EscudoConstitución española

Sinopsis artículo 130 - Constitución Española

Sinopsis artículo 130

Título VII. Economía y Hacienda

Concordancias: Artículos 1.1, 9.2, 40.1, 128, 131, 138.

Sinopsis

     El artículo 130 de la Constitución Española se integra en lo que se denomina "Constitución Económica". Al contrario de lo que sucedía en el constitucionalismo liberal del siglo XIX, regido por "la mano invisible" de Adam Smith, las Constituciones europeas posteriores a la 2ª Guerra Mundial, adoptadas en el marco del Estado de Bienestar, consideran necesario incluir en la Norma Suprema los principios fundamentales que rigen el sistema económico, por considerarse una materia fundamental para la sociedad. Nuestros constituyentes optaron además por configurar la Constitución Económica como un marco amplio y flexible en el que caben distintas opciones políticas en materia económica, siempre dentro de la economía de mercado y con el respeto al resto de los preceptos constitucionales, pero permitiendo un mayor o menor intervencionismo del Estado en la Economía. En derecho comparado son significativos los artículos 44 de la Constitución Italiana de 1947 y 81 de la Portuguesa de 1976.

     El Preámbulo de la Constitución afirma la voluntad de la Nación de garantizar la convivencia democrática, dentro de la Constitución y las leyes, conforme a un orden económico y social justo, promoviendo el progreso de la economía para asegurar a todos una digna calidad de vida. Con esta afirmación ya se está indicando la meta hacia la que debe caminar el sistema económico constitucional español. Además, la propia definición del Estado como Estado Social y Democrático de Derecho (art. 1.1) y la obligación impuesta a los poderes públicos para promover las condiciones necesarias para que la libertad y la igualdad sean reales y efectivas, remover los obstáculos que la impidan, y facilitar la participación ciudadana en la vida política, social y económica (art. 9.2), nos muestran la filosofía subyacente en el orden constitucional económico español y la necesidad de adoptar las medidas y reformas que hagan factible la igualdad y la consecución de un orden económico y social justo.

     Junto a lo anterior, la Constitución, en su articulado, reconoce y garantiza a los ciudadanos derechos de actuación en el ámbito de las relaciones económicas (arts. 33 propiedad privada y herencia y 38 libertad de empresa); en otros casos fija los objetivos y fines a los que el Estado debe dirigir prioritariamente su actuación económica, promoviendo las condiciones favorables para el progreso económico y para una distribución de la renta regional y personal más equitativa, en el marco de una política de estabilidad económica (art. 40.1), o planificando la actividad económica general para atender a las necesidades colectivas, armonizar y equilibrar el desarrollo regional y sectorial y estimular el crecimiento de la renta y de la riqueza y su más justa distribución (art. 131.1), y en otros casos para determinar las posibilidades del sector público de intervenir en el funcionamiento de la economía (arts. 33.3, 128.2 y 130)

     En armonía con todos esos artículos, el artículo 130 es una manifestación más del Estado Social y Democrático de Derecho (art. 1.1) y es reflejo de una de las funciones básicas de éste, la función promocional (art. 9.2) para equiparar el nivel de vida de todos los españoles, sin olvidar el principio de solidaridad que proclama el artículo 2, conforme al cual el Estado velará por el establecimiento de un equilibrio económico adecuado y justo entre las diversas partes del territorio español. El artículo 130 consagra en este sentido la obligación de los poderes públicos de atender la modernización y desarrollo de todos los sectores de la economía, equiparando el nivel de vida de los españoles, y prestando una atención especial a las zonas de montaña.

     Se puede decir por tanto, con Lucas Verdú, que el artículo 130 forma parte del conjunto de principios que perfilan la estructura socioeconómica que la Constitución establece para la consecución de un orden económico y social justo, a través de la promoción del progreso de la cultura y de la economía en aras a asegurar a todos una digna calidad de vida, como elemento necesario para la consecución de una sociedad democrática avanzada.

     Se trata por otro lado de un conjunto de principios que no son aplicables directamente, sino que precisan de desarrollo legislativo para generar derechos subjetivos, si bien, al ser toda la Constitución norma jurídica, no es necesario esperar a su desarrollo legislativo para que tengan obligatoriedad, debiendo informar la legislación, jurisprudencia y actuación de la administración, de forma que en caso de que alguna norma o acto sea contraria a alguno de ellos, serían inconstitucionales. Estas normas contienen una función directiva claramente orientada hacia los poderes públicos, cual es la determinación de unos objetivos que éstos deben perseguir. No puede exigirse su cumplimiento ante la Justicia plasmado en derechos subjetivos, pero como ha señalado el Tribunal Constitucional en su Sentencia 16/1982 de 26 de abril, entre otras, la Constitución es la Norma Suprema y no una mera declaración programática, lejos de ser un mero catálogo de principios de no inmediata vinculación y de no inmediato cumplimiento hasta que no sean objeto de desarrollo por vía legislativa, la Constitución es una norma jurídica y como tal, tanto los ciudadanos como los poderes públicos están sujetos a ella, tal y como proclama el artículo 9.1 de la Constitución. Ello implica una doble vertiente: en su sentido positivo se legitima a los poderes públicos para que ejerzan sus competencias en la dirección marcada por los objetivos orientadores, favoreciendo a los sectores más perjudicados por la dinámica del sistema económico y dirigiendo su actividad hacia la consecución de efectos redistributivos. Pero junto a esta eficacia positiva, existe una vertiente negativa que convertiría en ilegitimas las acciones de los poderes públicos que se muevan en dirección contraria a la marcada por los preceptos constitucionales.

