EscudoConstitución española

Sinopsis artículo 150 - Constitución Española

Sinopsis artículo 150

Título VIII. De la Organización Territorial del Estado

Concordancias: Artículos 82, 149.

Sinopsis

     El contenido de los tres apartados de este precepto constitucional no es homogéneo. Así, mientras los dos primeros prevén sendas posibilidades de atribución de competencias a las Comunidades Autónomas al margen de sus Estatutos de Autonomía (ya sea por medio de leyes marco, ya sea por medio de leyes orgánicas de transferencia o delegación), el tercero permite al Estado incidir en el ejercicio por las Comunidades Autónomas de sus competencias propias a través de leyes de armonización.

     Las actuales previsiones sobre leyes marco (art. 150.1 CE) y las leyes de armonización (art. 150.3CE) se encuadraban en el Anteproyecto de Constitución en la noción de ley de bases, hoy recogida en los artículos 82 y 83 CE. En efecto, el artículo 139.2 del Anteproyecto preveía la posibilidad de una delegación legislativa en favor de los Territorios autónomos por medio de una ley de bases aprobada por las Cortes Generales. En sentido inverso, el apartado 3 del citado artículo del Anteproyecto contemplaba "leyes de bases para armonizar". El antecedente de las leyes orgánicas de transferencia o delegación (art. 150.2 CE) en el Anteproyecto de Constitución se hallaba en sus artículos 139.1 y 137. El primero de ellos reservaba a la ley ordinaria la posibilidad de autorizar a las Comunidades Autónomas la gestión o ejecución de los servicios relativos a las competencias estatales. El otro permitía que por ley ordinaria se atribuyesen a las Comunidades Autónomas facultades propias del Estado distintas de las anteriores.

     En el Informe de la Ponencia del Congreso las leyes de delegación adquieren la condición de leyes orgánicas. También se introduce la previsión, que hoy luce en el artículo 150.2 CE, de que dichas leyes habrán de prever la correspondiente transferencia de medios financieros, así como las formas de control que se reserve el Estado. Asimismo, las leyes de armonización se desvinculan, incluso terminológica y conceptualmente, de las "leyes de bases", y se prevé que la apreciación de la necesidad de adoptarlas corresponda al Senado por mayoría absoluta. El Dictamen de la Comisión del Congreso atribuye finalmente dicha apreciación, por idéntica mayoría, a ambas Cámaras. Así pues, el texto constitucional remitido por el Congreso al Senado sólo difería en lo esencial de la redacción actual en que las leyes marco seguían concebidas como una especie del género "leyes de bases". Esto lo acabó remediando el Pleno del Senado.

     Como antecedentes históricos y de Derecho comparado de las tres clases de leyes que regula el artículo 150 CE se suelen citar -no obstante las significativas diferencias en ocasiones apreciables- los siguientes: el artículo 117 de la Constitución italiana, por lo que se refiere a las leyes marco del artículo 150.1 CE; los artículos 18 de la Constitución republicana española de 1931 y 118.2 de la Constitución italiana, en lo concerniente a las leyes orgánicas de transferencia o delegación (art. 150.2 CE); y, en lo que toca a las leyes de armonización (art. 150.3 CE), el artículo 19 de la Constitución española de 1931, así como los artículos 117 de la Constitución italiana y 72.2 de la Ley Fundamental de la República Federal de Alemania.

     En general, existe una amplia coincidencia sobre la proximidad existente entre las dos clases de leyes que se prevén en los apartados 1 y 2 del artículo 150 CE (leyes marco y leyes orgánicas de transferencia o delegación). En este sentido, se señala que "con ambas figuras puede llegarse a resultados similares y la gran diferencia estriba en que para operar una auténtica transferencia (supuesto más verosímil) por vía de ley marco, que a fin de cuentas es una ley ordinaria, hace falta sujetar la potestad legislativa de las Comunidades Autónomas a principios, bases y directrices, mientras que cuando se trata de hacer lo propio mediante una ley orgánica, la mayoría reforzada que es requisito imprescindible de ésta, obvia la necesidad de amarrar a criterios estrictos la potestad que se atribuye a las Comunidades Autónomas" (Villar Palasí/Suñé Llinás).

