de América y Asia, al mismo tiempo que se muestra favorable a proteger y defender su libertad individual, es aprobado por unanimidad.

Prosigue la discusión del debate del Reglamento provisional del Consejo de Regencia.

Artículo 1.º del capítulo IV: Del Consejo de Regencia con respecto a la hacienda nacional.

Todas las rentas y contribuciones de cualquier clase que sean se deberán invertir según los decretos del Congreso nacional: por tanto, el Consejo de Regencia será el único canal de entradas y salidas, conforme á lo dispuesto por las leyes, mientras las Cortes no varíen la administración pública de este ramo.

En el debate de este artículo, Agustín Argüelles, como miembro de la comisión que redacta la proposición, señala que la comisión ha tenido que hacer una reforma general, un reglamento provisional y que no ha podido descender a casos particulares.

José de Espiga rebate el hecho de que el Poder ejecutivo sea el canal de entradas y salidas, ya que el ejecutivo ha de ser el canal por donde se comuniquen las órdenes, pero el canal propiamente dicho ha de ser la Tesorería general.

Agustín Argüelles defiende la propuesta de la comisión, argumentando que anteriormente había varios canales de dinero y lo que se pretende es que sólo haya uno, y …que no hay más Tesoro que el público o nacional de donde ha de salir todo lo que se necesita.

Para José de Espiga conceder esa potestad al ejecutivo puede suponer estar sujeto a su arbitrariedad; Agustín Argüelles replica que el ejecutivo ha de presentar un estado de ingreso y gastos y que, por lo tanto, ha de rendir cuentas al legislativo.

El artículo se aprueba con una nueva redacción: Todas las rentas y contribuciones de cualquier clase que sean se deberán recaudar é invertir por el Consejo de Regencia conforme á lo dispuesto por las leyes, y según los decretos del Congreso nacional, mientras las Cortes no varíen la administración pública en este ramo.

El párrafo 2.º de este artículo 1.º dice: La provisión de todos los cargos de Real Hacienda se hará por el Consejo de Regencia según el orden establecido hasta aquí, y conforme á los decretos que emanen de las Cortes.

Este texto queda aprobado sin discusión.

El párrafo 3.º de este artículo 1.º dice: Los empleados de Real Hacienda que están sujetos á residencia, no podrán ser privados de sus destinos sin causa justificada, ni suspendidos de su ejercicio sin justa causa.

Felipe Aner pregunta quiénes son estos empleados y solicita que esta medida se extienda a todos ellos.

Andrés Esteban se plantea que, si no se establecen los criterios para determinar la causa justificada de privación de destino, los empleados están sujetos a la arbitrariedad.

Joaquín Díaz Caneja pide suprimir este párrafo porque, en su opinión, si es necesaria una causa cuando el Consejo decida suspender a algún empleado, se pierde tiempo y dinero durante el proceso; tesis apoyada por el diputado Ramón López Pelegrín que aboga por la discrecionalidad del ejecutivo en este asunto. Al final se acuerda suprimir el párrafo.

Artículo 2.º del capítulo IV: El Consejo de Regencia no podrá variar los empleos de Real Hacienda establecidos por las leyes, ni crear otros nuevos, ni alterar el método de recaudación, sin previa autorización de las Cortes.

Tras el debate, queda aprobado con unas sucintas modificaciones.

Artículo 3.º del capítulo IV: El Consejo de Regencia presentará cada año al Congreso nacional ó á quien éste designare, un estado individual y documentado del ingreso é inversión del Erario público, el cual, después de examinarlo, se imprimirá y publicará.

Este párrafo queda aprobado sin modificaciones.

También se lee el párrafo 2.º, que es aprobado con una breve modificación y queda así: Presentará, además cada seis meses otro estado abreviado de entradas, salidas y existencias, que después de examinado por las Cortes, se imprimirá y publicará.

Capítulo V: Del Consejo de regencia con respecto al gobierno interior del reyno.

Artículo único: El Consejo de Regencia cuidará de la policía interior del Estado; por consiguiente, será de su cargo conservar expedita y segura la correspondencia en todo lo respectivo á correos y demás comunicaciones por mar y tierra dentro y fuera del Reino. Tomará todas las medidas que estime oportunas para asegurar la tranquilidad pública, y hacer respetar la libertad individual de los ciudadanos, valiéndose á este efecto de todos los medios ordinarios y extraordinarios para que está autorizado.

El artículo queda aprobado con la adición de y salud pública después de tranquilidad.

