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Sinopsis del estatuto de Autonomía de Ceuta (ciudad autónoma)

Índice del Estatuto

 
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Sinopsis del Estatuto de Ceuta (ciudad autónoma)

 

 

 

 

I. Elaboración del Proyecto de Estatuto.

     La Constitución española de 1978 establece distintas vías de acceso a la autonomía habiéndose generalizado las fórmulas recogidas en los artículos 143 y 151. Sin embargo, al plantearse el acceso a la autonomía de Ceuta, nos encontramos frente a una opción diferente. La Constitución preveía la utilización de la vía establecida en la Disposición Transitoria quinta que admitía la posibilidad de que Ceuta y Melilla se constituyeran en Comunidades Autónomas si así lo decidían sus respectivos Ayuntamientos mediante mayoría absoluta y lo autorizaban las Cortes Generales mediante Ley Orgánica. A pesar de ello, la singularidad del acceso a la autonomía de Ceuta consistió en optar por la posibilidad prevista en el artículo 144.b) de la Constitución en virtud de la cual las Cortes Generales acordaron un Estatuto de Autonomía sin la intervención directa en el proceso de las ciudades afectadas.

     El 28 de septiembre de 1981, el Ayuntamiento de Ceuta aprobó por mayoría absoluta la constitución de Ceuta en Comunidad Autónoma, proceso que se paralizaría a partir de las elecciones de 1982, a pesar de que el PSOE incluía en su programa de gobierno la elaboración de los Estatutos de Ceuta y Melilla, promesa que se mantuvo a lo largo de todos los debates sobre el Estado de la Nación. El 26 de febrero de 1986 se publicó en el Boletín Oficial de las Cortes Generales un Proyecto de Estatuto de la Ciudad de Ceuta (BOCG, Congreso de los Diputados, Serie A, núm. 191-I, págs. 3947- 3954). El proyecto no tenía carácter de ley orgánica, ni suponía el reconocimiento de Ceuta como Comunidad Autónoma. Se presentan en marzo de 1986 varias enmiendas a la totalidad que exigieron al Gobierno la retirada del proyecto. Meses después, el 29 y 30 de octubre se discute en el Senado una moción presentada por el Grupo Popular para la aprobación de los Estatutos de Ceuta y Melilla que fue igualmente rechazada (Diarios de Sesiones del Senado, núm. 6, págs. 105- 112 y núm 7, págs. 114- 118).

     Posteriormente, el 28 de mayo de 1991 se publicó en el Boletín de las Cortes una proposición de ley orgánica sobre autorización y constitución de las Comunidades Autónomas de Ceuta y Melilla presentada por el Grupo Popular que sería también rechazada (BOCG, Congreso de los Diputados, Serie B, núm. 89-I, págs. 1-2).

     Finalmente, en lo que respecta a la iniciativa se utilizó la previsión general del artículo 87 de la Constitución presentándose el Proyecto de Ley Orgánica ante el Congreso de los Diputados el 13 de septiembre de 1994, previa aprobación de la iniciativa por el Consejo de Ministros del día 2 de septiembre. La Mesa del Congreso adoptó el acuerdo de aceptar la calificación de orgánica de dicha iniciativa y encomendar el consiguiente dictamen a la Comisión Constitucional publicándose el Proyecto el 14 de noviembre (BOCG, Congreso de los Diputados, Serie A, núm. 88-1).

     Se presentaron varias enmiendas a la totalidad, que fueron rechazadas por amplia mayoría, y cuarenta y seis enmiendas parciales al texto. Muchas de ellas, especialmente la enmienda a la totalidad con texto alternativo número 8 postulaba la constitución de la Ciudad de Ceuta como Comunidad Autónoma en aplicación de las previsiones de la Disposición transitoria quinta y del artículo 144 de la Constitución (BOCG, Congreso de los Diputados, Serie A, de 16 de diciembre de 1994, núm. 88-5), pero esta enmienda fue rechazada por el Pleno del Congreso de los Diputados (Cortes Generales, Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados, Pleno y Diputación Permanente, año 1994, núm. 115, Sesión Plenaria núm. 114, de 15 de diciembre de 1994).