     Por lo que se refiere al control jurisdiccional de las normas legislativas autonómicas dictadas en desarrollo de una ley marco estatal, cabe señalar que la alusión, contenida en el artículo 150.1 CE, a "la competencia de los Tribunales" (incluidos los ordinarios) parece que hay que entenderla referida a los supuestos de ultra vires en los casos de una delegación legislativa autonómica de la materia atribuida por ley marco o bien en que la ley marco habilite directamente al Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma para dictar las "normas legislativas" de desarrollo de aquélla.

     Mucha mayor relevancia que las leyes marco han tenido desde el primer momento como mecanismo de atribución extraestatutaria de competencias a las Comunidades Autónomas las leyes orgánicas de transferencia y delegación (art. 150.2 CE). Previsión ésta de la que se hizo uso de inmediato para Canarias y la Comunidad Valenciana, que vinieron así a igualarse desde el principio a las llamadas Comunidades de primer grado (Leyes Orgánicas 11/1982, de 10 de agosto, de transferencias complementarias para Canarias, y 12/1982, de 10 de agosto, sobre transferencias a la Comunidad Valenciana de competencias en materia de titularidad estatal; esta última ya derogada por la Ley Orgánica 12/1994, de 24 de marzo, una vez incorporadas sus previsiones a la reforma del Estatuto llevada a cabo en 1994). El artículo 150.2 también fue utilizado diez años más tarde, en el marco del Pacto Autonómico de 1992, para instrumentar en una primera fase (seguida en 1994 de las correspondientes reformas de los Estatutos) la ampliación del ámbito competencial de las Comunidades de segundo grado (Ley Orgánica 9/1992, de 23 de diciembre, de Transferencia de Competencias a las Comunidades Autónomas que accedieron a la autonomía por la vía del artículo 143 de la Constitución). Ya antes se había dictado la Ley Orgánica 5/1987, de 30 de julio, de delegación de facultades del Estado en las Comunidades Autónomas en materia de transporte por carretera y por cable (cuyo art. 20 fue declarado inconstitucional por la STC 118/1996, de 27 de junio). Por otro lado, también se han dictado leyes orgánicas de transferencia y delegación para atender a situaciones más concretas. En este contexto cabe citar las siguientes: las Leyes Orgánicas 16/1995, de 27 de diciembre, y 6/1999, de 6 de abril, de transferencia de competencias a la Comunidad Autónoma de Galicia; la Ley Orgánica 2/1996, de 15 de enero, complementaria de la de Ordenación del Comercio Minorista, que transfiere a la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares la competencia de ejecución de la legislación del Estado en materia de comercio interior; o, en fin, la Ley Orgánica 6/1997, de 15 de diciembre, de transferencia de facultades de ejecución de la legislación del Estado en materia de tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial a la Generalidad de Cataluña.

     En relación con tales leyes, la doctrina ha señalado que la diferencia entre leyes de transferencia y leyes de delegación "se encuentra en el grado de independencia funcional que adquiere la Comunidad Autónoma. Habrá transferencia cuando se establezca una relación de descentralización entre Estado y Comunidad Autónoma. Habrá delegación cuando la relación creada sea de desconcentración" (Rodríguez de Santiago/Velasco Caballero). En cuanto a la otra duda que plantea el artículo 150.2 CE, la de los límites materiales a la transferencia o delegación de competencias estatales, los autores citados concluyen: "La naturaleza de la facultad (a que se refiere el artículo 150.2 CE) no es propiamente un límite. La naturaleza de una facultad define la esencia de una realidad formada por la confluencia de elementos múltiples (materia, función, control). Pero no es medida de nada, sino hecho jurídico que necesita ser medido. Por tanto, en la naturaleza de una facultad no podemos encontrar, con propiedad, límite a su transferencia o delegación. El límite, el parámetro de validez, ha de ser necesariamente exterior: el modelo de Estado español positivado en la Constitución".