     En concreto, y en consonancia con lo anterior, el artículo 130 es una norma jurídica que vincula a los poderes públicos y no una mera recomendación o un consejo político. Como señala el Tribunal Constitucional en su Sentencia 64/1982, de 4 de noviembre, el artículo 130, constituye un "deber que la Constitución impone a los poderes públicos para atender al desarrollo de todos los sectores productivos".

     Una vez aclarada la eficacia del precepto, analizaremos si sus dos apartados tienen entidad propia y si tienen carácter abierto o cerrado.

     En cuanto  a la primera cuestión, en el apartado 1 del artículo 130 se señala que "Los poderes públicos atenderán a la modernización y desarrollo de todos los sectores económicos y, en particular, de la agricultura, de la ganadería, de la pesca y de la artesanía, a fin de equiparar el nivel de vida de todos los españoles". En el apartado 2 se prevé, con el mismo fin "un tratamiento especial a las zonas de montaña".  Algún sector doctrinal ha manifestado que la referencia a las zonas de montaña está ya implícita en el contenido del apartado 1 del artículo 130, sin embargo nosotros, al igual que Cazorla Prieto, creemos que existe una diferencia entre ambos apartados del artículo 130, ya que mientras el primero refiere a determinados sectores económicos la modernización y el desarrollo que a los poderes públicos se impone de modo especial, el apartado 2 no dirige su protección hacia áreas económicas precisas dentro de la zona de montaña, sino a todos los sectores económicos que en ella se desarrollen.

     En cuanto a la segunda cuestión, debemos tener en cuenta que el artículo 130 tiene su origen en el artículo 120 del Anteproyecto Constitucional, y que a lo largo del proceso constituyente se fueron incluyendo y excluyendo otros sectores que debían ser objeto de especial atención por parte de los poderes públicos -minería, turismo- hasta que alcanzó su redacción definitiva. Realmente el precepto está dotado de una esencial carga finalística, cual es equiparar el nivel de vida de todos los españoles y favorecer a todos los sectores económicos, y si no se recogen más sectores es porque los constituyentes tuvieron en cuenta la situación socio-económica que caracterizó el período constituyente y potenciaron el desarrollo y modernización de aquellos sectores económicos que se encontraban en inferioridad en aquel momento respecto a otros. No obstante, es obvio que de la redacción del precepto y de su interpretación armónica con el resto de artículos relacionados con él en la Constitución, se desprende su alcance generalizado. Como señala Goig Martínez, la modernización y desarrollo de los distintos sectores económicos deberá realizarse a través de distintas medidas de diversa naturaleza, al objeto de potenciar y equiparar los sectores económicos más desprotegidos y marginados de la economía.

     Para ello la configuración del sistema económico español permite diversas técnicas de intervención pública, en aras a potenciar la eliminación de los posibles desequilibrios estructurales que existan entre los distintos sectores de la economía, en especial la agricultura, la ganadería, la pesca y la artesanía, con especial tratamiento a las zonas de montaña. Esta intervención deberá realizarse con absoluto respeto al contenido esencial de los derechos que pueden verse afectados, pero dentro del respeto a estos límites, los principios económicos contenidos en la Constitución permiten a los poderes públicos, a través de la labor legislativa y reglamentaria, la puesta en marcha de infinidad de medidas que permitan el desarrollo y modernización de aquellos sectores económicos más desprotegidos al objeto de equiparar el nivel de vida de todos los españoles y conformar un orden económico y social justo, desde la promoción y protección de determinados tipos de empresas, el fomento de determinado tipo de explotaciones, una adecuada política crediticia, hasta un sistema de precios de determinados productos, sin olvidar un adecuado nivel de formación y readaptación profesional. Ello se llevará a cabo bien por el Estado o bien por las Comunidades Autónomas, según el orden competencial instaurado por la Constitución y asumido por los distintos Estatutos de Autonomía. Así, dentro del marco constitucional de distribución territorial de competencias, el artículo 148 permite que las CC.AA. puedan asumir competencias en agricultura y ganadería, de acuerdo con la ordenación de la economía (148.1.7); en montes y aprovechamientos forestales (148.1.8); pesca en aguas interiores, marisqueo y acuicultura (148.1.11) y artesanía (148.1.14). Y el artículo 149 atribuye al Estado las bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica (149.1.13); la pesca marítima, sin perjuicio de las competencias que en la ordenación del sector se atribuyan a las CC.AA. (149.1.19), y la legislación básica sobre montes, aprovechamientos forestales y vías pecuarias (149.1.23)