     El debate se desarrolló conjuntamente con el que se llevó a cabo para el Estatuto de Autonomía de la Ciudad de Melilla. Se aceptaron algunas enmiendas parciales, entre ellas, las relativas a la mención expresa del artículo 144 b) en el Preámbulo, la de incluir la expresión "dentro de su indisoluble unidad" en el artículo 1, incluir la iniciativa legislativa y el nombramiento por el Rey del Presidente de Ceuta. El proyecto fue aprobado por el Pleno del Congreso el 27 de diciembre de 1994 por trescientos ocho votos a favor, ninguno en contra y diecinueve abstenciones (BOCG, Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados Pleno y Diputación Permanente, núm. 119, pág. 6410).

     El 3 de febrero de 1995 se publica en el Boletín Oficial del Senado el Proyecto remitido por el Congreso (BOCG, Senado, Serie II. Proyectos de ley, núm 63 a). En la tramitación en el Senado no se presentó ninguna enmienda al Proyecto, manteniéndose el mismo texto que había sido remitido por el Congreso, enviando su dictamen favorable la Comisión General de las Comunidades Autónomas. Efectuada la votación en el Pleno el 22 de febrero de 1995 el resultado fue de doscientos veintidós votos a favor; dos en contra, y  cuatro abstenciones (Diario de Sesiones, núm. 67, pág. 3457).

     Así finalmente durante la V Legislatura Constitucional (1993-1996) se aprueba la Ley Orgánica 1/ 1995, de 13 de marzo, de Estatuto de Autonomía de Ceuta, convirtiendo ésta en Ciudad Autónoma y apareciendo una nueva entidad en la estructura organizativa del Estado una especie de tercer género entre las Comunidades Autónomas y las corporaciones locales.

     El Estatuto de Autonomía establece en su preámbulo que Ceuta, conforme al procedimiento previsto en el artículo 144 b) de la Constitución, accede al régimen de autogobierno, gestiona sus intereses e integra y completa el sistema autonómico.


II. Reformas del Estatuto.

     Desde su vigencia, el Estatuto no ha sufrido reformas. El Título VI, artículo 41 prevé la posibilidad de que se inicie la reforma por parte de la Asamblea de Ceuta, de acuerdo con la facultad de iniciativa legislativa prevista en el artículo 13 del Estatuto, o a iniciativa de las Cortes Generales o del Gobierno de la Nación. La remisión al artículo 13 del Estatuto supone que la Asamblea de Ceuta podrá solicitar del Gobierno la adopción de un proyecto de ley o remitir a la Mesa del Congreso una proposición de ley, delegando, ante dicha Cámara, un máximo de tres miembros de la Asamblea encargados de su defensa. Por ello, el artículo 41 del Estatuto al referirse a la iniciativa de la Asamblea de Ceuta en la reforma, se remite a la posibilidad prevista en el artículo 87 de la Constitución, pero con la exigencia, según el apartado segundo del artículo 41 de que la iniciativa sea aprobada por dos tercios de la Asamblea. Finalmente, se requiere la aprobación por las Cortes Generales de la reforma del Estatuto mediante Ley Orgánica.


III. Desarrollo normativo del Estatuto

     Por lo que se refiere a las instituciones están reguladas en el Título I. El artículo 6 del Estatuto establece que los órganos institucionales de la Ciudad son la Asamblea de Ceuta, el Presidente y el Consejo de Gobierno.

     La Asamblea (regulada en los arts. 7 y ss. EEAA) está formada por veinticinco diputados elegidos conforme al sistema electoral previsto en la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG) para la celebración de elecciones municipales,  puesto que la Ciudad Autónoma carece de ley electoral propia.

     Según el Estatuto aprobará el Reglamento de la Asamblea de Ceuta por mayoría absoluta (art. 9 EEAA) hecho que se produjo por el aprobado en enero de 1996 (BOCC núm. 3 extraordinario de 30 de enero de 1996), posteriormente por el de junio de 2001 (BOCC núm. 16 extraordinario de 7 de junio de 2001) y que ha sido modificado por el actualmente en vigor de 1 de enero de 2005 (BOCC núm. 18 extraordinario de 30 de diciembre de 2004). La reforma está justificada por la intención de incidir en el "aspecto autonomista" que debe presidir la Asamblea de la Ciudad de Ceuta, elaborando un complejo sistema de pesos y contrapesos que equilibren la agilidad de la acción política por una parte, y la participación de todos los grupos políticos y el control del gobierno por otra según establece su preámbulo.