Juan María Herrera pide que sobre la correspondencia se añada inviolable después de expedita; Antonio Capmany se opone, puesto que en los tiempos de guerra actuales es necesario violar la correspondencia; tras un breve debate queda sin estimar oportuna la propuesta del diputado Herrera.

Para finalizar la sesión se tratan varias proposiciones sobre el ejército.

La del diputado Felipe Aner, que apoya Francisco Fernández Golfín, es sobre disciplina militar, en el sentido del dominio de las armas, uniformidad de enseñanza, observancia de la ordenanza militar y conocimiento de las leyes militares. Se pone énfasis en la necesaria instrucción de los militares, en que no se base sólo en el valor individual y en el hecho de que los militares de alta graduación puedan ser sometidos a juicio por su mala gestión.

Francisco de Borja Alvárez de Toledo, marqués de Villafranca, se cuestiona esta última medida al carecer los generales de los recursos necesarios para hacer la guerra.

Andrés Llano propone un mando único formado por una junta de generales para llevar a cabo las operaciones militares, cuestión secundada por Antonio Samper, que subraya el hecho de que cada general ha seguido su propia táctica, faltando el buen gobierno para llevarla a cabo. La proposición del diputado Llano es aprobada, mientras que la de Samper es admitida a discusión.

Se abre la sesión secreta en la que se plantea la queja de los diputados de las provincias Vascongadas y Navarra contra el Consejo de Regencia, por haber suprimido estas provincias en la división del territorio. Otros diputados presentan sendos escritos sobre el estado de Valencia y territorios anejos.

Domingo García Quintana presenta un oficio en el que se retira de las Cortes al saber que algunos diputados le miran como fallido por solo haber obtenido una espera de acreedores; la discusión se pospone para otra sesión.

La proposición de Dionisio Inca Yupangui, diputado suplente por el Virreinato del Perú, da como resultado el Decreto XX. Se prohíben las vejaciones hechas hasta aquí a los indios primitivos. Firmado por Alonso Cañedo, presidente, y José Martínez y José Aznárez, secretarios, en la Real Isla de León, el 5 de enero de 1811.

Cronología del Reglamento provisional del Poder ejecutivo (o Consejo de Regencia)
Acuerdo para su formación: 26 de septiembre de 1810
Dictamen: 5 y 12 de diciembre de 1810
Debate: 17, 21, 22, 25, 26, 27 y 28 de diciembre de 1810, y 3 y 5 de enero de 1811 

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4 de enero de 1811

Diario de Sesiones
Diario de Sesiones Sesión Secreta

Comienza la sesión con la lectura del oficio de la Junta Superior de Murcia anunciando haber reconocido a las Cortes el 18 de noviembre.

La comisión de Constitución presenta una minuta de decreto llamando a los sabios y celosos ciudadanos para que contribuyan con sus luces á la formación de la importante obra de nuestra Constitución. Así quedó aprobado y se mandó publicar en la Gaceta del Gobierno.

Se lee otro informe de la comisión de Hacienda para que se cubra con carácter inmediato la tesorería vacante en Extremadura. Las Cortes acuerdan pasarlo al Consejo de Regencia y proceden a su aprobación. De la misma comisión se lee otro escrito y se aprueba que se provea la intendencia vacante de los cuatro reinos de Andalucía, con la rebaja del sueldo a 40.000 reales.

San Fernando (antigua Real Isla de León). Fondo doceañista. Consorcio bicentenario 1812.San Fernando (antigua Real Isla de León). Fondo doceañista.
Consorcio bicentenario 1812.

Francisco de La Serna presenta el informe del consulado de Cádiz sobre el plan de nuevas cédulas, comunicado por medio de un oficio del ministerio de Hacienda. El diputado afirma que dicho informe no es más que un cobro de derechos anticipados. Francisco Gutiérrez de la Huerta solicita que el Consejo de Regencia presente el proyecto con urgencia y que este inste al consulado de Cádiz a evacuar enteramente el informe.

Por otro lado, se da lectura a una exposición del general Castaños dirigida a las Cortes en la que recuerda su adhesión a la Nación, felicita a las Cortes por el decreto del 1 de enero de 1810 y ofrece marchando a su destino, no separarse jamás de los sentimientos que animan al Congreso nacional. Domingo Dueñas presenta otra representación referida al marqués de Astorga y solicita que se le haga una mención honorífica en la Gaceta del Gobierno. Intervienen varios diputados en relación a este asunto y se acuerda que se haga el mismo reconocimiento al marqués de Astorga que al general Castaños.

