Este real decreto-ley, que ha sido defendido ante el Pleno por el ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, establece medidas urgentes para la protección de los trabajadores autónomos, la defensa del empleo y la recuperación económica y social de la isla de La Palma. Y, además, prorroga medidas para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica. 

En lo relativo a las medidas de protección de los trabajadores autónomos, este real decreto-ley extiende las medidas extraordinarias tomadas en materia de cotización y de protección por desempleo para proporcionar seguridad jurídica, evitar situaciones de vulnerabilidad e incertidumbre, tanto para las empresas como para las personas trabajadoras. Asimismo, se prorrogan medidas de protección social que se tomaron para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica durante la pandemia.

En concreto, establece exoneraciones en las cotizaciones sociales durante los próximos cuatro meses a los trabajadores autónomos que ya hubieran percibido alguna de las prestaciones extraordinarias por cese de actividad que se fijaban en el Decreto-ley 18/2021. Estas exoneraciones serán del 90 % en marzo, del 75 % en abril, del 50 % en mayo y del 25 % en junio. 

Por otro lado, se establecen prestaciones extraordinarias a los autónomos afectados por la suspensión de la actividad como consecuencia de resolución de la autoridad competente como medida de contención frente al COVID-19. La cuantía de la prestación será del 70 % de la base mínima de cotización. Asimismo, se establecerán exoneraciones de las cuotas a la Seguridad Social hasta que se levanten las medidas de contención o hasta el 30 de junio de 2022. 

El texto también incluye medidas destinadas a las empresas y personas trabajadoras afectadas por la erupción volcánica en la zona de Cumbre Vieja, en la isla de La Palma. De esta manera, se prorroga cuatro meses la prestación específica para los autónomos afectados por la erupción. Asimismo, aquellos que hayan tenido que suspender o cesar su actividad tienen derecho a la prestación por cese de actividad hasta el 30 de junio de 2022.

También se prorrogan hasta el 30 de junio los ERTE especiales de la isla, que pasan a ser ERTE de fuerza mayor, y se prorrogan cuatro meses los aplazamientos especiales y moratorias en el pago de las cuotas a la Seguridad Social establecidos en el artículo 10 del Real Decreto-ley 20/2021.  

Por otro lado, el texto también articula la puesta en marcha de un Plan Nacional de vigilancia sísmica, vulcanológica y de otros fenómenos geofísicos. Este Plan, que será elaborado por un grupo de trabajo y aprobado por el Consejo de Ministros, tendrá una vigencia cuatrienal, y contendrá medidas para mejorar los pronósticos y los sistemas de vigilancia, detección y regulación técnica en la materia. 

A través de este real decreto-ley se prorroga hasta el 30 de septiembre de 2022 la suspensión de los procedimientos de desahucio y lanzamiento de su vivienda habitual para personas y familias vulnerables en los casos ya previstos por la actual normativa. En este sentido, se establece también una prórroga en el plazo para solicitar una compensación por parte del arrendador o propietario por el perjuicio ocasionado hasta el 31 de octubre de 2022.

Asimismo, se prorroga hasta el 30 de junio de 2022 la prohibición de corte de suministro de energía eléctrica, gas natural y agua a los consumidores en los que concurra la condición de consumidor vulnerable, vulnerable severo o en riesgo de exclusión social.

El texto también indica que las personas trabajadoras que hubieran disfrutado de una reducción de jornada para el cuidado, durante la hospitalización y tratamiento continuado, de un menor a su cargo afectado por cáncer o por cualquier otra enfermedad grave y hayan visto extinguida dicha reducción de jornada por haber cumplido el menor 18 años antes de la entrada en vigor de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022, que elevó el límite de edad a 23 años, pueden volver a solicitar dicha reducción de jornada.

Por otra parte, el texto también incluye la prórroga hasta el 31 de marzo de 2022 de los ERTE de limitación e impedimento, así como de los ERTE por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción (ETOP). También se prorroga el Plan MECUIDA, en este caso hasta el 30 de junio de 2022.