     Los Diputados tienen además la condición de Concejales. La condición de miembro de la Asamblea se configura como un cargo público representativo protegido por el artículo 23 de la Constitución y por los preceptos correspondientes de la LOREG en cuanto al acceso, permanencia y cese, disposiciones que son reproducidas en el Reglamento de la Asamblea. No obstante, en lo relativo al régimen de incompatibilidades, inelegibilidades, derechos laborales, financieros, etc. les serán de aplicación los preceptos referidos a los cargos locales en la Ley de Bases del Régimen Local (LBRL), a la que remite el Reglamento. Por ello la condición de diputado de la Asamblea de Ceuta no conlleva iguales características que las que afectan a otros parlamentarios autonómicos.

     La Asamblea está regida por una Mesa compuesta por el Presidente de la Ciudad, que la presidirá, y dos Vicepresidentes elegidos por la propia Asamblea de entre sus miembros (art. 9.1 EEAA). El Presidente es elegido por la Asamblea por mayoría absoluta y nombrado por el Rey, aunque el Estatuto (art. 15) y el Reglamento (art. 3.4) prevén la posibilidad, en caso de que no se obtenga dicha mayoría, del nombramiento como Presidente del cabeza de la lista que hubiera obtenido mayor número de votos en las elecciones.

     Por otra parte, el Reglamento prevé la organización de diputados en grupos políticos (arts. 19 y ss.) pudiendo constituirse en tal aquellos partidos políticos, agrupaciones, coaliciones, federaciones o con cualquier otra forma asociativa con la que efectivamente hayan concurrido a las correspondientes elecciones en una única lista. Para constituir grupo político será necesario contar con al menos dos diputados, quedando adscritos al grupo mixto aquellos representantes de listas electorales que obtengan un solo diputado. Novedoso resulta el artículo 21.2 del Reglamento en virtud del cual podrá extinguirse un Grupo Político por la Mesa de la Asamblea, previa tramitación del correspondiente procedimiento administrativo, por grave y negligente incumplimiento de las obligaciones establecidas en este reglamento. Se entenderá en todo caso grave y negligente incumplimiento el incurrir en las conductas previstas en el artículo 9 de la Ley Orgánica 6/2002, de 27 de junio, de Partidos Políticos.

     Por último, en lo referente a la organización de la Asamblea, se prevé la existencia de la Junta de Portavoces y de las Comisiones que en su caso decidan crearse para dictaminar asuntos concretos o para la preparación de los acuerdos del Pleno. La Junta de Portavoces está compuesta por los portavoces de todos los grupos políticos y a la que se le encomiendan las labores de órgano consultivo del Presidente de la Asamblea, en todas aquellas materias que afecten al desarrollo de las sesiones plenarias, adopción de medidas disciplinarias contra uno o varios Diputados y en las relativas a la representación protocolaria de la Corporación.

      Con el fin de adaptarse a la estructura establecida por Decreto de la Presidencia, de 21 de junio de 2007, sobre estructuración de la Administración de la Ciudad Autónoma, el Pleno de la Asamblea aprobó, el 6 de julio del mismo año, el Decreto por el cual se determina la composición de las Comisiones informativas de la Asamblea (BOCC, núm. 4657, de 3 de agosto de 2007).

     En cuanto a las competencias que se otorgan a la Asamblea por el Estatuto destacamos que carece de facultad legislativa y sólo tiene potestad normativa (art. 12.1a EEAA) lo que supone, en relación a algunas materias, la posibilidad de elaborar reglamentos en los términos que establezca la legislación general del Estado (art. 21.1 EEAA). Además le corresponden entre otras las siguientes funciones (art. 12 EEAA):

          - Ejercer la iniciativa legislativa, para lo cual podrá solicitar del Gobierno la adopción de un proyecto de ley o remitir a la Mesa del Congreso una proposición de ley, delegando, ante dicha Cámara, un máximo de tres miembros de la Asamblea encargados de su defensa (art. 13 EEAA);
          - Impulsar y controlar la acción del Consejo de Gobierno;
          - Aprobar los presupuestos y cuentas de la ciudad de Ceuta sin perjuicio del control que corresponde al Tribunal de Cuentas;
          - Aprobar los planes de fomento, ordenación y actuación de interés general para la Ciudad.