Se da noticia a las Cortes, a través del ministerio de Gracia y Justicia, del reconocimiento que han prestado a las mismas los obispos de Teruel, Calahorra y la Calzada, los cabildos eclesiásticos de Cuenca, Segorbe, Tarragona y Murcia, entre otros muchos que se enumeran en el propio Diario de Sesiones. También, procedente del mismo ministerio, se da cuenta de la representación de Miguel Lastarria pidiendo que una junta examine su obra Reorganización y plan de seguridad exterior de nuestras colonias orientales del río Paraguay o de la Plata. Tras un breve debate las Cortes deciden aprobarlo.

Se presenta y toma juramento el nuevo regente Gabriel Ciscar, que se sienta en el trono a la izquierda del Presidente. Finalizado el juramento, pronuncia unas palabras de agradecimiento: …ofrezco no perder nunca de vista esta confianza, y procurar con todas mis fuerzas, hasta sacrificar mi vida, todo lo conveniente a la salud de la Patria

Finalizado el acto solemne del juramento del Regente, toma la palabra Antonio Joaquín Pérez y Martínez Robles, del Virreinato de Nueva España, para tratar sobre asuntos relativos a América y plantea la posibilidad de autorizar a los diputados americanos a hacer un manifiesto y difundirlo en sus provincias descubriendo ...las necesidades tan urgentes que se padecen en España… atendiendo al mucho entusiasmo que la madre Patria les inspira. Intervienen los diputados González, Pérez de Castro, Villanueva, Pelegrín y Argüelles y, tras una breve discusión, se decide que antes se apruebe la propuesta de Inca Yupangui sobre libertad personal de los indios que se había presentado en la sesión de 16 de diciembre de 1810.

Agustín Argüelles solicita que antes de pasar a la sesión secreta se discuta la proposición de Manuel Llano sobre reforma de los ejércitos que se había visto en la sesión de 28 de diciembre. Tras unas breves palabras de Pelegrín apoyando la misma se levanta la sesión.

Se abre la sesión secreta que se desarrollará en dos turnos; el primero, desde las doce y media a las tres; el segundo, desde las ocho a las diez y media. Francisco de Sales Rodríguez de la Bárcena propone que, de la plata y demás efectos valiosos extraídos de las iglesias de Sevilla y llevados a Cádiz por la invasión de los franceses, sean separados aquellos que sean más importantes para el culto, antes de que el Consejo de Regencia disponga sobre ellos; así, se acuerda que se separen las alhajas de acuerdo con las órdenes expedidas por la Junta Central.

En la sesión de la noche se lee una representación de Juan José Arias Dávila y Matheu, conde de Puñonrostro, diputado suplente por Santa Fe, del Virreinato de Nueva Granada, donde se queja de que la Secretaría de las Cortes no le haya contestado por escrito a una resolución presentada con anterioridad, resolviendo que no era necesario hacerlo por escrito dado que ya se le había contestado verbalmente.

Finalmente, se da cuenta de un informe de la comisión de Justicia, resolviendo el presidente que se discutiría en la siguiente sesión secreta. Se decide además, que se pregunte al primer secretario de Estado si los individuos de Cádiz y de la Isla sujetos a su Ministerio han prestado el juramento de reconocimiento a las Cortes.

Cronología del proceso constituyente:

18/10/1810: Proposición de Gabriel Ayesa.
07/12/1810:  Recomendación de Pedro Cevallos para que se redacte un texto.
09/12/1810:  Proposiciones de Antonio Oliveros y de Diego Muñoz Torrero para que se nombre una comisión de ocho diputados y que se pregunte a un comité de sabios.
12/12/1810: Propuesta de Diego Muñoz Torrero para que se presente un texto en ocho días.
04/01/1811: Invitación de la comisión de Constitución a que los ciudadanos aporten sus ideas:

Artículo de oficio publicado en Gazeta de la Regencia de España e Indias número 4, de 8 de enero de 1811: Habiendo las cortes generales y extraordinarias nombrado una comisión de diputados del congreso nacional, encargándole que medite, forme y proponga a las Cortes un proyecto de constitución para la monarquía; y deseando las Cortes reunir todas las luces que sean posibles en materia tan ardua e importante, y tan del interés de todos y cada uno de los españoles; hacer saber a todos los sabios y zelosos ciudadanos que recibirán con gusto sus ideas sobre esta materia para ayudar con ellas a la mas acertada formación de esta importantísima obra. Los que quieran comunicar sus luces, deberán hacerlo con toda la posible brevedad, dirigiendo sus memorias a los secretarios de las Cortes.