     Finalmente, el artículo 150.3 CE se refiere a las leyes de armonización, de las que existe un único precedente, y frustrado: el del Proyecto de Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico (LOAPA). El texto de la misma, aprobado en junio de 1982 por el Congreso de los Diputados, fue impugnado -antes de su publicación- mediante el más tarde suprimido recurso previo de inconstitucionalidad contra leyes orgánicas (art. 79 LOTC, derogado por Ley Orgánica, 4/1985, de 7 de junio). La sentencia recaída en dicho recurso, la STC 76/1983, de 5 de agosto, declaró inconstitucional buena parte del contenido de la proyectada LOAPA (en lo fundamental, por considerar inconstitucional la pretensión del legislador de erigirse en intérprete de la Constitución), cuya parte no declarada inconstitucional acabó finalmente aprobándose, aunque desprovista ya de su carácter orgánico y armonizador, como Ley 12/1983, de 14 de octubre, del Proceso Autonómico. La doctrina constitucional sobre las leyes de armonización que se sienta en los fundamentos jurídicos 1 a 4 de la STC 76/1983 se expresa, en lo esencial, en los siguientes puntos:

     En primer lugar, la consecución de la igualdad entre las Comunidades Autónomas no puede sin más justificar la necesidad de armonizar, ya que sin la diversidad del status jurídico público de las entidades territoriales "no existiría verdadera pluralidad ni capacidad de autogobierno, notas que caracterizan al Estado de las Autonomías".

     En segundo lugar, la mayoría necesaria para apreciar la necesidad de armonizar no tiene por qué requerirse para la aprobación final de la ley y, en todo caso, no convierte a las leyes de armonización en leyes orgánicas.

     En tercer lugar, el legislador no puede dictar leyes de armonización en los supuestos en que disponga de otros títulos específicos previstos en la Constitución para dictar la regulación legal de que se trate, dado que "el artículo 150.3 constituye una norma de cierre del sistema, aplicable sólo a aquellos supuestos en que el legislador estatal no disponga de otros cauces constitucionales para el ejercicio de su potestad legislativa o éstos no sean suficientes para garantizar la armonía exigida por el interés general (...) Las leyes de armonización vienen a complementar, no a suplantar, las demás previsiones constitucionales".

     No obstante, "de ello no cabe deducir que la armonización prevista en el artículo 150.3 de la Constitución se refiera únicamente al ejercicio de las competencias exclusivas de las Comunidades Autónomas (...). No es contrario a la Constitución que las leyes de armonización sean utilizadas cuando, en el caso de las competencias compartidas, se precise que el sistema de distribución de competencias es insuficiente para evitar que la diversidad de disposiciones normativas de las Comunidades Autónomas produzca una desarmonía contraria al interés general de la Nación".

     Finalmente, como se dijo, se enfatiza que sólo al Tribunal Constitucional corresponde la función de interpretación vinculante de la Constitución para todos los poderes públicos, y no a los demás poderes constituidos, incluido el legislativo, ya que de otra forma podrían situarse en el mismo plano del poder constituyente.

     Por último, entre la bibliografía referida al precepto constitucional que nos ocupa cabe citar, entre muchos otros, los trabajos de García de Enterría, Garrido Falla, Muñoz Machado, Salas Hernández, Baño León, Calonge, Montilla, Villar Palasí y Suñé Llinas, así como de Rodríguez de Santiago y Velasco Caballero.

Sinopsis elaborada por: Mariano Bacigalupo Sagesse, Profesor Titular, Universidad Nacional de Educación a Distancia. Diciembre 2003.

Revisado por el equipo de puesta al día del Portal de la Constitución. Agosto, 2006.

 

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