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Sinopsis artículo 8 - Constitución Española

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Sinopsis artículo 8

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Concordancias: Artículos 1.2, 2, 15, 25.3, 26, 28.1, 29.2, 30, 60.h), 63.3, 70.1.c), 94.1, 97, 116, 117.5, 149.1.4ª.

Sinopsis

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     En el constitucionalismo histórico español, excepcionando el artículo 37 de la Ley Orgánica del Estado de 1967, la redacción de un artículo propio sobre la composición y misiones de las Fuerzas Armadas no ha sido moneda común, bien que las referencias existentes vienen a partir de menciones de la necesaria fijación anual de una fuerza militar, junto a la posibilidad regia de disposición sobre la misma.

     En el ámbito del derecho comparado encontramos artículos que, o bien se refieren a la existencia de las propias Fuerzas Armadas  y a la selección de sus efectivos (art. 87 de la Constitución alemana), o que, por otro lado, destacan el sometimiento de las mismas al poder civil (art. 20 de la Constitución francesa de 1958). Supone una excepción el artículo 79 de la Constitución austriaca  de 1929 más similar a nuestro caso.

     En cuanto a la elaboración parlamentaria del precepto constitucional estudiado, si bien materialmente no se observan modificaciones sustanciales, sí hemos de destacar las discusiones habidas respecto a la ubicación del precepto ya desde la redacción primera del artículo 11 del Borrador de las actas de la Ponencia constitucional que se recoge en la Revista de las Cortes Generales (número 2, 1984, págs, 251 y siguientes): encabezando un título propio referido a las Fuerzas Armadas de orden público y estado de excepción, bien dentro del título referido al Gobierno y la Administración, bien en la ubicación actual. Ya en el texto del artículo 10 del Anteproyecto Constitucional, tanto su actual redacción -con alguna excepción estrictamente gramatical respecto a la literalidad del apartado 2-, como su ubicación se mostrarían oficialmente como una cuestión absolutamente definida y consensuada (Vid. Constitución Española. Trabajos Parlamentarios. Cortes Generales, Madrid, 1980, 4 vols.).

     Sin olvidar la  Ley 85/1978, de 28 de diciembre, en la que se aprueban las Reales Ordenanzas de las Fuerzas Armadas, aprobadas de forma coetánea a la Constitución, la Ley orgánica 6/1980, de 1 de julio, de los criterios básicos de la defensa nacional y la organización militar, supuso la concreción de lo prescrito en el apartado 2º del precepto constitucional, siendo modificada por la Ley orgánica 1/1984, de 5 de enero.

     La composición de las Fuerzas Armadas viene definida en el propio artículo constitucional: forman parte de las mismas los Ejércitos de Tierra y Aire, junto a la Armada, tal y como también recoge el artículo 23 de la Ley orgánica citada. A contrario sensu podemos decir que se excluyen de este concepto las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, regulados constitucionalmente en el artículo 104 CE, con una función diferente y con un carácter civil y no militar. Lo anterior no empece para que los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado contribuyan a la defensa nacional, dependiendo por ejemplo de la autoridad militar en los casos de declaración del estado de sitio (art. 30.3 y 4 y 20 de la LO 6/1980); igualmente las Fuerzas Armadas colaboran en caso de grave riesgo, catástrofe, calamidad pública y otra necesidad pública análoga (arts. 22.1 LO 6/1980 y 2.2 Ley 2/1985, de 21 de enero, de protección civil).

     Por su parte, la Guardia Civil, catalogada como institución armada de carácter militar, dependerá en tiempo de paz del Ministerio del Interior en cuanto afecte a funciones referidas al orden y seguridad pública, y del Ministerio de Defensa en cuestiones que se le encomienden. En caso de guerra o de la declaración del estado de sitio, dependerá directamente del Ministerio de Defensa (arts. 38 y 39 de la Ley orgánica indicada).

     Sin olvidar, siquiera sea por la relevancia de las mismas, las diferentes misiones de mantenimiento de la paz que, en el ámbito exterior, vienen desarrollando nuestros Ejércitos, en el aspecto teleológico, finalístico, en cuanto a sus funciones fundamentales -dentro del marco del Estado constitucional y con sometimiento en su mando real y efectivo a los designios del Gobierno (art. 97 CE), ya que la previsión del artículo 62. h) CE sobre el mando supremo del Rey respecto a las mismas se entiende como un mando simbólico-, las Fuerzas Armadas cumplen constitucionalmente las siguientes funciones. Así:

     1.- Las Fuerzas Armadas garantizan la soberanía y la independencia de España, función tradicional que debe entenderse como una actuación externa que busca asegurar la propia existencia del Estado frente a terceros. Deben realizarse algunas acotaciones: esta actuación se realiza ordinariamente con la sola existencia de las Fuerzas Armadas, que produce un claro efecto disuasorio. En cuanto a la presencia de España en organizaciones supranacionales tanto de carácter militar (OTAN) como político (Unión Europea), no obsta a que la soberanía e independencia nacional se sigan manteniendo, ya que la presencia en las mismas no deja de ser un acto voluntario del Estado, según las previsiones que se pueden encontrar en los artículos 93 a 96 CE.
     2.- Las Fuerzas Armadas defienden la integridad territorial de España, defensa que presenta una doble vertiente, interna y externa. La proyección externa tiene un perfil excluyente de intentos de anexión por terceros, lo que supone en el fondo una nueva llamada de atención a lo antes expuesto referido a la función de garantía de la soberanía y la independencia. En el ámbito interno, esta defensa de la integridad territorial se concibe como el último recurso material para el impedimento de secesiones o fragmentaciones del territorio nacional. Y es que no podemos olvidar que el artículo 2 de la Constitución española expresa que ésta se basa-y con ella todo el sostén del Estado democrático-, "en la indisoluble unidad de la Nación española, Patria común e indivisible de todos los españoles (...)", cuestión ésta que necesariamente nos pone en contacto con la tercera de las funciones constitucionales de las Fuerzas Armadas y que a continuación tratamos, la defensa del orden constitucional.
     3.- Las Fuerzas Armadas garantizan el orden constitucional, actividad, como decimos, fuertemente conectada con las anteriores, también de carácter excepcional, bien que goza de sustantividad propia que lleva a nuestro legislador a expresar -en desarrollo del artículo 116.4 CE y mediante la Ley orgánica 4/1981, reguladora de los estados de alarma, excepción y sitio-,  que se trata de una competencia absolutamente reglada y sometida a las decisiones institucionales de las Cortes Generales y sobre todo del Gobierno, toda vez que se declare el estado de sitio (arts.32 y siguientes de la LO 4/1981). Esta defensa del ordenamiento constitucional viene referida a un ámbito material, que no jurídico ordinario, ya que es el Tribunal Constitucional el órgano que asume esta última función (art. 1 Ley orgánica 2/1979, del Tribunal Constitucional).

     No podemos olvidar que nuestras Fuerzas Armadas, aparte de las funciones mencionadas, desarrollan otras tanto dentro como fuera de los límites territoriales estatales. En España, sabemos que siempre son fiel ayuda cuando y donde se les necesite, tanto en catástrofes naturales o calamidades como también como partícipes en otras actuaciones de apoyo en la seguridad de eventos relevantes, tales como la Exposición Universal, las Olimpiadas o la Conferencia de Paz de Oriente Medio (Conferencia de Madrid). En el ámbito externo  y a partir de la pertenencia a la Organización de Naciones Unidas, una función esencial en la que España ha venido participando, que tal es las misiones de mantenimiento de la paz, a las que ya se referían las Reales Ordenanzas de 1978.

     Es la Ley orgánica 6/1980, reguladora de los criterios básicos de la defensa nacional y la organización militar, la que expresa que la defensa nacional -entendida como disposición, integración y acción coordinada de todas las energías y fuerzas morales y materiales de la Nación ante cualquier forma de agresión-, tiene la finalidad de "garantizar de modo permanente  la unidad, soberanía e independencia  de España, su integridad territorial y el ordenamiento constitucional, protegiendo la vida de la población y los intereses de la Patria, en el marco de lo dispuesto en el artículo 97 de la Constitución", siendo la defensa y organización militar competencia exclusiva del Estado (arts. 1 y 2).

     Los órganos superiores encargados de la Defensa Nacional (no olvidemos que el artículo 30 CE establece el derecho y deber de la totalidad de los españoles de defender a España) son "ex" artículos 5 a 13 de la citada norma orgánica los siguientes:

     - El Rey, como supremo órgano de mando de las Fuerzas Armadas. Ya sabemos que esta prédica se realiza de manera simbólica, salvadas sean situaciones excepcionales, como más adelante significaremos.
     - Las Cortes Generales, con sus tareas de aprobación de las leyes relativas a la defensa y el presupuesto de la misma, además de cómo controladoras del Gobierno y órgano que debe autorizar previamente a su firma, los tratados internacionales de carácter militar.
     - El Gobierno y sobre todo a su Presidente, en cuanto establece y dirige la política de defensa y asegura su ejecución.
     - La Junta de Defensa Nacional, órgano superior asesor y consultivo del Gobierno en materia de Defensa Nacional. Presidida por Su Majestad El Rey, forman parte de la misma el Presidente del Gobierno, los Vicepresidentes, si los hubiera, el Ministro de Defensa, el Jefe del Estado Mayor de la Defensa, los Jefes de los Estados Mayores del Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejercito del Aire y los Ministros competentes en las áreas de Asuntos Exteriores e Interior, así como aquellos otros que el Presidente del Gobierno considere oportuno
     - El Ministro de Defensa, en cuanto desarrolla la tarea ordinaria de gobierno y administración de la Defensa.
     - La Junta de Jefes de Estado Mayor, órgano asesor del Presidente del Gobierno y del Ministro de Defensa, compuesta por el Jefe del Estado Mayor de la Defensa y por los Jefes de Estado Mayor de los tres Ejércitos.