     Asimismo, y dada su doble condición la Asamblea de Ceuta ejercerá, las restantes atribuciones que, de acuerdo con la LRBRL, corresponden al Pleno de los Ayuntamientos.

     Por lo que se refiere al Consejo de Gobierno (arts. 16 y ss. EEAA), ha de destacarse su naturaleza colegiada así como la competencia que corresponde al Presidente en el nombramiento y separación en el cargo de los miembros del Consejo debiendo dar cuenta de ello a la Asamblea. El Consejo desarrolla funciones de dirección de la política de la ciudad, así como, el ejercicio de las funciones ejecutivas y administrativas, siendo atribución específica de este órgano la de desarrollar reglamentariamente las normas aprobadas por la Asamblea en los casos en que aquéllas lo autoricen expresamente (art. 17 EEAA).

     El Presidente preside la Asamblea y el Consejo de Gobierno y ostenta la suprema representación de la Ciudad. Tiene también la condición de Alcalde y se rige por las disposiciones del Reglamento de la Presidencia aprobado en 2001 (BOCC núm. 16 extraordinario de 7 de junio de 2001) y que sustituye al aprobado en 1996 (BOCC núm. 3 extraordinario de 30 de enero de 1996). Según establece el artículo 11 del Reglamento corresponde al Presidente, como supremo representante de la Ciudad, entre otras las siguientes atribuciones: ostentar la alta representación de la Ciudad Autónoma en relación con las demás instituciones del Estado y sus Administraciones; firmar los convenios y acuerdos de cooperación que se celebren o con cualquiera de las Comunidades Autónomas y con la Ciudad de Melilla; convocar a la Asamblea electa para la celebración de la sesión constitutiva; y mantener relaciones con el Delegado del Gobierno en la Ciudad Autónoma a efectos de una mejor coordinación de la Administración del Estado; y nombrar y separar en sus cargos a los Consejeros, dando cuenta de ello a la Asamblea.

     Por otra parte, en virtud de lo estipulado en el artículo 12 del Reglamento al Presidente de la Ciudad en su condición de Presidente del Consejo de Gobierno le corresponde ejercer, entre otras, las siguientes atribuciones: establecer la línea programática de la acción del Consejo de Gobierno cuya actividad dirige, y disponer la continuidad en la misma; nombrar y separar de sus cargos a los Consejeros y Viceconsejeros; convocar, fijar el orden del día, presidir, suspender o levantar las sesiones y dirigir los debates y deliberaciones del Consejo de Gobierno; velar por el cumplimiento de las directrices generales de la acción de Gobierno y de los acuerdos del Consejo de Gobierno; asegurar la coordinación entre las distintas Consejerías y resolver los conflictos de atribuciones entre las mismas; coordinar el desarrollo reglamentario de las normas aprobadas por la Asamblea, en los casos en que aquéllas lo autoricen expresamente, y el desarrollo de las normas dictadas por la Asamblea sobre organización y funcionamiento de los servicios administrativos de la Ciudad; y plantear ante la Asamblea, previa deliberación del Consejo de Gobierno, la cuestión de confianza; autorizar los gastos que le corresponda, según las normas vigentes.

     En su condición de Alcalde, según recoge el artículo 13 del Reglamento tiene atribuidas las competencias establecidas en el artículo 21 de la LRBRL; en el artículo 24 del Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local aprobado por el Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril; y en el artículo 41 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales aprobado por Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre.

     Finalmente, tal como preceptúa el artículo 14 del Reglamento, en su condición de Presidente de la Asamblea le corresponde ejercer las siguientes funciones: representar a la Asamblea en las relaciones institucionales y presidir los actos públicos; convocar y presidir la Mesa Rectora de la Asamblea, el Pleno de la Asamblea, la Junta de Portavoces, las Comisiones y decidir los empates con voto de calidad; velar por la marcha eficaz de los trabajos de la Asamblea, pudiendo estimular la actividad de cualquiera de sus órganos; fijar el orden del día del Pleno de la Asamblea, de acuerdo con la Mesa y asistido por el Secretario; dirigir y coordinar la acción de la Mesa Rectora; adoptar o, en su caso, proponer al Pleno de la Asamblea la adopción de cuantas medidas disciplinarias o de otro carácter sean precisas para garantizar la estricta aplicación del Reglamento de la Asamblea; dirigir con autoridad e independencia los debates del Pleno de la Asamblea, siendo ejecutorias las decisiones tomadas dentro de la sesión; e interpretar el Reglamento de la Asamblea y del Consejo de Gobierno.