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3 de enero de 1811

Diario de Sesiones
Diario de Sesiones Sesión Secreta

Se abre la sesión pública con un informe de la comisión de Guerra sobre la solicitud de unos comandantes y oficiales de las fuerzas sutiles de la Isla para que sus ascensos y remuneraciones se equiparen a los de otros cuerpos de armas. Las Cortes aprueban que el Consejo de Regencia premie a los que estime dignos y propone que se declaren beneméritos los oficiales de la armada que hayan contraído un mérito particular de esta gloriosa época.

Tras la lectura de las actas de las sesiones anteriores, se da cuenta del juramento prestado a las Cortes por el ministro de Hacienda de Marina del departamento de Cartagena.

Se lee una representación de Pedro Ventura Puga Gómez, diputado suplente por la Coruña, solicitando que se le exonere de su plaza en la Secretaría de la Junta Superior de la Coruña con lo cual pueda dedicarse al estudio necesario para venir á las Cortes. No se atiende dicha solicitud, pero sí se aprueba la propuesta de Luis Rodríguez del Monte para que la provincia de Orense cubra su representación en las Cortes con los diputados propietarios y suplentes.

Se envía a la comisión de Poderes una representación del obispo de Barcelona, Isidoro de Antillón y Marzo, firmada también por otros diputados de la Junta provincial de Aragón, que piden ser mantenidos en su elección. En este punto hay un breve debate abierto por Antonio Oliveros para que las Cortes adopten la postura de no dar lectura a los papeles que hay que pasar a las respectivas comisiones y demás recursos para no perder tiempo.

El presidente alega que no se puede hacer, pero sí propone crear una comisión que se encargue de estas cuestiones… pero suspender el expediente de los recursos de cada día, sería cerrar la puerta para que no venga ninguno. Apoya esta decisión Manuel Villafañe alegando que …por medio de esta comisión, evitaremos el entretenerse en materias frívolas, y ocuparemos el tiempo en cosas más importantes.

Prosigue la sesión con el juramento a las Cortes del corregidor y Ayuntamiento de Orihuela. Sigue la lectura de solicitudes, como la de la villa de Casatejada que pide socorro, y se acuerda que se remita a la Regencia. Se lee un escrito de los diputados de la villa de Molina de Aragón, José Roa y Ramón López Pelegrín, que no habían podido estar presentes en la sesión del día anterior, para agradecer las muestras de gratitud que las Cortes dieron con motivo del incendio de la villa.

El diputado Bernardo Martínez solicita una licencia de seis meses para ir a su país a recuperarse de sus males. Los diputados José Martínez Hervás y Antonio Capmany se oponen en esta y en otras peticiones, mientras que Ramón Utgés es partidario de examinar caso por caso. Finalmente, Bernardo Martínez obtiene la licencia de cuatro meses. En esta línea, Manuel de Villafañe propone una comisión de dos diputados para que se ocupen de los recursos presentados al Congreso, proposición que se aprueba.

José de Castelló notifica a las Cortes el fallecimiento en Elche de Benito Santacilia, y que sus rentas ascienden a 18.000 pesos. Al no tener descendencia se pueden aplicar a las necesidades de la Nación. Manuel Luxán protesta tal iniciativa, pues si son bienes mostrencos habría que ponerlo en conocimiento de los tribunales.

Pedro María Ric y Monserrat, diputado por la Junta Superior de Aragón, informa sobre el estado lamentable en el que se encuentra Aragón y manifiesta quejas por la falta de medidas de auxilio.

Se retoma el debate sobre el Reglamento provisional del Poder Ejecutivo.

Se discute el párrafo 1.º del artículo 2.º del capítulo III: Del consejo de Regencia con respecto al Poder judiciario, que había quedado pendiente en la sesión pasada del 28 de diciembre:

El Consejo de Regencia no podrá deponer a los ministros de los tribunales superiores ni inferiores, ni demás jueces subalternos, sin causa justificada; pero podrá suspenderlos con justa causa, dando parte de ellos a las Cortes antes de publicarlo; tampoco podrá removerlos á otros destinos contra su voluntad, aunque sea con ascenso.

Tras el debate queda aprobado el artículo, pero se cambia la palabra removerlos por trasladarlos. Francisco Javier Borrull propone en relación a los ministros que se añada: ni jubilarlos sin justa causa. Para el diputado José Mejía las jubilaciones son una carga para el Estado y es a las Cortes a quien correspondería concederlas, pidiendo que no se añada la palabra jubilación, posición contraria a la adoptada por el presidente. Sometida a votación fue rechazada por las Cortes, entonces el diputado Felipe Aner propone una nueva fórmula: a no mediar justa causa que hará presente á las Cortes, que fue aprobada.