     Las características especiales de las Fuerzas Armadas y las funciones que desempeñan justifican desde siempre un régimen normativo especial que presenta, sin entrar en mayores disquisiciones diferentes aspectos. A saber: a) una jurisdicción militar, que supone una excepción constitucionalizada del principio de unidad jurisdiccional (art. 117.5 CE), aprobada por Ley orgánica 4/1987, de 15 de julio, de Competencia y Organización de la Jurisdicción Militar, limitada a un ámbito castrense delimitado por el propio Código Penal Militar y a lo previsto en la normativa sobre el estado de sitio; b) un régimen penal propio, recogido en la Ley orgánica 13/1985, reguladora del Código Penal Militar, de 9 de diciembre; c) un régimen sancionador específico expresado en la Ley orgánica 8/1998, de 2 de diciembre. También se observan en el propio Texto constitucional ciertas restricciones en el ejercicio de determinados derechos fundamentales y libertades públicas (art. 28.1 y artículo 1.3 de la Ley orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical, sobre prohibición de sindicación; art. 28.2 prohibiendo constitucionalmente el derecho de huelga ya que sus funciones se consideran esenciales para la comunidad; art. 29.2 CE sobre la prohibición del ejercicio de petición colectiva, o art. 70.1 e) declarando inelegibles  a los militares profesionales. La Ley 85/1978, de 28 de diciembre, en la que se aprueban las Reales Ordenanzas de las Fuerzas Armadas, introduce igualmente ciertas restricciones a la libertad de movimientos o a los derechos de reunión y manifestación.

     Vinculadas a este artículo que se presenta, bien que relacionadas con los artículos 62 y 30 CE, preceptos a los que nos remitimos, aparecen a lo largo de estos veinticinco años de democracia en España dos cuestiones que merecen ser destacadas en relación con nuestras Fuerzas Armadas.
 

     La primera de ellas es el papel de supremo mando de las Fuerzas Armadas que el artículo 62. h) CE expresamente atribuye al Rey. Este precepto ha sido invocado como elemento decisivo para abortar el intento de golpe de Estado que se produjo el 23 de febrero de 1981. No parece adecuado indicar que Su Majestad El Rey D. Juan Carlos evitase que esta intentona cumpliera su objetivo debido exclusivamente a su carácter de superior militar jerárquico, aspecto éste que, siendo importante, no oculta que, en una situación de excepción, la actuación del Jefe del Estado como árbitro y moderador de las instituciones, se basa más en la "auctoritas" que en la "potestas"; que se apoya más en la autoridad personal y en el carisma que en las funciones, en los poderes que se indiquen expresamente en la Constitución o en el resto del ordenamiento. De cualquier forma, y con carácter general, tanto en tiempo de paz como de guerra, no resulta del todo convincente que esta decisiva actuación del Monarca en defensa de nuestra Constitución y del régimen de libertades estatuidos en 1978, suponga obviar lo que expresamente indica el artículo 97 CE, estableciendo que es el Gobierno el órgano que dirige la política exterior e interior, civil y militar de España. Y es que en una Monarquía parlamentaria como la nuestra no cabe otra opción.

     En cuanto a la segunda de las cuestiones a las que aludíamos, debemos destacar que en España ya no existe el sistema de reclutamiento por levas sino que se ha procedido a una profesionalización de las Fuerzas Armadas. Es cierto que esta cuestión pertenece al ámbito de estudio del artículo 30 CE, artículo al que nos remitimos, pero la importancia de la cuestión afecta decisivamente no sólo al propio reclutamiento sino a la idea genérica de Fuerzas Armadas y a las propias tareas a desarrollar por éstas, tanto en el ámbito interno como internacional. Y es que a partir del marco normativo expresado en la Ley orgánica 13/1991, de 20 de diciembre, del servicio militar, la Ley 17/1999 de 18 de mayo, del régimen del personal  de las Fuerzas Armadas establece que a partir del 31 de diciembre de 2002 se suspende la prestación obligatoria del servicio militar. El Real Decreto 247/2001, de 9 de marzo, adelanta esta previsión.

     En cuanto a la bibliografía, son de destacar los trabajos de Blanco Valdés, Casado, De Otto, Fernández Segado, López Aguilar, López Garrido, entre otros. 

    


Sinopsis realizada por:

José Manuel Vera Santos
Profesor Titular. Universidad Rey Juan Carlos.

Diciembre 2003.

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