     En lo relativo al funcionamiento y competencias del Consejo de Gobierno y en desarrollo de lo preceptuado en el Estatuto de Autonomía está en vigor un Reglamento del Consejo de Gobierno aprobado en 1996 (BOCC núm. 3 extraordinario de 30 de enero de 1996) y posteriormente modificado en 2001 (BOCC núm. 16 extraordinario de 7 de junio de 2001). Tal como establece el artículo 4 del Reglamento del Consejo le corresponden las siguientes competencias: determinar las directrices de acción política de la Ciudad así como su desarrollo; el eejercicio de las funciones ejecutivas y administrativas correspondientes, sin perjuicio de las competencias reservadas a la Asamblea; desarrollar reglamentariamente las normas aprobadas por la Asamblea, en los casos en que aquellas lo autoricen expresamente; proponer a la Asamblea la iniciativa de reforma del Estatuto de Autonomía; solicitar la reunión en Sesión extraordinaria de la Asamblea de la Ciudad; y la elaboración del Presupuesto de la ciudad para su elevación a la Asamblea para su examen, enmienda y aprobación.

     El Consejo de Gobierno responde ante la Asamblea de su gestión y cesará en sus funciones según el artículo 12 del Reglamento tras la celebración de las elecciones a la Asamblea de la Ciudad de Ceuta, por la renuncia, incapacidad, inhabilitación o fallecimiento del Presidente, por la aprobación, por parte de la Asamblea de una Moción de censura o por la negación por parte de la Asamblea de la confianza solicitada.

     En lo relativo a los Consejeros el Estatuto de Autonomía es especialmente escueto por lo que es el Reglamento el que enumera en el artículo 22 sus atribuciones:

     1. Ejercer la representación, dirección, gestión e inspección de la Consejería de que sean titulares en las competencias que le están atribuidas.
     2. Ejercer la inspección y demás funciones que le correspondan respecto a la Administración Institucional adscrita a la Consejería.
     3. Velar por el exacto cumplimiento de las Leyes y, en su caso, reglamentos y resoluciones de la Asamblea y del Consejo de Gobierno en lo que concierne a su Consejería.
     4. Elaborar y proponer al Consejo de Gobierno el programa de actuación de su Consejería en desarrollo del programa de aquel.
     5. Formular el anteproyecto de presupuesto de su Consejería.
     6. Dictar Instrucciones y Circulares de interés para su Consejería.
     7. Ejercer la jefatura del personal de su Consejería, sin perjuicio de las facultades y superior jefatura que corresponda al Presidente de la Ciudad, y de las delegaciones efectuadas por éste en dicha materia.
     8. Resolver los conflictos de atribuciones entre los titulares de los órganos y dependencias sobre las que tenga competencia la Consejería.
     9. Resolver, cuando legalmente proceda, los recursos y reclamaciones que se promuevan contra resoluciones de la Consejería y sus organismos.
     10. Ordenar los gastos propios de los servicios de la Consejería cuando tenga esta facultad atribuida, dentro de los créditos autorizados y según las competencias y límites marcados por el Presupuesto, e interesar de la Consejería de Economía y Hacienda, de la Presidencia la ordenación de los pagos correspondientes.

     Tras las elecciones a la Asamblea de Ceuta, celebradas el 27 de mayo de 2007, la Administración de la Ciudad Autónoma se estructura, según el Decreto de 21 de junio de 2007 (BOCCE núm. 9 extraordinario, de 21 de junio de 2007), en una Vicepresidencia del Gobierno y diez Consejerías: Medio Ambiente y Servicios Urbanos; Hacienda; Educación, Cultura y Mujer; Fomento; Sanidad y Consumo; Gobernación;Asuntos Sociales; Economía y Empleo; Juventud, Deportes y Nuevas Tecnologías.