Se pasa a debatir el párrafo 2.º de este mismo artículo:

El Consejo de Regencia no podrá dispensar la observancia de las leyes bajo pretexto de equidad, ni interpretarlas en los casos dudosos.

Para Ramón Lázaro de Dou, esta es una potestad inherente al poder ejecutivo no al poder judiciario, que es lo que para este diputado parece desprenderse de su lectura. Es de la misma opinión Agustín Argüelles, para el que los abusos comienzan en ausencia de leyes y reglamentos. Intervienen otros diputados y al final, una vez aprobado el párrafo, se acuerda que se traslade al lugar que había indicado Dou, esto es, a continuación del articulo 1.º, del capitulo XI.

Se debate el artículo 3.º del capítulo III:

El Consejo de Regencia no podrá detener arrestado á ningún individuo, en ningún caso, más de cuarenta y ocho horas, dentro de cuyo tiempo deberá remitirle al tribunal competente con lo que se hubiere obrado. La infracción de este artículo será reputada por un atentado contra la libertad de los ciudadanos; y cualquiera en este caso estará autorizado para recurrir con queja á las Cortes.

Para el diputado Manuel Luxán esta es una competencia del poder judiciario; mientras que Agustín Argüelles y José Mejía, si bien coinciden con Luxán en su apreciación en tiempos de paz, no así en los actuales, que exigen arrestar a personas sospechosas por tiempo de cuarenta y ocho horas. Se aprueba el artículo controvertido y se concluye la sesión pública.

 La sesión secreta se celebra en dos turnos; el primero de una a tres de la tarde; el segundo de ocho a once. Se leen los partes de guerra y de fortificación de Cádiz y la Isla. Se acuerda pasar a la Regencia el proyecto del barón de Schpeler de formar batallones ligeros de tropas alemanas, suizas e italianas.

El diputado Manuel de Villafañe propone la necesidad de crear una comisión de tres diputados de Valencia, Cataluña y Aragón para que se reúnan con el Consejo de Regencia y le den cuenta de las noticias que llegan de las plazas de Tortosa, el Reino de Aragón y Valencia y le comuniquen que las Cortes desean dar rápidamente el auxilio necesario.

La proposición se aprueba y la comisión queda formada por Pedro María Ric, el barón de Antella, Felipe Aner de Esteve y Vicente Tomás Traver.

Se lee un memorial de Salvador Traver en el que se queja de los procedimientos de la Junta de Cádiz en relación al alistamiento, acordando las Cortes pasarlo al Consejo de Regencia.

 A su vez, la Regencia da cuenta de la llegada del regente Gabriel Ciscar a la Isla para tomar juramento ante las Cortes, que será al día siguiente a las 12 de la mañana.

 Las Cortes encargan a la comisión constituida en la sesión matutina que haga saber que, para solventar las necesidades públicas, disponga de los enseres valiosos de las iglesias que se tomaron de las de Cádiz y la Isla.

Para concluir la sesión se establece la forma de comunicación entre las Cortes y el Consejo de Regencia: Que siempre que los Sres. Diputados pasen con alguna comisión al Consejo de Regencia, deberán llevar por escrito la instrucción conveniente de las Cortes.

Cronología del Reglamento provisional del Poder ejecutivo

Acuerdo para su formación: 26 de septiembre de 1810

Dictamen: 5 y 12 de diciembre de 1810

Debate: 17, 21, 22, 25, 26 y 27 de diciembre de 1810, y 3 de enero de 1811 .

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2 de enero de 1811

Diario de Sesiones
Diario de Sesiones Sesión Secreta

La sesión pública se celebra en turno de mañana y de noche. Se da comienzo, como era habitual, con la lectura del acta del día anterior. A continuación, interviene Antonio Capmany en nombre de los diputados que no habían estado presentes en la pasada sesión, para expresar que: Ya que no pude hallarme presente en las discusiones de este importante negocio, ni en su votación, desde ahora me conformo con el decreto, y pido que se me permita firmarlo también.

Presta el juramento prescrito, Miguel Antonio Zumalacárregui Imaz, diputado suplente por Guipúzcoa.

Se pasa a la Comisión de Hacienda la representación de Antonio Ranz Romanillos, decano del Consejo de Hacienda, donde se trata de la planta de dicho Consejo y de otras medidas de carácter burocrático y administrativo relativas al mismo. De igual manera, se traslada a la Comisión de Constitución una memoria firmada por Manuel de Ceco Escudero.

Se anuncia que el día anterior había llegado a Cádiz Gabriel Ciscar, uno de los tres Regentes del Reino.

