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Sinopsis artículo 101 - Constitución Española

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Sinopsis artículo 101

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Concordancias: Artículos 62.d), 68, 97, 108, 112, 113, 114, DT 8.2.

Sinopsis

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     El art. 101 CE establece con toda lógica unas previsiones sobre un tema que tradicionalmente se obvió entre nosotros, los motivos de cese del Gobierno, en primer lugar, y en segundo término, derivado del punto inicial, lo relativo a la situación jurídica en que queda ese Gobierno hasta que tome posesión un nuevo ejecutivo.

Precentes históricos y Derecho comparado

     Aunque sea razonable el establecimiento de este tipo de regulaciones, los textos constitucionales históricos españoles no habían establecido nada sobre el cese del Gobierno. Sí se contemplaba este supuesto en la Ley Orgánica del Estado de 1967, en concreto el art. 15 establecía las causas del cese del Presidente del Gobierno, mientras que el art. 18 hacía lo propio en relación a los miembros del Gobierno.

     El tema había sido previsto en Derecho comparado. Además del art. 69.2 de la Ley Fundamental de Bonn de 1949, es básico en este orden el art. 198 de la Constitución portuguesa de 1976 con un contenido muy similar al art. 101 CE.

Elaboración del precepto

     Los motivos de cese del Gobierno y el Gobierno en funciones aparecían ya en el Anteproyecto elaborado por la Ponencia, estableciendo su art. 98.1 que el Gobierno cesaba tras la celebración de elecciones generales, en caso de pérdida de la confianza parlamentaria, o por dimisión de su Presidente. En el primer caso, el Gobierno continuaba en funciones hasta la toma de posesión del nuevo Gobierno (art. 98.2), mientras que en el supuesto de pérdida de la confianza parlamentaria o de dimisión del Presidente, los demás miembros del Gobierno continuaban en funciones hasta que tomara posesión un nuevo Gobierno (art. 98.3). El texto se modificó por la aprobación de sendas enmiendas de los Grupos Socialista y Comunista en el Congreso. La primera proponía refundir los párrafos 2 y 3, mientras la segunda pedía la inclusión del fallecimiento del Presidente del Gobierno como causa del cese del Gobierno. El texto que aparece en el art. 93 del Informe de la Ponencia de 17 de abril de 1978 decía que "1. El Gobierno cesa tras la celebración de elecciones generales, en caso de pérdida de la confianza parlamentaria, o por dimisión, fallecimiento o incapacidad de su Presidente.2. El Gobierno cesante continuará en funciones hasta la toma de posesión del nuevo Gobierno". El texto siguió inalterado en el resto del proceso constituyente hasta que la Comisión Mixta le dio la redacción definitiva, aclarando que los supuestos de pérdida de la confianza parlamentaria son "los previstos en la Constitución" y suprimiendo la referencia a la incapacidad del Presidente como causa del cese del Gobierno.

Desarrollo legislativo

     El desarrollo legislativo del párrafo 2 del art. 101 CE se contiene en el art. 21 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, modificada por Ley 30/2003, de 13 de octubre. En ese artículo, después de recordar en el párrafo 1 los supuestos constitucionales de cese del Gobierno, contiene en su apartado 2 la misma previsión que el art. 101.2 CE, es decir, que el Gobierno cesante continúa en funciones hasta la toma de posesión del nuevo Gobierno, pero añade algo de gran importancia porque esa continuidad de produce "con las limitaciones establecidas en esta Ley". En efecto, según el párrafo 3 del artículo y de forma genérica,  "el Gobierno en funciones facilitará el normal desarrollo del proceso de formación del nuevo Gobierno y el traspaso de poderes al mismo y limitará su gestión al despacho ordinario de los asuntos públicos, absteniéndose de adoptar, salvo casos de urgencia debidamente acreditados o por razones de interés general, cuya acreditación expresa así lo justifique, cualesquiera otras medidas". Por lo que se refiere al Presidente del Gobierno en funciones, el párrafo 4 señala las facultades que no podrá ejercer: proponer al Rey la disolución de alguna de las Cámaras, o de las Cortes Generales, plantear la cuestión de confianza, o proponer al Rey la convocatoria de un referéndum consultivo. Aclarando la cláusula genérica del párrafo 3, el apartado 5 establece que el Gobierno en funciones no podrá aprobar el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado ni presentar proyectos de ley al Congreso de los Diputados o, en su caso, al Senado. Por último, el párrafo 6 del citado art. 21 señala que "las delegaciones legislativas otorgadas por las Cortes Generales quedarán en suspenso durante todo el tiempo que el Gobierno esté en funciones como consecuencia de la celebración de elecciones generales".