    El Pleno de la Ciudad aprobó definitivamente, mediante Acuerdos de 22 de enero de 2007, el Reglamento de Ceremonial y Protocolo y el Reglamento para la concesión de Distinciones Honoríficas, publicados en el BOCCE núm. 2 extraordinario, de 1 de febrero de 2007, quedando derogados los hasta ese momento vigentes, de fecha 3 de junio de 1998.

    El Reglamento de Ceremonial y Protocolo establece, en su Capítulo III, art. 26, que el Servicio de Protocolo dependerá directamente del Presidente de la Ciudad de Ceuta y que se regulará mediante un reglamento en el plazo no superior a tres meses a partir de su publicación. De acuerdo con este mandato, el Pleno de la Asamblea aprobó, el 23 de abril de 2007, el Reglamento Regulador del Servicio de Protocolo de la Ciudad de Ceuta, que tras superar el plazo de 30 días para la presentación de reclamaciones y sugerencias por los interesados, como es habitual, quedó definitivamente aprobado el 6 de julio de 2007 y publicado en el BOCC núm. 4651, de 13 de julio. 

    En la sección Información oficial del Portal "ceutadigital" se encuentran los textos completos de los Reglamentos mencionados en este apartado, así como ell propio Estatuto de la Ciudad Autónoma, ordennanzas, bandos, composición y actas plenarias de la Asamblea, Gobierno de la Ciudad, etc.

    Dentro de su ambito competencial, de conformidad con lo establecido en la Ley 30/1992, del Régimen General de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y en la Ley 7/1985, de Bases del Régimen Local, la Asamblea de la Ciudad aprobó, el 23 de abril de 2007, el Reglamento de Servicios Sociales Comunitarios de la Ciudad Autónoma de Ceuta (BOCC núm. 4650, de 10 de julio de 2007). Su exposición de motivos menciona expresamente, entre la competencias de la Ciudad, las de "asistencia social". Este Reglamento de desarrollo hace referencia al apartado 2 del artículo 21 del Estatuto que las enumera de la forma siguiente: "administración, inspección, sanción y, en los términos que establezca la legislación general del Estado, el ejercicio de la potestad normativa reglamentaria". El Reglamento tiene 66 artículos, organizados en siete títulos, en los que se regulan los distintos aspectos de los servicios sociales, como son: el procedimiento, la estructura organizativa y funcional, clases de prestaciones, programas, ayudas de emergencia social, alojamiento alternativo y servicios de atención y teleasistencia domiciliaria.  

IV. Consideración general de las competencias asumidas.

     El Título II del Estatuto de Autonomía (arts. 20 y ss.) está dedicado a las competencias de la Ciudad Autónoma. Las competencias hacen referencia en primer lugar a materias en las que se ejercerán facultades de administración inspección y sanción y, en los términos que establezca la legislación del Estado, el ejercicio de la potestad normativa reglamentaria. El listado de éstas se incluye en el artículo 21.1 y versan sobre aquellas materias que en virtud del artículo 148.1 de la Constitución pueden ser asumidas por las Comunidades Autónomas a través de sus Estatutos y en las que no hay reserva estatal para la legislación.

     También se han incluido según el artículo 22 del Estatuto un listado de materias sobre las que el artículo 148.2 de la Constitución preveía que no podrían ser asumidas por las Comunidades hasta pasados cinco años y mediante la consiguiente reforma de los Estatutos. Finalmente se incluyen otras competencias: en materia de enseñanza, la propuesta de peculiaridades docentes a impartir por los centros (artículo 23 del EEAA); posibilidad de elaborar y remitir al Gobierno informes relativos a la gestión de empresas públicas y entidades autónomas dependientes del Estado e implantadas en Ceuta (artículo 24 del EEAA); o a su incidencia en la socioeconomía de la Ciudad; y todas las competencias que la legislación estatal atribuye a los Ayuntamientos (artículo 25 del EEAA).