Tapiz inspirado en el Fuero de Molina de Aragón. Luis Cienfuegos.Congreso de los DiputadosTapiz inspirado en el Fuero de Molina de Aragón.
Luis Cienfuegos.Congreso de los Diputados

 Comienzan los debates con la propuesta de los diputados de América para tomar en consideración unas proposiciones que se habían presentado en sesiones pasadas; pero las Cortes no consideran que haya llegado el momento, lo que provoca la protesta de dichos diputados ejemplificada por la intervención de Vicente Morales Duárez, diputado por Perú, en los siguientes términos: ...siempre que se ha llegado á las proposiciones de asuntos de América se ha abogado por otros, y se ha dicho que se reserven para mejor oportunidad; y las Américas piden la atención de V.M. Después de estas proposiciones se han interpuesto otras muchas que han sido admitidas y discutidas, y no han merecido atención las de América desde 16 de Noviembre. Después de la discusión, las Cortes acuerdan dedicar dos días a la semana para tratar los asuntos americanos y el presidente designa que estos días sean miércoles y viernes.

Se notifican a las Cortes las medidas adoptadas por el Consejo de Regencia relativas a la contrata de víveres efectuada con Ricardo Hackley que se considera ilegal, perjudicial, apoyada en supuestos falsos, y que no merece otro concepto que el de un verdadero proyecto. Así pues, y en la misma línea, el diputado Joaquín Lorenzo Villanueva procede a la lectura de una memoria donde se aduce la necesidad de abastecer de víveres tanto a la población como a los ejércitos y así hacer frente a la guerra. En la Memoria se constata la dificultad en el acopio de víveres, tanto en España como en el extranjero, y se establece un cálculo de las necesidades para el año en curso. El debate se centra en las medidas que ha tomado el Consejo de Regencia en este sentido y quedan aprobadas para su discusión las proposiciones siguientes formulada por Villanueva: Primera. Que se pregunte al Consejo de Regencia con la mayor premura, con qué recursos seguros cuenta para la subsistencia, así de los ejércitos y armada, como de las plazas fuertes y presidios, hasta la próxima cosecha. Segunda. Si vista la escasez de granos que padecen las provincias, ha tomado medidas para su socorro.

Las Cortes aprueban los nombramientos hechos por la Junta Superior de Censura para la ciudad de Tarragona y para la Junta provincial de Lima. Para la de Tarragona son nombrados José Zaragozano, Manuel Plaza, Francisco Javier Olea, José Monsaba y Valentín Lloser. Mientras que para la Junta de Lima: Toribio Rodríguez, José Silva, José Pareja, José Arriz y Gaspar Cevallos, marqués de Casa Caldesin.

Se da lectura a una representación de la Junta de Molina de Aragón acerca del incendio que sobrevino a dicha villa por los franceses el pasado 2 de noviembre. En el Diario de Sesiones podemos leer el siguiente párrafo: Es difícil pintar aquí la conmoción de ternura que excitó en los ánimos del Congreso esta lectura. - ¡Gloria eterna á Molina!, exclamó el Sr. Terrero. –Este es un hecho, siguió el Sr. Quintana, que si V.M. asoma la mano á la beneficencia, podrá acalorar más y más el patriotismo de los españoles. Yo por mi parte hago desde luego cesión de la sexta parte de mis dietas al mes para socorrer á esos gloriosos molineses; y si fuese menester aquí está mi capa. – Pido á V.M., añadió el Sr. Villafañe, que se abra una suscripción pública en que entremos los primeros todos los Diputados. –Que se imprima esta representación por cabeza de la suscripción, -prosiguió el Sr. Gallego. - ¡Viva Molina! Gritó el Sr. Uribe, y Alcocer –Grábese su nombre en nuestro corazón, donde permanecerá indeleble. De inmediato toma la palabra el diputado González y dice: Señor, ¡y habrá todavía egoístas amigos de Napoleón!....; y prosigue el Diario de Sesiones: En medio de esta conmoción patriótica, se levantó de su asiento el Sr. Capmany, y puso en manos del Sr. Presidente, 100 rs. que era lo único que traía en el bolsillo.

El ejemplo del diputado Antonio Capmany es seguido por otros diputados que hacen su entrega a los secretarios; se acuerda pasar dicha representación a la comisión de premios, publicarla en la Gaceta y abrir una suscripción.

Tras lo cual la sesión pública se interrumpe para retomar los debates por la noche. En ésta se lee un oficio del Consejo de Regencia donde remite una lista de los empleos vacantes de la Secretaría del Consejo de Órdenes, y se acuerda que se provean las alcaldías mayores vacantes. Prosigue la sesión con la representación de la comunidad de Santa Mónica, Agustinos descalzos de Valencia, que solicitan dinero para volver a levantar el convento; las Cortes deciden enviar el expediente al Consejo de Regencia.