     También desde el punto de vista normativo es importante recordar el Estatuto de los ex Presidentes del Gobierno regulado por el Real Decreto 405/1992, de 24 de abril, modificado por Real Decreto 1306/2008, siendo la norma en vigor en la actualidad. Según esa regulación, los Presidentes del Gobierno, desde el momento de su cese, tendrán el tratamiento de "Presidente", gozarán de honores protocolarios, y dispondrán para sí y sus deudos de una pensión indemnizatoria especial, además de que podrán disponer de los siguientes medios y prerrogativas: se adscribirán a su servicio dos puestos de trabajo, dispondrán de una dotación para gastos de oficina y, en su caso, para alquileres de inmuebles, se pondrá a su disposición un automóvil de representación con conductores de la Administración del Estado, gozarán de los servicios de seguridad necesarios y disfrutarán de libre pase en las Compañías de transportes terrestres, marítimos y aéreos del Estado. La disposición adicional primera de la Ley del Gobierno establece que "quienes hubieran sido Presidentes del Gobierno tienen derecho a utilizar dicho título y gozarán de todos aquellos derechos, honores y precedencias que legal o reglamentariamente se determinen".

     En cuanto a la experiencia en la aplicación del art. 101.1 CE hay que decir que el cese del Gobierno sólo ha tenido lugar tras la celebración de las distintas elecciones generales que se han convocado desde 1979 y por la dimisión del Presidente Adolfo Suárez en enero de 1981. En este último caso, hay que decir que esa dimisión no se publicó oficialmente y sólo con motivo del nombramiento del nuevo Presidente, Leopoldo Calvo Sotelo, se aprobó el Real Decreto 249/1981, de 25 de febrero, en el que se hace constar que se "formaliza el fin de sus funciones". Ese Real Decreto fue, incorrectamente, refrendado por el Ministro de Justicia, anomalía que se repitió con el cese del Presidente Calvo Sotelo tras las elecciones de 28 de octubre de 1982, refrendado por el Presidente del Congreso (Real Decreto 3286/1982, de 1 de diciembre). Con posterioridad, acertadamente, el Presidente del Gobierno ha refrendado su propio cese.

     Por otra parte, es importante tener en cuenta la regulación que la Ley 50/1007, de 27 de noviembre, del Gobierno, hace del llamado "Gobierno en funciones", en su artículo 21. Este artículo establece que el Gobierno en funciones facilitará el normal desarrollo del proceso de formación del nuevo Gobierno y el traspaso de poderes del mismo, y limitará su gestión al despacho ordinario de los asuntos públicos, absteniéndose de adoptar, salvo casos de urgencia debidamente acreditados o por razones de interés general cuya acreditación expresa así lo justifique, cualesquiera otras medidas.

     Además, el Presidente del Gobierno en funciones no podrá ejercer las facultades de proponer al Rey la disolución de alguna de las dos Cámaras o de las Cortes Generales; plantear cuestiones de confianza o proponer al rey la convocatoria de referendum consultivo. Tampoco el Gobierno en funciones podrá: aprobar un proyecto de ley de presupuestos Generales del Estado, presentar proyectos de ley al Congreso o, en su caso, al Senado.

     A este respecto debe señalarse la STS de 26 de septiembre de 2005, por la cual el TS anula un Acuerdo del Consejo de Ministros de 1 de abril de 2004, por entender que dicho acuerdo no se integraba en el despacho ordinario de asuntos de un Gobierno en funciones.

     Respecto al art. 101.1 CE se ha referido incidentalmente el Tribunal Constitucional en su STC 38/1983, de 16 de mayo, al diferenciar los conceptos de "régimen electoral general" y "elecciones generales". En este sentido dice esa sentencia que "cabe referirse a que cuando la CE alude a la celebración de elecciones generales en su artículo 101, no hace más que aludir -con una específica finalidad- a un aspecto o particularidad del régimen electoral general, y, por lo tanto, no siendo nunca permisible entender ambas expresiones como una sola" (FJ2).

     En la bibliografía sobre el Gobierno en funciones deben destacarse los trabajos de Aguiar, Álvarez Conde, Guillén, López Guerra, Revenga, Reviriego y Santaolalla entre otros.


Sinopsis realizada por: Ángel Luis Alonso de Antonio. Profesor Titular. Universidad Complutense Diciembre 2003.

Actualizada por Vicente Moret. Letrado de las Cortes Generales. 2011.

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