La iniciativa aprobada insta al Gobierno a encomendar al Defensor del Pueblo, alto comisionado de las Cortes Generales para defender los derechos fundamentales, que proceda a constituir una Comisión independiente presidida por él y formada por personas expertas. La propuesta se justifica en las "múltiples iniciativas impulsadas en países de nuestro entorno" y menciona las comisiones de Irlanda, Reino Unido, Alemania, Portugal y Francia.

La comisión propuesta para España tendría como objetivo "contribuir a la determinación de los hechos y responsabilidades", así como a la "reparación de las víctimas" y a la planificación de políticas públicas para prevenir y atender los casos de abusos sexuales a menores.

Las conclusiones y recomendaciones resultantes de la comisión se plasmarían en un informe remitido a las Cortes Generales y al Gobierno de España que sería presentado por el Defensor del Pueblo ante el Pleno del Congreso. En el debate del Pleno los grupos parlamentarios podrían adoptar las iniciativas que consideren convenientes en relación a las conclusiones expuestas.