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Sinopsis artículo 48 - Constitución Española

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Sinopsis artículo 48

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Concordancias: Artículos 9.2, 12, 14, 23, 27.7, 35, 44, 53.2.

Sinopsis

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     El único antecedente que puede señalarse en este precepto lo constituye el art. 70 de la Constitución portuguesa de 1976  cuyo apartado 1 afirma que "Los jóvenes, sobre todo los jóvenes trabajadores, gozarán de protección especial para hacer efectivos sus derechos económicos, sociales y culturales...", especificando algunos de tales derechos en los otros dos apartados que integran el artículo. El tratado de Funcionamientod e la Unión Europea aprobado en Lisboa, el 13 de diciembre de 2007, contempla en su título XI la Política social, de educación, de formación profesional y de juventud, abordando explícitamente la acción comunitaria en relación con la juventud, pero circunscrita exclusivamente a la dimensión formativa y a la integración laboral.

     Acaso sea este art. 48 de nuestra Constitución, que no tiene precedentes en nuestro derecho constitucional, uno de los ejemplos paradigmáticos de precepto retórico y de muy difícil contenido y efectividad práctica. Sin negar su valor normativo, es bien cierto que el concepto de derecho social como derecho meramente indicativo de actividad de los poderes públicos, dentro de sus facultades discrecionales, se extrema en este artículo.

     Ya la trayectoria de su debate constituyente pone de manifiesto su escasa transcendencia. En efecto, el art. 48 (41 en el Anteproyecto) no será apenas objeto ni de enmiendas (cinco) ni de debate en su paso por el Congreso. Será en la Cámara alta donde se produzca el debate más interesante, aunque ciertamente limitado; sobre la base de la abstracción de su contenido se plantearán dos posturas básicas manifestadas en las enmiendas: las que proponen simple y llanamente la supresión del artículo, y las de los grupos que manifiestan la necesidad de precisar su contenido, tanto en la determinación del concepto de juventud cuanto en el sentido concreto del término participación.

     Finalmente el artículo sería aprobado sin ninguna modificación en su redacción original, pero el debate constituyente incide en el punto neurálgico del precepto: por una parte la determinación del sujeto titular del derecho contenido en el art. 48, titular indefinido, articulado en todo caso en torno a unas edades específicas cuya concreción, en sus límites mínimo y máximo, es normalmente aleatoria;  por otra parte, su mismo contenido plantea los mismos problemas de precisión que los presentados en la determinación del sujeto: la amplitud del concepto concreto de desarrollo político, social, económico y cultural, conceptos que en cualquier caso no son unívocos desde el momento en que su actualización está condicionada por los imperativos de las coyunturas sociales y culturales concretas.

     El desarrollo normativo del art. 48 se centra en la Ley 18/1983, de 16 de noviembre, de Creación del Organismo Autónomo Consejo de la Juventud de España. El Consejo de la Juventud de España se crea como una "entidad de derecho público con personalidad jurídica propia y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines", que en definitiva se centran en ser "un cauce de libre adhesión para propiciar la participación de la juventud en el desarrollo político, social, económico y cultural de España".

     Pueden formar parte del Consejo de la Juventud las Asociaciones juveniles o Federaciones constituidas por éstas, a las que se exigen requisitos distintos de implantación y organización propias y de número mínimo de afiliados, según sus finalidades; también pueden integrar dicho Consejo las secciones Juveniles de las Asociaciones, siempre que tengan reconocida estatutariamente autonomía funcional, organización y gobierno propios para los asuntos específicamente juveniles. El Real Decreto 397/ 1988, de 22 de abril, por el que se regula la inscripción registral de las Asociaciones juveniles (BOE nº 102, de 22 de abril de 1988) incide en el asociacionismo juvenil al establecer como edades delimitadoras los 14 años y los 30 sin cumplir. Hay que tener en cuenta igualmente la Orden de 5 de diciembre de 1986 por la que se regula el Censo de Asociaciones y Organizaciones juveniles y Entidades prestadoras de servicios a la juventud.

     Son órganos del Consejo de la Juventud de España la Asamblea, la Comisión Permanente, las Comisiones especializadas y el Comité de Relaciones Internacionales.

     Las funciones del Consejo se definen en el art. 2º de la Ley 18/ 1983 y se centran en la colaboración con la Administración mediante la realización de estudios, sea por solicitud de aquélla o por propia iniciativa, fomento del asociacionismo juvenil, representar a sus miembros en los organismos internacionales, etc.

     El Consejo de la Juventud presenta, a través del Ministerios de Educación, Cultura y Deporte, el anteproyecto de su presupuesto junto con la correspondiente Memoria, y rinde cuentas anualmente de la ejecución de dicho presupuesto.

     En definitiva, como puede apreciarse el Consejo de la Juventud supone una fórmula administrativa de canalización del fenómenos del asociacionismo juvenil para dar una respuesta al mandato del art. 48.

     El Consejo de la Juventud de España es una plataforma de entidades juveniles, formada por los Consejos de Juventud de las Comunidades Autónomas y organizaciones juveniles de ámbito estatal. Propiciar la participación de la juventud en el desarrollo político, social, económico y cultural del Estado en un entorno global es su fin esencial, tal como recoge el artículo 48 de la Constitución Española. En la actualidad forman parte del mismo 76 entidades juveniles.