     De la combinación de los contenidos de los artículos 148 y 149 podemos determinar que el desarrollo de los distintos sectores que integran la economía general se configura como una materia compartida entre el Estado y las Comunidades Autónomas y así lo ha señalado el Tribunal Constitucional en diversas Sentencias, como las 196/1988, de 19 de octubre y 75/1989, de 24 de abril, de forma tal que aunque éstas están facultadas para el desarrollo de los distintos sectores económicos a que hace referencia el artículo 130 para la satisfacción de sus intereses particulares, no se puede olvidar que esta actuación debe de moverse dentro de las orientaciones e intervenciones básicas y de coordinación que el Estado disponga para los distintos sectores como componentes esenciales del sistema económico general.

     Además, el desarrollo del precepto que estamos examinando está sometido a tres importantes limitaciones en ese aspecto. La primera viene determinada por el principio de solidaridad, que debe operar, por una parte, como límite al ejercicio de las competencias regionales y, por otra, como función habilitante de una acción estatal dirigida a corregir desequilibrios o desigualdades interterritoriales. Las otras dos han sido establecidos por el Tribunal Constitucional al afirmar, por un lado, que el principio de unidad del orden económico exige la adopción de medidas de política económica aplicables, con carácter general, a todo el territorio nacional, al servicio de una serie de objetivos de carácter económico fijados por la propia Constitución (Sentencias del Tribunal Constitucional 1/1982, de 28 de enero y 96/1984, de 19 de octubre), y por otro, que las medidas de desarrollo de un determinado sector económico han de ponderarse con otros intereses, bienes o valores en presencia (Sentencia del Tribunal Constitucional 64/1982, de 4 de noviembre)

     Finalmente, y como cierre de este comentario, diremos que en desarrollo del artículo 130 existe un importante catálogo de disposiciones legislativas y administrativas estatales y autonómicas, pudiendo citarse, entre las primeras, la Ley 19/1995, de 4 de julio, de Modernización de las Explotaciones Agrarias; La Ley 34/1979, de 16 de diciembre, sobre Fincas manifiestamente mejorables; la Ley 25/1982, de 30 de julio, de Agricultura de montaña; la Ley 38/1994, de 30 de diciembre, reguladora de las organizaciones interprofesionales agroalimentarias; la Ley 49/2003, de Arrendamientos Rústicos, la Ley 3/2001, de 26 de marzo, que regula la Pesca Marítima del Estado la Ley 2/2000, de 7 de enero, reguladora de los contratos tipo de productos alimenticios, o la ley 50/1985, de 27 de diciembre, de incentivos regionales para la corrección de desequilibrios económicos interterritoriales. A nivel autonómico pueden citarse la Ley Foral 1/2002, de 7 de marzo, de infraestructuras agrícolas; La Ley de 24 de febrero de 1984 por la que se crea el Instituto Catalán de Crédito Agrario y la Ley aragonesa del Patrimonio Agrario de 25 de abril de 1991. Además, de acuerdo con la doctrina del Tribunal Constitucional (SSTC. 144/1985, de 25 de octubre; 45/1991, de 28 de febrero) en virtud de la que se admite por las CC.AA. el establecimiento y regulación de sus propios regímenes sobre zonas de montaña, es profunda la regulación autonómica sobre esta materia (Entre otras, Ley de la Generalidad de Cataluña, de 9 de marzo de 1983, sobre régimen jurídico de la agricultura de montaña en el País Vasco; Decreto 17/1986, de 11 de marzo, por el que se regula la creación de coordinación para el desarrollo integral de las zonas de montaña en la C.A. de Castilla-La Mancha). En relación con esta materia se ha aprobado recientemente por las Cortes Generales la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes.

     Y no hay que olvidar que esta tarea legislativa ha tenido también como punto de mira el Derecho comunitario, pues la política agraria y pesquera, entre otras, son una de las partes más importantes de la Unión Europea.

     Sobre el contenido del artículo pueden consultarse, además, las obras citadas en la bibliografía que se inserta. 

Sinopsis realizada por:

Monica Moreno Fernández-Santa Cruz.
Letrada de las Cortes Generales

Diciembre 2003.

Actualizada por Vicente Moret, Letrado de las Cortes Generales. Junio, 2011

 

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