Se envía a la Comisión de Guerra una solicitud de Francisco Grágera para que se le conceda a Francisco Causado y Guerrero la comandancia de una partida de caballería de cazadores de Badajoz. Las Cortes adoptan pasar el expediente al Consejo de Regencia junto con un plan de arreglo y economía de regimientos, presentado por Alonso Solís.

Finalmente se lee el informe de la comisión de Justicia sobre una representación hecha por el capitán Juan Alejo Inda que se queja de la carencia de ascensos de los que ya disfrutan otros compañeros. Este informe con el expediente es remitido al Consejo de Regencia.

La sesión secreta comienza con una advertencia del presidente para reconducir la falta de orden y decoro que se observa aun en las sesiones públicas, y pidió en esto la debida enmienda. Se da cuenta de los partes de guerra, fuerzas sutiles y obras de fortificación de Cádiz y la Isla. Se lee la representación del obispo de Orense en la que ofrece prestar el juramento y el reconocimiento a las Cortes y solicita permiso para pasar a su diócesis; tras un breve debate se acuerda pasar el recurso al tribunal que entiende de este asunto y que convenía fijar término para la conclusión de esta causa, que ya parecía dilatarse mucho… se resuelve que se fije al tribunal el término de un mes para la sustanciación de la causa y la consulta de su sentencia.

 Ya en la sesión secreta de la noche se lee el oficio del Consejo de Regencia sobre varios asuntos relativos a América. Se presenta una representación de Andrés Lasanca, de la Suprema Junta de Censura, que plantea si se puede proceder de oficio contra los infractores de la prohibición de introducir libros extranjeros perniciosos y contra el redactor del periódico El Patriota; pero las Cortes consideran no tomarla en consideración y es la oportunidad para hacer notar el abuso que se hace de la libertad de la prensa para zaherir a las Cortes y sus providencias, conversación triste que ofrece consecuencias nada favorables a la causa nacional.

Los diputados de Ultramar que llegan a La Isla y Cádiz, después de duras travesías, plantean nuevos problemas a las Cortes que afectan a sus territorios. Véase en Los diputados americanos en las Cortes de Cádiz: elecciones y representatividad, de Marie-Laure Rieu-Millan, donde se analiza el proyecto de reforma de las provincias ultramarinas defendido por sus diputados, como expresión coherente de las aspiraciones de la sociedad americana a finales del periodo colonial.

El Conciso del 6 de enero de 1811 hace un relato de las sesiones de los días 1 y 2 de enero. En la sesión del 1, a petición de Diego Muñoz Torrero, la votación del Decreto sobre nulidad de los actos del rey en cautiverio, fue nominal y quedó aprobado el decreto por todos los votos y, a petición de José Mejía, se acuerda que todos los que habían votado firmasen el acta. De la sesión del día 2 de enero se destaca la contrata de víveres y el interesante parte de la Junta de Molina de Aragón.

Al final del periódico figura este Aviso: El número de cartas y papeles, muchos voluminosos que reciben diariamente los editores de este periódico, les obliga a hacer dos advertencias: primera, que no se admitirán sino francos de porte: segunda, que si no son proporcionados a los límites ordinarios del conciso, no podrán insertarse. Cádiz: Imprenta de Carreño, calle Ancha, año de 1811.

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1 de enero de 1811

Diario de Sesiones

 

Se abre la sesión pública dando lectura al proyecto de decreto que había redactado el diputado Evaristo Pérez de Castro, encargo recibido en la sesión anterior, en relación a que las Cortes no reconocerán, antes bien tendrán y tienen por nulo y de ningún valor ni efecto, todo acto, tratado, convenio ó transacción de cualquiera clase y naturaleza que hayan sido ó fueren otorgados por el Rey, mientras permanezca en el estado de opresión y falta de libertad en que se halla.

Tras la doble lectura, la segunda de las cuales termina con aplauso, toma la palabra el diputado Joaquín Lorenzo Villanueva para otorgar su completo apoyo al texto del decreto y añadir que debía recordar al Congreso el dolo con que Bonaparte, no teniendo religión, se vale de la religión como de los cañones, para llevar adelante sus designios; por todo lo cual prosigue llamando la atención acerca de las malas influencias que pueden tener los juramentos hechos al rey intruso en territorio ocupado.

Todos los diputados muestran su aquiescencia y conformidad tanto con el texto del decreto como con las palabras de Villanueva y así comienza un debate que acapara toda la sesión. La cuestión se centra, principalmente, en lo relativo a los actos del rey.