     Así pues, el Consejo de la Juventud, de ámbito nacional, configura un marco de relación con los Consejos o Institutos de la Juventud que se han creado en las Comunidades Autónomas que han asumido en sus Estatutos, como competencia exclusiva, la de promoción de la participación de la juventud (por ej. los Consejos de la Juventud de Aragón, de Andalucía, de Cataluña, etc). Es evidente que el art. 148 CE no prevé en ninguno de sus apartados título competencial específico al respecto, aunque éste podría deducirse, desde luego no como exclusivo, de la redacción del art. 48 que atribuye a "los poderes públicos" la función de promover las condiciones de participación de la juventud. A este respecto se pronuncia el Tribunal Constitucional en su STC 13/ 1992, de 6 de febrero, interpretando el título competencial de promoción de la juventud "tan genérico e indeterminado como el señalado, que obviamente tiene relación con el art. 48 CE" como un título en todo caso compartido entre el Estado y las Comunidades Autónomas (FJ 13).

     La adaptación del Consejo de la Juventud de España a la Ley 6/1997, de 14 de abril se realizó por sendas modificaciones operadas por las leyes de medidas fiscales, administrativas y de orden social Ley 50/1998 de 30 de diciembrey Ley 62/2003, 30 diciembre(arts. 68 y 75 respectivamente). Su naturaleza jurídica es la de organismo autónomo.

     Por su parte, el Instituto de la Juventud fue creado por el Real Decreto 1119/1977, de 20 de mayo, que lo integró en la Presidencia del Gobierno a través de la Subsecretaría de Familia, Juventud y Deporte, con las funciones de gestión de los centros, servicios y establecimientos del Estado al servicio de la juventud, realización de actividades en favor de los jóvenes y estudio e investigación de los temas juveniles. Se trataba de un amplio elenco de competencias en materia de juventud, para cuyo desarrollo y gestión de las funciones encomendadas se le atribuyeron al Instituto de la Juventud cinco subdirecciones generales. Tras su adscripción a distintos departamentos ministeriales y diversas variaciones en los objetivos y funciones del organismo derivadas principalmente de los traspasos en la materia a las comunidades autónomas, actualmente su normativa fundamental viene integrada por el Real Decreto 486/2005, de 4 de mayo, por el que se aprueba el Estatuto del organismo autónomo Instituto de la Juventud.

     En cuanto a la adscripción departamental del Consejo y del Instituto de la Juventud, el art. 1.7 del RD 263/2011, de 28 de febrero, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, señala, "Igualmente quedan adscritos al Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, a través de su titular, los organismos autónomos Instituto de la Juventud y Consejo de la Juventud de España con la naturaleza jurídica, estructura y funciones que se prevén en su normativa específica".

     Otras normas relacionadas con el art. 48 CE son:

     "1. Los menores tienen derecho a participar plenamente en la vida social, cultural, artística y recreativa de su entorno, así como a una incorporación progresiva a la ciudadanía activa. Los poderes públicos promoverán la constitución de órganos de participación de los menores y de las organizaciones sociales de infancia. 2. Los menores tienen el derecho de asociación que, en especial, comprende:

a. El derecho a formar parte de asociaciones y organizaciones juveniles de los partidos políticos y sindicatos, de acuerdo con la Ley y los Estatutos.

b. El derecho a promover asociaciones infantiles y juveniles e inscribirlas de conformidad con la Ley. Los menores podrán formar parte de los órganos directivos de estas asociaciones.

     Para que las asociaciones infantiles y juveniles puedan obligarse civilmente, deberán haber nombrado, de acuerdo con sus Estatutos, un representante legal con plena capacidad. Cuando la pertenencia de un menor o de sus padres a una asociación impida o perjudique al desarrollo integral del menor, cualquier interesado, persona física o jurídica, o entidad pública, podrá dirigirse al Ministerio Fiscal para que promueva las medidas jurídicas de protección que estime necesarias.

     3. Los menores tienen derecho a participar en reuniones públicas y manifestaciones pacíficas, convocadas en los términos establecidos por la Ley. En iguales términos, tienen también derecho a promoverlas y convocarlas con el consentimiento expreso de sus padres, tutores o guardadores¿.

     Hay que tener en cuenta que la abstracción con que está redactado el art. 48, así como su significado de derecho social, es decir de derecho de prestación no invocable directamente, supone que la política dirigida a la promoción de la juventud puede abarcar una multitud de sectores (laborales, culturales, deportivos, etc.), en función de acciones normativas que pueden tener como objetivo directo la promoción de la juventud, o no, lo que supondría que la actividad estatal, así como la autonómica, puede articularse como regulación genérica de una serie de sectores concretos (educación, ocio, cultura, deporte, etc.), no referidos exclusivamente a los jóvenes como destinatarios e incluso con independencia de que la juventud se pueda incorporar a dicha regulación.

     De hecho, la abstracción conceptual de ese titular colectivo que es la juventud puede ser la causa de que la Carta Comunitaria de derechos Fundamentales (Niza 2000), aunque haga referencias implícitas, e incluso alguna explícita, a los problemas de la juventud, no le da un tratamiento diferenciado, lo que sí hace con otros colectivos sociales como pueden ser los minusválidos.

     De todas formas, sí puede hacerse referencia en el ámbito laboral al art. 11 del Estatuto de los Trabajadores, que en su aparatado 2 a) establece los contratos para la formación como una fórmula dirigida específicamente a la contratación de trabajadores mayores de 16 años y menores de 21 quecarezcan de la titulación requerida para realizar un contrato en prácticas. Esta modalidad contractual sigue vigente tras la intensa reforma que ha operado en esta materia la ley 35/2010 de 17 de septiembre.

     En cuanto a la bibliografía, puede consultarse documentación adjunta.

Sinopsis realizada por:

Asunción García Martínez. Profesora Titular. Universidad Complutense. Diciembre 2003.

Actualizada por Sara Sieira. Letrada de  las Cortes Generales. 2011

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