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Título I. De las Instituciones de la Comunidad Autónoma de Cantabria - Estatuto Autonomía

Índice del Estatuto

Estatuto de Autonomía de Cantabria

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Título I. De las Instituciones de la Comunidad Autónoma de Cantabria

Capítulo III. Del Gobierno

Artículo 18

     1.El Gobierno, órgano colegiado, dirige la acción política y ejerce la función ejecutiva y la potestad reglamentaria de acuerdo con la Constitución, el presente Estatuto y las leyes.

     2.El Gobierno está compuesto por el Presidente, el Vicepresidente, en su caso, y los Consejeros.

     3.Los miembros del Gobierno de Cantabria serán nombrados y cesados por el Presidente, siendo preceptiva la información de éste al Parlamento.

     4.El Presidente podrá delegar temporalmente funciones ejecutivas y de representación en el Vicepresidente o, en su defecto, en uno de los Consejeros.

     5.Una ley del Parlamento regulará la organización del Gobierno, las atribuciones y el estatuto personal de cada uno de sus componentes.

     6.Los miembros del Gobierno no podrán ejercer otras funciones representativas que las propias del mandato parlamentario, ni cualquier otra función pública que no derive de su cargo, ni actividad profesional o mercantil alguna.

Artículo 19

     1.El Gobierno cesa:
         a)Tras la celebración de elecciones al Parlamento.
         b)Por dimisión, incapacidad o fallecimiento de su Presidente.
         c)Por la pérdida de confianza del Parlamento o la adopción por éste de una moción de censura.

     2.El Gobierno cesante continuará en sus funciones hasta la toma de posesión del nuevo Gobierno.

Artículo 20

     La decisión sobre la inculpación, prisión, procesamiento y juicio del Presidente y de los demás miembros del Gobierno, en relación con los presuntos actos delictivos que hayan podido cometer dentro del territorio de la Comunidad Autónoma, corresponde al Tribunal Superior de Justicia de Cantabria; fuera de dicho territorio la responsabilidad penal será exigible ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.

Artículo 21

     El Gobierno podrá interponer recursos de inconstitucionalidad, suscitar conflictos de competencia y personarse ante el Tribunal Constitucional en los supuestos y términos previstos en la Constitución y en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional.

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