 El diputado Francisco Gómez Fernández es de la opinión de que la nulidad de los actos del rey mientras esté falto de libertad es una cuestión que ya ha quedado reflejada en leyes anteriores y que, por lo tanto, habría que suprimir. Al mismo tiempo pregunta en voz alta acerca de cuáles son aquellos actos que pudieran ser susceptibles de nulidad y en este sentido habla del rumor sobre el casamiento de Fernando VII y considera que este acto no se puede anular, puesto que afecta a su esfera privada y no pública.

Para José Miguel Guridi y Alcocer el decreto no ha de modificarse en la línea en la que apunta Gómez Fernández y además considera, en oposición al último punto tratado, que aunque el matrimonio está sujeto al derecho canónico también lo está al derecho civil y por lo tanto, si el rey hubiera celebrado este contrato, la nación debe tenerlo por nulo hasta que el monarca no haya sido restituido a su libertad y a su trono.

En esta línea, otros diputados consideran que han de declararse nulos los actos que afectan a la nación y no a la esfera privada del rey, aduciendo que los actos particulares no necesitan ni requieren de la aprobación de las Cortes. Evaristo Pérez de Castro argumenta que lo importante no es que Fernando VII se case o no, sino que regrese a España lo antes posible; y que hasta que ese momento llegue todos los actos que afectan a la nación deben ser nulos por falta de voluntad y consentimiento de la Nación misma; para el diputado opinante, por encima del rey está la nación misma, aunque para él Nación, Patria y Rey andan juntos.

Hay un último intento por parte de José Martínez de modificar el texto en el sentido de anular todo acto de cualquier clase y condición que fuese otorgado por el Rey que trajese algún perjuicio al Reino; pero no es aprobado por las Cortes, por lo que se procede a la votación nominal del decreto, que resulta aprobado por unanimidad de 114 votos, quedando tal como lo había presentado Pérez de Castro.

Sobre este decreto, véase Historia política y parlamentaria de España desde los tiempos primitivos hasta nuestros días, de Juan Rico y Amat e Historia del levantamiento, guerra y revolución de España. 1810-1811, del conde de Toreno.

 Cuando está a punto de finalizar la sesión pública se da lectura a un oficio de Vicente Joaquín Osorio de Moscoso y Guzmán, marqués de Astorga, que sabedor del decreto que las Cortes disponían publicar sobre la venida de Fernando VII, y convencido de la justicia con que se había dictado, protesta á las mismas no tener otros deseos, y ofrecer en defensa de causa tan justa todas sus dignidades, Estados y vida, y la de toda su familia. Las Cortes muestran su agradecimiento y ordenan que dicho escrito sea publicado en la Gaceta como muestra de patriotismo verdaderamente español.

Prosigue la sesión con las palabras del diputado José Mejía para leer un escrito de Pedro de Palacio y Santibáñez, marqués del Palacio, titulado Carta de un severo español a Fernando VII. Tras su lectura, se propone pasarlo a la comisión que entendía acerca de la causa del marqués del Palacio, pero el diputado Andrés Morales Gallego se muestra totalmente contrariado: ¿Cómo ha de pasar, si es un papel sin firma? Semejantes papeles no producen efecto alguno en juicio. A más de que reina la mayor confusión en todo su contenido. Tan pronto parece dirigido á Fernando VII como á V.M. Si este señor tiene algo que exponer, que lo exponga al tribunal que lo ha de juzgar; que diga esto mismo, y que lo firme… ¿qué inconveniente hay en firmar esto?; tras esta intervención se acuerda no tomar en consideración dicho escrito.

Finaliza la sesión con una representación de Antonio Torres Torrija, rector del colegio de abogados de México, que adjunta unas estampas alegóricas y solicita que se le otorgue al colegio el título de fidelísimo, y el goce de uniforme á sus individuos; lo que las Cortes deciden tomar en consideración.

No hay sesión secreta.

Decreto XIX: Decláranse nulos todos los actos y convenios del Rey durante su opresión fuera o dentro de España: nueva protesta de no dejar las armas hasta la entera libertad de España y Portugal. Firmado por Alonso Cañedo, presidente, José Martínez y José Aznárez, secretarios, el 1 de enero de 1811, en la Real Isla de León.

Cronología del decreto de nulidad de los tratados hechos por Fernando VII durante su cautiverio

Proposición de Francisco Javier Borrull y Villanova: 29 de diciembre de 1810.
Debates: Sesión secreta del 28 y sesiones públicas del 29, 30 y 31 de diciembre de 1810, y 1 de enero de 1811..

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