     Los traspasos competenciales se han materializado en los siguientes Reales Decretos: Real Decreto 2493/1996 (conservación de la naturaleza); Real Decreto 2494/1996 (medio ambiente); Real Decreto 2495/1996 (ordenación del territorio y urbanismo); Real Decreto 2496/1996 (carreteras); Real Decreto 2497/1996 (patrimonio arquitectónico, control de la calidad de la edificación y vivienda); Real Decreto 2498/1996 (radiodifusión); Real Decreto 2499/1996 (turismo); Real Decreto 2500/1996 (comercio interior y ferias interiores); Real Decreto 2501/1996 (instalaciones radiactivas de segunda y tercera categorías); Real Decreto 2502/1996 (industria y energía); Real Decreto 2503/1996 (acuicultura y marisqueo); Real Decreto 2504/1996 (agricultura y ganadería); Real Decreto 2505/1996 (actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas); Real Decreto 2506/1996 (espectáculos); Real Decreto 2507/1996 (casinos, juegos y apuestas); Real Decreto 30/1999 (asistencia social); Real Decreto 31/1999 (cultura y deporte); Real Decreto 32/1999 (sanidad); Real Decreto 33/1999 (defensa del consumidor y del usuario); Real Decreto 34/1999 (enseñanzas náutico-deportivas, subacuático-deportivas y buceo profesional) y Real Decreto 1541/2006 (transporte por carretera y cable).


V. Jurisprudencia constitucional

      En marzo de 2000, la Asamblea de Ceuta acordó interponer recurso de inconstitucionalidad contra el artículo 68 de la Ley 55/1999, de 29 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social por el que se modificaba la disposición adicional tercera de la Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre régimen del suelo y valoración. Simultáneamente acordó iniciar los trámites para plantear ante el Tribunal Constitucional, de manera alternativa un conflicto en defensa de la autonomía local constitucionalmente garantizada. El precepto objeto de ambas actuaciones atribuía al Ministerio de Fomento la facultad de aprobar con carácter definitivo los Planes Generales de Ordenación Urbana de Ceuta y Melilla y sus modificaciones y sometía a informe preceptivo y vinculante de dicho Ministerio, la aprobación definitiva de los planes parciales. La Asamblea entendía que con ello que se limitaban las competencias atribuidas en su Estatuto sobre urbanismo.

      En relación con el primero de los procesos constitucionales el Tribunal en el Auto 202/2000, de 25 de julio, inadmitió el recurso al apreciar la falta de legitimación de la Asamblea dado que la Ciudad de Ceuta no constituye una Comunidad Autónoma.

      En el segundo el Tribunal dictó la Sentencia 240/2006, de 20 de julio, en la que el Tribunal reafirmaba su doctrina anterior recordando que la ciudad no es una Comunidad Autónoma sino una entidad local, si bien su autonomía es distinta de la de los municipios que se rigen por la legislación general. En consecuencia, reconoce que la ciudad está legitimada para plantear conflicto en defensa de la autonomía local, al tratarse de un régimen especial de autonomía local, basado en el procedimiento previsto en el artículo 144 b) de la Constitución, extremo igualmente aplicable a Melilla. En cuanto al fondo del asunto -las controvertidas competencias en materia de urbanismo- el Tribunal desestima el conflicto señalando que el legislador estatal ha respetado la autonomia local constitucionalmente garantizada.

      En otro orden de cosas, también tiene interés el Auto del Tribunal Constitucional 104/1997, de 8 de abril, que inadmite una cuestión de inconstitucionalidad planteada por el Juzgado de lo Penal número 2 de Ceuta en relación con los artículos 2.5 y 3.3 de la Ley 38/1988, de 28 de diciembre, de Demarcación y Planta Judicial. Dispone el primero de los preceptos cuestionados que, a efectos de la demarcación judicial, las ciudades de Ceuta y Melilla quedan integradas en la circunscripción territorial del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Por su parte, el artículo 3.3 establece que a efectos de la demarcación judicial, las ciudades de Ceuta y Melilla quedan integradas en la circunscripción territorial de las Audiencias Provinciales de Cádiz y Málaga, respectivamente. En el Auto se pone de manifiesto, bien que incidentalmente, la diferencia entre las Comunidades Autónomas y las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla desde el punto de vista de la organización judicial.

     Es posible ampliar esta información consultando la bibliografía básica que se menciona.

     Sinopsis realizada por: Mª Isabel Álvarez Vélez, Prof. Propia Ordinaria de Derecho Constitucional, Facultad de Derecho (ICADE), Universidad Pontificia Comillas de Madrid. Mayo, 2005.

Actualizado por el equipo de puesta al día del Portal de la Constitución. Diciembre, 2007.

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