El proyecto de ley tiene por objeto regular las condiciones básicas que garanticen "la igualdad en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales relacionados con la vivienda" y, en particular, "el derecho de acceder a una vivienda digna y adecuada y al disfrute de la misma". 

Según la exposición de motivos, el texto impulsa "de forma prioritaria la rehabilitación y mejora de las viviendas existentes", la formación de parques públicos de vivienda, la existencia de modalidades de vivienda que se adapten a las necesidades sociales, así como la adecuada dotación de programas de ayuda "específicamente dirigidos a las personas y hogares con mayores dificultades para acceder a la vivienda".

Las administraciones competentes en materia de vivienda podrán declarar, de acuerdo con su normativa reguladora, zonas de mercado residencial tensionado a los efectos de orientar las actuaciones públicas en materia de vivienda en aquellos ámbitos territoriales en los que exista un especial riesgo de oferta insuficiente de vivienda para la población, en condiciones que la hagan asequible para su acceso en el mercado.

Asimismo, el texto recoge las definiciones de vivienda, infravivienda, vivienda protegida, vivienda social, vivienda asequible, vivienda habitual, vivienda secundaria, sinhogarismo y gran tenedor, entre otras. Este último se describe como "la persona física o jurídica que sea titular de más de diez inmuebles urbanos de uso residencial o una superficie construida de más de 1.500 metros cuadrados de uso residencial, excluyendo en todo caso garajes y trasteros", a los que el texto les impone una serie de obligaciones.

La enmienda de devolución del Grupo Ciudadanos, argumentaba, entre otros motivos, que el texto del Ejecutivo "pretende una invasión competencial del Estado sobre las Comunidades Autónomas para garantizar la igualdad de los españoles, pero luego renuncia a asegurar esa igualdad".

Por su parte, el Grupo Popular sostenía en su enmienda que el proyecto de ley "sobrecarga de obligaciones a los propietarios privados, evidenciando un marcado carácter intervencionista que se acusa en medidas concretas" como, por ejemplo, las medidas concretas "que plantea en relación a la declaración de zonas de mercado residencial tensionado y la regulación de precios". 

El PDeCAT, formación integrada en el Grupo Plural, justificaba con su enmienda la devolución del texto por incurrir "en flagrante invasión competencial autonómica, al menoscabar las competencias de la Generalitat de Catalunya en materia de vivienda, de acuerdo con el Estatut d'Autonomia de Catalunya". Igualmente, la enmienda de Junts per Cat, también integrado en el Grupo Plural, entiende que los títulos competenciales "quebrantan de forma evidente la competencia exclusiva" del Gobierno catalán, conforme al artículo 137 del estatuto autonómico.

La enmienda a la totalidad del Grupo Vasco justificaba, además de la atribución competencial, "una atracción artificiosa a la esfera estatal de la ordenación completa y agotadora de una materia que el artículo 148.1.3º de la Constitución Española dejó a disposición de las CCAA para, así, imponer un modelo de intensa intervención pública en la vivienda que hace irreconocible la configuración del derecho de propiedad que contiene la vigente legislación civil".

De acuerdo con lo establecido en el artículo 110 y siguientes del Reglamento de la Cámara, el Grupo Republicano presentó una enmienda de totalidad de texto alternativo, que también fue rechazada, que define la vivienda como "uno de los grandes déficits del estado de bienestar", un "problema estructural que debe ser abordado por el conjunto de las administraciones públicas" y el respeto al "marco constitucional de distribución de competencias".

El texto alternativo se estructuraba en siete artículo que tenían por objeto "reforzar la política de vivienda como prioridad en la gestión patrimonial del Estado", proponer incentivos fiscales y recargos a los inmuebles de uso residencial desocupados con carácter permanente, cambiar la regulación de los procedimientos de desahucio para personas en situación de vulnerabilidad y la regulación de las zonas de mercado residencial tensionado, entre otros asuntos.

Una vez rechazadas todas las enmiendas a la totalidad presentadas, la iniciativa del Gobierno continuará su tramitación en ponencia, comisión y Pleno, tras haberse aprobado la avocación a Pleno. De esta forma, y una vez haya finalizado el plazo de presentación de enmiendas de los grupos parlamentarios, y de acuerdo con lo establecido en el Reglamento del Congreso, la comisión competente nombrará una Ponencia que, a la vista del texto y de las enmiendas al articulado presentadas, redactará un informe. Este texto, junto a las enmiendas que, en su caso, se incorporen tras su debate en comisión, conformará el dictamen que será elevado al Pleno del Congreso, para una votación final, antes de ser remitido al Senado.